viernes, 4 de noviembre de 2016

03 noviembre 2016 (2) El Periódico de Catalunya (opinión)

03 noviembre 2016 



Admitida una querella contra el embajador español en Kabul por el atentado en el que murieron dos policías
Las familias de las víctimas denuncian la deficiente seguridad del edificio

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella presentada contra el embajador en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda, y su segundo en diciembre del 2015, por delito de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa en relación con la falta de medidas de seguridad con las que cuenta la legación. El 11 de diciembre del 2015 se produjo un atentado en el que murieron los policías españoles Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela y 10 afganos que colaboraban en la seguridad del edificio.
El magistrado ha notificado el auto a los querellados y a la Abogacía del Estado, para no causar indefensión al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ni al del Interior, cuya responsabilidad civil solicita la querella presentada por las familias de las víctimas y otros siete policías que resultaron heridos en el atentado. Exteriores ya ha anunciado su disposición a colaborar.
La querella denuncia las carencias de seguridad que padece la Embajada desde su construcción en el 2008, fuera de la zona de seguridad de Kabul, en la que sí reside el embajador. Entre las deficiencias que comunicaron al embajador y a Exteriores figuran garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, que se cambiaron por otras de latón en el 2011.

Peticiones desatendidas

Según los familiares, Pérez de Agreda “nunca atendió (las peticiones): ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia”.
El 11 de diciembre del 2015, Pérez de Ágreda estaba de vacaciones en España y quedó como máximo responsable de la cancillería Oriol Solá Pardel, que “tampoco respetaba ninguna medida de seguridad. Más al contrario ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio”, al permitir el trasiego de mercaderes, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de seguridad para identificar personas y revisar sus pertenencias.

Riesgo alertado

Esa mañana los servicios secretos franceses alertaron del riesgo de atentado contra la Embajada, “lo que debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad y que hubiera evitado que esa tarde un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la legación española”, recoge el auto.
Estos hechos, a juicio de Pedraz, “tienen una primera apariencia de infracción penal” por lo que procede investigarlos, teniendo en cuenta que la competencia de la Audiencia Nacional resulta “evidente” puesto que nos encontramos ante presuntos hechos cometidos por españoles en el extranjero.
El juez acuerda incorporar a las actuaciones judiciales las diligencias de investigación penal abiertas en su día por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Opinión:

Desconozco los detalles sobre la querella presentada pero por lo que ofrece la información entiendo que podrían haber coincidencias con la sentencia por la que el Estado fue condenado por el atentado en Hipercor.
Si desean más información, estoy a su disposición.




No hay comentarios:

Publicar un comentario