27 juliol 2023
Marchena fija el 15 de noviembre la vista del recurso del 17-A
El magistrado cree que tiene suficiente trascendencia como para celebrar un juicio público
Nueva etapa del juicio por los atentados yihadistas de EL 17-A en Barcelona y Cambrils. El presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha firmado una providencia con la cual cita las partes del proceso por los atentados a una vista pública a las diez de la mañana del 15 de noviembre. La diligencia, a la que ha tenido acceso El Mundo, se ha notificado esta mañana a las partes, el abogado José Antonio Bitos, de USPAC, que llevaba la defensa de los Mossos d’Esquadra que abatieron los terroristas había pedido vista pública por la revisión de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que ya fue revisada por la sala de apelaciones.
La resolución también detalla que la sala que revisará la sentencia, última etapa antes de acceder al Tribunal Constitucional, estará compuesta por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Javier Hernández. De hecho, la mayoría de las partes, tanto defensoras como acusadoras interpusieron recurso de casación después de la rebaja de penas que se decidió en la apelación a la Audiencia Nacional, por una primera condena de 107 años de prisión. Finalmente, en el caso de Mohammed Houli Chemlal la pena quedó en 43 años de prisión,-había sido condenado a 53-, la de Driss Oukabir en 36 años-estaba condenado por 46 años-, mientras que al de Said Ben Iazza se mantuvo los ocho años de prisión, a pesar de que ya se encuentra en prisión provisional. La Sala ya fijó el límite de cumplimiento máximo en los 20 años de prisión.
Una vista interesante
Marchena justifica la vista oral del recurso, todo y la cantidad ingente de partes del juicio en aplicación del artículo 893 bis a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, por la «trascendencia pública de los debates» que se puedan vivir. Así Marchena entiende que hay que hacer vista oral, porque además de la petición por parte de una de las acusaciones entèn que a la vista de las suspicacias que rodean el caso, sobre todo alrededor de la figura de la imam de Ripoll, Abdelbaky Se Satty. Incluso, la sentencia que sostiene su muerte, dejó una puerta abierta a averiguar la «verdad material» si se incorporaban pruebas nuevas. La defensa de los condenados busca una rebaja de la pena y alega la vulneración de derechos fundamentales en el proceso de detención y enjuiciamiento así como errores contra las garantías penales en el proceso de investigación e instrucción.
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