14 octubre 2023
Guerra sucia contra ETA
40 años del GAL, cuando el periodismo descubrió las cloacas del Estado
El Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia crearon grupos parapoliciales para combatir a ETA que actuaron entre octubre de 1983 y julio de 1987. El secuestro de Lasa y Zabala fue su primera acción
Han pasado 40 años desde que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) dieron la cara secuestrando, torturando y más tarde asesinando a dos jóvenes vascos, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que se habían refugiado en Bayona tras ser acusados de formar parte de un grupo, presuntamente relacionado con ETA, que en 1981 intentó atracar un banco. La detención de los presuntos etarras se llevó a cabo en la noche del 15 de octubre de 1983, en Bayona (Francia). Los restos de Lasa y Zabala se encontraron en 1985 en un pueblo de Alicante, Busot, a 780 kilómetros del lugar donde fueron secuestrados, pero no fueron identificados hasta 1995.
Robert Allan Caro, periodista y con dos premios Pulitzer, decía que, “cuanto más tiempo le dedique uno a una historia, a una investigación periodística, más cerca estarás de la verdad”. Y la verdad judicial sobre aquellos hechos surgió en abril de 2000, cuando la Audiencia Nacional condenó a Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil destinado en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) y a Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa, a 71 años; a Ángel Vaquero, teniente coronel del mismo cuartel, a 69 años, y a Enrique Dorado y a Felipe Bayo, agentes del instituto armado, a 68 años. En julio de 2001, el Tribunal Supremo aumentó esas condenas a cuatro años más, por considerar que su condición de funcionarios públicos era una agravante.
Esa primera acción de la guerra sucia contra la organización terrorista ETA fue emprendida, autorizada y respaldada por los responsables del Ministerio del Interior de aquella época. Tiempo después, en julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó a José Barrionuevo, exministro; a Rafael Vera, exsecretario de Estado, y a Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya, a 10 años de cárcel; a Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSOE en el País Vasco, a siete años y a José Amedo, subcomisario de Policía, a nueve años. Todos ellos habían participado en la organización, planificación y ejecución de un segundo secuestro en Hendaya (Francia), el de Segundo Marey (4 diciembre 1983), que no tenía nada que ver con ETA.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) nacieron en 1983 para llevar a cabo la “guerra sucia” contra ETA. Y se formaron tres secciones: El GAL Verde, que estaba compuesto por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián); el GAL Azul formado por policías de la Comisaría de Bilbao y mercenarios contratados para atentar y secuestrar. Estos dos dependían directamente del Ministerio del Interior. El tercero, el GAL Marrón, estaba formado por militares agregados al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), que eran los servicios de inteligencia de aquella época, y todos ellos estaban adscritos al Ministerio de Defensa.
En el Cesid, durante la dirección del general Emilio Alonso Manglano, se preparó y redactó el acta fundacional de los GAL: “Acciones en el sur de Francia”. En ese documento se indicaba, explicaba y enseñaba cómo y de qué forma se tenía que actuar, secuestrar y eliminar a los etarras refugiados y exiliados en el “sur de Francia”.
El documento “secreto” del Cesid, que consta de ocho folios, arranca con la fecha 06-07-1983 y el encabezamiento “NOTA DE DESPACHO”. Después se recoge “ASUNTO: ACCIONES EN FRANCIA”. Y en sus diferentes apartados se puede leer: “Planteamiento general”, “Finalidades”, “Represalia”, “Eliminación”, “Inseguridad en la zona”, “Enfrentamientos internos”. En las “Consideraciones finales” se recoge y apunta: “En cualquier circunstancia se considera que la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro”. Recuerda y subraya: “Sólo quien está conduciendo la lucha contra el terrorismo en su conjunto podrá decidir emprender o no este tipo de acciones”.
Meses antes del documento del Cesid, en febrero de 1983, el Ministerio del Interior elaboró el plan ZEN (Zona Especial Norte), que marcaba las nuevas directrices para afrontar el terrorismo. Ese informe constaba de 350 páginas y era un antiguo estudio que había comenzado a elaborar el entonces ministro Juan José Rosón en la época de UCD.
En el plan ZEN se recogía, entre otras cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la siguiente premisa: “La lucha contra ETA, dada la organización y medios con que cuenta, será a medio plazo, pero tenidos (sic) en consideración los medios con que cuenta un Estado moderno, el triunfo tiene que decantarse necesariamente del lado del poder del Estado”.
El plan ZEN elaborado por Interior tenía un presupuesto de 14.600 millones de pesetas para los años 1983 y 1984, y puso en marcha la “Mesa Antiterrorista” que estaba formada por los máximos representantes de la Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil y Cesid) que se reunían todos los lunes en la sede de Interior, en el paseo de la Castellana, 5. El plan ZEN fue la antesala de los GAL.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) nacieron en octubre de 1983, con el secuestro de Lasa y Zabala, y desaparecieron en julio de 1987, con un último atentado contra Juan Carlos García Goena, un exiliado que no tenía ninguna relación con ETA. El balance mortal de los GAL durante ese periodo fue de 27 muertos, y muchos de ellos aún están pendientes de investigación policial y judicial, la periodística ya está hecha y publicada.
El presupuesto de los GAL ascendió, según un estudio realizado en el pódcast GAL. El Triángulo, a 1.200 millones de pesetas. Ahí se incluían desde pagos a mercenarios y compra de armas y explosivos hasta los sobresueldos cobrados por la cúpula de Interior, los ex gobernadores civiles, todo ello a través de los “Fondos Reservados”. También había una partida para los colaboradores franceses: policías y funcionarios judiciales.
En julio de 1995, antes de las sentencias judiciales contra los altos cargos de Interior, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, mantuvo y defendió en el atril del Congreso de los Diputados, a preguntas del entonces coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, sobre la vinculación del Gobierno y los GAL que “no hay pruebas ni las habrá”.
Años después, tras perder las elecciones el PSOE en marzo de 1996 por los GAL y los casos de corrupción, el exministro José Barrionuevo escribió un libro, 2001 días en Interior. La presentación de esas memorias corrió a cargo de Felipe González. Era julio de 1997 y las investigaciones y procesamientos de los dirigentes de Interior por su participación en la “guerra sucia” contra ETA ya eran un hecho.
El acto tuvo lugar en un salón del hotel Miguel Ángel de Madrid. Y, allí, el expresidente del Gobierno levantó su voz ante multitud de cámaras, micrófonos y periodistas, y sentenció: “Pepe, Rafa, señores generales, gracias, por lo que hicieron. Gracias, por España”. Terminó su intervención con un contundente: “Hoy me toca decirles, con claridad, que hoy estoy aquí para dar la cara y querría darla por ustedes, para que ustedes no tuvieran que darla porque no lo merecen”.
Felipe González pronunció esas palabras ante las cámaras, los micros y los periodistas presentes, pero el mensaje iba destinado a los que estaban sentados en la primera fila del acto y a su compañero de mesa y autor del libro: José Barrionuevo, Pepe; Rafael Vera, Rafa, exsecretario de Estado de Interior. Y “los señores generales”: Emilio Alonso Manglano, exdirector del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid); José Antonio Sáenz de Santamaría, exdirector de la Guardia Civil, y Andrés Casinello, ex jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y exdirector del Seced, Servicio Central de Documentación en la época del almirante Carrero Blanco.
Un año más tarde, el 29 de julio de 1998, el Tribunal Supremo de España condenó al exministro del Interior José Barrionuevo, al ex director general de la Seguridad del Estado Rafael Vera y al exgobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal; al subcomisario José Amedo, ex secretario general del PSOE de Vizcaya Ricardo García Damborenea, a penas entre siete y nueve años de cárcel. También fueron condenados al pago de una indemnización a Segundo Marey, secuestrado en 1983, de 30 millones de pesetas.
A las 19.28 horas del 9 de septiembre de 1998, José Barrionuevo y Rafael Vera traspasaron la cancela de la cárcel de Guadalajara para cumplir la condena impuesta por el Tribunal Supremo. Los exresponsables de Interior estuvieron acompañados por Felipe González, José Borrell, Ramón Rubial, José Bono, Manuel Chaves, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Bono. González dio las gracias a los miles de personas que se habían congregado en Guadalajara para despedir a “Pepe” y “Rafa” y aseguró que ellos iban a cumplir con su deber, aunque su ingreso en prisión supone que “hoy se está cometiendo un paso más de una injusticia”.
Tres meses más tarde, el 24 de diciembre, José Barrionuevo y Rafael Vera ya estaban en la calle. Fueron indultados por el Gobierno del PP que presidía José María Aznar. Vera declaró en julio, tras conocer la sentencia que le impuso el Tribunal Supremo, que nunca solicitaría el indulto.
Operación Mengele
En el documento del Cesid (julio de 1983) que sirvió como acta de fundación de los GAL se recordaba, subraya y recomendaba como tenían que llevarse a cabo las acciones contra los terroristas de ETA: “En cualquier circunstancia se considera que la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro”.
Después de la desaparición de los GAL en julio de 1987 los servicios secretos españoles seguían utilizando el manual del Cesid elaborado en la época del general Emilio Alonso Manglano. En julio de 1988 un grupo de agentes del Cesid, concretamente del “Ala 25”, intervinieron en el secuestro de tres mendigos que encontraron en la zona madrileña de Malasaña con el objetivo de probar con ellos un anestésico.
La operación fue bautizada internamente con el nombre en clave de “Aneto-Esfera-Shuto” y formaba parte de un plan más complejo: “Urbión-Bombilla-Mudo. Todo ese operativo estaba destinado a secuestrar en el sur de Francia, concretamente en Bayona, a Josu Ternera, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, que en aquella época estaba considerado como uno de los generales de ETA.
El fármaco fue elaborado por el jefe de cardiología de un hospital de Madrid que era amigo del director del Cesid, Alonso Manglano, e internamente, entre los agentes que participaron, se le dio el nombre de “operación Mengele”, en recuerdo del médico de las SS alemana Josef Mengele que llevó a cabo experimentos médicos con los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz.
La operación fue dirigida por “Losada” y “Don Emilio”, nombre en clave de los jefes del Cesid. Y según algunos de los agentes que participaron en la acción, hasta un total de 53, uno de los tres mendigos que fueron secuestrados falleció cuando se le inoculó el anestésico. Al parecer su estado físico ya estaba bastante deteriorado porque era un drogadicto.
Josu Ternera fue detenido en Francia en enero de 1989, pero la “operación Mengele” continuó activa hasta finales de 1990 según se recogía en los documentos internos del Cesid. La idea consistía en atropellar a Josu Ternera, que solía ir en moto en sus desplazamientos, inyectarle el anestésico e introducirlo en un cajón de madera que transportaría un camión que atravesaría la frontera. Posteriormente sería entregado a la Guardia Civil, en San Sebastián, con el objetivo de interrogarlo y sacarle toda la información posible. En el documento del Cesid, calificado como “confidencial”, no se concretaba que pretendían hacer con el secuestrado tras sacarle la información sobre ETA.
Años antes, en diciembre de 1982, con motivo de la primera investidura de Felipe González como presidente del Gobierno, el jefe de la oposición, Manuel Fraga, recordó al dirigente socialista que, “cuando corre la sangre inocente de los ciudadanos, un Gobierno debe preferir tener sangre en sus manos antes que agua como Pilatos”. Fraga había sido ministro de la Gobernación con el dictador Francisco Franco.
En 1997 se publicó el libro El origen del GAL, de Antonio Rubio y Manuel Cerdán. El prólogo, titulado “Viaje a la checa democrática”, corrió a cargo del periodista, escritor y militante izquierdista Manuel Vázquez Montalbán, y en aquellas páginas decía, entre otras cosas, que “el caso GAL plantea la existencia de una amplia correlación de complicidades que van desde los restos de las fuerzas parapoliciales heredados del régimen franquista hasta supuestos demócratas psicópatas de la razón de Estado que justifica la violación de los derechos humanos en nombre de razones superiores no demostrables”.
El maestro Vázquez Montalbán también recordaba en su análisis el ayer y el hoy de la “guerra sucia”: “Hablo en presente porque el caso de los GAL gravita sobre la democracia española y no dejará de hacerlo hasta que se ultimen los encausamientos y procesamientos”.
Sin embargo, el expresidente José María Aznar asumió en mayo de 1996 que “hay que pasar página en la trama de los GAL” y rechazó una comisión de investigación solicitada en el Congreso por cuatro grupos parlamentarios. También negó que hubiera llegado a un pacto con Felipe González para tapar los GAL y que si él investigara ese caso se “subvertiría la democracia”.
Hoy, el presente y el pasado de la “guerra sucia” se centra y concentra en GAL. El Triángulo, un pódcast que en 2022 recibió el Premio Ondas y quedó finalista en los Premios Gabo, donde se revelan y aportan nuevos documentos y audios sobre los autores intelectuales y materiales que intervinieron en los GAL y donde hablan las víctimas, victimarios y los investigadores policiales, judiciales y periodísticos.
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