24
febrero 2026
El
Gobierno deniega a García Caparrós la condición de víctima del terrorismo de
Estado: “No tiene encaje en la ley”
El
Ministerio de Interior rechaza indemnizar a la familia del joven malagueño
muerto por un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía
plena andaluza de 1977 y alega que, “aun siendo execrables los hechos, el
cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad es la protección
de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”
El
Gobierno de España ha denegado la condición de víctima del terrorismo de Estado
a Manuel Jesús García Caparrós, el joven malagueño asesinado por un disparo de
la policía militar durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del
4 de diciembre de 1977.
En
una carta dirigida a las hermanas de Caparrós, a la que ha tenido acceso
elDiario.es Andalucía, la Directora General de apoyo a las Victimas del
Terrorismo, Montserrat Torija, dependiente del Ministerio de Interior,
considera “execrables los hechos ocurridos” en los que “lamentablemente (...)
un miembro de la policía armada disparó contra D. Manuel José García Caparrós
causándole la muerte”.
Sin
embargo, a renglón seguido, Interior advierte de que esos hechos “no tienen
encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), aun siendo unos hechos de una
gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros
de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el
libre ejercicio de sus derechos”.
La
familia del joven sindicalista tiene ahora un mes de plazo para presentar un
recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía
administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá
recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El
reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración
administrativa, significaba colocar al joven malagueño en el mismo estatus que
los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones
yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas,
asistencia jurídica y exenciones fiscales.
El
carpetazo del departamento de Fernando Grande Marlaska llega a pocos días del
28 de febrero (28F), día de Andalucía, que conmemora la conquista del
autogobierno de Andalucía, consolidada en el Estatuto de Autonomía de 1981.
García
Caparrós es Hijo Predilecto de Andalucía, un título que le concedió la Junta a
título póstumo, y la solicitud de su familia para que el Gobierno le otorgara
el reconocimiento de víctima fue respaldada por todos los grupos del Parlamento
andaluz, excepto Vox.
El
4 de diciembre del 77, un millón de andaluces salieron a las calles a
manifestarse por una autonomía plena. García Caparrós murió de un disparo en la
movilización que tuvo lugar en Málaga. Cada año, los partidos de izquierdas
conmemoran esa fecha como el primer episodio del proceso autonomista, comandado
por el pueblo andaluz. El Gobierno de Juan Manuel Moreno fijó esa efeméride en
el calendario oficial como el Día de la Bandera Andaluza.
Una
cuenta pendiente desde 2007
En
junio del año pasado, las hermanas de García Caparrós -Dolores, Francisca y
Purificación- enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con
una serie de reclamaciones: la desclasificación y acceso al expediente secreto
del asesinato de Manuel José, que albergaba el Congreso de los Diputados, el
reconocimiento como víctima del terrorismo y una reunión con el presidente.
Sólo la primera de las tres peticiones se les ha concedido.
El
pasado 11 de noviembre, en el marco de la Ley de Memoria Democrática y en
virtud de una reforma ad hoc del reglamento de archivos del Congreso, la Mesa
de la Cámara Baja aprobó por unanimidad permitir a las hermanas García Caparrós
el acceso al expediente desclasificado del asesinato Manuel José.
Dolores,
Francisca y Purificación visitaron el Congreso y pudieron consultar
personalmente el archivo “sin anonimizar” de la comisión que investigó su
asesinato, es decir, sin los nombres de los implicados tachados. Cumplieron así
un anhelo con casi 50 años de reivindicación.
Pero
tras colmar ese objetivo, las hermanas de Caparrós continuaron escribiendo a
Sánchez en busca del reconocimiento oficial como víctima del terrorismo. El 22
de octubre, el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego
Rubio, les respondió por carta, “en nombre del presidente”, informándoles de
que el reconocimiento de víctima de terrorismo era una competencia del
Ministerio de Interior, y de que se derivaba su solicitud a este departamento
para que lo gestionara.
Sin
embargo, la solicitud de la familia García Caparrós se traspapeló y durante dos
meses el departamento de Fernando Grande Marlaska no había estudiado aún si la
petición para el reconocimiento del joven malagueño como víctima del terrorismo
tenía encaje en la ley.
El
abogado que representa a la familia volvió a remitir el escrito a Interior el
pasado 4 de diciembre, al cumplirse 49 años del asesinato del joven
sindicalista, y es ahora cuando la Dirección General de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo ha resuelto de forma desfavorable a sus intereses.
“Les
trasladamos nuestras disculpas por la demora en atender la solicitud de
información de su primer escrito. La recopilación de la información sobre el
expediente tramitado en 2007 y el estudio de la situación actual nos ha llevado
más tiempo del inicialmente estimado”, reza la carta, firmada por Torija.
En
efecto, en 2007, año en el que se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica,
bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las hermanas de García
Caparrós presentaron por primera vez ante el Ministerio del Interior una
solicitud de indemnización por fallecimiento al amparo de la Ley de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo, de 1999.
Esta
solicitud fue inadmitida por “extemporánea” en octubre de ese mismo año, y al
Ministerio “no le consta” que la familia recurriese luego esa resolución en los
tribunales.
En
2011, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, que regula “indemnizaciones, ayudas,
prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y
atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción
terrorista”.
La
carta que han recibido las hermanas de García Caparrós apela a esa misma ley,
que establece que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas
en ella es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que
exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en
concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la
Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a
cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para
el enjuiciamiento de los delitos”.
Opinión:
Y pensar que hay impostores que han conseguido el
reconocimiento como víctimas del terrorismo aportando solo relatos inventados o
copiando las vivencias que víctimas reales les explicaron con toda confianza.
Y pensar que hay impostores que han conseguido el
reconocimiento como víctimas del terrorismo cuando ni tan siquiera estaban
presentes en el lugar de los hechos y se inventaron heridas que jamás han
sufrido.
Y pensar que hay impostores cobrando indemnizaciones por incapacidades
absolutas y luego siguen trabajando y nadie lo controla.
Y pensar que hay quien vive del dolor ajeno intentando colocarse
en un cargo político.
Mejor lo dejo aquí…
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