16
agosto 2026 RM
NUEVE
AÑOS DESPUES. PARA QUIEN QUIERA SABER…
La excelente información presentada
hoy por Jordi Ribalaygue en El Periódico de Catalunya es una magnífica oportunidad para recordar lo que llevamos
diciendo hace años desde la UAVAT (incluso después de su cierre técnico en mayo
2023 al no poder contar con el soporte legal y jurídico imprescindibles por
parte de ninguna administración para seguir haciendo nuestra labor).
Vamos a hacer un relato por orden
cronológico.
Tras recibir la llamada de dos
víctimas del atentado en Cambrils a través de una periodista (Teresa Pérez,
gracias) pudimos comprobar a finales de 2017 el enorme abandono en el que
estaban sumidas la inmensa mayoría y en febrero de 2018 creamos la UAVAT (Unitat
d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme). Iniciamos la labor de
búsqueda de los afectados.
Es importante recordar que la primera
relación oficial de víctimas apareció al recibir el Auto de Procesamiento en
octubre de 2018, relación en la que solo constaban nombre y apellidos de poco
mas de 170 víctimas heridas. Ni siquiera la nacionalidad.
Y cabe destacar la “casualidad” de
que ya había pasado el año que marca la legislación para que quien cree ser
víctima de un atentado, se dirija a la Subdirección General de “Apoyo” a
Víctimas del Terrorismo para solicitar tal estado.
En las primeras semanas tras la
creación de la UAVAT, de las 75 primeras víctimas que pudimos localizar, solamente
tres nos dijeron que tenían conocimiento de la existencia de esa Subdirección. Y
74 de esas 75 víctimas fueron las que se personaron con los compañeros de la
Asociación 11-M Afectados por Terrorismo para ser representadas en el juicio
penal que se debería celebrar… la misma asociación que me llamó el día
posterior al atentado en La Rambla para ofrecerse en todo cuanto fuera
necesario.
El juicio se celebró en noviembre de
2020, mientras seis personas (cuatro psicólogos, una abogada y servidor) continuábamos
con la labor de localización y posterior asesoramiento, de manera que el goteo
de expedientes enviado a la Subdirección desde la UAVAT era continuo,
incluyendo los acompañamientos a las periciales forenses, a las revisiones
médicas e incluso respondiendo a los recursos presentados ante la negativa de
la Subdirección a estudiar la documentación presentada, respondiendo que había
sido presentada “fuera del plazo legalmente establecido”.
La segunda relación de víctimas, la
más importante por su entidad jurídica, la tuvimos tras la publicación en mayo
de 2021 de los 1.017 folios de la sentencia. En la sentencia aparecían entre
familiares de las 16 víctimas mortales y heridos de diversa consideración, casi
350 personas residentes en más de 30 países. Habíamos pasado de casi 170 al doble
de víctimas. Como era de esperar, a la administración competente no le agradó
ese aumento. Por nuestra parte, nos centramos en estudiar la sentencia a fondo
e intentar localizar al mayor número posible de víctimas que aparecían en la
misma a las que todavía no habíamos localizado.
Tras la publicación de la sentencia,
el estudio pormenorizado de los 68.000 folios del sumario, de los que casi 13.000
relacionaban el histórico de cada persona afectada en su salud física, psíquica
o en ambas. Ya teníamos los datos personales (dirección, teléfonos, mails…) de
cada una de las víctimas que aparecían en la sentencia.
Entonces, como casi siempre ocurre,
la legislación era otro “palo en las ruedas”. La Ley de Protección de Datos nos
impidió contactar con las víctimas aún no encontradas por lo que solo cabía
esperar que fuera la administración competente quien lo hiciera.
Y por si esto fuera poco problema,
había que añadir una sorpresa más. El estudio detallado del sumario aportaba un
listado de 125 personas que aparecían en el sumario pero no aparecían en la
sentencia. ¿Qué cómo es eso posible? Sinceramente, no quiero escribir lo que
pienso al respecto.
Volvamos a las cifras. Si el
Ministerio de Interior reconoce que ha resarcido a 232 afectados que figuran en el
fallo de la Audiencia Nacional, ya fuera antes o después de que el Tribunal
Supremo lo declarara firme en noviembre de 2023… eso significa que hay 136
perjudicados que no han recibido una compensación por daños personales o
responsabilidad civil… a los que habría que añadir los 125 que solo aparecen en
el sumario. Suman más de 250 personas.
Los datos son claros.
De los 170 heridos que aparecían en el primer listado de octubre
de 2018 y tras el trabajo de estudio realizado desde la UAVAT, descubrimos que las
cifras aumentan hasta casi 500. Con toda la razón del universo, la sala de la
Audiencia Nacional decía en la sentencia que:
“en el presente sumario las víctimas, no obstante el amparo que merecen a la luz de la
citada Ley 29/2011, han sido las grandes olvidadas durante la instrucción”,
“El juzgado acordó la apertura de una
pieza separada de fallecidos y otra de lesionados, pero lamentablemente su
tramitación ha carecido de sistemática, impidiendo conocer el verdadero número de
personas lesionadas en los distintos escenarios, así como determinar el alcance
de los perjuicios sufridos desde el momento en que faltan informes periciales
forenses, tanto de lesionados extranjeros, como de residentes en España. Los
treinta tomos de la pieza de lesionados se han tramitado de forma meramente acumulativa
de denuncias, partes médicos, etc, mezclándose los de las distintas víctimas,
lo que se ha tratado de paliar por las acusaciones al formular sus conclusiones
provisionales solicitando, muchas de ellas, pruebas periciales anticipadas”.
Ante los resarcimientos realizados
desde la administración competente, una pregunta más. Si se les indemnizó según
las lesiones que aparecen en la sentencia de mayo de 2021… ¿se ha realizado
algún seguimiento posterior para conocer si esas lesiones no han ido en
aumento? ¿O para conocer si ha habido intervenciones quirúrgicas y sus
correspondientes días de ILT tras el pago de esa primera indemnización?
Es importante recordar este asunto
porque tras el atentado en Hipercor ya nos intentaron engañar en esos temas.
Hace 40 años. ¿Los tiempos cambian?
Un detalle más. Con las más de 50
víctimas que, cuatro años después del atentado, aparecen en la sentencia bajo
el epígrafe “no consta informe médico”, ¿qué ha ocurrido? ¿En cuatro años nadie
tuvo tiempo de interesarse en conocer su estado?
Por cierto, los afectados por daños
materiales ¿han sido resarcidos? La sentencia también dice que:
“En cuanto a los daños materiales el
olvido del juzgado ha sido absoluto, ningún ofrecimiento de acciones fuera del
que se realizó por Mossos d’Esquadra en el atestado unido a la pieza de daños,
ni se practicó tasación alguna”. ¿Cómo? ¿Los Mossos d’Esquadra? ¿Es que no
existe un protocolo de todas las FCSE para estas situaciones?
Resumiendo
las cifras… si han sido resarcidas 232 víctimas de un total de casi 500 (entre
sentencia y sumario), no se llegaría ni al 50 por ciento. Y una reflexión: ¿Se
incluye en los 232 resarcidos a los familiares de las 16 personas asesinadas?
¿Dos familiares como promedio por cada una de ellas? ¡¡¡Solo faltaría que no
fuera así!!!
Y
espero que no haya habido más casos como aquel en que un abogado gestionó la
indemnización (con su correspondiente comisión) porque la administración competente
no había contactado con la familia de la víctima asesinada tres meses después
del atentado.
Me
cuesta creerlo, pero cada día estoy más convencido de que para la
administración competente solo somos cifras. Pero detrás de cada una de las
víctimas existe una situación sobrevenida para la que se necesita apoyo,
asesoramiento, sensibilidad y empatía por parte de quien debe cumplir la Ley
29/2011. Y, por lo visto, hay un alto porcentaje que todavía están esperando
NUEVE AÑOS DESPUES.
Aún
estamos a tiempo para hacer el trabajo que queda.
Termino.
En unas horas coincidiré en el acto en Plaça Sant Jaume con varios representantes
consulares de algunos de los 32 países afectados… vaya mi agradecimiento a la
representante de Reino Unido. Mejor que el resto no sepan la opinión de muchos
de sus propios compatriotas.
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