9
enero 2015
Un juez
prohíbe a San Sebastián poner en marcha un plan especial para los presos
El alcalde y los concejales de
Bildu se comprometieron a hacer un seguimiento de la situación de 77 reclusos
donostiarras
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1
de San Sebastián ha prohibido al Ayuntamiento de la capital donostiarra poner
en marcha un plan especial sobre
la situación que atraviesan los presos de ETA de la ciudad y sus familiares. La
sentencia, dictada el 23 de diciembre, tiene su origen en el compromiso que
adoptaron públicamente el alcalde, Juan Karlos Izagirre, y los concejales de
Bildu de hacer desde el Consistorio un seguimiento específico de este
colectivo. La Abogacía
del Estado no tardó en denunciar la iniciativa, previo requerimiento del
delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo.
Los hechos se remontan a junio de 2013. El equipo de
gobierno municipal, con Izagirre a la cabeza, ofreció una rueda de prensa en el
exterior del Ayuntamiento para leer una declaración de apoyo a los presos de la
banda terrorista y dar a conocer “una serie de compromisos en relación con los
77 reclusos” de la ciudad. En primer lugar figura la elaboración, cada seis
meses, de un dossier en el que se recoja la situación de los presos para, a
posteriori, remitirlos de forma sucesiva a Instituciones Penitenciarias, al
Juez de Guardia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ,
al Ministerio de Justicia y a la
Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo. El Gobierno
municipal anunció su intención de mantener reuniones periódicas con familiares
de los reclusos “para tener información directa”. Además, los ediles de Bildu
portarán una “tarjeta que reivindique
la defensa de sus derechos” en los plenos y plantearán “iniciativas concretas”
referidas a este colectivo en la
Comisión de Derechos Humanos del Consistorio. A los propios
reclusos se les enviaría, además, “la información que el Ayuntamiento publique
sobre la actividad municipal” relacionada
con ellos.
“Humillar a las víctimas”
En su respuesta a la demanda, desde el Ayuntamiento
afirmaron que la comparecencia pública fue un “acto del grupo municipal de
Bildu y del libre ejercicio de
la actividad política por parte del alcalde y los concejales” e indicaron que “ninguna
de las actuaciones anunciadas se había desarrollado”. Lo que se contradice,
según estima el juez, con el hecho de que la comisión de Derechos Humanos del
Consistorio se reuniera con la familia un interno y el propio Izagirre enviara
una carta al director de la prisión de Logroño interesándose “como alcalde de
la ciudad” por su situación.
El magistrado subraya en el fallo que la institución
local “no puede actuar en representación o al servicio de grupos o colectivos
de un determinado signo político o ideológico, sino al servicio del bien
general”, al tiempo que recuerda que “el mandato de los gobiernos emana de los
ciudadanos y no de los partidos, grupos o coaliciones”. Cabe señalar que el
plan anunciado por el equipo municipal de Bildu no está sujeto a ningún acuerdo
ni de la junta de Gobierno ni tampoco fue sometido a votación en pleno. El juez
declara en este sentido la “nulidad del mismo por no ser ajustado a derecho”.
“Mientras unos prefieren poner su atención en los
presos de ETA y plantear sus exigencias al Gobierno de España, como veremos el
próximo sábado –en alusión a la manifestación convocada en Bilbao– otros
preferimos atender a las víctimas del terrorismo y asegurar que las
instituciones no se dedican a humillarles con planes que son anulados por la
Justicia”, manifestó Carlos Urquijo tras conocer la sentencia.
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