27 septiembre 2015
La disolución
ordenada de la banda
La organización se tiene que
comprometer a ejecutar el desarme unilateral e inequívoco, disolverse y
renunciar a ser agente político
Luis R. Aizpeolea
En plena euforia por la detención de los “jefes
políticos” etarras, David Pla e Iratxe Sorzabal, el ministro del Interior,
Jorge Fernández, calificó la operación de “acta de defunción de ETA”. Al día
siguiente, matizó y dijo que lo que quedaba de ETA “cabía en un microbús sin
dirección” mientras los medios de comunicación especulaban sobre los sucesores
de Pla y Sorzabal. Unos sucesores que si son detenidos, tendrán otros sucesores
y así indefinidamente, pese a la extrema debilidad de una banda inactiva desde
hace cuatro años, porque su papel es certificar su final.
Conviene recordar que lo que sí está acreditado por
la propia ETA es el cese definitivo del terrorismo en su declaración del 20 de
octubre de 2011, tras la detención de sus últimos “jefes militares” (Txeroki,
Aitzol, Ata) y los cuatro años pasados sin terrorismo lo confirman. Y Sortu
sigue avalando ese cese, pese a las detenciones.
Desaparecido, por tanto, el dramatismo e incluso el
interés por esta cuestión —en el debate inaugural del curso en el Parlamento
vasco, el jueves, apenas tuvo relieve— lo que ahora se plantea es ¿cómo lograr
que ETA se desarme y disuelva? El ministro del Interior está empeñado en acabar
con lo poco que queda de ETA por la vía de las detenciones policiales para
“visibilizar su derrota”.
El Gobierno vasco le replica que la derrota de ETA
es obvia. Cesó definitivamente, hace cuatro años, sin lograr ninguno de sus
objetivos. Y de lo que se trata ahora es conseguir su desarme y su disolución
con un “final ordenado”, esto es, con un “acta de defunción que extienda la
propia ETA”, como hizo con el cese definitivo del terrorismo. De lo contrario,
existe el riesgo de que queden algunos militantes desperdigados y la sigla
descontrolada.
ETA tenía previsto culminar el sellado de zulos
(depósitos de armas) para propiciar el desarme, tras las próximas elecciones.
Sortu teme que las últimas detenciones compliquen el plan al generarse
tensiones con sus sectores más radicales, aunque se ha comprometido a culminar
su apuesta por el final de ETA. El Ejecutivo vasco asegura que, aunque surja
otro Gobierno tras las elecciones, es a lo que queda de ETA y a Sortu a quienes
va a corresponder el principal esfuerzo para llegar a ese “final ordenado” y
para ello tienen que sumergirse en un baño de realismo, a lo que puede
contribuir el liderazgo de Arnaldo Otegi, que saldrá excarcelado en primavera.
En este “final ordenado”, que incluye la disolución
de la banda sin negociación, ETA se tiene que comprometer a ejecutar el desarme
unilateral e inequívoco —dispone del aval del Gobierno vasco, del Comité
Internacional de Verificación y sería deseable el del Gobierno central— y que
incumplió con el bochornoso amago de desarme de febrero de 2014. Paralelamente,
debe renunciar a ser agente político; disolverse y delegar en Sortu su
interlocución con el futuro Gobierno. Y Sortu debe reclamar a los presos de ETA
que asuman la legalidad penitenciaria, imponiéndose a los más duros. Todo ello
facilitaría al próximo Gobierno normalizar la situación de los presos etarras
en las cárceles, con una política inteligente (acercamientos y beneficios
penitenciarios si cumplen los requisitos, etcétera.).
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