05 septiembre 2024
Barcelona y Cambrils en 2017
Junts acusa al Gobierno de "tener interés" en la destrucción de las pruebas del atentado terrorista del 17-A: "¿Qué es lo que quiere esconder?"
Míriam Nogueras exige a Pedro Sánchez que "haga rectificar a la Guardia Civil" sobre la solicitud de eliminar algunas muestras que han formado parte del sumario
Junts exige al Gobierno que explique "por qué tiene tanto interés en destruir las pruebas" de los atentados terroristas del 17-A en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), que causaron 16 muertos en agosto de 2017.
Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha rodeado de sospechas la solicitud realizada por la Guardia Civil para destruir algunas muestras que han formado parte del sumario de la investigación del ataque yihadista: "¿Qué es lo que quieren esconder?".
El pasado julio, el Instituto Armado se dirigió a la Audiencia Nacional para conocer el estado de la causa y, en caso de estar cerrada, solicitar la destrucción de determinadas muestras relacionadas con el proceso, como explosivos, que se hallan almacenadas en el depósito judicial.
"Una Guardia Civil que está bajo el mandato de Pedro Sánchez, del Gobierno socialista, está pidiendo destruir estas pruebas cuando tenemos una comisión parlamentaria de investigación en marcha y cuando ya se ha iniciado el camino en la Justicia europea", ha añadido la diputada en declaraciones a los medios de comunicación en Cardedeu (Barcelona).
Nogueras ha exigido al presidente del Gobierno que "haga rectificar a la Guardia Civil porque lo que debe hacer es defender el derecho a la verdad, que es un derecho que tienen las víctimas y los familiares de las víctimas del 17 de agosto". Según la jefa de filas de JxCat en el Congreso, "han conseguido que parezca que hay algo que esconder", informa Servimedia.
La familia de Xavi Martínez, el niño de tres años asesinado en La Rambla en 2017, ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional en el que reclama que no se destruyan las muestras porque ha decidido acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) antes de que esta semana concluya el plazo legal.
Tras el rechazo del Tribunal Constitucional a admitir a trámite el recurso con el que algunas víctimas pidieron que se revisara la sentencia de la Audiencia Nacional, la representación legal de los padres de Xavi alegará ante Estrasburgo "la vulneración del derecho a saber la verdad, con el fin que se condene al Reino de España a que lleve a cabo las investigaciones judiciales necesarias para esclarecer todos los hechos relacionados con los atentados de Barcelona y Cambrils del 2017".
Además, los progenitores piden una reparación del daño producido por lo que consideran que fue una «investigación insuficiente». Por este motivo, los abogados señalan que es posible que sea necesario practicar nuevas pruebas sobre los efectos y evidencias que podrían acabar destruidos.
Imán de Ripoll
No es la primera vez que los neoconvergentes siembran dudas sobre el 17-A, concretamente sobre la relación entre los servicios secretos españoles y Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll (Girona) que lideraba la célula que atentó hace siete años y que falleció un día antes del ataque terrorista en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) donde el grupo guardaba material.
De hecho, como parte del acuerdo entre el PSOE y Junts para la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso en agosto de 2023, el pasado febrero se constituyó la denominada comisión de investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.
En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo confirmó las condenas a 43 y 36 años de prisión a Mohamed Houli Chemlal (único superviviente de Alcanar) y Driss Oukabir por los delitos de pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista, fabricación y tenencia de explosivos con dicha finalidad y estragos y lesiones imprudentes. Asimismo, la revisión en casación del TS rebajó la pena del colaborador de la célula Said Ben Iazza de ocho años a 18 meses de cárcel.
Ocho de los miembros de la célula yihadista del 17-A fallecieron, seis de ellos abatidos por los Mossos d'Esquadra tras los atentados y dos, previamente, en la explosión de la casa de Alcanar cuando manipulaban el material con el que preparaban el atentado, suceso que cambió los planes del grupo, que decidió atacar con atropellos con una furgoneta.
Opinión:
Es complicado resumir lo que muchas víctimas de esos atentados presentan en cada una de las conversaciones que mantengo con ellas desde inicios de 2018.
Pero lo voy a intentar con una serie de preguntas a las que esperan respuestas, unas respuestas que podrían obtenerse cuando SUS SEÑORIAS decidan iniciar la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados de Madrid.
¿Por qué una veintena de altos cargos políticos y
policiales se negaron a acudir a declarar a la Comisión que se organizó
en el Parlament de Catalunya?
¿Es cierto que adujeron argumentos tan prepotentes como que el no estar “obligados
a declarar y comparecer en un parlamento de rango menor?
¿Es cierto que todo un ministro de Exteriores dijo, un mes antes, que “en la segunda quincena de agosto pasarían cosas en Catalunya?
¿Es cierto que todo un ministro de Exteriores dijo que se supera antes un atentado que la disolución de España?
¿Qué nos pueden explicar sobre la furgoneta que apareció en Sant Carles de la Rápita?
¿Alguien podrá hablar sobre la “misteriosa” figura del hombre de la chilaba blanca que huyó del chalet de Alcanar?
¿Podrán explicar las razones por las que los (supuestos) restos del iman de Ripoll están enterrados en un cementerio católico?
¿Cómo es posible que nadie haya exigido la devolución de esos (supuestos) restos del imán de Ripoll?
¿darán explicaciones sobre la verdadera cadena de custodia de los (supuestos) restos del iman de Ripoll cuando los llevaron a Marruecoa para cotejarlos con dos de sus familiares?
¿Vendrá alguien a explicar cómo aparecen mas de 120 bombonas de butano en el chalet de Alcanar sin que ninguna empresa distribuidora denunciara la “pérdida” de las mismas o cual es el control que realizan sobre su propio material?
¿Ofrecerán datos que expliquen como se puede permitir la ocupación de un enorme chalet en una urbanización sin que actúe la administración competente para realizar el desalojo?
¿Se darán argumentos sobre las visitas que el iman de Ripoll recibía por parte de miembros del CNI en la prisión de Castellón?
¿Por qué un detenido por tráfico de drogas no había sido devuelto a su país de origen y acaba siendo confidente policial?
¿Por qué la mayoría de los países con víctimas en los atentados de agosto2017 no han dicho ni hecho prácticamente nada?
¿Qué piensan de lo que el propio Juez Alfonso Guevara escribe, negro sobre blanco, en las páginas 991 a 993 de la sentencia de 27 de mayo de 2011?
¿Cómo es posible que solo aparecieran unas 160 víctimas en el Auto de Procesamiento de octubre 2018 y en la sentencia sean 345?
¿Quien es el responsable de la existencia de otras 123 víctimas que aparecen en el sumario pero no aparecen en la sentencia?
¿Quién intentó, con recursos casi cero, la labor de localización y asesoramiento de tantas y tantas víctimas?
¿Por qué el Ministerio de Interior reconoce, mediante nota de prensa de diciembre de 2023, qué desde ese momento va a contactar con 200 víctimas?
¿Por qué no lo habían hecho en los seis años y medios anteriores desde el día del atentado?
¿Por qué deben ser “las víctimas” quienes se hagan cargo de los gastos de las investigaciones mientras se dilapida el dinero del contribuyente en verdaderas capulladas que sería innumerable exponer ahora en este escrito?
Termino. Hay muchos atentados anteriores pendientes de solución. ¿A alguien se le haría posible entender que se destruyeran las pruebas guardadas por si, en un futuro, se pudiera dar solución a alguno de ellos?
¿Por qué una serie de atentados con 16 asesinados y 345 heridos merece la destrucción de las pruebas mientras no lo merece un atentado con cuatro heridos?
La lista sería mucho más extensa y solo esperamos que alguien de las explicaciones pertinentes. Con dos objetivos…
Uno, que se conozcan los errores cometidos para que no vuelvan a repetirse y la sociedad pueda vivir con un poco mas de tranquilidad y tener un poco más de confianza en los poderes legislativos y judiciales.
Dos, por que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido porque la propia sentencia así lo certifica.
A buen entendedor…
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