18 abril 2018
Fuentes fiscales han informado del recurso de apelación
interpuesto ante la Sala
de lo Penal de la
Audiencia Nacional con la intención de que revoque la
decisión de dejarla en libertad
Fuentes fiscales han informado del recurso
de apelación que se ha interpuesto ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
con la intención de que revoque la decisión
del magistrado y "se decrete la
prisión provisional incondicional de la investigada o subsidiariamente la imposición de una libertad o
prisión con fianza". La
Fiscalía , que ya pidió prisión para la activista el pasado 12
de abril tras oír su declaración ante el juez, solicita en su recurso que se
mantenga la imputación "por un delito de terrorismo del artículo 573 (del
Código Penal) y/o de rebelión".
Esto justificaría la competencia de la Audiencia Nacional
en la investigación de los hechos ya que, a juicio del ministerio público,
todavía es "prematuro" excluirlos. En su recurso, el ministerio
público solicita que se mantenga la imputación de Tamara Carrasco por un delito
de terrorismo y/o de rebelión, delitos que justificarían la competencia de la Audiencia Nacional
en la investigación de los hechos.
Considerada por la Fiscalía como la coordinadora de dichos sabotajes,
que implicaron cortes de carretera y aperturas de peajes, Tamara Carrasco. Fue
detenida el pasado 10 de abril en Viladecans (Barcelona). No es la única
investigada en esta causa, en la que se trató de detener a otro presunto
coordinador de los CDR, un hombre al que no se pudo localizar y sobre el que
pesa una orden de busca y
captura por
terrorismo y rebelión.
En contra del criterio de la Fiscalía , el juez De Egea
consideró que la actuación de la
activista en los sabotajes de Semana Santa eran
constitutivos de un delito de desórdenes públicos y la puso en libertad con
medidas cautelares el pasado 12 de abril. La razón por la que el juez no dio
traslado de la causa a un juzgado ordinario cuando imputó desórdenes públicos a
la activista fue precisamente por la ausencia de este segundo sospechoso, al que
todavía no ha tomado declaración, según informaron a Efe fuentes jurídicas.
Opinión:
Vuelvo a decir que no entenderé nunca que se pueda imputar
el mismo delito a alguien que corta una carretera o levanta la barrera de un
peaje comparado con alguien que asesina a una persona.
La mayoría de la clase política se ha hecho la ley a su
propia medida para castigar a quien pueda pensar diferente. Aún y así, no creo
que se atrevan a hacer lo mismo cuando la carretera o la autopista la corten
los pensionistas o los mineros, por poner dos colectivos a los que se coarta su
libertad de protestar… por el miedo a las consecuencias que su actitud NO
CRIMINAL NI ASESINA podría acarrearles.
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