sábado, 7 de noviembre de 2026

07 noviembre 2026 (2) eldiario.es

 

07 noviembre 2026 



Un cuarto de siglo del asesinato de José María Lidón, el primer golpe de ETA contra la judicatura vasca

Autoridades políticas y judiciales, así como la familia del magistrado, han recordado su figura y denunciado aquel “ataque directo” a la democracia

El 7 de noviembre de 2001, fecha de la que se cumple ahora un cuarto de siglo, ETA asesinó a tiros en Getxo a José María Lidón Corbi, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Años antes, había sido ponente de una sentencia que condenaba a seis personas por un ataque con cócteles molotov contra la casa del pueblo (sede socialista) de la localidad vizcaína de Portugalete en el que habían fallecido la militante María Teresa Torrano y también Félix Peña, miembro de UGT. ETA nunca se lo perdonó. El crimen, veinticinco años después, sigue sin resolverse, porque solo se condenó al cooperador que facilitó información a los terroristas.

“Cuando el magistrado José María Lidón Corbi se disponía a salir, acompañado por su mujer, María Luisa Galárraga, del garaje de su domicilio para dirigirse a su trabajo, dos terroristas se situaron frente al vehículo, junto a la puerta izquierda, y le descerrajaron cinco disparos a bocajarro. El juez fue alcanzado por tres impactos, uno de ellos en la nuca”, relata el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). “Además de su mujer, fue testigo del asesinato uno de sus hijos, Íñigo, que en ese momento aguardaba en su vehículo fuera del aparcamiento a unos diez metros del lugar de los hechos”, añade.

La banda reivindicó el asesinato unos días después. En el texto, advertía a los jueces de que no tenían “impunidad en Euskal Herria”. Sostenían los terroristas que la Justicia no era más que una “falsa apariencia” y “otro instrumento de agresión más que se utiliza para castigar a los ciudadanos vascos y absolver a aquellos que oprimen a Euskal Herria”. Era el séptimo atentado mortal de ETA contra la judicatura, el primero contra la vasca. Antes, había asesinado a José Francisco Mateu Cánovas (1978, del Supremo), Carmen Tagle González (1989, de la Audiencia Nacional), Francisco Tomás y Valiente (1996, del Constitucional), Rafael Martínez Emperador (1997, del Supremo), Luis Portero García (2000, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y José Francisco Querol Lombardero (2000, del Supremo).

En un primer momento, el asesinato se atribuyó a Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga. Ambos fallecieron menos de un año después cuando les explotó en Bilbao una bomba que transportaban en su vehículo. En 2019, se juzgó por los hechos al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, más conocido como “Txeroki”, y Asier Arzalluz, pero la Audiencia Nacional los absolvió aduciendo falta de pruebas. El único condenado, a veintiséis años de prisión, fue Orkatz Gallastegui, por facilitar a la banda información necesaria para acometer el asesinato.

Sentencias contra guardias civiles por torturas

Nacido en Girona en 1951, Lidón cursó estudios de Derecho en la Universidad de Deusto. Llegó a ser catedrático de Derecho Penal, especializado en menores, e impartió clases en el mismo centro. Magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, no solo fue ponente de la mayor sentencia hasta la fecha contra la 'kale borroka'. Pero también condenó a varios guardias civiles por torturas: en 1990, por torturas a Tomás Linaza, padre de un miembro de ETA; en 1999, por las infligidas a Juan Ramón Rojo, miembro liberado de la banda terrorista.

“El capricho de unos asesinos a sueldo me arrebató la mitad de mi ser”, aseveraba la viuda en 2007, seis años después del asesinato, según recogió entonces “El Correo”. Este viernes, en la víspera del vigesimoquinto aniversario, se ha honrado su memoria con una ofrenda floral y la entrega de un libro. Se ha celebrado en el Palacio de Justicia, en la capital vizcaína, y ha contado con la participación de Jordi Lidón, hijo del asesinado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, y el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, entre otros.

La consejera ha señalado que el asesinato fue “un ataque directo contra la convivencia y las instituciones democráticas”. Ha apuntado, además, que el Gobierno vasco seguirá trabajando en políticas de memoria y reconocimiento. “No se trata de reabrir heridas, sino de impedir que el paso del tiempo diluya el significado de lo sucedido. Recordar es también proteger nuestra democracia y fortalecer la convivencia”, ha argumentado.

Subijana, por su parte, ha reivindicado la importancia de “la memoria pública”, según recoge Europa Press. “Seguimos y seguiremos reivindicando su memoria, porque es la forma de expresar nuestro dolor personal e institucional [por la pérdida y también es] el modo de trasladar que no hay justicia que se asiente en el olvido”, ha afirmado. Ha pedido, además, una deslegitimación expresa de ETA y de los “valores totalitarios en los que se asentó”.

07 noviembre 2026 Servimedia (opinión)

 

07 noviembre 2026



Detenido en Barcelona presunto yihadista que ya cumplió condena por delitos terroristas

La Policía Nacional informó este sábado de la detención en Barcelona de un presunto yihadista simpatizante de la organización terrorista Daesh, por un delito de adoctrinamiento terrorista activo y pasivo.

El detenido es reincidente, ya que fue condenado previamente por enaltecimiento y adoctrinamiento del terrorismo yihadista.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, en la mañana del pasado martes agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención en la ciudad de Barcelona de un individuo por un delito de adoctrinamiento terrorista activo y pasivo.

El detenido presentaba un perfil de riesgo para la Seguridad Nacional. Se trata de un presunto yihadista simpatizante de la organización terrorista Daesh, que tenía perfiles en diferentes redes sociales con contenido radical, que interactuaba con seguidores y cuentas explícitamente yihadistas.

En el registro de su domicilio, los investigadores intervinieron distintos dispositivos informáticos que están ahora siendo analizados.

En 2018, el ahora nuevamente arrestado, fue detenido por un delito de enaltecimiento y adoctrinamiento yihadista. Tras cumplir condena, fue puesto en libertad con medidas cautelares en 2021, entre las que se incluían la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitieran su seguimiento permanente, su presentación quincenalmente en dependencias policiales, y la prohibición de acceso a entornos virtuales proclives a la radicalización yihadista.

Todas estas medidas incumplidas por el sujeto activaron a los agentes de Información quienes, tras el desarrollo de una nueva investigación y comprobando la actividad de nuevos hechos delictivos, procedieron a su detención.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Barcelona y bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número Uno de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.

Opinión:

Para empezar, agradecer a Servimedia la información presentada que demuestra cómo se están haciendo las cosas (mal, obviamente).

¿Cómo se entiende que un condenado por terrorismo todavía permanezca en suelo español? El 27 d emarzo de 2024 hubo un acto considerado y juzgado como terrorismo en el Centro Comercial Magic Badalona. El autor, Hamza Warid, fue condenado a diez años de cárcel para, acto seguido, ser deportado a su país de origen con la condición de no volver a Barcelona en ese mismo periodo de tiempo.

Y ahora tenemos a otro condenado por terrorismo al que se ha permitido permanecer aquí como si nada.

De una puñetera vez ¿cuándo se unificarán los criterios para que las condenas sean lo más creíbles posibles?

viernes, 6 de noviembre de 2026

05 noviembre 2026 RTVE (opinión)

 

05 noviembre 2026 



La familia de Guillem Agulló pide al Gobierno que le reconozca como víctima del terrorismo 33 años después de su asesinato

Fue asesinado la madrugada del 11 de abril de 1993 en Montanejos, Castellón, por cinco neonazis

COVITE ha incorporado el caso en el Mapa del Terror de las víctimas del terrorismo en España

La familia de Guillem Agulló, el joven de 18 años asesinado por un grupo neonazi en 1993 en Castellón, ha reclamado al Gobierno que le reconozca como víctima del terrorismo y que asuma la responsabilidad del Estado por la respuesta judicial e institucional que recibió el caso.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los familiares han denunciado la "impunidad" del crimen y exigen que se incorporen informes periciales independientes para evaluar su reconocimiento.

Este escrito, que la familia ha hecho público en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, repasa los 33 años transcurridos desde el asesinato y el acoso que sufrió desde entonces. "Nos dejaron sin Guillem, pero ellos no han ganado", ha afirmado su madre al finalizar el acto.

En este contexto, los familiares han recordado que Guillem era un joven antifascista "comprometido con los valores de la justicia y la igualdad". Fue asesinado la madrugada del 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castellón), cuando cinco individuos pertenecientes al grupo neonazi 'Marchalenes IV Reich' le acorralaron y le asestaron una puñalada en el corazón.

Asimismo, la familia ha criticado que el procedimiento judicial, celebrado en 1995, terminó con la absolución de cuatro de los cinco acusados y la condena por homicidio del autor material de la puñalada, Pedro José Cuevas, a 14 años de prisión, de los que cumplió cuatro. La sentencia calificó los hechos de "pelea juvenil" y no reconoció el móvil político del asesinato, pese al criterio de la jueza instructora y de la Fiscalía. Por ejemplo el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha incorporado el caso de Guillem en el Mapa del Terror de las víctimas del terrorismo en España.

Además, relatan las amenazas y el acoso que sufrieron durante años por parte de sectores de la extrema derecha valenciana y recuerdan que el asesino de Guillem continuó vinculado a entornos ultras después de salir de prisión.

En este marco, los familiares solicitaron en abril al Ministerio del Interior que reconociese a Guillem como víctima del terrorismo. Sin embargo, han criticado que el departamento haya pedido informes a la Guardia Civil y a la Audiencia Provincial de Castellón y que el primero de ellos se haya pronunciado en contra.

Ante esta valoración, la familia ha reclamado que se incorporen informes periciales "independientes" y que "cumpla" su deber. "El Estado tiene un perfil garante de derechos que el Gobierno debe cumplir", sostienen en la carta, en la que piden al Ejecutivo que "asuma su responsabilidad, repare el daño y honre la memoria de quienes fueron injustamente tratados".

Apoyo de diferentes grupos políticos

El acto ha contado con el respaldo de representantes políticos como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, y los diputados de Compromís Águeda Micó y Alberto Ibáñez, que han reclamado también el reconocimiento de Agulló como víctima del terrorismo.

Rufián ha explicado que han acudido para mostrar su apoyo a la familia y ha señalado que el asesinato de Guillem "quedó prácticamente impune". Asimismo, ha considerado que el caso refleja buena parte de lo que ha sucedido en España durante los últimos años.

Por su parte, Micó ha criticado la normalización de los discursos de extrema derecha y ha denunciado que la televisión pública valenciana vetase la emisión de la película sobre Guillem Agulló prevista para este lunes. "Cuando gobierna la derecha y la extrema derecha, los derechos individuales los dejan de lado completamente", ha afirmado.

Ibáñez ha defendido que el reconocimiento supondría un acto de reparación del Estado hacia la familia de un joven que fue asesinado "por ser antifascista, por tanto, por ser demócrata". En este sentido, ha señalado que, "como dice Consuelo Ordóñez, quien se hace cargo de todas las víctimas del terrorismo, respeta a las víctimas del terrorismo".

Opinión:

Solo una pregunta.

De las asociaciones “de” víctimas de ETA, aparte de COVITE ¿alguna otra se ha solidarizado con el tema de Guillem Agulló? ¿Alguna ha intentado colaborar en conseguir que un atentado de la extrema derecha con resultado de muerte sea declarado como tal?

Quizás los equipos jurídicos de muchas de ellas, que además reciben subvenciones para realizar esta tarea, deberían decir algo ¿no?

Solo recordar que en la década de los noventa, la antigua AVT consiguió que el atentado de la extrema derecha contra la revista El Papus en 1977 fuera considerado como tal en 1992 aproximadamente.

No es tan difícil, solo falta poner interés en TODAS LAS víctimas del terrorismo.

Y cuidado, que el tema de esclarecer algunos atentados de la extrema derecha aún no ha terminado…



04 novembre 2026 (2) TV3 (link)

 

04 novembre 2026 



Programa “La selva”

Intervenció de Rosa Lluch en relació a la petició com a víctima del terrorisme de Guillem Agulló

Link: https://www.3cat.cat/3cat/04112026/video/6434479/

Desde minut 0.52.25 fins a 1.01.54

04 novembre 2026 ElTemps (opinió)

 

04 novembre 2026



Revolta contra el menyspreu d'Interior per reconèixer Agulló com a víctima del terrorisme

La família de Guillem Agulló, el jove independentista i antifeixista assassinat per una colla de neonazis a Montanejos (Alt Millars), ha llençat una campanya per advertir de l'actitud del Ministeri d'Interior en el procés que hauria de declarar el seu fill com a víctima del terrorisme. No debades, ha enviat una carta al president del Govern espanyol, el socialista Pedro Sánchez, i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmada per víctimes d'ETA, juristes de renom, personalitats de la cultura i de la política, com ara els expresidents catalans i valenciana Pere Aragonès i Ximo Puig. Denuncien que s'ha derivat el procés a la Guàrdia Civil, qui s'ha oposat a concedir-li aquesta condició, i reclamen un reconeixement que s'ha adoptat per altres assassinats per la ultradreta.i

La família de Guillem Agulló, el jove independentista i antifeixista assassinat per una colla de neonazis a Montanejos (Alt Millars), ha llençat una campanya per advertir de l'actitud del Ministeri d'Interior en el procés que hauria de declarar el seu fill com a víctima del terrorisme. No debades, ha enviat una carta al president del Govern espanyol, el socialista Pedro Sánchez, i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmada per víctimes d'ETA, juristes de renom, personalitats de la cultura i de la política, com ara els expresidents catalans i valenciana Pere Aragonès i Ximo Puig. Denuncien que s'ha derivat el procés a la Guàrdia Civil, qui s'ha oposat a concedir-li aquesta condició, i reclamen un reconeixement que s'ha adoptat per altres assassinats per la ultradreta.

La lluita per reconèixer Guillem Agulló, el jove independentista i antifeixista assassinat per una colla de neonazis a Montanejos (Alt Millars) en 1993, com a víctima del terrorisme s'ha topat amb el menyspreu del Ministeri d'Interior. El departament, encapçalat pel magistrat conservador Fernando Grande-Marlaska, va derivar la petició formulada per la família d'Agulló a l'opinió de dues institucions: la Guàrdia Civil i a l'Audiència de Castelló, la qual va dictar, en el seu moment, una sentència amb peus de fang i que comprava el relat manipulat que havia esbombat un sector del conservadorisme valencià.

A l'espera del dictamen del tribunal, la benemèrita s'ha pronunciat de manera contrària a reconèixer aquesta condició. «De l'anàlisi de les circumstàncies en què es van produir els fets, es conclou que aquests mancarien de la naturalesa d'atemptat terrorista», assenyala el Gabinet Tècnic de la Direcció General de la Guàrdia Civil. Aquesta consideració és un bastó a les rodes a l'objectiu d'incloure Agulló com a una víctima del terrorisme, una condició que ja ostenta per al Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (Covite). Recentment, de fet, va incloure Agulló al seu mapa de víctimes del terror.

Per a denunciar aquest comportament d'Interior, la família Agulló ha enviat una carta al president del Govern espanyol, el socialista Pedro Sánchez, i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per explicar la història del seu fill apunyalat mortalment per l'extrema dreta. Està signada, entre altres, per Maixabel Lasa, vídua de Juan Mari Jauregi, assassinat per ETA; Rosa Lluch, filla d'Ernest Lluch, víctima del terrorisme d'ETA; o Consuelo Ordóñez, germana de Gregorio Ordóñez, exregidor del PP que va ser víctima dels trets al bescoll d'ETA.

Roberto Manrique, víctima de l'atemptat d'Hipercor; Javier Almazán, germà d'Ángel Almazán, assassinat per la policia espanyola; els familiars de Salvador Puig Antich, l'última persona a qui va segar la vida el franquisme o la Fundació Fernando Buesa, que lluita per preservar la memòria contra el terrorisme etarra, també firmen la missiva. S'hi sumen personalitats del dret com ara Gema Varona, presidenta de la Societat Mundial de Victimologia, o José Luis González Cussac, director de la càtedra d'Estudis sobre Terrorisme i Dret de les Víctimes de la Universitat de Valencià.

La nòmina de personalitats que donen suport al text és ben àmplia: hi ha José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem; el jurista Baltasar Garzón o els magistrats Joaquim Bosch, María Victoria Rosell i Luis Manglano, a banda de la fiscal Susana Gisbert. L'historiador Ian Gibson, el filòsof José Luis Villacañas o l'artista Ramoncín també han estampat la seua firma. Com els periodistes Miquel Ramos, Antonio Maestre, Jordi Évole, Júlia Otero, Jon Sistiaga, Xabier Fortes o Lucía Méndez. El cantant Fermin Muguruza, els cantautors Lluís Llach i Raimon, els actors Carlos Bardem i Pepe Viyuela o l'actriu Vicky Peña ho complementen.

Els escriptors Núria Cadenes, Rosa Montero i Manuel Rivas; els músics Chojín, Toni Sánchez 'Panxo' i Xavi Sarrià; el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich; l'exentrenador de futbol, Ángel Cappa; o els secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres a escala estatal, Pepe Álvarez i Unai Sordo, respectivament, l'han rubricada. La petició compta amb la signatura de l'exvicepresident espanyol Pablo Iglesias, l'exministra Irene Montero, l'actual ministra Sira Rego, el candidat estatal d'ERC, Gabrel Rufián, l'expresident català Pere Aragonès, l'expresident valencià Ximo Puig, l'exvicepresidenta valenciana, Mònica Oltra,  l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Assassinat feixista i maltractament de la benemèrita

La carta recorda que Agulló «era un jove amb tota una vida al davant, estimat per tothom, que enamorava allà on anava». «Havia dedicat gran part de la seva vida a la natació, fins i tot va estar preseleccionat per a les Olimpíades del 1992. Es va envoltar sempre de molts amics i era un defensor convençut dels valors de la justícia i la igualtat que havia après a casa i dels quals feia bandera. Això el va portar a convertir-se ja des de l'adolescència en un reconegut activista antifeixista a la València dels anys noranta i va començar a militar en grups com Maulets i SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice)», rememora.

«La matinada de l'11 d'abril de 1993, Guillem estava amb els seus amics, gaudint de les vacances de Pasqua a la plaça de Montanejos, quan cinc individus pertanyents a un grup neonazi anomenat 'Marchalenes IV Reich' van buscar-lo: el van increpar, el van acorralar en un carrer i, després d'aïllar-lo dels amics, el van agredir i li van clavar una punyalada al cor», expliquen. I agreguen: «Una vegada que el van deixar dessagnant-se a terra, van marxar eufòrics cantant el Cara al Sol i fent la salutació feixista».

La missiva critica que durant aquella mateixa nit «la Guàrdia Civil va retenir, durant catorze hores asseguts en una cadira, els amics de Guillem, menors d'edat, sense dret a fer trucades i sense poder ni tan sols prendre ni un got d'aigua». «Mentrestant, es va permetre que els assassins dormiren a les seues tendes de campanya i l'endemà marxaren tranquil·lament a casa seua, sense cap impediment. Des de les set de la matinada fins a les tres de la tarda, els agents van sotmetre a un interrogatori els amics de Guillem, sense ser coneixedors que el seu amic havia arribat mort a l'hospital; i després d'això, van ser enfilats a un autobús de línia i enviats a València», exposen.

«Cap cos policial va detenir mai els assassins; van ser ells mateixos els qui es van presentar dos dies després a diferents comissaries convenientment assessorats per confessar la seva participació en el crim. Pedro José Cuevas Silvestre, de 22 anys, va admetre ser l'autor material de l'apunyalament», rematen. Amb aquests precedents, la Guàrdia Civil ha emès aquest dictamen anys més tard del crim de la ultradreta, que estava vinculada a tota una trama d'interrelacions feixistes.

Intoxicació mediàtica i polèmica judicial

El text signat per inesgotables personalitats contextualitza la investigació sobre l'assassinat feixista: «Es va iniciar un procés judicial amb la impecable instrucció de la jutgessa de Sogorb, que sempre va mantenir, juntament amb la Fiscalia, que els fets eren constitutius d'un delicte d'assassinat, a més d'acreditar la motivació ideològica del crim». «Va demanar 28 anys de presó per a cadascun dels cinc acusats. Les proves practicades durant les diligències no deixaven cap dubte i els familiars vam donar confiança a la justícia», subratllen.

«Aviat, però, va començar una cacera implacable amb l'objectiu d'atemorir i vèncer la veritat», denuncien. I desgranen: «Amb aquest propòsit, es van servir de mitjans de comunicació com el diari Las Provincias, que va exercir com a altaveu oficial de les defenses dels assassins, publicant notícies falses que buscaven proporcionar arguments al relat exculpatori dels acusats». «Aquest bombardeig mediàtic», expressen, «va generar un dolor immens a la nostra família, el qual es va agreujar en comprovar que, contra tot pronòstic, la intoxicació informativa va aconseguir capgirar el judici». Rescaten del baül «episodis vergonyosos» com l'aparició «d'un testimoni protegit de dubtosa veracitat que va declarar a favor dels acusats».

L'Audiència Provincial de Castelló va qualificar l'assassinat de «baralla juvenil» i «va absoldre quatre dels cinc acusats». «Tan sols va condemnar per homicidi l'autor confés de la ganivetada a catorze anys de presó, encara que només en va fer quatre, per bon comportament», retrauen. «L'Audiència de Castelló no va voler reconèixer la motivació política de l'assassinat contra el criteri de la jutgessa instructora i del ministeri fiscal», recalquen. A la polèmica resolució, s'hi va sumar un calvari perpetrat pels ultres valencians: «L'extrema dreta valenciana va reivindicar com un trofeu l'assassinat del nostre fill i el va utilitzar per acovardir la família, els amics i l'activisme d'esquerres valencià».

«Aquell assetjament que vam patir durant anys es va convertir en una cosa gairebé quotidiana, normalitzada a la nostra vida. Les amenaces van arribar a desestabilitzar-nos fins i tot econòmicament. Ens van deixar a la ruïna: l'únic suport de la família era el taller que tenia el nostre pare i el proveïdor va deixar de donar-li feina», afirmen contra l'oblit. «Tot aquest patiment va discórrer en solitud davant la indiferència de bona part de la societat valenciana i amb un palmari abandonament institucional», apunten.

Paral·lelament a l'assetjament que va patir la família de la víctima del feixisme, l'assassí, el neonazi Pedro Cuevas es va presentar l'any 2007 a les llistes municipals del partit ultra Alianza Nacional a Xiva (Foia de Bunyol). «Anys després, fou acusat a l'anomenada Operació Panzer com a membre d'una cèl·lula terrorista, el Front Antisistema (FAS), que posseïa un arsenal d'armes, escopetes, pistoles i, fins i tot, un llançagranades. Durant el procés va quedar acreditat que l'assassí de Guillem va fabricar punys americans tipus Panzer que van donar nom a l'operació policial», rescaten.

Els ultres, tanmateix, foren absolts per l'Audiència de València després de l'anul·lació d'unes escoltes telefòniques com a prova. Encara més, la justícia va ordenar que se'ls tornaren les armes. Atès que s'havien destruït per error, l'Estat va haver d'indemnitzar-los. «Tot i que l'administració de justícia ens va donar l'esquena, les institucions valencianes van reconèixer sempre que l'assassinat de Guillem havia estat un crim feixista. Les Corts Valencianes van aprovar el 21 d'abril de 1993, per unanimitat de tots els grups polítics, una declaració institucional en què ratificava que Guillem Agulló Salvador, havia estat assassinat "per combatre el racisme i la violència feixista" i que la seua mort era "una mostra més de la barbàrie que el poble valencià sempre ha combatut», informen.

«El 2016, les Corts Valencianes en ple van ratificar aquest reconeixement i van acordar atorgar uns premis amb el nom de Guillem Agulló a col·lectius que lluiten contra la xenofòbia i el racisme. PP i Vox el 2024 van decidir suprimir-los», afegeixen. I argumenten: «Els familiars de Guillem considerem que, gràcies als amics i als col·lectius que sempre van estar al nostre costat, ja es va aconseguir la victòria social. Són molts els premis, cançons, nom de carrers, places, llibres, pel·lícules... que porten el nom de Guillem i que expliquen la seua història». «El carrer va impartir la justícia que no ens van donar els tribunals. I ara només queda per resoldre un compte pendent: que l'Estat reconega que va fallar», reforcen.

Sota aquest prisma, la família va sol·licitar en l'abril d'enguany al Ministeri de l'Interior que «reconegués el nostre fill com a víctima del terrorisme, de la mateixa manera que han estat reconegudes altres víctimes de l'extrema dreta». La benemèrita, de moment, s'hi ha oposat i amb el temor de l'opinió de l'Audiència Provincial de Castelló, s'ha emprés una mobilització perquè la memòria de Guillem Agulló assolisca el cim: siga reconegut com a víctima del terrorisme feixista.

Opinió:

Llegir la noticia que publica en Moisés Pérez sobre el jove Guillem Agulló em porta a recordar diversos moments viscuts ja fa uns quants anys.

Per exemple, a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo d’octubre i publicada al desembre de 1999, en el seu redactat es podia (i es pot) llegir en el “Artículo 2. Ámbito de aplicación” qui era considerada com a víctima del terrorisme i, per tant, que era un acte terrorista.

“1. Las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado, que asumirá con carácter extraordinario el abono de las correspondientes indemnizaciones, en concepto de responsabilidad civil y de acuerdo con las previsiones de la presente Ley”.

És a dir… un grup o banda a d’estar formada per, com a mínim, dues persones. A més a més, per ser “banda armada” no diu que hagin de ser utilitzats cotxes-bomba o pistoles per disparar per l’esquena i covardament al clatell de ningú. Armes poden ser qualsevol estri susceptible de causar mal a qualsevol altra persona. I això d’alterar greument la pau i seguretat ciutadana ja cau pel seu propi pes…

Per tant, en l’assassinat d’en Guillem Agulló es van donar els tres supòsits per ser considerat com a acció de terrorisme i, com a resultat, qui el va patir és una víctima del terrorisme.

Val a dir que aquest raonament ja el vàrem fer arribar als legisladors quan es preparava la llei, però no van escoltar. Recordem que per coses menys greus i que no han portat elm resultat de cap persona morta, s’han considerat com a terrorisme certes activitats. Repeteix-ho: sense causar cap mort sent només una (aquesta sí) baralla de bar. També en una compareixença en una de les Comissions d’estudi prèvia a la llei 29/2011, concretament a l’octubre de 2010, vaig tenir l’oportunitat de proposar l’estudi d’aquests casos, perquè el terrorisme no ha estat l’exclusiva de les sigles que, qui més qui menys, encara recorda...

Hi ha molts exemples d’assassinats de grups armats i amb l’argumentació ideològica que podem recordar... com els dos assassinats la nit del 20 de novembre de l'any 1980 al Maresme, concretament a Cabrera de Mar.

Pensem una mica: què pensaven commemorar aquella nit els autors?

I ara les preguntes per fer pensar una mica més: quin govern s’atrevirà a prendre la decisió?

miércoles, 4 de noviembre de 2026

02 novembre 2026 (4) ElTriangle

 

02 novembre 2026 



Víctimas del 17-A lamentan que la comisión parlamentaria no pueda aprobar las conclusiones por el adelanto electoral


Consideran que se ha evidenciado la "negligencia" del Estado con el imán de Ripoll y que no se ha sabido "toda la verdad"


Víctimas de los atentados yihadistas de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils, junto a varios políticos, han lamentado este lunes que el adelanto de las elecciones generales haya impedido aprobar las conclusiones de la comisión de investigación en el Congreso sobre aquellos hechos.

Según sostienen, se ha podido evidenciar cierta «negligencia» del Estado a la hora de controlar a Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll y confidente del CNI, pero no se ha podido llegar al fondo de «toda la verdad». Además, consideran que algunas reformas legislativas propuestas, como el aumento de indemnizaciones a víctimas o la reforma de la ley de secretos oficiales, se han quedado cortas o no se realizarán.

Pocas semanas después de terminarse la legislatura, y poco más de nueve años después de los atentados, la Associació 17-A Volem saber la veritat ha querido hacer balance de la comisión de investigación en el Congreso, pactada entre JxCat y el PSOE. El presidente de la entidad, Xavier Martínez, padre de un niño fallecido en la Rambla, ha dicho que las víctimas no piden más dinero, sino que se las reconozca como tales a todas, algo que ahora no ocurre, y que se investigue hasta el final quién ideó los ataques y qué relación exacta tenía el imán de Ripoll con los servicios secretos españoles.

Real decreto ley en la Diputación Permanente

El presidente de la comisión de investigación, Txema Guijarro, de Sumar, y la diputada Pilar Calvo, de JxCat, han explicado que a raíz de la convocatoria electoral el Gobierno de España llevará a la Diputación Permanente del Congreso un real decreto ley para ampliar algunos derechos de las víctimas, como que sean más indemnizadas y puedan serlo aunque no haya sentencia firme.

No obstante, han admitido que el texto no abarca todas sus peticiones y se queda corto, como por ejemplo en que se reconozcan a los hijos no nacidos o hermanos como víctimas. También han lamentado que durante la comisión no se haya llegado al fondo de todas las dudas que dejó el juicio y la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los atentados.

Guijarro, sin embargo, se ha mostrado parcialmente satisfecho por lo que, a su juicio, es la conclusión más importante que se puede sacar de todas las sesiones de la comisión: el Estado «lo podía haber hecho mejor». Calvo se ha mostrado «convencida» de que hubo «negligencias graves» del Estado a la hora de controlar lo que hacía el imán de Ripoll, que fue confidente del CNI al menos hasta al menos poco antes de los atentados al tiempo que estaba creando una célula terrorista.

En la rueda de prensa también han intervenido tres periodistas que investigaron sobre los atentados: Quico Sallés, Carlos Enrique Bayo y Javier Chicote. No creen que el CNI lo supiera ni lo permitiera, pero sí que cometió algún tipo de «negligencia» o «temeridad». También lamentan que la investigación judicial no fuera más allá con la excusa de que los autores materiales estaban muertos.

 

02 noviembre 2026 (3) Diari de Tarragona

 

02 noviembre 2026 



Las víctimas del 17-A lamentan que la comisión quede sin conclusiones por el adelanto de las elecciones

La asociación reclama conocer toda la verdad sobre los atentados de Barcelona y Cambrils y denuncia que las indemnizaciones y las reformas legislativas previstas se quedan cortas

Las víctimas de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils han lamentado este lunes que el adelanto de las elecciones generales haya impedido aprobar las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso sobre aquellos hechos. Consideran que los trabajos han permitido evidenciar cierta «negligencia» del Estado en el control del imán de Ripoll, Abdelbaki Es-Satty, que fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero sostienen que no se ha podido llegar al fondo de «toda la verdad».

También consideran insuficientes algunas de las reformas legislativas planteadas, como la ampliación de las indemnizaciones a las víctimas, y ven difícil que salga adelante la reforma de la ley de secretos oficiales.

Pocas semanas después del final de la legislatura y más de nueve años después de los atentados, la asociación 17-A Volem saber la veritat ha hecho balance de la comisión de investigación del Congreso, pactada entre Junts per Catalunya y el PSOE. Su presidente, Xavier Martínez, padre de un niño fallecido en la Rambla, ha lamentado que no se hayan podido cerrar las conclusiones ni esclarecer todos los interrogantes.

Martínez ha asegurado que las víctimas no reclaman más dinero, sino que todas sean reconocidas como tales, algo que actualmente no sucede. También ha pedido que se investigue hasta el final quién ideó los ataques y cuál fue exactamente la relación del imán de Ripoll con los servicios de inteligencia del Estado.

 

Un decreto de ayudas que consideran insuficiente


El presidente de la comisión de investigación, Txema Guijarro, de Sumar, y la diputada de Junts Pilar Calvo han explicado que, debido a la convocatoria electoral, el Gobierno español llevará a la Diputación Permanente del Congreso un real decreto ley para ampliar algunos derechos de las víctimas. Entre las medidas previstas figura aumentar las indemnizaciones y permitir que se concedan aunque todavía no exista una sentencia judicial firme.


Sin embargo, ambos han reconocido que el decreto no recoge todas las reivindicaciones de los afectados. Entre otras cuestiones, no contempla el reconocimiento como víctimas de los hijos no nacidos o de los hermanos de las personas asesinadas. También han lamentado que la comisión no haya podido resolver todos los interrogantes que dejaron el juicio y la sentencia de la Audiencia Nacional.

Guijarro se ha mostrado parcialmente satisfecho con lo que considera la principal conclusión de las sesiones: el Estado «lo podía haber hecho mejor». Según ha explicado, antes incluso de que la comisión comenzara sus trabajos, en 2024, ya existía cierta conciencia de los errores cometidos. Varios representantes de los servicios de seguridad del Estado hablaron durante sus comparecencias de «lecciones aprendidas» y de cambios introducidos en protocolos y actuaciones.

No obstante, ha señalado que no hubo un reconocimiento explícito de los errores, algo que, según ha indicado, las familias necesitaban escuchar.

La relación del imán con el CNI, en el centro de las dudas


Por su parte, Pilar Calvo ha defendido que las víctimas y el conjunto de la sociedad tienen derecho a conocer toda la verdad sobre los atentados, del mismo modo que sobre las causas del  acidente ferroviario de Toledo. La diputada ha afirmado estar «convencida» de que hubo «negligencias graves» del Estado en el control de Abdelbaki Es-Satty, que fue confidente del CNI hasta al menos poco antes de los ataques y, al mismo tiempo, estaba creando una célula terrorista.

Calvo ha reclamado que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial con las víctimas y que se reforme la ley de secretos oficiales, vigente desde la época franquista, para desclasificar documentos que podrían aclarar la relación del imán con el CNI.

Entre los interrogantes pendientes ha citado las dudas sobre el ADN de Es-Satty, que debería confirmar su muerte; las causas de la explosión de la vivienda de Alcanar y quién movió el coche del imán justo después de aquella explosión. Por ello, considera que la Fiscalía debería continuar investigando, aunque ve complicado que se produzcan nuevos avances.

En la rueda de prensa también han participado los periodistas Quico Sallés, Carlos Enrique Bayo y Javier Chicote, que han investigado los atentados. Los tres han explicado que la relación entre el imán, como confidente, y el CNI se prolongó al menos entre 2014 y 2017, pero no permitió detectar su radicalización ni los preparativos de los ataques.


Los periodistas no consideran que el CNI conociera o permitiera los atentados, pero sí apuntan a posibles «negligencias» o «temeridades» en su actuación. También han criticado que la investigación judicial no profundizara más en los hechos con el argumento de que los autores materiales habían muerto.


Los participantes en el encuentro coinciden en que será difícil reabrir el caso por la vía judicial y también recuperar la comisión de investigación en el ámbito político. Consideran que algunas de las incógnitas pendientes podrían acabar resolviéndose únicamente mediante investigaciones en el extranjero.