09
julio 2026
09
julio 2026 Gran Vía Radio
Programa
“Forum cultural”
Agradeciendo
el reconocimiento del propio Josep Pons y haciéndolo extensivo a mi querido
equipo desde los años 90 hasta hoy… Sara, Montse, Eli, Tresa… este es el link
de la tertulia de ayer miércoles
Link:
https://www.youtube.com/live/I4Kv20AD9Rw
09
julio 2026
¿A
alguien le molestaría que se investigara…?
He
tenido la oportunidad de revisar y estudiar al detalle las conclusiones
presentadas por ERC, Junts, PP, PSOE, Sumar y Vox.
Han
sido diez días de lectura concienzuda. Y tras esa lectura y su posterior
análisis, viendo algunas de las informaciones que van apareciendo me atrevo a
presentar la siguiente reflexión desde una hipótesis.
Es
obvio que la banda terrorista ETA (por poner una sigla desgraciadamente conocida)
ya hace mas de 25 años que no atenta en Catalunya. Y digo en Catalunya porque los
atentados conocidos como “17-A” ocurrieron aquí, en Catalunya.
Siguiendo
con la hipótesis, si ETA hubiera cometido los atentados del “17-A” con los
resultados que todos conocemos…
Si
en lugar de ser Abdelbakky Es-Satty un terrorista e imán musulmán hubiera sido
un terrorista con nombre y apellido vasco ¿a alguien le molestaría que se
investigara si está realmente vivo o muerto? ¿a alguien le molestaría que se investigara qué ocurrió
con la furgoneta blanca? ¿a alguien le
molestaría que se investigara porqué recibía 500 euros mensuales desde el
propio Estado por la información que debía aportar? ¿a alguien le molestaría
que se investigara cómo se guardó la cadena de custodia de sus restos? ¿a
alguien le molestaría que se investigara dónde y porqué están esos restos? ¿a
alguien le molestaría que se investigara quien era REALMENTE el confidente en
cuestión?
Si
los autores de los atentados, en lugar de ser unos jóvenes asesinos de Ripoll
hubieran sido unos jóvenes asesinos de (pongan la localidad vasca que
prefieran) ¿a alguien le
molestaría que se investigara cómo habría sido posible que nadie apreciara el
cambio de actitud? ¿a alguien le molestaría que se investigara cómo pudieron
obtener tal enorme cantidad de material explosivo? ¿a alguien le molestaría que
se investigara cómo pudieron obtener más de cien bombonas de butano? ¿a alguien
le molestaría que se investigaran las razones para la descoordinación policial
que existió? ¿a alguien le molestaría que se investigara porqué no se
cumplieron los protocolos europeos en materia de seguridad y de obtención de
material?
Es
más ¿a alguien le molestaría que se examinaran detenidamente las declaraciones
de algunos de los comparecientes sobre la veracidad de las mismas? Tuve el
honor de ser uno de los comparecientes y estaba OBLIGADO A DECIR VERDAD.
De
toda esta hipótesis, sí estoy seguro de algo: que molestaría a mucha gente que algunos
hicieran una exclusiva lectura política de todas esas preguntas a las que se
esperan respuestas. Respuestas para concluir qué errores se cometieron, quién
los cometió o qué situación de descontrol llevó a que ocurrieran y así mantener
el objetivo prioritario de evitar que se repitan.
Hay
muchas más preguntas, pero resumiendo… si en lugar de haber sido un atentado
gihadista hubiera sido un atentado de ETA ¿a alguien le molestaría que haya personas
esperando (o exigiendo) respuestas a todas estas preguntas?
En
cuanto a las conclusiones de cada grupo parlamentario en lo que corresponde a
la asistencia a las víctimas de esos atentados, ¿habrá sorpresa o todo
continuará igual? Para esa pregunta tengo la respuesta, pero permítanme que espere
a la votación.
09
julio 2026 (08.07.26)
La
comisión del Congreso sobre los atentados de 2017 se reúne el martes para
tratar de cerrar sus conclusiones
La
comisión del Congreso sobre los atentados de 2017 en Cataluña votará el martes
unas conclusiones marcadas por el choque entre independentistas y partidos
estatales.
La
comisión del Congreso constituida en febrero de 2024 para analizar los
atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en agosto de 2017 volverá a
reunirse el próximo martes con el objetivo de someter a votación sus
conclusiones, tras una labor de investigación que se ha prolongado durante dos
años y medio.
Hace
unas semanas, los distintos grupos parlamentarios registraron sus propuestas de
dictamen y serán esos textos los que se debatirán y votarán en la sesión del
martes. Si alguna de las propuestas logra el respaldo suficiente, el informe
resultante se remitirá posteriormente al Pleno para su validación definitiva.
Junts
y ERC reclaman que la Cámara reconozca "negligencias" del Estado en
la prevención de los ataques, un planteamiento que rechazan PSOE, PP y Vox,
según se desprende de los documentos de conclusiones a los que ha tenido acceso
Europa Press.
En
sus escritos, Junts sostiene que "una parte de la responsabilidad" de
los atentados se debió a "una negligencia o temeridad de los servicios
secretos" por no transparentar los vínculos del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) con Abdelbaki Es-Satty, el imán de Ripoll (Girona) señalado
como cerebro de los ataques.
Junts
cuestiona la investigación judicial y la muerte del imán
Para
Junts, esos lazos se ocultaron "por una decisión política", al
producirse los atentados a pocas semanas del referéndum del 1 de octubre,
priorizando los "intereses políticos y partidistas" del Ejecutivo del
PP "por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda
la verdad de lo que acababa de suceder".
El
grupo independentista asume la tesis defendida en su día por el comisario José
Manuel Villarejo de que al CNI "se le fue de las manos" su relación
con el imán de Ripoll y responsabiliza a la cúpula del Ministerio del Interior
dirigido entonces por el 'popular' José Ignacio Zoido y a la responsable
política de los Servicios de Inteligencia, la vicepresidenta primera Soraya
Sáenz de Santamaría. Extiende además sus críticas al actual Gobierno de
coalición, al considerar que no se ha procedido a desclasificar toda la
documentación relativa a este asunto.
Junts
llega incluso a poner en duda que el imán falleciera en la explosión previa de
Alcanar (Tarragona) y sostiene que la causa judicial no despejó todos los
"interrogantes esenciales" sobre el "origen, la preparación y
las posibles responsabilidades de los hechos". Por ello, reclama que la
Fiscalía promueva nuevas diligencias judiciales.
Sumar,
por su parte, plantea en sus conclusiones que la Fiscalía General del Estado
valore la apertura de diligencias preprocesales de investigación "como
mecanismo excepcional de satisfacción del derecho a la verdad". La
formación plurinacional aboga por "impulsar la elaboración de un relato
público, oficial, institucional y riguroso" sobre los atentados "como
condición para el cierre emocional colectivo, la dignificación las víctimas y
la prevención de narrativas conspirativas".
ERC
habla de "fallo institucional grave" y pide reformas
ERC
sostiene que el Estado "falló en la prevención" y apunta a una
"posible negligencia en la gestión de la información" que CNI y
Mossos tenían sobre Es Satty, aunque sin llegar tan lejos como Junts. "Sin
afirmar que los servicios del Estado conocieran previamente la preparación
concreta de los atentados, la comisión considera que existen indicios para
apreciar una actuación presuntamente negligente", señala su propuesta.
Según
Esquerra, "La falta de transmisión de información a los Mossos d'Esquadra
antes de los hechos constituye un elemento central de posible negligencia
institucional y evidencia un fallo en los estándares de coordinación, lealtad
institucional y prevención que deben regir la actuación de los poderes públicos
ante amenazas terroristas", lo que configura un "fallo institucional
grave" que, a su juicio, obliga a depurar responsabilidades políticas y a
abordar reformas estructurales para que no se repita un escenario similar.
Junts,
ERC y Sumar coinciden también en reclamar la desclasificación íntegra de la
documentación relacionada con los atentados, una petición que no comparten ni
PSOE ni PP.
Coordinación
antiterrorista y papel de los cuerpos de seguridad
Las
propuestas registradas por los grupos incluyen referencias a la necesidad de
reforzar la coordinación entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los
servicios de inteligencia en materia antiterrorista y de bases de datos. El
PSOE subraya, no obstante, que en los últimos años ya se han producido avances
en este ámbito que deben consolidarse.
Los
socialistas resaltan la "responsabilidad" y "eficacia" con
la que actuaron los Mossos y defienden que la relación entre los distintos
cuerpos policiales y el CNI "se siga sustentando bajo el principio de
lealtad mutua". Plantean además "formalizar los canales
internacionales de alerta sobre personas o entornos de riesgo" y mejorar
la coordinación entre Instituciones Penitenciarias y Fuerzas de Seguridad para
detectar procesos de radicalización en internos.
Sumar
recuerda que el nivel actual de coordinación entre los cuerpos policiales es
muy superior al de 2017, "lo que evidencia que las mejoras eran posibles y
necesarias", y reclama seguir profundizando en esa línea.
En
cuanto a la atención a las víctimas, el PSOE reconoce que la coexistencia de
fuentes de información diversas (judiciales, sanitarias, policiales) ha
provocado "dificultades prácticas" para su identificación completa,
por lo que propone "mejorar los sistemas de coordinación y registro"
y reformar la Ley de Víctimas del Terrorismo para incorporar una
"definición más amplia, inclusiva y material de víctima del terrorismo,
ampliando su reconocimiento, asistencia y protección".
El
PP, por su lado, admite que la radicalización de los autores y la preparación
del atentado frustrado por la explosión de la vivienda de Alcanar, "como
ocurre en muchos casos en los que se actúa con células pequeñas y aisladas, fue
inadvertida por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con
competencias en materia de crimen organizado y terrorismo", incluidos los
servicios de inteligencia (CNI y CITCO). No obstante, remarca que "en
ningún caso se puede pretender que fue un acto de negligencia".
Los
populares insisten en que el imán de Ripoll "no era confidente ni
colaborador" del CNI, la Policía o la Guardia Civil y que el CNI "no
tuvo la más mínima responsabilidad" en los atentados, como tampoco
"la tuvieron los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía o la
Guardia Civil".
El
PP quiere que conste igualmente "el uso partidista de la información"
por parte del entonces presidente catalán Carles Puigdemont, que negó que los
Mossos hubieran recibido la alerta emitida en mayo de 2017 por la CIA sobre un
posible atentado en Las Ramblas cuando posteriormente se acreditó que sí se
había remitido.
Polémica
por los bolardos y valoración de Vox
Además,
los populares subrayan que, pese a mantenerse el nivel 4 de alerta
antiterrorista y a que la Policía había propuesto para las Navidades de 2017 la
instalación de obstáculos en zonas de gran afluencia como medida preventiva,
esa protección no se aplicó en Barcelona.
Vox,
en línea con el PP, recuerda que la comisión parlamentaria se impulsó a
instancias de Junts y ERC y concluye que sus trabajos no han aportado elementos
novedosos ni han permitido confirmar "ninguna de las graves sospechas que
justificaron su impulso".
"Por
el contrario, sus trabajos han servido para confirmar la solidez de las
investigaciones policiales y judiciales desarrolladas en su momento y para
evidenciar la falta de fundamento de muchas de las acusaciones que durante años
se han vertido desde determinados ámbitos políticos", recoge el texto
presentado por Vox.
09
juliol 2026
ERC
colla la Moncloa per la reclamació de l’Advocacia de l’Estat a les víctimes del
17-A
Ofensiva
dels republicans al Congrés per tal que el govern espanyol faci desistir els
seus representants legals de cobrar les costes per un recurs als afectats per
l'atemptat
Reacció
immediata dels diputats d’ERC al Congrés de Diputats per la intenció de
l’Advocacia de l’Estat de passar factura a les víctimes, a agents dels Mossos
d’Esquadra implicats i als processats, per les costes dels recursos de cassació
i els incidents de nul·litat presentats davant el Tribunal Suprem. Segons ha
pogut saber El Món, els diputats republicans Francesc-Marc Álvaro i Pilar
Vallugera han presentat una bateria de preguntes dirigides a evidenciar la
responsabilitat de la Moncloa en aquesta maniobra i, de retruc, fer que els
lletrats de l’Estat, que depenen del ministeri de Justícia, en mans de Félix
Bolaños, desisteixin de la reclamació.
Les
preguntes, a les quals ha tingut accés El Món, es referencien en la notícia
avançada ahir per aquest diari, que detalla com l’Advocacia de l’Estat ha
presentat un escrit al Tribunal Suprem amb una minuta de serveis per import de
3.609 euros. Tot plegat en relació amb uns recursos que tenien per objectiu
exhaurir la via jurisdiccional, cosa que és obligatòria per poder acudir
posteriorment al Tribunal Constitucional i, seguidament, al Tribunal Europeu de
Drets Humans. Entre les persones afectades es troben els pares de Xavier
Martínez, el nen de tres anys assassinat a la Rambla de Barcelona.
Els
diputats raonen que la petició dels lletrats de la Moncloa “resulta
especialment greu en un context en què les víctimes i els seus familiars han
reclamat reiteradament el dret a saber la veritat sobre els atemptats de
Barcelona i Cambrils, més enllà de la veritat estrictament judicial”, que era
l’objectiu d’acudir a Estrasburg. A més, recorden que els treballs
d’investigació de la comissió del Congrés sobre els atemptats indiquen que
l’Estat no va ser prou “diligent” respecte del risc que suposava Abdelbaki
es-Satty, el cervell dels atemptats, tot i tenir-lo detectat i estar-hi en
contacte.
Quatre
preguntes que disparen amb bala
Els
republicans no s’hi posen per poc i formulen quatre preguntes curtetes i al
peu, amb una clara intencionalitat política. En primer terme, pregunten si “el
govern espanyol considera adequat que l’Advocacia de l’Estat reclami les costes
processals a víctimes dels atemptats del 17-A i a agents dels Mossos d’Esquadra
que van recórrer davant el Tribunal Suprem per exercir el seu dret a la veritat
i a la tutela judicial efectiva”. En segon lloc, si l’executiu de Pedro Sánchez
té “previst donar instruccions a l’Advocacia de l’Estat” perquè desisteixi de
la reclamació de costes contra les víctimes dels atemptats del 17-A i els
agents dels Mossos d’Esquadra afectats.
En
tercer terme, pregunten si aquesta reclamació de costes és “compatible” amb el
deure institucional de reparació, acompanyament i no revictimització en casos
de terrorisme. I en darrer terme, sobre “quines mesures pensa adoptar el govern
espanyol per garantir que les víctimes del 17-A puguin exercir el seu dret a
saber la veritat sense haver d’assumir noves càrregues econòmiques derivades de
la seva acció judicial”. Unes preguntes amb què ERC colla la Moncloa i el PSOE
per tal que el cos jurídic de l’Estat faci marxa enrere.
Opinió:
Aquests fets que defineix perfectament en Quico Sallés no
són gens estranys… els que fa anys i anys que estem en aquestes qüestions les
hem viscut de tots els colors… indemnitzacions que procedien de comptes sense
fons, arguments absolutament surrealistes i retorçats a l’hora de denegar drets
reconeguts per llei, pensions d’incapacitat per atemptat terrorista que després
són recorregudes per l’administració de l’Estat, seqüeles denegades
"porque si aceptamos estas saldrán víctimas de debajo de las piedras"...
Però, oh sorpresa, en cap moment apareixen notícies des de
l'Estat en la que es pugui llegir que investiguen qui és o no és víctima del
terrorisme, ni que s'inventa històries que mai ha patit, ni controlen qui rep
una pensió i/o una indemnització que no mereix, ni els llistats que moltes
entitats utilitzen per assolir subvencions, ni demanen una relació de les
gestions realitzades...
Malgrat tot, no aconseguiran anul·lar l'existència de
víctimes que, per sobre d'interessos personals o partidistes, només treballem
amb el propòsit que els drets siguin reconeguts, que no se'n fotin de les
vivències i, sobretot, que no es perdi el dret a saber TOT el que succeeix
abans, durant i després d'un atemptat.
Sobretot, per evitar que els errors manifestos es
repeteixin.
08 julio 2026
El
Estado reclama a víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils los costes
del proceso judicial
Los
padres del niño asesinado en La Rambla o el ‘mosso’ que abatió a los
terroristas del 17-A, entre los condenados a abonar los gastos por recurrir la
sentencia
Los
automatismos de la burocracia conducen, a veces, a situaciones paradójicas.
Como la que han vivido algunas de las víctimas de los atentados yihadistas del
17-A, que dejaron 16 muertos en Barcelona y Cambrils y más de 500 afectados por
lesiones físicas o secuelas psicológicas. El Estado reclama el abono de parte
de las costas judiciales —los gastos del procedimiento— a las víctimas que no
quedaron conformes con la sentencia inicial de la Audiencia Nacional y
presentaron, sin éxito, un recurso ante el Tribunal Supremo, según la
documentación a la que ha accedido EL PAÍS.
El
17 de agosto de 2017, un grupo de jóvenes de Ripoll (Girona), adoctrinados
previamente por el imán de la localidad, protagonizó el mayor atentado
yihadista en Cataluña. Pasadas las 17 horas, Younes Abouyaqooub arrolló, al
volante de una furgoneta alquilada, a decenas de personas en La Rambla de
Barcelona. Horas después, sus compañeros desataron el caos en el paseo marítimo
de Cambrils (Tarragona). Todos ellos fueron abatidos por la policía. Con los
autores materiales fallecidos, la Audiencia Nacional solo pudo juzgar y
condenar a tres miembros de la célula terrorista: Mohamed Houli (43 años de
cárcel), Driss Oukabir (36) y Said Ben Iazza (ocho), según la resolución final
del tribunal.
Los
tres condenados presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo
para rebajar o suprimir sus condenas alegando vulneraciones de derechos. Pero
también lo hicieron algunas de las víctimas de los atentados, al considerar que
Mohamed, Driss y Said debían ser condenados también por cada uno de los
asesinatos cometidos en Barcelona y Cambrils. La célula había planeado,
inicialmente, cometer un gran ataque con explosivos en lugares emblemáticos
como la Sagrada Familia o el Camp Nou. Pero la explosión fortuita de los más de
300 kilos de TATP —conocido como madre de Satán y usado habitualmente por
Estado Islámico, que reivindicó el ataque— que almacenaban en una casa de
Alcanar (Tarragona) les obligó a improvisar un plan.
El
abogado de cinco de los mossos afectados por los atentados, José Antonio Bitos,
argumentó que los acusados conocían también ese plan alternativo y, en
cualquier caso, debían responder por las muertes del 17-A. Entre sus
representados está el llamado héroe de Cambrils, el agente de los Mossos
d’Esquadra que abatió a cuatro de los terroristas que, tras apearse de un coche
vestidos con chalecos explosivos falsos, atacaron a diversas personas (una
falleció) y causaron el pánico en la localidad. Al recurso se sumaron también
los padres de Xavi, el niño de tres años atropellado mortalmente en La Rambla.
Su abogado, Agustí Carles, insistió en la falta de vigilancia y la
responsabilidad del Estado en lo sucedido.
En
noviembre de 2023, el Tribunal Supremo rechazó los recursos, salvo el de Said.
La sentencia impuso las costas de oficio a las partes que habían apelado, lo
que significa que cada una debe pagar sus gastos y también, en parte, los del
proceso. A partir de esa resolución, la Abogacía del Estado ha hecho un cálculo
de las costas por el recurso contra nueve personas: Driss y Houli, los padres
de Xavi y los cinco mossos. En un escrito dirigido al tribunal, el organismo
envía una “minuta de honorarios” y pide que el importe se ingrese “a favor del
tesoro público” en una determinada cuenta corriente.
La
ley y la justicia gratuita
La
cantidad reclamada asciende a 2.726 euros, pero la cifra, aunque sea pequeña,
es lo de menos para las víctimas. Fuentes cercanas a los afectados lamentan que
el Estado actúe “con el piloto automático puesto” teniendo en cuenta que la ley
de víctimas del terrorismo, de 2011, contempla el derecho de los afectados “a
la asistencia jurídica gratuita en todos los procesos judiciales y
administrativos” vinculados a su condición. Fuentes judiciales afirman que es
altamente improbable que los afectados acaben pagando, precisamente porque la
sentencia inicial reconoce su condición de víctimas. Como reconoció aquella
resolución de la Audiencia Nacional, las víctimas han sido las “grandes
olvidadas” del 17-A.
“Que
el Estado diga que está con las víctimas y que son su prioridad y luego reclame
unas costas por pedir derechos es penoso”, opina Robert Manrique, herido en el
atentado de ETA en Hipercor e histórico activista a favor de los derechos de
las víctimas. Manrique señala que, aunque la ley reconoce la justicia gratuita,
es “complicado” llevarla a la práctica en los casos en que la reclamación se
dirige, precisamente, contra el Estado. “Es paradójico, porque la ayuda te la
ha de dar la parte contraria. Por eso mucha gente, en esos casos, acaba
acudiendo a abogados privados”, afirma.
Opinión:
El derecho a “justicia gratuita” para víctimas del
terrorismo no ha sido algo que haya existido desde los inicios del terrorismo.
Ni mucho menos. Fue el logro a unas solicitudes presentadas y luchadas durante
largo tiempo.
Obviamente, no me cabe duda de que cualquier persona
relacionada con la abogacía siempre defenderá los intereses de su cliente. Pero
también me he encontrado en situaciones en las que ha habido otras víctimas de
atentados que mostraban su extrañeza ante el hecho de que, quien defenderá sus
derechos, sean personas aportadas por el propio Estado, al que esas víctimas consideran
como la parte contraria.
Por ello, conocer noticias como la que se publica en el sentido
de que “el Estado reclama el abono de parte de las costas judiciales —los
gastos del procedimiento— a las víctimas que no quedaron conformes con la
sentencia inicial de la Audiencia Nacional y presentaron, sin éxito, un recurso
ante el Tribunal Supremo” es una muestra más de que esa supuesta colaboración y
empatía, en muchos casos no se recibe.
Y si además vamos leyendo, día tras día, sobre los “extraños”
casos que se dan en juicios de mucha más importancia en los que se mueven
exorbitantes cantidades económicas, la sensación de desconfianza e incredulidad
va creciendo.
07
julio 2026
Víctimas
de terrorismo, a Feijóo: "Reclamamos que se reconozcan fetos perdidos en
atentados hace 30 años"
Robert
Manrique reclama que la ley del concebido no nacido sea "retroactiva"
para embarazadas víctimas de atentados
La
promesa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que si es elegido presidente
del Gobierno, aprobará una ley estatal para el concebido y no nacido, inspirada
en la norma impulsada y aprobada por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, ha levantado críticas de diferentes colectivos. Uno de estos es el de
víctimas de terrorismo. Robert Manrique, víctima del atentado terrorista de
Hipercor y asesor de la extinta Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per
Terrorisme (UAVAT), asegura que "hace 30 años que reclaman el
reconocimiento de fetos perdidos por mujeres embarazadas en atentados
terroristas en España" y que los gobiernos del "PP y del PSOE lo han
rechazado siempre". Manrique explica a ElNacional.cat que la excusa que
siempre les han puesto es que el Código Civil no reconoce los derechos del bebé
si no vive 24 horas de forma independiente. Así se lo dijo el último ministro
del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, asegura. La primera vez que lo
planteó fue cuando era delegado en Catalunya de la antigua Asociación de
Víctimas de Terrorismo (AVT) y entonces de ministro del Interior estaba el
socialista José Luis Corcuera.
Manrique
reclama que, si ahora se dota de derechos a los hijos no nacidos, que sea
"retroactivo" y "con todas las consecuencias". En los casos
de los no nacidos por motivo de los atentados terroristas, puede haber una
decena que se pueda documentar y tres supuestos de mujeres afectadas: el feto
muere con la madre; la madre pierde al hijo por las lesiones sufridas o la
mujer sufre un aborto al enterarse de que su marido ha muerto en un atentado
terrorista. En el caso de los atentados de Barcelona y Cambrils, este 17 de
agosto hará nueve años, hay una víctima de 21 años que sufrió un aborto a causa
de las heridas padecidas, según recoge el sumario del caso, no la sentencia de
la Audiencia Nacional. ¿El Gobierno ha contactado con ella o la ha
indemnizado?, se pregunta Manrique, que ha criticado abiertamente la
"desidia" de la administración estatal por encontrar y preocuparse
por las víctimas, tal como hizo en la comisión del 17-A el Congreso de los
Diputados, en marzo del año pasado. Paralelamente, el Govern anunció en octubre
pasado que ponía en marcha un servicio de atención a las víctimas de
terrorismo, pero ocho meses después todavía no está "operativa".
Individuo
a partir de 14 o 21 semanas
En
concreto, la ley de la Comunidad de Madrid, que recientemente ha entrado en
vigor, fija que se reconocerá al concebido no nacido a partir de las 14 semanas
de gestación. Núñez Feijóo aprobó esta medida cuando gobernaba Galicia, pero lo
acotó a las 21 semanas de gestación. El líder popular no ha detallado qué plazo
se tendrá en cuenta en la nueva ley estatal del concebido no nacido.
La
norma madrileña considera al concebido no nacido individuo a efectos
administrativos y fiscales desde el día posterior a la semana 14 de gestación,
y esto permite acreditar el embarazo mediante informe médico para acceder a
ayudas públicas, ya que el feto perdido se cuenta para ser familia numerosa.
Críticas
de los sindicatos
Por
su parte, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han reclamado al líder del PP
que "rectifique y retire" su plan de extender a todo el Estado
español la ley del concebido no nacido, una medida que califican de la
"agenda antiabortista" de la derecha y ultraderecha que supone un
nuevo riesgo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ambos
sindicatos, en un comunicado, han denunciado que mientras miles de familias
trabajadoras y con rentas bajas continúan esperando más apoyo, "el PP prioriza
ampliar el acceso al título de familia numerosa antes incluso del
nacimiento".
Opinión:
Cuando conocí el primer caso de la pérdida de un feto tras
un atentado terrorista, lo comenté con los compañeros de la ANTIGUA AVT. Y fue
entonces, allá por 1993 aproximadamente, cuando planteamos que los fetos que no
nacían tras el atentado debían ser reconocidos como víctimas.
Desde entonces se ha ido comentando el tema con los
diferentes ministros de Interior… y la respuesta siempre ha sido que el Código
Civil impedía ese reconocimiento.
Recuerdo una ocasión en la que descubrimos que, en accidente
de tráfico, la pérdida del feto estaba reconocida con una cantidad económica e
incluso l cantidad variaba en relación a si había (o no) hijos anteriores a esa
pérdida.
Por lo tanto, al leer la noticia sobre la propuesta del
señor Feijoço o la ya aprobada por la señora Ayuso, surgen una serie de
preguntas:
¿Dependerá del lugar de residencia el hecho de que un feto
sea reconocido como miembro de la unidad familiar?
¿Un feto tendrá más derechos que otro?
Y si finalmente se reconoce que un feto tiene derechos
(como se desprende del hecho de que sea miembro de una unidad familiar) ¿qué
ocurre con todos aquellos que NO han sido reconocidos?
Resumiendo ¿van a modificar el Código Civil dependiendo de
donde viva la madre gestante?
En cuanto al tema de victimología terrorista… ¿se
revisarán los expedientes que se solicitaron décadas atrás y que fueron
denegados? Conozco perfectamente el concepto de retroactividad, pero la Constitución
también dice que no hay deben existir diferencias entre ciudadanos. Así pues
¿qué harán las mentes pensantes? Los fetos que no llegaron a nacer por causas
de un atentado terrorista en las décadas de los 70, 80, 90 o incluso en 2017
¿no merecerían el mismo trato?
El
exdirector del Departamento de Seguridad Nacional Miguel Ángel Ballesteros ha
advertido este lunes sobre "la amenaza terrorista" que tenemos
"más cerca que nunca", en referencia a la cercanía geográfica con el
Sahel, "el territorio donde se asientan la mayor parte de los grupos
terroristas de carácter yihadista".
Ballesteros,
general del Ejército de Tierra y director del curso de verano de la Universidad
Complutense de Madrid en El Escorial 'El terrorismo y la sociedad', ha
resaltado que desde los últimos atentados de Barcelona en 2017 y de Algeciras
en 2023, "la amenaza terrorista se diluye para la sociedad", cuando
en su opinión "está ahí, más cerca geográficamente que en décadas pasadas,
porque la tenemos en el Sahel".
El
experto en seguridad nacional y terrorismo ha apuntado que España "es el
país que más detenciones hace en Europa" en la actualidad en este ámbito,
y ha señalado que los medios de comunicación tienen una importante labor frente
a la desinformación y la posverdad que surge en las redes sociales,
"medias verdades que crean un mundo paralelo a la realidad".
Por
su parte, el vicepresidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado Víctimas del Terrorismo, Javier López Rubio, ha indicado asimismo que el
terrorismo "cambia de rostro, emplea nuevas tecnologías y se adapta a
contextos diferentes, pero mantiene intacta su esencia criminal".
"Las
víctimas del terrorismo no nos piden odio, nos exigen memoria, dignidad, y
justicia. Y nos recuerdan cada día que la democracia merece ser defendida con
firmeza, pero también con serenidad y con principios", ha expresado López
Rubio.
Opinión:
Es
muy curioso observar que las palabras que dicen personas de poca (o corta en el
tiempo) experiencia demostrable en relación a la asistencia y el contacto
permanente y constante con “LAS” víctimas del terrorismo merece ser comentada y
publicada.
Y
más aun cuando, si alguien se toma la molestia de revisar las hemerotecas,
aparecen otras víctimas que ya en la década de los 80 decían lo mismo pero,
obviamente, decirlo entonces era mucho más arriesgado por razones obvias: por
la existencia del terrorismo autóctono como tal y por la presión que
determinados políticos lanzaban contra los que osábamos ejercer la tarea de
explicar lo que no debía ser explicado.
¿Por
qué no llaman a algunas de esas víctimas para que podamos recordarla evolución
y la realidad SOCIAL vivida entonces? ¿Por qué se da voz a quien acaba de
llegar a este raro y complicado mundo de la victimología terrorista? ¿No será
que, de poder explicarnos, caería como un castillo de naipes la versión de que “LAS”
víctimas han sido siempre atendidas como merecíamos?
Y
puestos a decir las cosas con la claridad que merecen, decir que “Las víctimas
del terrorismo no nos piden odio” es faltar a la verdad. Hay muchas que no
piensan así, incluso dentro de diferentes asociaciones “de” víctimas… por no
hablar de los impostores que pontifican sobre la opinión de “LAS” víctimas sin
serlo…
El
discurso debe ceñirse a la realidad y no a lo que algunos quieren explicar. Si
no se hace así, se corre el riesgo de MALinformar.
Termino:
que el exdirector del Departamento de Seguridad Nacional Miguel Ángel
Ballesteros diga que la amenaza terrorista del Sahel está más cerca que nunca es
una obviedad manifiesta. Lástima que no
se dieran cuenta en 2016 o 2017, cuando tenían contacto permanente ¿y en
nómina? al Imán de Ripoll…
