12 agosto 2018 (4) Diario Vasco

12 agosto 2018 

Deniegan a 80 presos de ETA la progresión al segundo grado «por falta de arrepentimiento»

La decisión de los presos de ETA de acogerse a las vías legales para tratar de mejorar su situación y progresar de grado -la inmensa mayoría se encuentran aún en el primero, el más restrictivo- se está topando con la exigencia de un desmarque comprobable del pasado violento tanto por parte de Instituciones Penitenciarias como de la Audiencia Nacional. En plena tormenta política por el primer traslado del Gobierno Sánchez de dos reclusos disidentes de la organización terrorista, ambos a Basauri, un tercio de los 243 internos encarcelados en España que contabiliza el Ejecutivo han presentado ya sus solicitudes para pasar de estar calificados en primer grado al segundo. Según fuentes conocedoras de los escritos consultadas por este periódico, las juntas de tratamiento de las prisiones las han rechazado todas -cerca de 80- y el juez de Vigilancia de la Audiencia solo ha admitido las impugnaciones en tres de los casos.

Las fuentes citadas resumen la argumentación utilizada para denegar las peticiones de los reos en «la falta de arrepentimiento» y de «constancia de su alejamiento» de lo que ha representado la banda. Esta tesis y el alineamiento entre las juntas de tratamiento que penden de Instituciones Penitenciarias -es decir, del Gobierno- y el Juzgado Central de Vigilancia de la Audiencia permiten concluir tres cosas. Una, que si los expertos que tratan a diario con los reclusos no observan razones de peso para informar favorablemente sobre su resocialización, se pone muy cuesta arriba que el juez encuentre una motivación para revocar ese 'no' inicial. En segundo lugar, el precedente de estos 80 recursos apunta a que a sus autores no les va a bastar con citar su disposición a acogerse a las previsiones legales para que resulten creíbles a ojos de la Administración y de la justicia. Y tercero, estas últimas están abiertas a los procesos individuales de reinserción, pero serán exigentes sobre la verificación de las condiciones en que se emprende ese camino. El Juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha mantenido una estrecha relación durante años con Fernando Grande-Marlaska, quien dirigió la Sala de lo Penal de la Audiencia antes de ser ministro de Interior.

Según el recuento que publicó este periódico a mediados de mayo, en ese momento una veintena de reclusos había reclamado a las juntas de tratamiento la progresión de grado y, ante todas las negativas recibidas, había elevado su causa ante el Juzgado de Vigilancia. Entonces solo había prosperado una de las impugnaciones: la de Iñaki Garcés Beitia, quien reconstruyó en los 90 el comando Araba. Si se tiene en cuenta que ETA escenificó su disolución en Kanbo el 4 de mayo, parte de esas primeras solicitudes se registraron antes de que la organización hubiera bajado definitivamente la persiana de su medio siglo de trayectoria terrorista. En julio, el juez autorizó el cambio a segundo grado de Marta Igarriz, excolaboradora del comando Amaiur que ya ha cumplido tres cuartas partes de su pena.

La desaparición de la banda no es una circunstancia baladí, admiten los medios consultados, pero resulta insuficiente a tenor de los casi 80 'noes' cosechados en las juntas de tratamiento carcelarias y en el juzgado. Un volumen que augura una nueva batalla jurídica ante las instancias superiores de la Audiencia Nacional. Y aunque las vías de reinserción y el acercamiento de los reos a sus lugares de origen no tienen que ir necesariamente de la mano, el Gobierno va a tentarse mucho la ropa a la hora de elegir a qué condenados traslada. Olga Sanz y Javier Moreno habían accedido al tercer grado y han pedido perdón a las víctimas.

Pulso sin precedentes

El pulso resulta inédito en cualquier caso, porque nunca antes los presos de ETA -ahora encuadrados en el EPPK- se habían acogido de manera individualizada a la legalidad vigente para intentar mejorar su situación penitenciaria. Y jamás lo habían hecho, lógicamente, con la organización ya disuelta. La vía libre para que cada interno explore sus propias alternativas -aun dentro de una estrategia colectiva patrocinada por la representación oficial del colectivo en las cárceles- se encuentra, a tenor de la información disponible, con dos obstáculos principales. Por una parte, la táctica de tierra quemada de ETA ha hecho que más del 90% de sus presos siga en primer grado, una calificación que prolonga la estancia forzosa en la celda y que constriñe sobremanera tanto las opciones de participar en tareas resocializadoras como de acceder a permisos. Por otra, las 'líneas rojas' que vetan el arrepentimiento y la delación -entendida como colaboración con la justicia- se están demostrando barreras poco menos que infranqueables, al menos en esta etapa, para ganar credibilidad.

Ante este contexto, hay reclusos que se van incorporando al programa que ofrece Interior a todos los encarcelados en primer grado, hayan estado relacionados con ETA o no, para que puedan pasar al segundo a través de una serie de trabajos rehabilitadores y del examen sobre cuál va siendo la posición del reo ante los delitos cometidos. El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite flexibilizar la calificación del interno en función de su evolución personal, siempre sobre la base de que el encuadramiento en una organización criminal supone un agravante. Agravante ahora en cuestión una vez desaparecida ETA.