18
junio 2026
El
Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la
Policía y la extrema derecha entre 1979 y 1983
El
Ejecutivo publica los informes previstos por la Ley de Memoria Democrática, que
analizan vulneraciones de derechos humanos desde la aprobación de la
Constitución, la represión del pueblo gitano y el alcance de la reparación
económica a los republicanos
Tras
más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar
violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y
1983 ya tiene cerrado su informe. Las conclusiones identifican a 63 víctimas
mortales a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos
de extrema derecha enmarcadas en una violencia política heredera del franquismo
durante la Transición.
El
estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que
obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además
de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo
gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora
a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas
con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este
jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Uno
de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos
a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un
margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que
abarca hasta diciembre de 1978. La comisión que lo ha hecho ha estado formada
por catedráticos de Derecho Penal, historiadores y otras voces expertas. El
trabajo “trata de corregir” la “indefensión y falta de reconocimiento” de las
víctimas, cuyas muertes en muchos casos no fueron investigadas ni juzgadas o no
de forma rigurosa. De las 63 víctimas, una treintena lo fueron a manos de la
Policía o la Guardia Civil y 33 de la ultraderecha.
El
texto explica que la Transición estuvo marcada por la violencia de diferentes
actores —entre ellos, ETA, que fue el que más personas mató—, pero
específicamente se detiene en aquellas prácticas “antidemocráticas” que tenían
por objetivo mantener el régimen anterior o que estuvieran ligadas al mismo. En
este marco, el estudio comprende las muertes cuya “causa directa” sea la
actuación de agentes policiales mediante el “uso ilegal de la fuerza” y de
grupos de extrema derecha que “pretendían frenar el avance democrático mediante
el uso del terror”, muchas veces con la “tolerancia” de las autoridades.
El
informe asume que la aprobación de la Constitución “no bastó por si sola” para
terminar con las prácticas procedentes de la dictadura y asegura que la
Transición fue “un espacio gris” en el que siguieron produciéndose
intervenciones ilegales, excesos y abusos policiales en manifestaciones,
protestas, comisarías, controles... El conocido como “gatillo fácil” es
atribuido por los expertos a la falta de depuración de los cuerpos, lo que
permitió que, ya en democracia, “se mantuvieran” este tipo de prácticas.
La
comisión, que ha mantenido un intenso debate sobre qué casos incluir o no, ha
decidido identificar a estas 63 víctimas en base a dos conceptos interpretados
en sentido amplio, según el estudio: que lo fueran por luchar por la democracia
y como “consecuencia” de un abuso de poder “fruto de un defectuoso y
antidemocrático funcionamiento de las instituciones del Estado”. Por años, el
más mortal fue 1980, con 28 asesinatos —20 de la ultraderecha—, seguido de
1979, con 22 asesinatos de los cuales 14 fueron a manos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. El trabajo reconoce nueve casos en 1981, tres
en 1982 y uno en 1983. Del total de 63 víctimas, nueve son mujeres.
Entre
las muertes provocadas por grupos de extrema derecha figuran las de los jóvenes
Yolanda González o Andrés García Fernández, apuñalado este último en 1979 a la
salida de un cine del barrio Salamanca en Madrid, considerada “zona nacional”
por estas bandas. El joven, de 18 años, era militante comunista. La mayoría de
los casos incluidos ocurrieron en Madrid y en diferentes localidades de
Euskadi, como la muerte de Liborio Arana, Manuel Santacoloma, María Paz y
Pacífico Fica, en enero de 1980 como consecuencia de la explosión de una bomba
a la puerta de un bar de Baracaldo cuyos dueños eran simpatizantes del PNV.
Los
autores fueron miembros de Grupos Armados Españoles, una organización que
cometió otros dos asesinatos. El Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza
Nueva, el Frente de la Juventud, Falange o el Comando Antimarxista fueron otros
de los grupos de extrema derecha que mataron en aquellos años a personas
incluidas en el estudio.
En
el caso de las actuaciones policiales, figuran muchas llevadas a cabo para
reprimir huelgas, protestas o manifestaciones. Están reconocidos los casos de
la ecologista Gladys del Estal, Vicente Vadillo, que murió en el contexto de
una huelga laboral de transportistas o Ursino Gallego, un adolescente de 14
años que falleció por el impacto de una bala de goma durante una manifestación
vecinal por la falta de suministro de agua en la localidad madrileña de Parla.
Hay también varios casos enmarcados en controles de tráfico, “discusiones” o
intentos de identificación. Figura, además, el caso Almería, en el que tres
jóvenes fueron brutalmente torturados y asesinados al ser confundidos con
miembros de ETA.
Sin
las víctimas de los GAL
El
estudio de estas vulneraciones de derechos hasta diciembre de 1983 soliviantó a
la derecha durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. El
expresidente José María Aznar llegó a decir que se trataba de una norma “hecha
y pactada con terroristas” y el PP en su conjunto aseguró que se trataba de una
concesión a EH Bildu para incluir a los etarras Lasa y Zabala, víctimas de los
GAL, como víctimas del franquismo. En su momento, el Gobierno aseguró que no
era el objetivo de la disposición y que las víctimas de la guerra sucia contra
ETA quedarían fuera del estudio porque estaba pensado para víctimas que
“trabajaron” por la consolidación democrática.
El
informe retoma la cuestión y excluye a los miembros de grupos terroristas, que
participaran en actividades dirigidas a “subvertir el orden constitucional” o
murieran como consecuencia de la manipulación de explosivos. “Esto quiere decir
que los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español, del
GAL o de las actuaciones policiales descontroladas no están abarcados en este
análisis”, detalla el documento. La comisión también ha delimitado los casos a
aquellos que tuvieron resultado de muerte debido, entre otras cosas, a la
escasez de fuentes, pero recomienda que el estudio se amplíe en un futuro a
casos de torturas, malos tratos o trato degradante.
Los
expertos hacen dos recomendaciones más: que haya un reconocimiento
institucional de estas víctimas, con “medidas mínimas” como la entrega de
declaraciones de reparación como las que el Gobierno otorga a las víctimas del
franquismo, que se les incluya en actos oficiales de memoria democrática o que
se garantice que sus nombres e historias sean “nombradas y dignificadas
públicamente”. Además, el trabajo aconseja la creación de un canal “permanente,
accesible y seguro” que permita a familiares y asociaciones presentar casos
para que puedan estudiarse e incorporarse.
Fuentes
del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que el
estudio no es un documento “de sanción penal”, sino “de carácter histórico,
jurídico y político” que tiene por objetivo “reconocer y reparar” estas
violaciones de derechos humanos. Las mismas fuentes aseguran que, como primer
paso, se reconocerá el derecho a recibir la indemnización que tramita
actualmente el Congreso para familias de fallecidos por su lucha por la
democracia. Eso siempre que no hayan recibido ya indemnización, algo que sí ha
ocurrido con muchas de las víctimas de la ultraderecha, consideradas víctimas
del terrorismo.
22
mil millones de euros
El
segundo de los informes que también ha sido ya entregado es el que responde a
la obligación de estudiar el grado de cobertura de la “reparación de carácter
económico” dirigida a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil con el
objetivo de recomendar posibles “déficits subsanables”. La comisión responsable
del estudio estaba integrada por miembros de ministerios y comunidades
autónomas y su conclusión principal es que desde la reinstauración de la
democracia, España ha impulsado de forma “amplia, continua y progresiva” un
sistema de reparación económica.
El
informe ha revisado la normativa aprobada desde 1976 y ha identificado casi una
veintena de Reales Decretos y leyes que impulsaron pensiones o indemnizaciones.
Según las cifras aportadas en el trabajo, el total de dinero gastado por la
Administración General del Estado ha sido un acumulado de 22.160 millones de
euros. De acuerdo con estos datos, aportados sobre todo por el Ministerio de
Hacienda,a más de medio millón de personas, 611.828, han recibido algún tipo de
compensación económica hasta 2024.
Las
ayudas se han dirigido fundamentalmente a militares republicanos y sus familias
—tanto profesionales como no—, a aquellas personas que sufrieron mutilaciones
por la Guerra Civil y a los llamados “niños de la guerra”, que fueron evacuados
de España cuando eran menores de edad. También existe una pensión para los
familiares de personas fusiladas o desaparecidas que, según los datos, han
llegado a cobrar 113.095 personas —percibida actualmente por 3.582—.
En
lo que respecta a las indemnizaciones, figuran dos tipos para personas que
sufrieron prisión por motivos políticos y otras para presos que fueron
encarcelados por ser LGTBI. En el primer caso, la han cobrado algo más de
60.000 personas y en el segundo, 116. El estudio, sin embargo, no ahonda en el
importe de las ayudas o en la media de las pensiones recibidas. La ley estipula
que los expresos debieron sufrir privación de libertad durante un mínimo de
tres años para recibir una indemnización de 6.000 euros, a los que se añaden
1.202 euros por cada tres años adicionales.
El
informe intenta arrojar luz sobre las ayudas aprobadas por las comunidades,
pero no todas han respondido a la petición. Solo hay datos de Catalunya,
Navarra, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía —la única de
la lista gobernada por el PP—. En total, las seis autonomías han gestionado
prestaciones económicas “complementarias” a las del Estado central por casi 70
millones de euros, que han sido otorgadas a 26.231 personas.
La
comisión hace algunas recomendaciones, pero solo habla explícitamente de
ampliar las reparaciones económicas a los militares represaliados durante el
tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas, un ámbito que “no
está plenamente cubierto”, según el texto. También menciona específicamente a
las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer, de la represión por
creencias religiosas, las represaliadas por su orientación sexual o las
víctimas de “la psiquiatría franquista”. En estos casos, aconseja la
realización de estudios “en profundidad” para conocer más a fondo su situación.
Las
calles del Marqués de la Ensenada
El
tercero de los informes aborda la represión y la situación histórica del pueblo
gitano en España y concluye que ha existido una “represión institucional”
contra este colectivo desde hace al menos seis siglos y que aún dura hoy. La
comisión, compuesta por representantes del Gobierno y también de la sociedad
civil, explica en su informe que el Estado “consideró la identidad gitana como
una amenaza durante más de 500 años” y que su discriminación “se ha mantenido
como una política normalizada y socialmente tolerada”.
El
informe hace un repaso por la historia de esta exclusión, desde los Reyes
Católicos hasta la actualidad, y aunque reconoce —y detalla— el “avance” en
forma de normativa que se ha desarrollado en los últimos años, también hace
varias propuestas con el objetivo de “dar cumplimiento a los principios de
verdad, justicia, reparación y no repetición”.
