17
agosto 2026
Los
‘olvidados’ de los atentados del 17-A:: víctimas sxin indemnizaciíonm y una
oficina de apoyo nueva años tarde
Junts y
ERC siguen con el desafío y solicitan al Congreso que admita que hubo
"negligencias en la gestión de la información" por parte del CNI
A las
16:53 horas del 17 de agosto de 2017, una furgoneta blanca conducida por Younes Abouyaaqoub encaró La Rambla desde la calle
de Pelayo y recorrió a gran velocidad 800 metros en dirección al mar atropellando a cientos de personas. Se detuvo en el
mosaico de Joan Miró, a 200 metros de la Boquería, y emprendió una huida a pie
por dentro del mercado. Hasta 14 personas fallecieron por
el atropello y más de 100 resultaron heridas.
El número de víctimas mortales en total fue de 16 contando con el chico de Zona
Universitaria y una mujer de Cambrils (Tarragona) esa misma madrugada.
El atentado yihadista perpetrado por la
célula de Ripoll en el corazón de Barcelona
Abdelbaki
es Satty, imán de la localidad muerto en la explosión de Alcanar, fue su cerebro
ideológico- cumple nueve años con
varias cuentas pendientes, una pugna política que se ha extendido y se ha
entrecruzado con el procés y una oficina de víctimas en Cataluña que no se ha
puesto en marcha hasta este 2026, con dificultades y limitaciones evidentes.
Hoy, el homenaje será en la plaza de Sant Jaume por
las obras de La Rambla.
"En
este procedimiento las víctimas han sido las grandes
olvidadas de
la instrucción". Así de claro se mostró el magistrado de la Audiencia
Nacional, Félix Alfonso Guevara,
en la sentencia de mayo de 2021. Un fallo que siempre lleva consigo Robert Manrique, víctima del atentado terrorista de
Hipercor y asesor de la extinta Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (Uavat), y que supuso un primer paso para empezar
a saldar algunas de las cuentas pendientes.
El
fallo del 17-A reconoció a 368 víctimas de
los atentados de Barcelona y Cambrils (además de la explosión en Alcanar o la
huida de Younes) por heridas físicas o daños psicológicos. Cabe destacar, para
entender la magnitud de la sentencia, que 225 fueron adicionales, ya que
el Ministerio del Interior no
las había admitido en la vía administrativa previa. El Supremo declaró firme la
sentencia en 2023, lo que supuso un primer resarcimiento al "maltrato" sufrido, según la Uavat.
Sobre
las indemnizaciones abonadas (a las que tienen derecho las víctimas de
terrorismo), desde Interior responden que se ha indemnizado a un total de 232
víctimas, tanto con anterioridad como con posterioridad a la firmeza de la resolución
judicial (179 en este caso) a través de la Dirección
General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. En este
sentido, alegan que "actualmente todas las solicitudes han sido
resueltas", salvo cuatro recursos contencioso-administrativos, y que 190
afectados no han presentado solicitudes de indemnización después de que el
Supremo declarara firme el fallo. Una gran parte de ellos ya había sido
indemnizados con anterioridad por el Ministerio del Interior, añaden sin
especificar el dato concreto a preguntas de este periódico.
Por su
parte, Robert Manrique critica que aún haya indemnizaciones sin abonarse -un tercio, según las
cuentas que denuncia por falta de localización, o porque no saben ni que
aparecen en la sentencia, por ejemplo- y también afea a la administración que
no haya hecho seguimiento ni acompañamiento de los afectados para ver cómo han
evolucionado a lo largo de estos años.
Además,
ha reclamado en el Congreso que se amplíe el plazo de un año fijado en España
-en Francia son 10- para que las víctimas del terrorismo soliciten
indemnizaciones, ayudas y resarcimientos económicos tras sufrir un atentado o
consolidar sus secuelas, una de las claves en este caso. "Hay un ejemplo
muy claro, el de una chica de Madrid, que estaba en Barcelona pasando unos días
ese 17-A y sufrió el atentado en La Rambla. La tuvieron que operar dos veces de la pierna, una en el Clínic y otra en
el Gregorio Marañón. Me contactó a raíz del aniversario del 11-M en 2019,
empezamos los trámites y cuando presentó la solicitud le dijeron que estaba
fuera de plazo". Manrique añade además que hay 125 personas que aparecen
en el sumario pero no en la sentencia.
En
Cataluña, este año ha echado a andar de forma embrionaria y con considerables
limitaciones jurídicas la oficina de víctimas que la Generalitat cerró a
principios de 2012 -bajo el Gobierno de Artur Mas-
y que los afectados del 17-A llevaban reclamando abrir desde el minuto cero.
Desde la conselleria de Interior explican que uno de los avances más
importantes ha sido la publicación en el diario oficial de "la cesión de
datos de las personas afectadas" entre los diferentes servicios que las
han podido atender -desde la policía a emergencias médicas, por ejemplo-,
aunque debido a la Ley de Protección de Datos la
Generalitat no puede ser proactiva en contactar directamente con los afectados
y busca fórmulas para paliarlo. El organismo contará con un psicólogo, un
asesor jurídico y varios asesores externos y se espera incrementar el ritmo de
trabajo a partir de septiembre.
La comisión de
investigación forzada por Junts
En el
plano político, el independentismo sigue agitando
la teoría de la conspiración -sin ninguna prueba casi una década después-, y lo
hace en el Congreso y con permiso del PSOE, que
cedió con la comisión de investigación sobre el 17-A a cambio del apoyo de
Junts a Pedro Sánchez. Tras más de un año de comparecencias y sesiones
-desde el ex responsable del CNI en Gerona hasta uno de los
yihadistas condenados- se ha pospuesto hasta septiembre la aprobación de las
conclusiones por la falta de acuerdo entre ambos bloques. Entre otras cosas,
Junts sostiene que "una parte de la responsabilidad»"de los atentados
se debió a "una negligencia o temeridad de los
servicios secretos" por ocultar los vínculos del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll
(Gerona) considerado el cerebro de los ataques.
Por su
parte, ERC plantea entre otras cuestiones que el Estado "falló en la prevención" y apunta a la
existencia de una "posible negligencia en la gestión de la
información" que el CNI y los Mossos disponían sobre Es Satty, pero no va
tan lejos como Junts.
Junts, ERC y Sumar también coinciden en la
conveniencia de que se desclasifique toda la
documentación sobre estos ataques, algo que no contemplan
socialistas ni populares. De hecho, las conclusiones del PP, Vox y también del
PSOE son diametralmente opuestas y avalan el operativo y todas las actuaciones.
Es más, ni PP ni Vox estaban a favor de su creación y los tres partidos
tendrían mayoría, a la espera de lo que acabe ocurriendo en septiembre también
con las reclamaciones de las víctimas, las "grandes
olvidadas".
Opinión:
Tras leer la magnífica información presentada por Cristina
Rubio, me tomo al libertad de ampliarla un poco más con datos que son
desconocidos para cualquiera que no se haya leído los 68.000 folios del
sumario, incluyendo en ese grupo de desinformados a los que hablan sion tener
ni puñetera idea de lo que es personarse en un juicio de
tal magnitud y mucho menos a los que hablan sin siquiera
representar a una sola víctima. Por cierto, de los que hicieron el más absoluto
de los ridículos intentando cambiar las etiquetas colocadas por protocolo del
Ajuntament de Barcelona en el acto del pasado lunes ya hablaré otro día, que
hoy no tengo tiempo para expresar cómo se puede apreciar, en primer línea, la
enorme estupidez de los que buscan aparecer en la foto como si fuera el fin del
mundo.
Vamos al tema.
Ha sido el propio Ministerio de Interior, en respuesta a la
petición de periodistas que contrastan las fuentes, quien ha reconocido que hay
136 víctimas a las que NO han resarcido económicamente porque los afectados no
han solicitado nada.
Es a-co-jo-nan-te.
Es decir, reconocen la existencia de una de cada tres víctimas
(136 de unas 345 reconocidas en sentencia) que no han sido indemnizadas ¿POR
CULPA DE LA PROPIA VICTIMA?
Es más, a esas 136 habría que añadir otras 125 que aparecen en
el sumario pero NO aparecen en la sentencia.
El juez Guevara se quedó corto en su apreciación.
Resumiendo,
que si no conoces la legislación es tu problema y además, se pasan por el forro
lo que dice la legislación relacionada con la asistencia las víctimas del
terrorismo 29/2011 en su artículo 11 y punto 1.
Pero
¿saben ustedes lo que va a ocurrir próximamente? Que alguna administración se
va a dedicar a buscarlas e informarlas… y entonces podremos certificar lo que
desde febrero de 2018 llevamos denunciando y advirtiendo.
Y
mucha gente quedará retratada.
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