24 septiembre 2024
Dos
policías heridos en las protestas de "Tsunami" intentan reabrir la
investigación con una denuncia por terrorismo
Piden
a la Audiencia Nacional que esclarezca "quiénes organización, financiaron,
planificaron y ejecutaron" unos actos violentos que consideran "kale
borroka"
Dos
policías heridos en las protestas impulsadas por Tsunami Democràtic en octubre
de 2019 contra la sentencia del «procés» han presentado una denuncia por
terrorismo en la Audiencia Nacional para que se investigue quién está detrás de
la organización, financiación y planificación de unos actos «violentos» que
equiparan con la «kale borroka» de los cachorros de ETA. Los dos agentes
intentan así reabrir la investigación del «caso Tsunami», que el juez Manuel
García Castellón se vio obligado a archivar por orden de la Sala de lo Penal,
al constatarse que el 29 de julio de 2021 habría prorrogado la causa fuera de
plazo. El carpetazo a la investigación también se trasladó a la causa abierta
en el Tribunal Supremo (TS) por terrorismo contra Carles Puigdemont, uno de los
procedimientos que amenazaba que pudiese beneficiarse de la Ley de Amnistía.
En
el escrito remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso LA RAZÓN,
los dos agentes resaltan la gravedad de las lesiones sufridas –por las que
tuvieron que retirarse del servicio de forma prematura– en unas movilizaciones
«planeadas premeditadamente para atentar contra las principales estructuras del
sistema económico y de transporte español, con la intención de desestabilizar
la economía y aislar al país del continente europeo» con el bloqueo de los
aeropuertos de Barcelona y Madrid o el corte de la autopista AP-7 en La
Junquera. Los policías señalan directamente a Tsunami Democràtic como la
plataforma que organizó «todos estos actos radicales, violentos, organizados y
terroristas».
Entre
los objetivos, señalan, la Jefatura Superior de Policía situada en Vía
Layetana, que fue protegida por un dispositivo de las UIP (antidisturbios) en
el que estaban encuadrados ambos, que recuerdan la llegada a la convocatoria de
«grupos radicales», en un contexto de «creciente hostilidad».
Con
el paso de las horas, afirman, «la violencia era cada vez mayor» y los agentes
recuerdan que les sorprendió «la organización» de la que hacían gala y que
tenían «material avanzado», incluso «explosivo». Uno de los agentes explica que
fue alcanzado por una botella rota, «que me impacta en la mano derecha, lo que
provoca que me caiga al suelo sintiendo un fortísimo dolor fruto de la lesión».
Una vez atendido, asegura, «y ante la inmensa cantidad de radicales violentos
que superaban en una proporción de alrededor de 1.000 personas a 80 agentes»,
decidió reincorporarse al dispositivo.
Tras
una nueva carga, y «parapetados» los agentes a medida que arreciaba el
lanzamiento de «adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas,
cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje» –con los que trataban
de «causar el mayor número de bajas posibles»–, uno de los policías
denunciantes explica que recibió «un impacto muy fuerte» y cayó desplomado al
suelo tras perder el conocimiento.
A
consecuencia de las heridas, estuvo hospitalizado un año, hasta el 22 de
octubre de 2019 y a día de hoy, asegura, aún padece estrés postraumático y un
trastorno de ansiedad generalizada con ánimo depresivo que le acarrea incluso
«aislamiento social» y pérdida de atención o concentración. A raíz de esas
lesiones, un tribunal médico de la Policía determinó que se encontraba
imposibilitado para ejercer su profesión, concediéndole la incapacidad absoluta
permanente, lo que provocó su jubilación forzosa, «con la reducción de sueldo
que ello conlleva y sin indemnización alguna por los daños sufridos en acto de
servicio».
Su
compañero apunta que se trataba de «una masa perfectamente estructurada» al
estilo «kale borroka» que a medida que pasaba el tiempo lanzaban objetos «cada
vez más lesivos», pasando «de piedras de grandes dimensiones y petardos a
adoquines enormes, que impactaban en mi dispositivo con una trayectoria
vertical, como si fueran arrojados desde la parte superior de los edificios
colindantes». Uno de ellos le impactó en el brazo derecho, lo que le provocó
«un dolor inmenso». Poco después, otro adoquín le golpeó el omóplato izquierdo,
haciéndole casi caer al suelo. Este policía se ofrece a poner a disposición del
tribunal «diversos de los hechos» que considera «pueden ser de interés para la
investigación».
Los
dos denunciantes –que ejercieron la acusación particular como perjudicados en
el «caso Tsunami» a través de los letrados José María e Ignacio Fuster-Fabra–
aluden a un informe de la Guardia Civil de noviembre de 2023 (incorporado a ese
procedimiento) que señala la identidad «de las personas líderes de la
plataforma» que se encontraban detrás de «los actos violentos y terroristas»
que se produjeron en esas fechas. Asimismo, se refieren a las resoluciones
tanto del juez García Castellón (que se acaba de jubilar) como de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional, que reclamó después la aplicación de la Ley de
Amnistía a todos los investigados, en las que «calificaban los hechos de actos
terroristas». Unos documentos que piden que se incorporen a este procedimiento,
así como los informes médicos que detallan las lesiones y secuelas padecidas.
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