viernes, 27 de mayo de 2022

27 mayo 2022 Europa Press (opinión)

27 mayo 2022

 


El Parlament insta al Govern a aprobar un plan estratégico de atención a la víctima de delitos

Asisten al pleno el padre del niño de tres años muerto en La Rambla y el presidente de la Uavat

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de Junts que insta al Govern a impulsar un plan estratégico de atención a la víctima de delitos, "para asegurar que todas las víctimas son reconocidas y protegidas de la victimización secundaria e institucional". La iniciativa, que también reclama que la Generalitat haga difusión del protocolo de funcionamiento de las Unidades de Valoración Forense Integral, ha sido aprobada con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts, CUP, comuns y PP y el voto en contra de Vox y Cs. El texto también llama al Ejecutivo catalán a "potenciar el acceso a la justicia restaurativa a todas las víctimas que lo deseen" y manifiesta la necesidad de involucrar a la comunidad en la resolución de conflictos.

Víctimas de terrorismo

Han acudido al pleno para seguir este debate el padre del niño de tres años que murió en el atentado de La Rambla de 2017, Javier Martínez, y la víctima del atentado de Hipercor de 1987 y asesor de la Unidad de Atención y Valoración de los Afectados por el Terrorismo (Uavat), Robert Manrique, que han recibido el aplauso de los diputados al comienzo de la votación de la moción.

El diputado de Junts y abogado de Martínez, Jaume Alonso-Cuevillas, ha proclamado: "Os aseguro mi compromiso, el de mi grupo parlamentario y espero que el de toda la Cámara, con que la muerte de Xavier no será en vano", tras lo que los diputados han dirigido un largo aplauso a Martínez y a Manrique. Anna Grau (Cs) ha reprochado a Junts no haber aceptado una enmienda para rechazar la revictimización, así como la violencia y la intimidación como métodos de acción política, algo que ha achacado a que "el grupo proponente es de extrema derecha", en referencia a Junts. Sergio Macián (Vox) ha afirmado que la Generalitat tiene como signo de identidad el olvido de las víctimas del terrorismo y la revictimización de afectados por la "violencia etarra o separatista" y ha confiado en que se anulen los indultos para que los independentistas que estuvieron presos vuelvan a la cárcel.

El diputado del PSC-Units Rubén Viñuales ha criticado que busque "dar lecciones Cs al partido socialista, que ha dado la vida de compañeros como Ernest Lluch; que le dé lecciones Cs dice muy poco de cómo ve el mundo su grupo". JUSTICIA RESTAURATIVA Desde la CUP, Basha Changue ha apostado por la justicia restaurativa y por garantizar una especial protección a la víctima destinando más recursos, y ha cargado contra "discursos que buscan la criminalización" de la inmigración.

El diputado de los comuns Jordi Jordan ha apostado por destinar más recursos a la atención a la víctima, y ha recordado que Junts forma parte del Govern, desde el que queda "mucho trabajo por hacer" en el ámbito de la Justicia, según él. Lorena Roldán (PP) ha explicado el apoyo de su grupo parlamentario a la moción, destacando que se trata de una propuesta "de mínimos" para reunir más consenso, como ha señalado Cuevillas.

La republicana Ana Balsera ha destacado que la atención a las víctimas es un asunto capital, y ha puesto énfasis en las de la violencia machista, que deben disponer de una protección que en ocasiones "no ha sido suficiente".

Opinión:

Hoy se cumple año de la sentencia por los atentados de agosto 2017 en Catalunya y ayer, jueves 26 de mayo, la UAVAT estuvo presente en la sesión del Parlament de Catalunya en la que se dio a conocer la propuesta para mejorar la asistencia a las víctimas de atentados perpetrados en Catalunya y a víctimas catalanas que lo han sido en atentados cometidos en el extranjero.

Desde la creación de la UAVAT (y en realidad desde el año 2003 como mínimo) he tenido el honor de presentar diferentes propuestas junto a un excelente equipo de plena confianza. Ayer, por fin, se inició el camino para estudiar la propuesta de una legislación autonómica de atención y asesoramiento a víctimas del terrorismo y de la (RE)apertura de una oficina de atención especializada que, en una decisión errónea basada en unos criterios muy discutibles sobre los llamados recortes, se cerró en diciembre de 2010.

Tras la propuesta presentada por el diputado Jaume Alonso-Cuevillas (abogado de Javier Martínez, también presente en el acto), fue muy emotivo recibir el agradecimiento del pleno de la cámara catalana que, puesta en pie y aplaudiendo hizo público su homenaje al colectivo de víctimas del terrorismo.

Aunque, personalmente, reconozco que dos temas fueron muy importantes: comprobar que la propuesta fue aprobada por unanimidad de la Cámara y escuchar una frase que llevaba décadas esperando oír en sede parlamentaria: “hay que evitar la utilización política de las víctimas del terrorismo”.

Y ahora, un solo comentario más: recordar a algunos de los diputados que ayer estaban en la cámara catalana y que con sus aplausos reconocieron el trabajo efectuado desde 1989 que todavía les estamos esperando en la sede de la UAVAT para que conozcan la realidad del trato recibido por cientos de víctimas de los atentados de agosto de 2017 en Catalunya. Ahora tienen una excelente oportunidad para visitarnos y conocer nuestras propuestas.

Y aclarar un dato: mi cargo en UAVAT es el de asesor y no el de presidente. La presidencia recae en una excelente compañera, la psicóloga Sara Bosch. Colaborar juntos desde 1993 conlleva esas confusiones…

 

 


 

27 matyo 2022 noticiasdegipuzkoa.com

27 mayo 2022 


 

Rechazan aplicar la ‘doctrina Atristain’ de forma general

La Fiscalía se opone a revisar su condena tras el fallo del Tribunal de Estrasburgo

La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que Estrasburgo reconvino al Estado español por cómo condujo el proceso que desembocó en la condena a Xabier Atristain sigue marcando el presente y futuro de los presos relacionados con ETA, que vieron en esta sentencia un hito de cara a una hipotética puesta en libertad.

El TEDH, con sede en Estrasburgo, dictaminó recientemente que no permitir a Atristain elegir abogado cuando fue detenido en 2010 y se encontraba en régimen de incomunicación pudo impactar en su confesión inicial y en el juicio posterior, y condenó a España a indemnizarle con 12.000 euros por daños morales y 8.000 en concepto de gastos y honorarios.

Dos fueron las respuestas con las que las instituciones españolas reacionaron ayer a este fallo. Por un lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció que se opone a aplicar de forma general la ya llamada doctrina Atristain a todos los presos que vieran su paso por los juzgados reflejado en el itinerario que siguió Atristain y que Europa rechaza.

Atristain fue detenido el 29 de septiembre de 2010 y la Audiencia Nacional ordenó su detención incomunicada para no frustrar la investigación para la localización de explosivos

Un abogado de oficio le informó de sus derechos y estuvo presente en las dos declaraciones que hizo, en las que confesó que había "cooperado" con ETA, incluyendo un "intento de secuestro", e indicó dónde se encontraban los explosivos y las armas objeto de la investigación. Pero Estrasburgo sentenció que la imposición de un abogado de oficio, y el hecho de que declarara tras estar incomunicado, pudieron influir en su declaración vulnerando consecuentemente su derecho a un juicio justo.

Caso por caso

El Ministerio Público sostiene que no se puede hacer una aplicación automática de la sentencia de Estrasburgo a supuestos diversos, sino que el análisis ha de llevarse a cabo de manera individualizada, caso por caso, según confirmaron ayer diversas fuentes jurídicas.

Tras esa sentencia, que la Gran Sala del TEDH rechazó reexaminar a petición de la Abogacía del Estado, Atristain salió de prisión el 17 de febrero y las asociaciones de víctimas mostraron su temor de que sea un precedente para una excarcelación masiva de presos etarras.

De hecho, la exdirigente de ETA Iratxe Sorzabal ha invocado el caso de Atristain para solicitar al Tribunal Supremo que revoque su condena a 24 años y medio de prisión por un doble atentado.

La defensa de Sorzabal ha invocado al TEDH en el recurso que presentó hace unas semanas contra la sentencia en la que la Audiencia Nacional la consideró responsable de diversos delitos por un doble atentado perpetrado el 2 de noviembre de 1996 en Gijón contra una farmacia y contra el Palacio de Justicia.

En este sentido, el mismo órgano, la Fiscalía del Supremo, se oponía también ayer al recurso que presentó Atristain ante el Alto Tribunal en el que pide que se revise su condena a raíz de la sentencia de Estrasburgo.

Fuentes fiscales confirmaron que el Ministerio Público ha mostrado su oposición al considerar que no concurren los supuestos recogidos en el artículo 954.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), es decir, que la violación de sus derechos "entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante la revisión".

Una vez que el Ministerio Fiscal se ha pronunciado, el Tribunal Supremo debe resolver si admite o no el recurso de revisión sobre la sentencia que confirmó la condena dictada en su contra por la Audiencia Nacional de 17 años de prisión.

 

25 mayo 2022 Diario Vasco (opinión)

25 mayo 2022 


 

Mila Esker homenajea a tres desactivadores

La asociación de ertzainas Mila Esker realizó ayer en la base de la Ertzaintza de Iurreta una ofrenda floral por la muerte de su compañero el ertzaina Luis Hortelano y los dos policías nacionales José María Sánchez y Manuel Jódar, asesinados por la banda terrorista ETA mientras desactivaban una bomba trampa. Los tres agentes homenajeados perdieron la vida en el barrio de Zorroza, en Bilbao, la mañana del 24de mayo de 1989 al estallarles un coche bomba cargado con un bidón con 20 kilos de amonal y 40 kilos de metralla.

Opinión:

Solo enviar un gigantesco abrazo a Leonor, Eugenia y Gerardo. He estado hablando estos últimos días con Eugenia y es un enorme privilegio seguir contando con su amistad y su cariño.

No hay que olvidar que Leonor desempeñó una excelente labor como delegada en Vizcaya en la ANTIGUA AVT, justo en aquellos años en los que ser delegado de aquella asociación implicaba dedicar muchísimas horas y recursos en atender a todas aquellas víctimas que pudieran necesitar cualquier cosa. Y puedo asegurar que, en aquella década de los noventa, se necesitaban infinidad de cosas. En especial, asistencia, empatía y dedicación.

Y de eso, Leonor iba sobrada…

Ah, perdón, se me olvidaba un detalle: Leonor es la viuda de Manuel y Eugenia y Gerardo son sus hijos.

 

24 mayo 2022 Sur

24 mayo 2022 


 

La Junta informa de los asuntos acordados en consejo de Gobierno este martes

Destacan ayudas a víctimas del terrorismo y el Pacto contra la Violencia de Género

El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebra este martes en el palacio de San Telmo, en Sevilla, su reunión semanal con un orden del día en el que figuran aspectos como las bases reguladoras de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que promuevan acciones en pro de las víctimas de terrorismo, la oferta de Formación Profesional en el sistema educativo para el curso 2022/2023, un informe de situación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su «impacto en Andalucía» o ayudas en materia de agricultura ecológica. La comparecencia informativa arrancará, en directo, a partir de las 12.15 horas.

En el orden del día de la sesión destaca la toma de conocimiento de las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo.

También figura la toma conocimiento de la oferta de Formación Profesional en el sistema educativo para el curso 2022/2023; así como un informe de situación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su «impacto en Andalucía».

El orden del día incluye además un convenio de cooperación educativa tipo entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y las universidades de Andalucía para la realización de prácticas externas en el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), Puntos de Encuentro Familiar (PEF) y Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA).

El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía también abordará la concesión por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de subvenciones de agricultura ecológica incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020;así como la oferta pública para la adjudicación de permisos de caza en terrenos cinegéticos de titularidad pública gestionados por la Junta de Andalucía para la temporada 2022-2023, y de la reducción del canon aplicable a los aprovechamientos cinegéticos.

Igualmente, figura un proyecto de decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural (BIC), el lienzo del prestigioso pintor barroco Bartolomé Estaban Murillo San Pedro Penitente, propiedad de la multinacional Abengoa, expuesto en el antiguo hospital de Los Venerables y cuya posible venta sobrevuela el debate público.

 

 

 

22 mayo 2022 El Correo (opinión)

22 mayo 2022 

 


La Justicia busca que 62 expresos de ETA afronten 11 millones en indemnizaciones a sus víctimas

El informe de la misión del Parlamento Europeo que visitó España revela que la Policía Nacional sigue a 26 etarras que viven en el extranjero

Tras el fin de ETA en 2011 y la entrega de las armas en 2018, la Guardia Civil y la Policía Nacional han seguido trabajando en varias líneas. Buscan a aquellos exmiembros de la banda huidos que tienen causas pendientes con la Justicia y también a los que no han pagado las indemnizaciones a las víctimas que prevén las condenas, la llamada «responsabilidad civil». En concreto, habla de operaciones sobre 62 ex presos y un montante de 11 millones. Poco se sabe de esas investigaciones ya que la Policía las mantiene en una absoluta discreción. Sin embargo, hay nuevas pistas gracias al informe final de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que visitó España el pasado octubre.

El general del servicio de Información de la Guardia civil, Valentín Díaz Blanco, y su homólogo en la Policía Nacional, el comisario general Eugenio Pereiro, explicaron las líneas maestras a los europarlamentarios que aspiraban a arrojar luz sobre los

379 crímenes de ETA sin resolver. Esas directrices policiales están plasmadas en el informe final de la misión, al que ha tenido acceso este diario, y que será pronto público. En él hay cifras y actividades desconocidas hasta el momento. Por ejemplo, que la Policía Nacional «tiene datos sobre 26 individuos» que estuvieron vinculados con la banda y «residen en el extranjero». La Guardia Civil quiere determinar si participaron en atentados para solicitar su extradición.

Los dos cuerpos de Policía mantienen «distintas formas de colaboración internacional» con países de la UE, así como con México, Cuba y Venezuela. En España los responsables policiales reconocen que siguen «buscando armas que ETA no ha entregado».

La Guardia Civil está llevando a cabo una operación para reclamar responsabilidades civiles a miembros de ETA que ya han cumplido sus condenas penales pero que no han satisfecho la parte económica y que suman 11 millones de euros en deudas. Según se detalla en el informe, han adoptado medidas contra 62 terroristas y han actuado sobre 18 inmuebles, salarios de trabajo, cuentas bancarias y vehículos.

La parte más conocida de este trabajo posterior al final de ETA es la ‘operación Damocles’, que llevan de forma conjunta los dos cuerpos policiales y donde «se continúan investigando todos los casos» de atentados terroristas sin resolver. Los agentes trabajan con informes periciales de inteligencia, donde se alternan nuevas técnicas de criminalística y pruebas de ADN. «De hallarse un mínimo indicio, se lleva a los responsables ante instancias judiciales», aseguran los altos mandos policiales. A veces chocan contra un muro. Díaz Blanco reconoció ante los europarlamentarios que «la única manera de investigar afondo todos los atentados es que los terroristas cooperen», algo que nunca ha sucedido.

Prescripción de los delitos

También han experimentado algunos avances significativos en los últimos años. La colaboración francesa abrió «una línea de trabajo en febrero de 2018, que consiste en analizar toda la información facilitada por las autoridades francesas». «Ha supuesto la reapertura de seis casos y la imputación de dos personas. La Guardia Civil ha presentado más de 160 informes sobre atentados sin esclarecer, haciendo especial hincapié en los casos más urgentes porque su prescripción es inminente. Hay 40 casos abiertos en la Audiencia Nacional».

El informe de la comisión contiene estas aportaciones realizadas por los altos mandos policiales y también las recomendaciones que ya han trascendido. Entre ellas, la petición a las instituciones competentes para que consideren «los crímenes terroristas de ETA como crímenes de lesa humanidad». Es una vía para que no prescriban, a juicio de los peticionarios, Dignidad y Justicia, aunque otras asociaciones de víctimas han dudado de que tenga recorrido legal.

Tanto Covite como la AVT recordaron que la legislación española ya contempla la no prescripción desde 2004 y ambas asociaciones consideran que no es posible remontarse más en el tiempo ya que las leyes son, por definición, no retroactivas

Opinión:

Tras la tregua de octubre 1998 presentada por la banda terrorista ETA, solamente aquellos que nos “trabajamos” la Ley de Solidaridad 32/99 tenemos la información directa para poder explicar cuales fueron las negociaciones y las condiciones que el gobierno planteó para redactar y aprobar aquella ley.

Y entre muchos detalles de aquella ley figuraba que el Estado intentaría recuperar las cantidades recibidas por las víctimas mediante la persecución de los terroristas allá donde pudieran ser encontrados, para así poder embargar parte de los ingresos que los terroristas recibieran por trabajos u otras cuestiones.

Por lo tanto, se está haciendo lo mismo que se hace desde principios de este siglo XXI.

 

 

20 mayo 2022 (2) Cadena SER (opinión)

20 mayo 2022 


 

"Esto es lo que escuchan y ven los terroristas": entramos en la unidad de eliminación de propaganda yihadista y de grupos violentos

Toñi Fernández entra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado

Todavía no tiene nombre de manera oficial, ni siquiera está anunciada su creación, pero una unidad de policías y guardias civiles se encarga desde hace algunos meses de rastrear e iniciar el proceso de eliminación de cualquier contenido terrorista, sea yihadista o de grupos de extrema derecha o izquierda. Subrayan que son grupos violentos que nada tienen que ver con los partidos políticos de representación parlamentaria. Entramos en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

El edificio no aparece en los mapas, las medidas de seguridad incluyen aquellos detectores de explosivos que buscan en los bajos de los coches y que nos trasladan a otra época. Las puertas de acceso en cada planta están completamente selladas y frente al ordenador uno de los agentes: "Esto es lo que consume una persona en español que se está radicalizando, esto es lo que le gusta ver". En la pantalla aparecen imágenes de detenciones con giros para intentar hacer creer que no les han hecho daño. También fotografías del metro de Madrid. "Quieren hacer ver que son una amenaza. Lanzan mensajes a otros terroristas que se están radicalizando. Estamos trabajando permanentemente para, por un lado, retirar estos contenidos y, por otro lado, para detener a los que los difunden y a los que los editan".

Son policías y guardias civiles coordinados a nivel europeo para cortar la difusión de este tipo de propaganda lo más cerca posible de su raíz. De poco sirve actuar si su extensión ha conseguido el adjetivo de "masiva".

Yihadismo

El terrorismo yihadista dedica importantes recursos a extender un mensaje que busca adeptos a través de la red. De la pantalla al terror solo a base de clicks. "Para que veáis que cuentan con muchos medios, usan sus infografías, sus imágenes entre 3D en movimiento. Estado Islámico no deja que cualquiera modifique sus producciones", explican. Algunos de sus videos son de gran calidad. Cuentan con productoras propias, otras subvencionadas, traductores y un ejército de followers; así que se trata de buscar, de saber buscar "lo más importante es la capacidad del analista para ponerse en la piel de quien busca ese contenido y de quién lo difunde"

En esta unidad solo se monitorizan canales abiertos. El seguimiento sirve para obtener información -lo que aquí se denomina 'trabajo a nivel inteligencia'- de cara a evaluar posibles amenazas y pedir a las plataformas la retirada de esos mensajes llegado el caso. No hay problema con las grandes tecnológicas, ya que este tipo de contenido va contra sus propias condiciones de uso y, por tanto, son los primeros interesados en protegerse. "Google, Facebook, Twitter. Estos son los grandes prestadores y retiran motu proprio muchos más contenidos de los que nosotros seríamos capaces de notificarles. El problema lo tenemos habitualmente con pequeños prestadores que, a pesar de lo que puedan aparentar, no tienen medios ni personal suficiente para ejercer este control", cuenta el responsable de esta unidad.

El peligro de la propaganda extremista violenta o yihadista es que llegue al gran público. "El peligro es la gran difusión porque es con la que pueden conseguir radicalizar a un porcentaje -aunque sea ínfimo- de personas y llevarlas a cometer un atentado", señalan. Hoy la retirada es un acto voluntario por parte de las plataformas, pero a partir del 7 de junio esa retirada será obligatoria en un plazo máximo de 1 hora. Cada operador podrá elegir entre bloquear el contenido o eliminarlo y es mucho más barato lo segundo.

Suena NSBM, National Socialist Black Metal

Es la perturbadora banda sonora de muchos de los contenidos con que los que la extrema derecha y la extrema izquierda violentas buscan ganar adeptos y reforzar a los ya existentes. Esta banda en concreto, 'Absurd', es alemana, de corte fascista y está catalogada como peligro público. "Lo que sí estamos viendo es que los grupos de extrema derecha violenta están en aumento y miramos a nuestros vecinos del norte de Europa, a EEUU o Canadá para ver qué nos puede deparar el futuro. Tenemos la fortuna de que vamos por detrás y podemos aprender para estar preparados. Lo que está prohibido en Alemania nosotros lo propondremos para su retirada. Lo que está prohibido en Austria, igual" explica la encargada de rastrear este tipo de violencia, dejando muy claro -lo repiten una y otra vez- que estos extremismos violentos nada tienen que ver con partidos de representación parlamentaria.

A la hora de retirar contenido, la línea en los extremismos violentos es más difusa que con el terrorismo. "Hay ámbitos en los que no hay debate ni discusión. Estamos hablando de locos, de terroristas". Con todo, estamos muy lejos de otros países y es complicado que el contagio nos llegue con fuerza. En EEUU el problema es grave... aquí nos aseguran que no.

Antes de abandonar esta unidad, un detalle. El responsable nos desvela que están detectando nexos comunes entre el terrorismo yihadista y la extrema derecha violenta: "Existe una cierta área de solape entre los yihadistas y los grupos neonazis. Difícil de entender, pero los radicalismos al final se tocan".

La buena noticia es que la retirada de esos contenidos y la anulación de sus cuentas les provoca un daño que por el momento son incapaces de neutralizar.

Opinión:

¿Y todo esto no existía en el año 2017?

Lástima.

 

20 maig 2022 La Republica

20 maig 2022 


 

Alex Romaguera, periodista i autor de “Víctimes en so de pau”

“Les víctimes triades resumeixen 50 anys de violència política”

En els darrers cinquanta anys, més d’un miler de persones de l’Estat espanyol han estat assassinades per raons polítiques. El periodista Àlex Romaguera recupera al llibre ‘Víctimes en so de pau’ el testimoni de quinze d’aquestes víctimes

Prevenció inicial

“Inicialment hi va haver una certa prevenció, per part d’algun dels testimonis, d’aparèixer al costat d’altres víctimes en què l’ombra de la persona assassinada té una connotació política”

El punt de partida del llibre és una trobada amb Robert Manrique, víctima de l’atemptat d’Hipercor. Com va anar?

Tot va començar quan Manrique s’adreça al setmanari El Triangle, en què jo col·laborava habitualment. Ell havia rebut la carta de Rafael Caride Simón, d’ETA, en la qual li manife­tava la voluntat de reconèixer el dany causat per l’atemptat d’Hipercor, en què ell havia quedat ferit greument. Vaig quedar amb ell i en vaig fer una notícia. A par­tir d’aquí, em vaig començar a submergir en el món de les víctimes. En un moment, a més, coincideixen dos factors rellevants: d’una banda, el gener del 2011, ETA declara la treva unilateral i verificable i deixa l’activitat armada. Al mateix temps, des de l’oficina d’atenció a les víctimes del govern basc s’impulsen les trobades col·lectives entre víctimes i victimaris. De fet, Maixabel Lasa es veu amb el botxí del seu marit, Juan Mari Jáuregui. A través de Robert Manrique aconsegueixo parlar tant amb ella com amb Mari Carmen Hernández, que és la vídua del regidor del PP de Durango Jesús María Pedrosa.

I què en surt, d’aquelles converses?

Les dues m’expliquen l’objectiu d’aquestes trobades, que s’emmarquen en la voluntat d’apla­ar el terreny per a un procés de reconciliació i d’apropament entre sectors polaritzats del conflicte. Jo vaig seguint el fil d’aquestes trobades, que el 2012 el govern del PP prohibeix, conscient potser que allò desactivava la crispació en la societat basca. També hi ha experiències de trobades semblants a Irlanda del Nord i a Colòmbia. Per a mi, l’element fonamental és que cap al 2014 es produeixen noves trobades, ja de víctimes de colors diversos, i veig que aquests testimonis són rellevants per una dimensió ètica, però també perquè des de la dreta espanyola, a través de les dues associacions de víctimes principals, que són l’AVT i COVITE, es manté un discurs basat en la venjança i l’odi. Considero que cal donar veu a totes aquelles entitats o persones que fan un discurs oposat a aquest, i d’aquí neix el llibre, de la voluntat de trobar quinze persones que des de contextos i vivències molt diferents fan aquesta aportació cap a un model de societat més dialogant i pacífica.

Com va fer la tria dels testimo­nis? Suposo que no devia resultar gens senzill?

Vaig començar amb una llista inicial d’una cinquantena, que la vaig consultar amb Robert Man­ri­que, que m’ha fet d’acompanyant des de l’inici. En tot cas, l’interès, bàsicament, era fer una tria de persones afectades per l’assassinat d’un familiar directe a mans de grups armats molt diversos; és a dir, reconèixer que hi ha hagut violències que s’han expressat des de grups insurreccionals i contra l’ordre establert, i en tres períodes molt delimitats, que són el tardofranquisme, la Transició i el període pròpia­ment democràtic.

I quins objectius es plantejava?

D’una banda, conèixer la violència política de l’Estat espanyol durant aquests cinquanta anys i veure com al marge o independentment de qui havia perpetrat l’assassinat, són persones que tenen en comú que lluny de que­dar-se en la rancúnia pel que han patit, han experimen­tat un procés de resiliència i un compromís en defensa de la pau i la justícia social. El fil conductor que les uneix és la capacitat d’haver integrat el drama a la seva vida personal, però fent-ne un estímul per donar el millor de si mateixes. Vaig pensar que eren persones refe­rents en l’àmbit públic que tenien en comú, d’una banda, el rebuig explícit a la violència expressada en el fet que no hi havia d’haver víctimes de primera ni de segona, que totes han de tenir satisfets els seus drets fonamentals i que han de ser ateses degudament i reconegudes per part de l’Estat. A més, hi ha un altre element fonamental i és que totes elles consideren que perquè tot això es doni, l’Estat ha d’habilitar un marc de convivència just, ha de desfer una arquitectura que està basada en la impunitat i l’oblit d’una sèrie de víctimes.

Ima­gino que, en alguns casos, no deu haver estat senzill convèncer els entrevistats d’aparèixer en un llibre en què hi ha tanta diversitat?

Inicialment hi va haver una certa prevenció, per part d’algun dels testimonis, d’aparèixer al costat d’altres víctimes en què l’ombra de la persona assassinada té una connotació política. Però vaig explicarlos que les unia el principi ètic de reconèixer el dany de l’altre. De fet, tampoc par­tia del no res. Ja hi havia hagut trobades de víctimes d’ETA, dels GAL, fins i tot hi havia hagut la neta del Carrero Blanco. Algunes de les persones que apareixen al llibre ja havien trobat, a través d’alguns actes, un terreny de trobada per compartir.

El llibre també és una prova que la societat i la gent maduren molt més de pressa que els partits?

Les mateixes víctimes posen en valor la capacitat de la societat civil d’establir mecanismes de superació de conflictes. Poso com a exemple les trobades que s’estan produint a Guipúscoa en què es reuneixen veïns que fins ara no es parlaven, fins i tot persones que havien estat activistes d’ETA i d’altres que les havien patit de moltes maneres. Sense dei­xar d’esmentar els dispositius impulsats pels mateixos parlament basc i navarrès amb la presència de les víctimes als entorns escolars. La societat no només està facilitant espais de trobada i diàleg, sinó que, a més, ha aconseguit reconeixements que fins ara no s’havien produït, com el cas de Guillem Agulló, Iolanda González i Carlos Palomino. La societat civil ha estat capaç, amb la seva dinàmica, de situarse al davant de les institucions i els partits polítics. I aquests darrers, que fins ara potser per raons tàctiques o per prevencions no havien actuat, finalment han hagut de ferho. És paradigmàtic el paper de la societat civil. Ja va ser-ho amb Elkarri o Lokarri i ara ho és amb entitats com el Front Social Permanent i el Movimiento por la Paz en l’àmbit de l’Estat, o l’Institut Català Internacional de la Pau o la Fundació per la Pau en el cas de Catalunya. Hi ha tot un moviment que està arrossegant els partits a atendre les diferents casuístiques. Cal posar en valor que en el cas de Catalunya s’ha posat en funcionament la Uni­tat d’Atenció a les Víctimes del Terrorisme, impul­sada per Robert Manrique i Pilar Manjón, per acompanyar les víctimes de la Rambla de Barcelona i de Cambrils, que han estat absolutament desateses per part de l’Estat.

Arribarà el dia en què hi hagi un reconeixement a totes les víctimes, que no hi hagi la distorsió ideològica que denuncia en el llibre?

És molt difícil en la mesura que les mateixes Nacions Uni­des i els principals organismes de drets humans, com ara Amnistia Internacional, estan denunciant que l’Estat espanyol encara no ha fet els deures en un procés de justícia transicional, i això implica posar fi al model d’impunitat i oblit que es va ges­tar durant la Transició. És important remarcar que el 2017 hi va haver la primera trobada de víctimes de la Transició, on es va posar de manifest que hi ha més de 500 víctimes per a les quals no hi ha hagut un procés de justícia ni de reparació. Per tant, fins que l’Estat desactivi els elements que creen un mur jurídic d’impunitat, difícilment es podran reconèixer totes les víctimes. És una de les conclusions del llibre.