19 julio 2018
El Gobierno cambiará la ley de víctimas para reconocer a
los afectados sin ayudas
El Ministerio
eliminará el requisito que establecía el plazo de un año para presentar las
solicitudes con carácter retroactivo a 1960
El Gobierno central eliminará el plazo que fija la ley para que una persona sea
reconocida como víctima del terrorismo y, en consecuencia, pueda
acceder a las ayudas a las que tiene derecho como tal. Hasta ahora, la
normativa establece un máximo de un año desde que se produce el atentado o, en
el caso de los heridos, desde que se recibe «al
alta médica o la consolidación de las secuelas». El Ministerio
del Interior, según confirmó ayer a EL CORREO, incluirá esta modificación en el
proyecto de Presupuestos para
2019. «Debe reconocerse a la víctima por encima de plazos legales», defiende la
directora de apoyo a este colectivo del Ejecutivo, Sonia Ramos.
La idea se
viene gestando desde hace tiempo. Es más, es una vieja reivindicación de los
colectivos de víctimas para evitar que muchos beneficiarios potenciales se
queden fuera del sistema por una cuestión de meses e incluso días al no conocer
los requisitos que recoge la legislación para ser considerada una víctima del
terrorismo. «Hay personas que no
pertenecen a ninguna asociación, otras que viven en el extranjero o hay casos
en los que las secuelas aparecen tiempo después», enumera Ramos. La casuística es de lo
más variada, lo que complica la posiblidad de cerrar una cifra oficial de
afectados que se hallan ahora mismo en esta situación. Y no solo en relación a
atentados antiguos, cuando el número de víctimas era mucho más elevado y la información
brillaba por su ausencia, sino también a raíz de actos terroristas cometidos en
las últimas dos décadas.
Prueba de
que el plazo de un año que establece la ley pende cual 'espada de Damocles'
sobre posibles beneficiarios de la normativa es la carta que la alcaldesa de
Barcelona remitió -a petición de la
Unidad catalana de Atención y Valoración de Atentados
Terroristas- al ministro del Interior. En ella, Ada Colau trasladaba su preocupación ante la
posibilidad de que algunas de las personas que sufrieron los atentados yihadistas
de Las Ramblas y Cambrils, cuyo primer aniversario se cumplirá
en agosto, pudieran no presentar sus solicitudes a tiempo para ser reconocidas
como víctimas del terrorismo.
En su
respuesta, que salió a la luz ayer, Fernando
Grande-Marlaska aseguró a Ada Colau que «los posibles casos»
registrados en dichos actos terroristas que excedan el año marcado por ley
«serán estudiados al detalle por el Ejecutivo para buscar una solución en la
que, por supuesto, primen los derechos de las víctimas por encima de los
plazos». Además, trasladó el compromiso del Gobierno y de su Departamento con
las víctimas del terrorismo como «una prioridad
incuestionable».
Hacienda y Congreso
La
directora de Víctimas del Ejecutivo central reconoce que en los últimos años
«se han recibido diferentes solicitudes» de posibles damnificados fuera de
plazo. «Y siguen llegando», apunta. Para evitar una victimización añadida, el Ministerio del Interior ha echado mano hasta
ahora del apartado de «ayudas extraordinarias» que
se recoge en la propia ley. Este último permite «buscar una salida jurídica a
las solicitudes mediante una interpretación generosa de la normativa en cuanto
al año que se fija para ser reconocida como víctima», explica Ramos. «Lo que queremos hacer ahora es que no existan
plazos», añade.
Este
movimiento supondría la reforma del artículo 28 de la actual ley nacional de
víctimas del terrorismo, que data de 2011. El objetivo es que «se
vuelvan a abrir los plazos con carácter retroactivo desde 1960», remarca Sonia Ramos, lo que
permitirá que todas las personas que en su día no fueron reconocidas como
víctimas del terrorismo por una cuestión de fechas puedan volver a tramitar su
solicitud.
La
modificación de la ley estará sujeta a varios trámites. El primero, pasar por
«el filtro de Hacienda». Y es que, según asumen desde el Ejecutivo, deberá
hacerse un cálculo estimativo de lo que podrían suponer las futuras
indemnizaciones. Las cuantías que figuran
en la normativa oscilan entre los 75.000 euros por una invalidez permanente
parcial, hasta los 250.000 por fallecimiento y los 500.000 euros por gran
invalidez.
Una vez
solventado este escollo, el Gobierno tiene previsto incluir dicha modificación
en el proyecto presupuestario para 2019 que presente Pedro Sanchez. De no poder
sacarlo adelante, ya que el presidente del Gobierno
deberá convencer al PNV, Podemos y a los independentistas catalanes -los mismos que votaron a favor de la
moción de censura-, no se descarta que la reforma de la ley tenga que
solventarse vía decreto.
Opinión:
Ante la información publicada por Lorena Gil en El Correo podría
repicar la opinión aportada en la entrada anterior porque es el mismo tema.
Pero leyendo la información aparece una nueva cuestión que
merece una aclaración. Dice que “La directora de Víctimas del Ejecutivo central
reconoce que en los últimos años «se han recibido diferentes solicitudes» de
posibles damnificados fuera de plazo. «Y siguen llegando», apunta. Para evitar
una victimización añadida, el Ministerio del Interior ha echado mano hasta ahora del apartado de
«ayudas extraordinarias» que se recoge en la propia ley. Este último permite «buscar una salida
jurídica a las solicitudes mediante una interpretación generosa de la normativa
en cuanto al año que se fija para ser reconocida como víctima», explica Ramos. «Lo que queremos hacer
ahora es que no existan plazos»…
Es increíble el cinismo de algunos… en 2014 me reuní en
Madrid con dos representantes de la
Oficina de Apoyo a Victimas del Terrorismo para entregarles
un listado con mas de 2450 nombres y apellidos de ciudadanos que eran
susceptibles de haber sufrido un atentado en Catalunya y que merecían ser localizados
y asesorados, con la esperanza de que el Ministerio mostrara interés en
realizar esa búsqueda. La respuesta fue “quien quiera algo que venga a vernos”.
Con el tiempo pude solicitar una ayuda económica al
minsterio a traves de la Fundación
Internacional
¿Y ahora se despiertan desde el Ministerio diciendo que «Lo que queremos hacer ahora es que no existan
plazos»… otra muestra mas de cinismo puro y duro, mentiras y
pantomimas… ¿por qué no se hizo en 2014? ¿no habían recursos entonces? ¿o lo
que no había era interés en «buscar una salida jurídica a las solicitudes
mediante una interpretación generosa de la normativa en cuanto al año que se
fija para ser reconocida como víctima “?
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