09 junio 2026
Las sombras en la relación CNI-Imam centran las conclusiones de Junts y ERC sobre la comisión del 17-A
El independentismo acusa al Estado español
de haber tenido una actuación negligente en los atentados previos al referéndum
Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han
registrado este martes en el Congreso de los Diputados sus conclusiones sobre la comisión de investigación de los atentados del 17-A
de Barcelona y Cambrils que se ha celebrado esta
legislatura. Las dos formaciones independentistas denuncian las sombras y los
numerosos interrogantes sobre la relación entre el CNI y el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty.
Los dos grupos corroboran que hubo un fallo de coordinación entre cuerpos de
seguridad, y aseveran que los Mossos d'Esquadra deberían haber sido informados del seguimiento que se
estaba haciendo de Es Satty por parte de los servicios
españoles. También lamentan el trato insuficiente que han recibido las víctimas
y, a grandes rasgos, acusan al Estado español de haber tenido una actuación negligente en
los atentados que se produjeron en Catalunya solo un mes y medio antes del
referéndum de autodeterminación del 1-O.
El grupo parlamentario de Míriam Nogueras lamenta
que "no ha sido acreditada de forma
indudable" la muerte de Es-Satty en la explosión de la
casa de Alcanar y también proponen reformar la Ley de Secretos Oficiales; dos
elementos que los republicanos no mencionan en sus conclusiones. Pero hay
máxima coincidencia en la denuncia de la poca transparencia que ha tenido el
Estado español. Esquerra Republicana sentencia, sin rodeos, que "el derecho a saber la verdad no
ha sido plenamente satisfecho" porque "continúan existiendo zonas de
sombra sobre la relación entre Es Satty y el CNI, la naturaleza
exacta de los contactos, su duración, los responsables, los eventuales pagos y
los motivos por los que esta información no se compartió con los Mossos
d'Esquadra". Este último punto "evidencia un fallo en la
coordinación, lealtad institucional y prevención que se necesita ante amenazas
terroristas".
Junts, en un documento firmado
por la diputada Pilar Calvo, afirma que la comisión ha podido demostrar
la relación —que siempre había sido negada— entre Es Satty y los servicios de
inteligencia españoles. El CNI lo captó en la prisión de Castelló a cambio de
no expulsarlo, le facilitó un teléfono de contacto y le arregló contratos
laborales ficticios para acreditar arraigo. En un documento firmado por el
diputado Francesc-Marc
Álvaro, los republicanos destacan que los servicios de
inteligencia españoles "disponían de suficientes elementos" para
considerar al imán de Ripoll "susceptible de un control y una evaluación
más rigurosos". Destaca que, como mínimo, sabían que "había sido
condenado por tráfico de drogas, que había cumplido condena en la prisión de
Castelló, que tenía o había tenido un expediente de expulsión, y que podía
tener interés operativo como posible fuente de información"; motivo por el
cual "agentes del servicio se entrevistaron con él y le hicieron un
seguimiento posterior".
El grupo parlamentario
capitaneado por Gabriel Rufián también admite que no ha podido quedar
acreditado que hubiera previas sospechas sobre la vinculación de Es Satty con
entornos yihadistas y terroristas. Pero esto, del mismo modo, permite a ERC
concluir que "la gestión institucional de la información disponible sobre él fue
insuficiente". Es decir, que se puede apreciar "una
actuación presuntamente negligente".
Junts, por su parte, concluye
que mantener clasificada la información sobre Es Satty y el CNI tenía como
única finalidad proteger a responsables políticos y policiales. El documento
entregado por el PSOE, al cual también ha tenido acceso ElNacional.cat,
adopta un tono de balance positivo de la gestión: destaca las mejoras hechas
desde el 2017, valida la actuación de los Mossos y no cuestiona ninguna
actuación de los servicios de inteligencia.
Las víctimas
A juicio de los republicanos, las víctimas de los atentados del 17-A "han recibido siempre una
respuesta institucional insuficiente y nada transparente".
"El trato ha sido deficitario en la recepción de información, en la
asistencia durante y posterior, en las facilidades para tramitar expedientes,
así como la percepción de ayudas, entre otros", añade Álvaro, que también
destaca que los afectados deben recibir "garantías de no repetición".
Por último, añade que "la prevención de la radicalización violenta exige
políticas públicas integrales, no solo vigilancia policial". Junts también
lamenta el trato insuficiente que han recibido las víctimas y propone mejorarlo
con reformas legislativas.
Opinión:
Aparece ya información sobre las conclusiones presentadas “en el marco de
la comisión de investigación”.
Obviamente, en un día como hoy martes no tengo tiempo material para aportar
mi opinión por diversos motivos.
Uno, las numerosas llamadas que estoy recibiendo desde distintos sectores.
Dos, que habrá que estudiar a fondo si las propuestas presentadas a
solicitud de algunos grupos parlamentarios (gracias por contar con nosotros)
son aceptadas…
Por ello, una vez revisada y contrastada toda la información publicaré una
“OPINION RM” que servirá para todas las entradas que tenga relación con el
tema.
