11 mayo 2018
El presidente esquiva aclarar ante las víctimas si acercará
a presos de ETA
Promete a más de una
veintena de colectivos que no habrá «impunidad» y que el Gobierno «se ajustará
a la ley»
Mariano Rajoy prometió ayer a las víctimas que no habrá
«impunidad» con los presos de ETA, pero evitó aclarar si en un futuro se
producirán acercamientos a cárceles próximas al País Vasco. El presidente del
Gobierno se reunió a puerta cerrada en La Moncloa con 25 colectivos de damnificados por el
terrorismo para conocer su sentir tras el final de ETA. También asistieron el
jefe de Gabinete de Presidencia, José Luis Ayllón; el ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido; y la directora de atención a víctimas del Ejecutivo
central, Sonia Ramos. Fue el primer encuentro a tan alto nivel que Rajoy
mantiene con la inmensa mayoría de asociaciones y fundaciones de víctimas del
terrorismo.
El objetivo de la reunión era que los diferentes colectivos
trasladaran de forma directa a Rajoy y a los representantes de Interior «cómo
han vivido» la escenificación de la desaparición de la banda. La inmensa
mayoría coincidió al considerar una «humillación» que ETA sólo pidiera perdón a
parte de ellas. Ayer, repitieron este mismo mensaje. «Vomitivo e indecente»
llegó a calificar ayer Teresa Jiménez-Becerril el final de la banda. Tras una
reunión que se alargó durante más de dos horas, la mayoría de los asistentes
aseguraron salir «satisfechos» de su conversación con Rajoy. «Hemos escuchado
lo que veníamos a oír», afirmó la presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo. Mari Mar Blanco se refirió, como lo harían después otras
víctimas, al compromiso de Rajoy a no permitir que haya «impunidad penal,
policial ni política» y a dar la batalla por el relato para evitar que «la
historia la construyan los terroristas». Rajoy aseguró no haber «hablado nunca
con ETA» ni haber tratado con el PNV la cuestión de los reclusos de la banda
durante la negociación presupuestaria.
Y es que una de las claves de la cita era ver si las
víctimas conseguían que el presidente del Gobierno tuviera un pronunciamiento
claro sobre si se llevarán a cabo movimientos en materia de presos. Sobre este
capítulo, Consuelo Ordóñez fue especialmente directa. Pero la respuesta le dejó
al salir «igual» que cuando entró. La presidenta de Covite llegó incluso a
pedir a Mariano Rajoy que no ceda la transferencia de prisiones al Gobierno
vasco para evitar que «abra las puertas de las cárceles» a los etarras. No
encontró respuesta.
Rajoy siempre ha medido sus palabras a la hora de referirse
a la política penitenciaria. Ya el pasado domingo afirmó que «el Gobierno y yo
siempre hemos trabajado en el marco de la absoluta legalidad. Lo hemos hecho
hasta ahora, lo vamos a seguir haciendo y ningún anuncio de ETA va a cambiar
esto», aseguró en una entrevista en el periódico 'La Rioja'. En un momento
en que el lehendakari, Iñigo Urkullu, le demanda movimientos con los presos de
la banda terrorista . La decisión del PNV de ausentarse del Pacto
Antiterrorista obedece también a esa apuesta por «flexibilizar» la política
penitenciaria. Además, tanto el PSOE como Podemos se han mostrado favorables a
que Rajoy reconsidere la situación actual de los presos de ETA.
Al lado de la legalidad
El presidente del Gobierno insistió ayer en ese mensaje:
«No habrá cambios en la política penitenciaria», «los etarras cumplirán sus
condenas» y se respetará «escrupulosamente la ley», dijo. Ahora bien, y aunque
algunos colectivos de víctimas entendieron que con sus palabras Rajoy venía a
afirmar que no acercaría a presos de ETA, lo cierto es que la ley permite
llevar a internos de la banda a cárceles próximas al País Vasco si éstos, de
forma individual, rechazan la violencia. Y lo cierto es que sobre ese detalle
Rajoy no se pronunció. Cosa bien distinta son los beneficios penitenciarios.
«Las víctimas siempre hemos estado del lado de la ley. Por eso, si los reclusos
de ETA rechazan la violencia, no tendremos nada que decir si ustedes los
acercan a cárceles del País Vasco y Navarra», trasladó Consuelo Ordóñez a
Rajoy.
A una sola voz pidieron justicia para los más de 300 casos
pendientes de resolver, que el Gobierno evidencie «el falseamiento» de la
historia, como sentenció Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez.
Opinión:
Y luego nadie hará nada para protestar ante tal situación?
¿Dónde están los “representantes de las” víctimas que tanto pregonan que no permitirán que
existan ciertos beneficios para los terroristas?
Fundación de Víctimas del terrorismo y satélites
partidistas conjuntos ¿dónde estáis ahora?
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