06 octubre 2026
Àlex Romaguera: “A las víctimas de segunda no se les
brinda ni verdad ni justicia ni mucho menos reparación”
Àlex Romaguera plantea que todas las
víctimas merecen el mismo respeto, que el reconocimiento no debería depender de
quién ejerció la violencia. Advierte que no pretende cuestionar el sufrimiento
de las víctimas del terrorismo, sino analizar cómo determinadas asociaciones y
poderes públicos estatales sirven para instrumentalizar ese reconocimiento, en
detrimento de e invisibilizando a otras víctimas.
Álex
Romaguera es periodista y plantea que todas las víctimas merecen el mismo
respeto, que el reconocimiento no debería depender de quién ejerció la
violencia ni de contra quién. Advierte que no pretende cuestionar el
sufrimiento de las víctimas del terrorismo, sino analizar cómo determinadas
asociaciones y poderes públicos estatales sirven para instrumentalizar ese
reconocimiento, en detrimento de e invisibilizando a otras víctimas,
precisamente a las Víctimas S.A. (Txalaparta, 2025).
El autor sostiene que,
especialmente desde finales de los noventa, las víctimas del terrorismo pasaron
a convertirse en un elemento central del discurso
político español. Según Romaguera, el Estado hizo del apoyo a determinadas
víctimas un elemento de legitimación política, mientras dejó a otras relegadas.
Todo
arranca en 2011-2012, cuando conoces los encuentros restaurativos que impulsaba
el Gobierno Vasco (hasta que los prohibió el gobierno central).
Escribí
un reportaje sobre los encuentros restaurativos y entonces tuve el primer
encuentro con Robert Manrique, víctima del atentado de ETA en Hipercor. Él me
contó que se había reunido con Rafael Caride Simón, autor del atentado del 87
en aquel súper de un barrio obrero. Gracias a estas conversaciones, decidí
intentar identificar a otras víctimas que, como él, no tuvieran satisfechos sus
derechos. En seguida me di cuenta de que había un colectivo de personas
invisibilizadas y que habían sufrido vulneraciones, colectivo al que bauticé
como el título del libro: Víctimas Sociedad Anónima. Me reuní con distintas
personas que habían sufrido atentados, torturas y otras vulneraciones y que no
estaban amparadas ni reconocidas por la ley del estado.
¿Cómo
recuerdas pasar de la portada de los encuentros a ese excavar en relatos
censurados por la ley de víctimas?
La
mayoría de estas personas a las que entrevisté cuentan que han padecido una
doble victimización (o revictimización). Además del dolor físico y psíquico,
que acarrea la muerte violenta de tus seres queridos; tienen que duelar con el
ninguneo, con el menosprecio, con la exclusión por parte de las autoridades y
de algunos sectores sociales, y con la negación de sus derechos. Son víctimas
excluidas por las leyes, que se convierten también en víctimas de esas leyes
que las ignoran. Me parecía interesante sacar a reducir las realidades que han
quedado al margen del relato oficial de las víctimas del estado español.
Recogiendo los testimonios de 15 familiares, me di cuenta de que todas estas
víctimas anónimas tenían en común el sufrimiento y también el agravante de
haber sido excluidas, ninguneadas e ignoradas, con las consecuencias
psicológicas y materiales que ello conlleva.
El
proceso psicológico de un duelo no reconocido y estigmatizado debe ser
terrible, también debido a ese aislamiento social que lo acompaña.
Sí,
de hecho, cito en el libro a Axel Honneth, que es un sociólogo alemán, autor de
la teoría del reconocimiento. Honneth sostiene que las víctimas que han visto
menospreciados sus derechos y que han sido ninguneadas por las autoridades
pueden padecer, debido a su situación de impotencia, prejuicios notables a
nivel psicológico. En este segundo libro, trato de explicar cuáles son los
elementos que distinguen a unas víctimas a las cuales se han garantizado los
derechos básicos y han obtenido la reparación del procedimiento que les
correspondía, de otras que han sido ignoradas, menospreciadas, estigmatizadas y
excluidas del relato oficial. Y por qué se ha instalado esa memoria excluyente
o de inequidad, ¿no? Que divide a las buenas víctimas de primera de esas otras
a las que ignora.
En
el ranking que presentas las víctimas de ETA van las primeras y hay otras que
ni aparecen en ese listado de reconocimiento oficial.
El
libro es un intento de organizar los principales elementos históricos que han
provocado esta lectura sesgada de la figura de la víctima, basada en el olvido
y en la impunidad. La inequidad (esa anomalía democrática) por la cual no todas
estas vulneraciones son reconocidas. Solo se reconocen aquellas cometidas por
grupos insurreccionales y que atentaban contra el orden establecido. Las
cometidas por los aparatos del Estado o por los grupos parapoliciales quedan al
margen de ese paraguas legal que se habilitó en 1999 con la Ley de Solidaridad
de las Víctimas. En esta investigación trazo un recorrido, desde la transición
hasta el día de hoy, centrado en el buque insignia que han utilizado los
partidos dinásticos del actual régimen para justificar la exclusión de las
víctimas de segunda: la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo).
La
AVT se ha apropiado de la voz de todas las víctimas, lo cual ha perpetuado esta
memoria excluyente. Gracias a ello se ha consolidado en el imaginario colectivo
la idea de que solo existe la violencia perpetrada por ETA y subsidiariamente
la del narco y el yihadismo. Y solo unas víctimas, que son las causadas por
estos grupos. Mientras que el resto de vulneraciones y violencias han quedado
al margen de las prerrogativas que establecen estas leyes. E incluso, por parte
de la AVT y sectores más reaccionarios, estas ausencias de reconocimiento se
defienden, so pretexto de que estas víctimas ejercieron violencia contra el
poder y que sus muertes se deben al legítimo uso del monopolio de la violencia
que se les confiere a los aparatos del Estado. Estas víctimas son invisibles
para la ley, ven como los principios de Jornet establecidos como derechos fundamentales
por la ONU en 1997 no son satisfechos en su caso. A las víctimas de segunda no
se les brinda ni verdad ni justicia ni mucho menos reparación.
Esta ausencia de reconocimiento de las víctimas del
estado, ¿es algo común o una anomalía comparando con otros países considerados
democráticos?
Es
algo a diferencia de la mayoría de países y contraviniendo la jurisprudencia
internacional, porque en el Estado español se ha consolidado una jerarquía:
unas víctimas de primera, oficiales, que cuentan con todas las garantías y
reconocimiento; otras víctimas, de segunda, a las que ni se les repara ni se
les reconoce. En esta investigación, desgrano cronológicamente cómo se ha
gestado y cómo se mantiene todo ese mapa de la inequidad sobre las personas
víctimas de vulneraciones. Algunos teóricos, como Carlos Martín Veraistaín,
Joan Mireles de Navanda y otros expertos en resolución de conflictos; aseguran
que las leyes de víctimas del Estado Español están pensadas solamente para las
necesidades de las víctimas de ETA. Se olvidan de todas las demás, arrinconadas
y desprotegidas, se quedan desamparadas frente a un discurso criminalizador y
demonizador que le suma aislamiento a una situación ya de por sí crítica.
En
Argentina nos dan un buen ejemplo de cómo practicar la justicia, la verdad y la
reparación. Basta con ver que los juicios del franquismo la mayoría se han
hecho allí. ¿Cómo lo ves?
La
prueba de algodón es que las causas relativas al franquismo se están dirigiendo
a manos de la jueza María Servini en Buenos Aires. Entre otros, el de los cinco
obreros víctimas de la policía armada el 3 de marzo en Gasteiz. Este año 2026
se cumple el 50 aniversario de aquella masacre en el barrio obrero Zaramaga. O
la asamblea de obreros de las Huertas del 76. O también casos como el de
Salvador Puig Antich y muchos otros, han tenido que ser llevados a los
tribunales argentinos para abrir la causa.
Aún así, el Estado español
continúa favoreciendo el silenciamiento de estos hechos. Otra prueba de ello es
que Rodolfo Martín, aún vivo, continúe exonerado y se permita justificar o
edulcorar todo lo que sucedió. Cuando fue el responsable directo en tanto que
ministro de gobernación de aquella época. Por medio de esos pactos de la
transición, se va gestando toda la estructura que tenemos ahora. Todo empieza
con un artículo de la Constitución que faculta la arquitectura legal para esta
impunidad, que hace imposible hasta hoy depurar los crímenes del franquismo y
los crímenes de la transición (fuera de ETA). En materias de justicia
transicional, al final del libro le pongo deberes al Estado español... También
se los han solicitado varios agentes internacionales, como el Tratado de
Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights
Watch o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros.
¿Qué
hay de tus deberes y de la necesidad moral y política de que en el Estado
Español se rindan cuentas de sus períodos más oscuros?
Que
el Estado Español rinda cuentas de su periodo más oscuro exige que derogue la Ley
de Amnistía de 1977 (que permitió a los franquistas cambiar la camisa para
continuar a sus anchas en el poder). Que derogue varias normativas más, que aún
pertenecen al periodo franquista. Entre ellas: la Ley de Condecoraciones
Oficiales del 64 (contecoraba a los criminales o a los funcionarios públicos
del franquismo), la Ley de Secretos Oficiales del 68 (ley de la época de Franco
que continúa vigente y que faculta al Estado a estar medio siglo sin
desclasificar documentos). Esta última ley obsoleta es la encargada de que
muchas operaciones de la época continúen hoy bajo sumario.
Algo así le respondieron a
la madre de Píriz Zavala, cuando los tribunales le dijeron que en virtud de la
ley del 68 no podía citar a Felipe González para que rindiera cuentas. Es más,
y es un ejemplo más de revictimización: le obligaron a pagar 9.000 euros por
las costas judiciales derivadas de emprender la iniciativa. En España no ha
habido comisión de la verdad, como es el caso de Argentina, Brasil, Uruguay,
Chile… Los crímenes referentes a ese periodo histórico oscuro continúan
impunes. Pese a la ley de memoria histórica del 2007 y a la ley de memoria democrática
posterior. En ciertos sentidos sí que hay un avance, pero en reconocer a
víctimas aún son insuficientes y debemos entrar en todas las carpetas, en todas
las derivadas que ponen el foco en esa cultura del olvido, de impunidad. Me
estoy refiriendo, entre otras, a las 100.000 personas que permanecen en
cunetas, a los niños robados durante el franquismo…
Crecidos en familias de derechas, ¿no? La mayoría ni lo
sabrán. O alguno lo habrá descubierto, quizá.
Claro. Y piensa en las empresas del Ibex que se enriquecieron
durante el periodo franquista. O en la permanencia de la Audiencia Nacional
como sustituta directa del Tribunal de Orden Público franquista. De aquellos 16
magistrados que se fueron a dormir como franquistas, al día siguiente, 10 permanecieron
en la estructura: se despertaron demócratas. La falta de una curación de las
estructuras judiciales y policiales hace evidente que no hay una ruptura del
franquismo; sino una continuidad o unas reformas que han blindado a los
criminales y a las propiedades de ese periodo. Eso también explica que, las
vulneraciones cometidas por la Policía Armada desde el tardofranquismo hasta la
actualidad, las de los cuerpos policiales y de los parapoliciales, así como
tramas negras de los años ochenta (con Martín Villa, Rosón o Etiabal-Delgal,
por ejemplo), no hayan sido debidamente escrutadas.
Los
instrumentos democráticos, que tendrían que velar porque las vulneraciones sean
todas oficiales e iguales, viniendo de donde vienen, no muestran ningún interés
en equiparar a las víctimas. Lo cual es grave. Y como señalo en el libro, creo
que es importante desgranar a fondo otro hito que considero significativo: El
primer paraguas legal que habilita el Estado en la época de Aznar es la Ley de
1999. Nace a petición de la AVT e incluso participa en su redacción. Esta
normativa obedece a la demanda de las víctimas de ETA, en exclusiva. Y sobre
todo, a la asociación AVT, fundada por 3 víctimas (familiares de militares
asesinados por la banda terrorista). Interpelan al gobierno para que diseñe una
norma que les garantice el derecho a indemnización y reconocimiento. Esta
petición, tras el atentado a Miguel Ángel Blanco en el 97, se hace más
queriente. Y en ese 99, con su puño y letra, la AVT consigue que el Estado la
apruebe, casi hecha a medida.
Esta
ley, además, colisiona desde el inicio con el convenio internacional para la
represión del terrorismo, una directiva de Naciones Unidas donde dice que es
necesario para los países valorar como terrorismo tanto las acciones perpetradas
por grupos que atentaban contra el orden establecido, como también las
cometidas por distintos cuerpos policiales y por grupos de extrema derecha.
¿Europa
dixit: “España, primer aviso: juzga tu terrorismo de Estado”?
Exacto,
el terrorismo de estado es algo que el estado español ha decidido obviar. Esta
Ley de Solidaridad se vota y habilita en 1999, con el apoyo del PP, el PSOE y
el empuje de la AVT. Es el primer paraguas legal tras la dictadura, que ampara
una clase de victimario oficial e ignora al resto. Insisto en que, ya de raíz,
vulnera los preceptos que se establecen en el convenio de las Naciones Unidas,
al excluir y no equiparar todas las víctimas y violencias. Esta normativa es un
hito importante porque sienta el precedente para la posterior ampliación de
2011. Ese año sí se realizaron tímidas modificaciones para acogerse a las
directivas europeas pero se perpetúa ese sistema jerárquico de fondo y se
blinda una mayor impunidad. Según dice esta ley “serán reconocidas aquellas
víctimas causadas por los grupos insurreccionales” y le abre la puerta a
reconocer a las víctimas del GAL (aunque no como terrorismo). También a las
víctimas del batallón de extrema derecha, de la triple A y de otros grupos
armados españoles.
El
papel lo aguanta pero no termina de cuajar del todo en la práctica: ¿qué pasó?
En
2003, el gobierno de Aznar estableció una nueva jurisprudencia, modificando la
ley de presupuestos. Lo hizo para asegurarse de que las víctimas que figuraban
en la ley (y que eran reconocidas por esa ley), recibieran su indemnización y
la insignia de reconocimiento. Por eso, Lasa, Zabala, y hasta 65 víctimas de
los GAL, pese a figurar en teoría en esta ley, fueron excluidas de ayudas para
estudios, de reconocimiento de prerrogativas, de ayuda psicológica y de toda
indemnización. Con la excusa de ser víctimas que habían atentado contra el
orden establecido.
La realidad es que, Lasa y
Zabala, son dos jóvenes que no fueron juzgados jamás por pertenecer a ETA. Por
tanto, aquí no hay un antecedente con el cual se puede blindar esa impunidad
del terrorismo de estado. Otro ejemplo, Josu Muguruza, el diputado de Bilbao
asesinado por Inestrillas y otros. Su mujer y su familia no han recibido ningún
tipo de ayuda ni indemnización. Son Víctimas S.A. A pesar de aquel intento de:
“Bueno, vamos a hacer algo más inclusivo. Incorporemos víctimas de extrema
derecha”. El PP se aseguró que pese a ser reconocidas estas víctimas no
tuvieran derecho a ninguna ayuda. Porque “habían atentado contra el orden
establecido”.
Gracias
a estas dos leyes (la de 1999 y la de 2011), se construye y se perpetúa la
narrativa tan sesgada y unívoca en torno a las vulneraciones del estado. Y lo
único que ha subsanado un poco esta anomalía es la ley ASCA de 2016 (de
reconocimiento a los abusos policiales de extrema derecha) y la misma (o
similar) que se aprobó en el Parlamento de Navarra en el 2019. Son leyes
autonómicas que intentan subsanar una anomalía estructural enquistada. También
se tiene que reconocer a las víctimas de la extrema derecha y los cuerpos
policiales, acogiéndose a la directiva del convenio internacional del 99.
Curiosamente este convenio en el 2001 se ratifica en el Estado español. Así
que, en términos legales, hay otra contradicción aquí: Este país no ha
vulnerado los preceptos que emanan de los tribunales internacionales, en
teoría. Como herramienta para propagar ese discurso excluyente, aparte de las leyes,
le es muy útil la AVT.
Y
eso ya se ve claramente en 2004 cuando entra Francisco José Alcaraz como
presidente. Es una persona muy próxima al PP, que emprende lo que se llama la
teoría de la rebelión cívica.
Una
cadena de doce movilizaciones por todo el Estado, en las cuales, primero, se
apunta a la teoría de conspiración que surge tras los atentados yihadistas del
11 M en Atocha. Entonces ya se elaboró el discurso que ahora estamos viendo
otra vez: se defiende que este gobierno actual es ilegítimo. Para ello se
desarrolló toda una estrategia, llamada a la reacción cívica, consistente en
demonizar, deslegitimar y desprestigiar todo aquello que tiene que ver con la
izquierda y con medidas de tipo progresista que adopta el Gobierno. Con esta
lógica, más allá de ayudar a las víctimas del yihadismo, lo que hace la AVT en
esa época es intervenir en temas públicos contra las medidas que emprende la
izquierda. Y también, contra aquellas iniciativas encaminadas a una resolución
democrática del conflicto vasco: al diálogo, a la reconciliación. Cuando
Zapatero emprende las primeras negociaciones con el mundo abertzale y con ETA,
la AVT se opone rotundamente, diciendo que eso es una traición a las víctimas.
Cuando Estrasburgo sentencia que Otegi y el resto de
detenidos del caso ETA no habían tenido un juicio justo, la AVT dice que estas
medidas son un insulto para sus víctimas.
En Catalunya lo hemos visto también, con el referéndum del 9
de noviembre de 2014 y del 9 de octubre de 2017. La AVT, extralimitándose fuera
de lo que le marcan sus estatutos, se posiciona con las plataformas
españolistas, en contra del derecho a decidir del pueblo català. La AVT utiliza
el dolor de las víctimas como arma arrojadiza, al servicio de esta ofensiva
reaccionaria que se está promoviendo desde la derecha española desde la época
de Zapatero, y que se ha ido acentuando hasta la actualidad.
La AVT se proyecta mediante varias estrategias. Una de ellas,
el gabinete jurídico, destinado a personarse en cualquier causa judicial
relativa a un atentado, pero también en contra de otras personas de la cultura
(artistas, cineastas, escritores) por mantener algún discurso “discrepante” o
“progresista”. Así, a través del gabinete jurídico de la AVT, se hacen campañas,
por ejemplo, contra Julio Medem por la película La pelota vasca. Durante aquella entrega de los premios Goya,
personas de la AVT repartieron pasquines con el lema “Medem = ETA”. Otro
ejemplo reciente es el de la actriz Itziar Ituño: participó en una
concentración para reclamar que se cumpla la legislación penitenciaria y los
presos pueden mantenerse en prisiones cercanas al País Vasco o del País Vasco.
La AVT emprendió toda una campaña contra esta actriz, hasta el punto de que
algunos sponsors cancelaron su relación con ella. Le castigaron negándole el
apoyo y la participación en algunas series de televisión.
También
actúan en contra de la Iglesia, a veces. Mencionas campañas en contra de
algunos obispos vascos.
Uriarte,
por ejemplo, en su momento hablaba en defensa del diálogo y de la
reconciliación, y la AVT emprendió campañas y querellas contra él y contra ese
tipo de obispos. Ya no te digo contra bandas de rock como Sociedad Alkoholika,
Fermín Muguruza, Manu Chao, Banda Basotti... No se consiguió callar su música
pero aún están en ello. A veces consiguen cancelar conciertos en algunos
pueblos, gracias a la presión que ejercen. Otro caso sonado es el de los
directivos de Egunkaria. La AVT se personó y los acusó de mantener relaciones
con ETA. Es uno de los ejes de la estrategia para difundir su relato y para
demonizar a la disidencia, este remedio jurídico.
También destaco el uso del
espacio público. Con el apoyo de PP y de Vox, la AVT ha aprendido los llamados
“callejeros de la memoria”. En Madrid se llama ‘El itinerario de la libertad’.
Se trata de colocar placas en sitios donde hubo atentados. ¿Pero qué pasa? En
la mayoría de las ciudades donde han montado estas placas solo se hace
referencia a las víctimas del terrorismo y del yihadismo. No encontrarás
ninguna placa de las personas asesinadas por la policía, por grupos de extrema
derecha, etc.
El otro eje, para mí
clarísimo y fundamental: los cuadernos de concienciación que despliegan en los
centros educativos. Siempre se lleva a una víctima de ETA, un abogado de la
misma AVT y un audiovisual donde solo hay testimonios de víctimas de ETA y de
los yihadistas. Se intenta difundir entre los escolares (básicamente, escuelas
concertadas y otras cercanas al Opus Dei), que durante estos años no ha habido
ningún otro conflicto y solo ha habido unos asesinos, que son los de ETA, y
unas víctimas, que son las de este grupo. De ahí que la AVT se opusiera de
forma rotunda al Programa Herenegun!. Una iniciativa, impulsada por el Gobierno
Vasco y por la sociedad vasca para que víctimas de todas las violencias fueran a las
escuelas a compartir sus vivencias. La AVT se negó porque consideraba que tenía
que llegar “un discurso único” a las escuelas. Tal vez creyeron que llevar a
una persona torturada por los cuerpos del estado a explicar su vivencia podría
dar pistas innecesarias sobre cómo funciona el estado.
Aparte
del cambio jurídico y del tema de la memoria pública o del espacio educatuvo en
las escuelas; la AVT, para recibir la simpatía y captar atención, hace lo que
llaman ocio terapéutico. Lleva a los familiares a parques de atracciones,
organiza partidos de fútbol, comidas, retiros espirituales… Para hacer
comunidad. Y así extender la idea de que el Estado Democrático Español tiene
que defenderse de “los malos”, de “los terroristas”…
En el ensayo, añado otras
dos claves más, en esta estrategia de radiación del discurso y de la narrativa.
La primera son los propios medios de comunicación afines. Toda la cadena
mediática (El Mundo, ABC, La Razón, ok diario…) tiene espacios reservados para
que la AVT propague sus mensajes. Muchos de estos medios están vinculados a la
COPE, donde, a través del obispo Cañizares, que aún da misas de honor a Franco
en la Catedral de Valencia, se les da su cobertura mediática. Por último, las
concentraciones y manifestaciones que hacen por la Patria en Colón y otros
espacios. Con la izada de la bandera española, con el canto del... ¿cómo se
llama? El novio de la muerte, nombre del cuplé de una marcha oficiosa de la
Legión Española. Y toda esta liturgia. Castrense, militarista.
De
la mano de invisibilizar a ciertas víctimas va la impunidad para con algunos
presuntos criminales de guerra (todavía sin juzgar).
Sí y aquí hay una cuestión: Por un lado, el revisionismo y
negacionismo, que el ala dura del PP y Vox están haciendo, no solo a través de
la ley de la concordia (esta nueva ley que han sacado, derogando la ley
democrática). Leí hace poco que en algunas poblaciones el PP está reponiendo
las placas franquistas. En Madrid, el alcalde Almeida ha inaugurado la estatua
de Millán Astray (fundador de Falange). Hay una lógica de blanqueo y
restauración de las figuras de la dictadura, por un lado. Por otro lado, el
PSOE no deja de ser el rehén del marco de “una transición pacífica y
democrática”. Y aquí sí que hay gestos, aunque yo pienso que es un cálculo
político quirúrgico. Es como escuchar al PSOE decir: “Vamos a satisfacer a las
víctimas del franquismo con medidas parciales. Bueno, sí, pero vamos a ver”.
Hace
unos meses unas 60 víctimas del franquismo y de la transición fueron
reconocidas. Por ejemplo, una joven asesinada por dos miembros de la Fuerza
Aérea en el año 1980 y algunos estudiantes. Creo que vamos dando pasos con esta
lógica, pero en el Estado español existe la base de una represión y una cultura
de la imposición férreas: aquí tiene que mantenerse una razón de Estado. La
prueba más obvia es que existe un sector dentro del PSOE intransigente,
proveniente, seguramente (como los capitales de Bono), de todos estos jóvenes,
de aquellos que venían de abajo y que se acomodaron en el socialismo. Los que
después compraron las recetas neoliberales con la Constitución Europea y la
entrada en la OTAN.
Cito un caso muy
paradigmático del año 2005: José Bono era el ministro de Interior y
sufrió un linchamiento por participar en una manifestación de la AVT. En la
marcha se denunciaba al Gobierno de Zapatero. Ese 12 de octubre durante el
desfile anual de la Castellana se reunió a un miembro del bando republicano y a
uno de la División Azul. Digamos que, en términos de memoria y discurso, el
PSOE sigue hoy jugando a la ambigüedad. Es un tira y afloja: Por un lado da un
paso aperturista y se posiciona a favor de reconocer las víctimas del
franquismo. Al mismo tiempo sabe que las paredes maestras (los pilares de la
transición) se asientan sobre una idea de España muy concreta, hermética y muy
alérgica a la diversidad.
No
hay una separación de poderes del todo clara, tampoco, ¿o sí?
Más
que división de poderes hay un reparto de poderes. Pero yo creo que el PSOE y
el PP se retroalimentan mutuamente, incluso después del 15M y de que partidos
nuevos rompieran el bipartidismo. No tengo claro si al PSOE le conviene, a la
derecha sí, y también sabe que tiene una parte de su masa electoral que ha
hecho del anticatalanismo y del antivasquismo uno de sus ejes. Por eso le
cuesta tanto. Porque se disputa esa franja electoral enconada en la España
regia, la de la gran obra del Escorial, digamos. Otro ejemplo es la exhumación
de Franco, que a mi parecer fue un homenaje de Estado. Es increíble, en
cualquier otro país no podría pasar algo así. No sé, imagínate en Alemania,
¿no? Sacando a Hitler en helicóptero y dándole veneración. Hay otro caso para
mí muy paradigmático: en Catalunya asociaciones memorialistas están batallando
para que la jefatura de la comisaría de Via Laietana (centro de la represión
por el que pasaron cantidad de activistas de izquierdas y antifranquistas
durante la transición), se convierta en un espacio de memoria. Marlaska ya ha
dicho varias veces que no, que allí se tiene que mantener la actividad policial
porque “es un símbolo de la democracia” ese edificio.
Parece
una democracia a juego con la libertad de Ayuso.
Como
se suele decir: siempre hay un 30% que vota a caballo ganador. Tienen que
contentar a los sectores más reaccionarios que hay dentro del PSOE. Este sector
tiene muy incrustada la idea de esa España única como una patria indivisible...
Prueba de ello es que muchas de estas personas participaron en las
movilizaciones en contra del referéndum de Catalunya. Incluso el propio
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, estuvo al lado de Vox y del PP en
manifestaciones de la sociedad civil catalana contra el referéndum. Es decir,
contra un derecho democrático. Entonces, todos esos temas, como la exhumación
de Franco o los espacios de memoria, son así...
Citas
mucho, como otro de los puntales de esta narrativa excluyente, el Centro de
Memoria de víctimas de Gasteiz. Un centro donde, en teoría, se puede conocer lo
que ha sucedido en materia de violencia política, desde el tardofranquismo
hasta la actualidad y en todo el Estado español.
Sí,
porque tiene un sesgo rotundo: la AVT y asociaciones más reaccionarias hacen
congresos en él. Los recursos audiovisuales, la documentación y las
exposiciones temporales, son sobre ETA, narcotráfico y yihadismo. Casi no hay
referencia al terrorismo de estado ni a la guerra sucia. Este centro fue
apadrinado por el PSOE, que también es cómplice. Lo que pasa es que, al ser un
partido más progresista, nos parece que hace más concesiones. Pero ya lo vemos,
se mantiene.
Utilizas
el lenguaje de los derechos humanos pero hoy en día se ha legalizado la pena de
muerte de personas palestinas en Israel, ¿qué futuro le auguras al lenguaje
humanista?
Diría
que hay algunas fuerzas en el Estado español que empujan a una lógica de persecución
de la disidencia. Lo explica bien Isa Serra en el ensayo Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al
genocidio (Editorial Akal, 2025). Cómo entender el concepto de la violencia
como práctica. La derecha española y la AVT compran este marco de perseguir y
aniquilar las voces discrepantes que plantean un modelo de austeridad más
justo, más igualitario y basado en los derechos humanos. Es verdad que esto ya
se está imponiendo en otros países a nivel global, por ejemplo con Milei en
Argentina. Aquí, PP y Vox, con el apoyo de AVT, intentan imponer la misma
agenda reaccionaria.
Aún así, creo que, en
términos internacionales, pese a que la AVT ha impulsado lo que se llama la red
de excepciones de víctimas del terrorismo, aún queda espacio jurídico para ir
en contra de esta agenda. Ya hemos comentado que en la ley de 1999 ya hubo un
convenio internacional europeo que rebatió esa primera ley estatal de víctimas
de Aznar. En 2020 la AVT planteó en la Unión Europea la aprobación de una carta
por los derechos de las víctimas. Y ese mismo año la Agencia de Derechos
Fundamentales rechazó esta carta porque abría la puerta a estigmatizar y a
perseguir ideas progresistas o de corte libertario por parte de “comunidades de
otras culturas”. Se hacía alusión principalmente a la cultura árabe y a la
musulmana.
Pese a que es evidente
que, a nivel internacional, esta ola reaccionaria está calando y también que la
AVT, con Vox y PP de la mano, están intentando reescribir la historia, e
imponiendo la agenda que nos retrotrae a los principios del movimiento: Dios,
Patria, Familia, y todos estos conceptos. Aún así, queda espacio para la
esperanza, por un lado, en esa sociedad civil que se niega y empuja. Por su
parte, desde el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el de Luxemburgo y
Naciones Unidas, hay personas trabajando para frenar esta deriva. Hay que
recordar que ninguna iniciativa legal puede ir en contra de los derechos
humanos, perjudicar la libertad de expresión u otros derechos de las
comunidades más precarizadas y vulnerables. Creo que la hegemonía política está
en su propia trinchera y que desde la izquierda muchas entidades y víctimas
estamos al otro lado. Al final del libro hago mención a esas otras víctimas,
poniendo en valor todas estas iniciativas que se están llevando a cabo a pesar
del olvido institucional: manifiestos, foros de encuentro, grupos, encuentros
directos, etc.
Y
luego, como sociedad, importante la movilización, ¿no? Nos queda (a pesar de
que la ley Mordaza también lo dificulte) presionar en este sentido...
Sí,
la ley Mordaza es otro ejemplo de la ambigüedad del PSOE en materia de
víctimas. Lo que te decía antes, por un lado parece que hace concesiones, pero
por otro se compra el marco de restricciones de libertad. Porque sabe que hay
un electorado que está imbuido de ese marco, que se estableció con la
Constitución del 78. Creo que, en el conflicto vasco, en el campo de la memoria
democrática (o histórica) y en el campo de los derechos de las víctimas; en
general, la sociedad civil es la que siempre se ha adelantado a los partidos y
a los gobiernos para abrir y desbrozar los caminos de justicia, verdad y
reparación. Lo está haciendo actualmente con el tema de las fosas, gracias a la
tercera generación, hijos y nietos de las personas afectadas.
Ese silencio pegajoso del
franquismo sociológico no podía durar eternamente… No sé si habéis entrevistado
a la fotoperiodista Eva Máñez, de Valencia. Ha hecho un trabajo espléndido
sobre las fosas comunes de represaliados, en dos comarcas limítrofes de
Valencia. Es un trabajo precioso de fotografía y habla de la tercera
generación, esas nietas y nietos, que rompen el silencio y salen a buscar las
huellas perdidas. La primera generación es la que fue directamente afectada, la
segunda la que mantuvo el silencio. Y esta nueva generación está diciendo:
“Basta ya de olvido, vamos a hablar del pasado, vamos a dignificar a nuestras víctimas”.
Pienso que aquí está la esperanza. También, en otra iniciativa interesante en
Chile y Argentina, que se llama Historias de Sobrevivientes. La idea nació de
la hija de un torturador de la dictadura de Videla. Es el colectivo que ha
creado junto a otras hijas e hijos de torturadores. Están personándose en los
juicios de sus familiares para apoyar que se haga justicia pese al coste
personal que esto les acarrea dentro de sus familias.
Esto es algo que en el
Estado español aún no existe, pero seguramente acabarán apareciendo hijos o
nietas, que denunciarán a sus familias por haber participado en la represión.
Eso que hablábamos al principio, que Argentina, Brasil, Uruguay o Chile están muy
por delante, en lo que respecta al sistema justo de reconocimiento de todas las
víctimas y todos las violencias. Pero, existen iniciativas de la sociedad civil
y en ellas está la esperanza. Y también, víctimas oficiales y no oficiales
diversas han roto su silencio. Están diciendo: “Aquí, las víctimas, cada una
tenemos nuestra opinión y no estamos para hacer política, estamos para
defendernos a todas, sin exclusión”. Muchas han rechazado su
instrumentalización.
Giran
las norias y las puertas giratorias. Dedicas un capítulo a la dinámica de
puertas giratorias, práctica común, dices, entre la AVT y la política estatal.
Algunas
de estas víctimas oficiales, han pasado por la AVT con un cargo directivo y han
sido cooptadas más adelante por PP o Vox. Es el caso de Francisco José Alcalá o
Marimar Blanco y de otras víctimas que hoy ocupan el Senado y el Congreso. El
ejemplo más escandaloso de estas puertas giratorias es el de la Asamblea de
Madrid. En ella hay dos tres familiares de AVT que están monopolizando el discurso
de las víctimas. Es la misma dinámica de puertas giratorias que la derecha
adopta en otros ámbitos, como grandes energéticas, telecomunicadoras, para
lograr la aprobación de políticas que estén al servicio de los intereses de los
oligarcas.
Parece
que los contrapoderes del monopolio de la fuerza se nos escurren entre los
dedos y en la república vecina han aprobado una licencia policial para matar.
Sí:
es terrible. Y tiene relación con el libro, porque hay víctimas de balas de
goma (de cargas de los Mossos o de la Ertzaina), que han hecho encuentros
organizados por su cuenta. Pero los respectivos gobiernos autonómicos han
intentado que esto no trascienda. No les interesa sacar a la luz y poner en
evidencia que, bajo sus mandatos, ha habido torturas, maltratos y violencias
diversas. He seguido bastante el tema de Cavacas, por ejemplo, y también de
otras víctimas de la violencia por parte de la Ertzaintza. Entrevisté a Manu,
el aita de Iñigo, es terrible ver la cobertura y la impunidad con la que actúan...
La
humorista y activista Ane Lindane ha recibido una denuncia (outfit “provocativo”
incluido) de Abogados Cristianos, por hacer su monólogo en el altar de una
iglesia, dentro de la programación del EHZ 2025 (mayor festival autogestionado
de Euskal Herria). En Salamanca alguien delató a otro cómico en búsqueda y
captura por otra denuncia de la misma asociación y Héctor de Miguel (Quequé) pasó
una noche en el calabozo por sus “chistes ofensivos”.
Esta
corriente en auge de Abogados Cristianos tiene conexión con el mundo ultra
católico, con el cual la AVT trabaja de manera directa, contraviniendo de nuevo
sus propios preceptos constitucionales. El caso de los titiriteros también es
similar a los que me estás contando tú. O el caso del rapero Valtonyc que fue
acusado por sus “canciones contra el rey”. O Pablo Hasél, evidentemente,
también por sus canciones. Ambos diciendo una cosa que en los últimos años han
demostrado los juzgados. “Los Borbones son unos ladrones”. En cierto modo es un
dato accesible para todo el mundo. Las cifras están publicadas en la partida
presupuestaria de la Corona, en la página web oficial de la Casa Real. En esto
tienen que ser transparentes y están obligados a ello. Otra cosa es que no
quieran que se hable de ello en los medios generalistas, en la música o en el
mundo del arte.
