03 noviembre 2016
Admitida una querella contra el
embajador español en Kabul por el atentado en el que murieron dos policías
Las familias de las víctimas
denuncian la deficiente seguridad del edificio
El
juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una
querella presentada contra el embajador en Afganistán, Emilio Pérez de
Agreda, y
su segundo en diciembre del 2015, por delito de homicidio
imprudente y siete en grado de tentativa en relación con la falta de medidas de
seguridad con las que cuenta la legación. El 11 de diciembre del 2015
se produjo un atentado en el que murieron los policías españoles Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela y 10 afganos que colaboraban en la
seguridad del edificio.
El
magistrado ha notificado el auto a los querellados y a la Abogacía del Estado, para
no causar indefensión al Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación ni al del Interior, cuya
responsabilidad civil solicita la querella presentada por las familias de
las víctimas y otros siete policías que resultaron heridos en el atentado.
Exteriores ya ha anunciado su disposición a colaborar.
La querella
denuncia las carencias de seguridad que padece la Embajada desde su
construcción en el 2008, fuera de la zona de seguridad de Kabul, en la que
sí reside el embajador. Entre
las deficiencias que comunicaron al embajador y a
Exteriores figuran garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de
madera, que se cambiaron por otras de latón en el 2011.
Peticiones desatendidas
Según
los familiares, Pérez de Agreda “nunca atendió (las peticiones): ni
sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal,
manteniendo un mutismo absoluto ante el ministerio del que depende pese a los
informes del Cuerpo de Seguridad en la materia”.
El
11 de diciembre del 2015, Pérez de Ágreda estaba de vacaciones en España y
quedó como máximo responsable de la cancillería Oriol Solá Pardel, que
“tampoco respetaba ninguna medida de seguridad. Más al contrario ponía
constantemente en riesgo la seguridad del edificio”, al permitir el
trasiego de mercaderes, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de
seguridad para identificar personas y revisar sus pertenencias.
Riesgo alertado
Esa mañana los
servicios secretos franceses alertaron del riesgo de atentado contra la Embajada , “lo que debería
haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad y que hubiera
evitado que esa tarde un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la
legación española”, recoge el auto.
Estos
hechos, a juicio de Pedraz, “tienen una primera apariencia de infracción penal”
por lo que procede investigarlos, teniendo en cuenta que la competencia de la Audiencia Nacional
resulta “evidente” puesto que nos encontramos ante presuntos hechos cometidos
por españoles en el extranjero.
El
juez acuerda incorporar a las actuaciones judiciales las diligencias de
investigación penal abiertas en su día por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Opinión:
Desconozco los detalles sobre la querella
presentada pero por lo que ofrece la información entiendo que podrían haber coincidencias con la sentencia por la que el Estado fue condenado por el
atentado en Hipercor.
Si desean más información, estoy a su disposición.
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