31 julio 2017
La posverdad
de la CUP y Terra
Lliure
La definición de
posverdad es la de mentira emotiva, es decir cuando lo ocurrido en realidad
tiene menos importancia que la percepción que cada cual tiene de ello. La
posverdad puede en demasiadas ocasiones transformarse en aquel ejercicio en el
que Goebbels fue experto: repetir mil veces una mentira para que acabe
estableciéndose en el imaginario como realidad incontestable.
El 21 de julio, el Ayuntamiento de Barcelona
decidió admitir una de estas posverdades y elevarla a acuerdo institucional. Me
refiero a una propuesta que la
CUP Capgirem presentó al pleno en la que se rechazan “las
torturas denunciadas por los militantes independentistas” en 1992 en lo que
denominan “operación Garzón”. Condenan públicamente “todo tipo de persecución
policial sufrida por la militancia independentista…” y plantean organizar un
acto de memoria de aquellos hechos contra la tortura y los malos tratos. Para
terminar, reprueban “la actuación del exjuez Baltasar Garzón por haber faltado
a la verdad diciendo que ninguno de los detenidos había denunciado torturas
delante de él, cuando existen pruebas materiales de su existencia…” A favor
votaron Barcelona en Comú, PDECat, ERC, el concejal no adscrito, Gerard
Ardanuy, y la CUP Capgirem.
Bueno, pues es falso. La CUP miente y lo sabe. Lo que
han rebautizado a posteriori como “operación Garzón” –los nombres de otros
jueces que también ordenaron detenciones en esos momentos parece que venden
menos– fue fruto de dos años de investigación de la Guardia Civil a una
organización terrorista que, lo siento, es lo que había definido hasta entonces
a Terra Lliure. Las torturas que denunciaron los detenidos fueron incluidas en
el acta de las declaraciones con mi firma inmediatamente debajo, como bien se
ve y me mostraron recientemente en el Parlament de Catalunya algunas de las
personas que hacen estas acusaciones.
En aquel momento –1992–
ningún otro juez se atrevía a recoger esas denuncias en el acta de la propia
declaración de los detenidos que así decidían hacerlo constar. ¿Cuál es la
mentira entonces? Por escrito lo tienen y signado personalmente por mí.
¿Estoy de acuerdo en
que no se investigó lo suficiente? Sí. En lo que no estoy de acuerdo es en que
la responsabilidad recaiga sobre el único juez que no podía investigar. Porque,
como también saben bien la CUP
y sus compañeros de viaje, pues cuentan con buenos abogados que les explican la
ley, el juez de la
Audiencia Nacional no puede, bajo concepto alguno, por falta
de competencia objetiva, investigar torturas o malos tratos, sino recoger en
acta la mención de los hechos referidos a ese presunto delito, como así se
hizo. El juez de instrucción competente (en este caso jueza) era el titular del
juzgado natural de la zona en que se produjeron los hechos denunciados (el de
Madrid). A partir de ahí debía resolver el ministerio fiscal en su función de
ejercer la acción penal y perseguir el delito, y la juez, investigarlo.
En esa concatenación de
posverdades de la CUP
y los viejos militantes de Terra Lliure llegamos a la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que condena a España por no investigar
suficientemente las denuncias de torturas, pero se explica con prístina
claridad que la actuación de quien esto firma fue impecable y no se condena por
torturas, como arteramente se expone en aquel acuerdo.
Todo lo anterior lo
expliqué a un grupo de personas a las que invité a conversar cuando me
abordaron en el Parlament de Catalunya, al que fui convocado por el grupo de
trabajo que entiende del terrible caso de niños robados del franquismo. Mantuve
mi presencia por responsabilidad democrática, aun sabiendo que se produciría
este encuentro. Fue, curiosamente, el 18 de julio. Me impresionó, debo decir,
que por dejar patente su rechazo hacia mi persona los dos diputados de la CUP no quisieran intervenir en
una reunión que afectaba a más de 30.000 víctimas ilegalmente dadas en adopción
o directamente robadas durante la dictadura franquista y aún en democracia.
Pero cada cual es libre de explicar a su electorado cuáles son sus prioridades.
Los denunciantes
también recordarán que seis de los 15 detenidos fueron condenados por el
tribunal de la
Audiencia Nacional en 1995 por pertenencia a banda armada o
colaboración, tenencia ilícita de armas o terrorismo. Es decir, no hablamos de
ideólogos independentistas que elaboraban argumentos en distendidas charlas de
café o en reuniones de reflexión. Hablamos de personas que utilizaban el terror
como método para exponer sus ideas. Otra posverdad de la CUP cuando reivindica a los
protagonistas de una época que nadie desea recuperar.
No entiendo ese empeño
de intentar reivindicar visiones del pasado distorsionadas, ni pretendo
convencer a nadie de nada que no quiera reconocer. No merece la pena perder el
tiempo en ello. Su verdad no es la mía y sus argumentos se han ido convirtiendo
en un compendio de dimes y diretes engrosado, cada vez menos cierto. Yo hice lo
que pude, incluso emprendí la única inicial investigación que se realizó y, por
supuesto, rubriqué sus denuncias. He peleado siempre por evitar los malos
tratos y las torturas, hasta el punto de haberme granjeado enemigos no menores
que han hecho lo posible por sacarme del juego. Otros colegas no trabajaron en
esta línea. ¡Qué le vamos a hacer!
Nadie es perfecto. He
realizado mi autocrítica en innumerables ocasiones y pienso seguir haciéndolo.
Pero no puedo aceptar que la imaginación o el deseo se centre en una lectura
parcial e ¿interesada? de la historia. Creo que los ciudadanos esperan mejores
cosas de todos nosotros y que cada cual debe elaborar su propia mirada
interior, relacionándola con lo que desea aportar a la sociedad.
Quédense pues con la
que denominan apócrifamente “operación Garzón” que yo sigo con mi defensa
irrestricta de los derechos humanos y de la legalidad frente al abuso, venga de
donde venga, actitud por la que ya he pagado un alto precio. Ahora bien, si con
estos argumentos se defiende el “procés”, creo que también me he equivocado en
la valoración y defensa de los fines, fundamentos y argumentos de quienes lo
propugnan. Desde luego la defensa que por convicción he hecho del debate, la
aproximación, la pluralidad de España, el derecho a decidir, quedan hueros ante
actitudes que abrazan esa llamemos posverdad que reinventa la historia y a nada
conduce.
Opinión:
En aquellos años, dedicarse a representar a víctimas
del terrorismo era muy complicado, nada que ver con lo que ahora hacen algunos
que se han encontrado todo el trabajo hecho. Por ello, aparte de las opiniones
divergentes entre Baltasar Garzón y aquellos que denunciaban torturas, lo que
recuerdo como si fuera ahora es la tranquilidad que aportaron aquellas
detenciones máxime tras el atentado por el que fueron condenados dos miembros
de Terra Lliure (Musté Nogué y Rocamora Aguilera).
En aquel atentado resultaron heridos casi una
veintena de “peligrosos ciudadanos” cuyo único “delito” fue estar en la cola
del paro o trabajar en la oficina del INEM de la calle Argimón. Estuve presente
en el juicio y tuve mis enfrentamientos personales con ciertos individuos que,
años después, reconocieron haber estado en el lado equivocado. También tuve que
organizar muchos actos para denunciar el extraño pacto por el que, pese a ser
condenados a 70 años, los dos autores mencionados fueron indultados en tres
años para mantener la “normalidad social en Catalunya”. De ese indulto,
curiosamente, nadie habla…
Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
transcurrieron con total normalidad y a ello contribuyó, seguramente, aquellas
detenciones. Si hubieron (o no) los problemas que algunos comentan, la sentencia
aportó datos.
Que sean creíbles o no es otra historia que cada
cual querrá arrimar a sus propios intereses.
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