03 septiembre 2024
La
Guardia Civil vuelve a pedir destruir las pruebas del 17-A
La
defensa recuerda que todavía quedan vías procesales de recursos, en Estrasburgo
Nuevo
oficio de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional sobre el juicio de
los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona y Cambrils. Según ha podido
saber El Mundo, el pasado 18 de julio, el coronel jefe del Servicio de
Desactivación de Explosivos y Defensa adscrito a la Jefatura de Servicios
Especiales y Reserva del instituto armado remitió un oficio a la sala tercera de
la Audiencia para pedir autorización para la destrucción de las pruebas
relacionadas con el sumario de los atentados que se encuentran almacenadas en
el depósito judicial de esta unidad.
De
hecho, no es la primera vez que lo piden. El instituto armado ya solicitó la
destrucción de las pruebas el 20 de junio de 2022 y el 26 de junio de 2023.
Pero la respuesta de las defensas que estaban a la espera de los recursos
interpuestos hizo que magistrado encargado de la causa rechazara la petición.
Sin embargo, actualmente la Guardia Civil es conocedora de que el sumario ha
llegado al final de su etapa procesal en el Estado español, con la inadmisión a
trámite del recurso de amparo presentado por uno de los condenados y por los
padres del pequeño Xavi, el niño de cuatro años asesinado en la Rambla, que ha
mantenido su posición en defensa del derecho a la verdad.
Nueva
oposición de las partes
Una
vez se ha tenido conocimiento de la petición, la defensa de los padres de Xavi,
formada por los abogados Agustí Carles y Jaume Alonso-Cuevillas, han presentado
un escrito con el que vuelven a oponerse a la destrucción de las pruebas. Su
argumento es que el caso todavía está dentro del plazo de los cuatro meses
previstos para presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) contra esta desestimación. De hecho, el plazo vence el
próximo 9 de septiembre.
En
este sentido, los abogados piden detener la destrucción hasta que no se
resuelva la demanda prevista de presentar en el TEDH, en Estrasburgo, que
alega, entre otros, la vulneración del derecho a saber la verdad. Una petición
a fin de que se condene al Reino de España para que lleve a término las
investigaciones judiciales necesarias para esclarecer todos los hechos
relacionados con los atentados y “adoptar las decisiones pertinentes que se
deriven de esta nueva instrucción, reparando así el daño producido por la
insuficiencia de la investigación practicada en este procedimiento”.
"Por
eso, es posible", añade el escrito de oposición, "que sea necesario
practicar nuevamente prueba sobre los efectos y evidencias que podrían ser
destruidos, o entregados, tal y como solicita la Dirección General de la
Guardia Civil". "Resulta evidente, en caso de que se acordara una
nueva investigación de los hechos por parte del TEDH, que ningún sentido
tendría realizarlo con las pruebas y evidencias del sumario destruidas, como
ahora se pretende", concluyen.
Opinión:
A ver si alguien puede explicar todo este descontrol. Si la
causa está, como bien plantean los abogados de Javier Martínez, “dentro del
plazo de los cuatro meses previstos para presentar la correspondiente demanda
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra esta desestimación”,
¿cómo es posible que se plantee la destrucción de las pruebas?
Los 16 asesinados, sus familiares e incluso los casi 500
heridos (entre sentencia y sumario) ¿no merecen que se investigue hasta el final
para aclarar cualquier duda, sospecha o incluso el indicio de más delitos?
España es el único país europeo en el que, una vez
ocurrido un atentado yihadista, siete años después todavía está pendiente el
inicio de una Comisión de Investigación, en este caso en el Congreso de los
Diputados. Sobre lo ocurrido entre el 16 y el 21 de agosto2017 en Catalunya
¿cómo van a destruir las pruebas sobre las que habrá que discutir?
¿Quieren torpedear, todavía más, el derecho de las
víctimas a conocer la verdad?
¿Hay que recordarles nuevamente lo que cita la sentencia de 27 de mayo de 2021, en las páginas 991 a 993 (que adjunto al final de esta opinión) en cuanto a los derechos que asisten a LAS víctimas del terrorismo?
¿O es que se creen que las pruebas de una serie de
atentados son como los ordenadores que se pueden destruir a golpes de martillo?
Para terminar, cada día que pasa me doy mas cuenta de cómo
puede molestar a la administración correspondiente (y a sus satélites) que
existan grupos de personas dispuestas a llegar hasta el final en la defensa de
sus derechos. Entiendo que la creación de la UAVAT fue un verdadero quebradero
de cabeza para aquellos que no querían, bajo ningún concepto, que muchas
víctimas del terrorismo se conocieran para unir sus fuerzas y su experiencia.
Lo viví en mi atentado de Hipercor en 1987 y lo sigo viviendo ahora asistiendo,
en todo lo posible, a las víctimas que vamos localizando de los atentados de
agosto2017 en Catalunya. Ya son mas de 270… y seguiremos en el empeño para
conocer su situación real que, como hemos podido comprobar nuevamente esta
misma mañana, son situaciones de abandono total por parte de LAS
administraciones. Las que tienen competencia máxima en el tema y las que
deberían compensar la falta de interés de la más competente, incluyendo la que
debería impartir justicia y se plantea la destrucción de las pruebas.
Eso sí, una vez al año, todos en los homenajes a LAS
víctimas.
Otro tema sería conocer qué han hecho las siglas que dicen
“trabajar” por las víctimas del terrorismo porque, excepto de los compañeros de
la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo, del resto no hay constancia de
nada.
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