13 julio
2026 (10.07.26)
Programa “Tot es mou” de TV3
Entrevista a
Javier Martínez, Presidente de la “Associació 17-A Volem saber la veritat”.
El Estado reclama a víctimas
de los atentados de Barcelona y Cambrils los costes del proceso judicial
Los padres del niño asesinado en La Rambla o el ‘mosso’ que abatió a los
terroristas del 17-A, entre los condenados a abonar los gastos por recurrir la
sentencia
Link: https://www.3cat.cat/3cat/10072026/video/6414622/ (de 11:50 a 12:00 aprox)
12 julio 2026
Asesinaron a 861 personas y ya quedan solo 38 etarras en
prisión
El Gobierno vasco, tras el pacto penitenciario con Sánchez, ha excarcelado a 122 terroristas antes del final de su condena
En 1958 un grupo escindido del PNV, denominado Ekin y de inspiración marxista e independentista, crea la organización terrorista ETA. Es la guerra fría y la Unión Soviética promueve los movimientos revolucionarios de «liberación nacional» a lo largo y ancho del planeta.
El
objetivo final de esta nueva banda criminal es conseguir por la «vía armada» la
independencia de las 4 provincias españolas que forman el País Vasco y Navarra,
así como las tres francesas del otro lado de los Pirineos. Creando la utópica
república socialista popular de Euskal Herría. Su financiación principal era la
obtenida por extorsión, el mal llamado «impuesto revolucionario» y por los
rescates obtenidos por la liberación de secuestrados.
En los
sesenta años de existencia de esta organización criminal cometió 861
asesinatos, el 81,3% de los mismos concentrados en Vascongadas , con 578 y en
la Comunidad de Madrid, con 122. Dándose la circunstancia que durante la
dictadura de Franco cometió 45 asesinatos, el 5,2% del total y durante la
transición y en plena democracia, asesinó a 816 personas, el 94,8% del macabro
total. Tras el franquismo continuó matando, secuestrando y extorsionando. ETA
no solo declaró la guerra a la España franquista, sino que la continuó y la
recrudeció con la España democrática. De hecho hay un periodo de tiempo, el
trienio que va de 1978 a 1980, en el que la banda criminal asesinó a 244
personas, el 28,3% del total de crímenes. En 1981 se produce un golpe de timón
con el endurecimiento por parte del Estado de la guerra contra ETA que se
plasmó en un descenso de asesinatos y secuestros. Marcó un antes y un después.
El sacrifico de 455 servidores uniformados del Estado, es decir el 52,8% de los
crímenes de ETA; guardias civiles (209), policías nacionales (149) y militares
(97) fue un precio muy elevado. La presión de estos colectivos sobre el Estado
hizo que este reaccionara en 1981, marcando un punto de inflexión con una caída
sustancial de los atentados.
El Estado utilizó todos los medios a su alcance para perseguir y eliminar a los terroristas. A veces dentro de la legalidad, otras rozando o traspasando la línea roja. El GAL, que combatió a ETA con sus propios métodos entre 1983 y 1987, fue unos de los instrumentos, además de operaciones clandestinas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios secretos tanto en territorio nacional como en el exterior. Tras el 11-S los Estados Unidos incorporó a su listado de terroristas a ETA y a todos sus satélites: Askatasuna, Gestoras Pro Amnistía, Batasuna, Ekin, Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi ,KAS y Xaki. Fue el mayor apoyo internacional que recibió España en su guerra contra el terrorismo. Superior incluso a la colaboración de Francia que se manifestó de forma tardía
El fin de la banda se precipitó tras el asesinato del Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Ermua, la sociedad vasca se manifestó masivamente en la calle contra ETA, exigiendo su fin. En el resto de España millones de personas acudieron a las concentraciones y manifestaciones hasta en el último rincón de la nación, de repulsa por tan vil asesinato, que personificó en Miguel Ángel el de cientos de muertos que le precedieron. Será durante la última etapa de Rajoy en la Presidencia del Gobierno de España en la que se terminará la pesadilla. En abril de 2017 se anunció el desarme de los terroristas y el 3 de mayo de 2018 se disolvió ETA.
La historia ha continuado en las cárceles y la política. Esta
semana la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado la concesión
de dos nuevas semilibertades a presos de ETA tras la aprobación del tercer
grado y otro 100.2 del Régimen Penitenciario. «Las cárceles continúan
vaciándose de etarras», ha alertado la AVT, que ha calificado de «infamia» que
ya sólo queden 38 condenados en prisión cumpliendo sus penas por terrorismo
clasificados en segundo grado o régimen ordinario. El Gobierno vasco, tras la
cesión de las competencias penitenciarias por parte de Pedro Sánchez en
septiembre de 2021, ha aprobado 122 excarcelaciones de terroristas que cumplían
condena. Una amnistía encubierta fruto de un pacto político.
Opinión:
No voy a opinar sobre algo que muchos ya conocemos y que ya
he comentado, por ejemplo, en la noticia anterior.
Primero, la diferente
vara de medir dependiendo de quien mida.
La segunda, que es evidente que las cárceles
(desgraciadamente) se van vaciando porque se van cumpliendo las condenas según
la aplicación de la legislación que los propios políticos proponen, incluso
cuando tienen mayoría absoluta para modificarla y no lo hacen.
Para el hecho de que alguna sigla que prefiere centrarse en
ello en lugar de contrastar si los terroristas cumplen el tiempo máximo marcado
en la legislación, tengo mi propia respuesta pero me la guardo. Pero es curioso
que quien no estuvo en los jodidos y desesperantes años en los que se cumplía
el Código Penal franquista salgan ahora hablando de estos temas.
Y para los desmemoriados (voluntarios o no)… ¿hablamos de
pactos? ¿hablamos de excarcelaciones? Miren la información más abajo.
Lo dicho, desmemoriados… o no.
12 julio 2026
PP se compromete a reformar la Ley Penitenciaria para
impedir que "los condenados por terrorismo estén en la calle"
La
vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra,
ha anunciado el compromiso del PP para reformar la ley penitenciaria con el
objetivo de "impedir que los condenados por terrorismo estén en las
calles", así como la intención de investigar también "a los autores
intelectuales que impulsaron el terrorismo".
Gamarra
ha participado, junto al presidente de PP vasco, Javier De Andrés, en el
homenaje al concejal popular asesinado por ETA en Ermua hace 29 años, Miguel
Ángel Blanco. En el acto, celebrado en el monolito a las víctimas del
terrorismo, donde se ha realizado una ofrenda floral también ha intervenido la
hermana del edil de Ermua y senadora del PP Mari Mar Blanco, así como el nuevo
presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.
Durante su intervención, Gamarra ha asegurado que al
terrorismo "no lo derrotó una negociación ni la humillación" sino el
Estado de Derecho.
"Hoy
hace 29 años que el Gobierno de España (entonces del PP) no cedió al chantaje.
No cedió a la exigencia y a la ultimátum que ETA puso a la vida de Miguel Ángel
Blanco, que era el acercamiento de los presos condenados por terrorismo",
ha dicho.
Ha
destacado que, sin embargo, 29 años después el Gobierno de España y su
presidente, Pedro Sánchez, "permanecen y están en el poder por haberle
dado a Bildu exactamente aquello que el Estado de Derecho se negó hacer".
"El precio que ha estado dispuesto a pagar por el poder es justo ese, el
de presos por votos, y así es como él se mantiene en el Congreso de los
Diputados y desde ahí en la Moncloa", ha acusado.
Tras
recordar que a Pedro "Sánchez le gusta hablar últimamente de la integridad
pública", ha asegurado que esa ley "intenta blanquear todo lo que ha
ocurrido durante estos ocho años". "Para intentar blanquear con una
ley nada menos que la corrupción ética, moral y política que representa su
pacto con Bildu, que le mantiene en el poder", ha apuntado.
La
dirigente del PP ha asegurado que su partido "no va a blanquear a
Bildu" ni va a "dar por terminada toda esta batalla, porque todavía
queda mucho por resolver". En este punto, ha destacado el compromiso del
PP para reformar la legislación penitenciaria y que "no pueda ser
utilizada en beneficio propio, como hace Pedro Sánchez a través de la política
penitenciaria", que permite que "condenados por terrorismo estén en
las calles". "Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay
colaboración y arrepentimiento", ha dicho.
Además,
ha advertido de que "no se habrá pasado la página de ETA hasta que todos
los asesinatos estén resueltos, todas las víctimas reparadas". "Hasta
que los que asesinaron o los que jalearon a los asesinos con gritos de ETA,
mátalos, hayan pedido perdón y hayan rendido cuentas ante la justicia", ha
dicho.
También
ha anunciado el impulso de reformas "para que la ley electoral no permita
que en las listas puedan ser candidatos aquellos que han cometido delitos por
terrorismo y ni se arrepienten ni colaboran con la justicia".
Asimismo,
ha recordado la existencia de 376 asesinatos de ETA sin resolver, algo que es
"una prioridad de Alberto Núñez Feijóo". Cuca Gamarra ha destacado la
necesidad de "seguir trabajando en el esclarecimiento de los asesinatos"
y no sólo "para sentar en los banquillos a quienes dispararon sino también
aquellos que dieron las órdenes, señalaron a las víctimas y fueron parte de
toda esa planificación de todos y cada uno de esos asesinatos".
"A
esos que hoy son protagonistas de la política española porque Pedro Sánchez lo
ha permitido, pero que durante esas 48 horas (de secuestro de Miguel Ángel
Blanco) no hicieron absolutamente nada. Esto interpela a Otegi, el socio
preferente de Pedro Sánchez, que durante 48 horas no hizo absolutamente
nada", ha apuntado,
Según
la dirigente popular, "a ellos también hay que pedirles
responsabilidades". "Vamos a llegar hasta el final, no vamos a parar
hasta que se sepa todo lo que queda por saberse, hasta que se llegue al fondo
de los autores intelectuales", ha dicho.
Gamarra
ha censurado la "corrupción ética y moral, la corrupción
institucional" de Pedro Sánchez al "haber convertido a Bildu en el
principal aliado del presidente del gobierno".
Amnistía encubierta
Durante
su intervención, Marimar Blanco, ha afirmado que en España "sale más a
cuenta haber matado que haber sufrido" porque "son más respetados
quienes apretaron el gatillo y aplaudían los asesinatos que las propias
víctimas del terrorismo".
"Mientras
las víctimas seguimos suplicando justicia, lo único que recibimos es una
amnistía encubierta o un vaciado de cárceles de asesinos que ni han colaborado
con la justicia ni se han arrepentido de cada uno de los crímenes
cometidos", ha criticado.
Según
ha censurado "esa amnistía silenciosa tiene una firma con nombres y
apellidos, y es el de la consejera socialista de Justicia del Gobierno
Vasco" que "ha convertido su despacho en una puerta giratoria por la
que los asesinos entran condenados y salen a la calle como si nada hubieran hecho".
Ha
acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de "preferir el poder
antes que la dignidad". "Otegi puso el precio, Sánchez aceptó, y
desde entonces la cadena está clara, de Otegi al gobierno, del gobierno a la
consejera, y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en
par", ha señalado.
Marimar
Blanco ha vuelto a arremeter contra la consejera vasca de Justicia, María Jesús
San José, que "ha ofrecido en bandeja los beneficios para salir de la
cárcel" al asesino de su hermano. "A eso el Gobierno lo llama
reinserción, yo aquí lo llamo por su nombre, impunidad, y lo llamo también
cobardía y vergüenza", ha dicho.
Tras
apuntar que "las cárceles que se vacían" mientras hay "silencio
absoluto para las víctimas" ha añadido que "esto es sencillamente lo que
cuesta gobernar con Bildu". "Este Gobierno, pudiendo elegir, ha
elegido ponerse al lado de los verdugos", ha concluido.
Bullying social
Por
su parte, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, ha destacado que
"lo que le costó la vida a Miguel Ángel fue el compromiso con la
libertad", en lo que el PP "sigue trabajando día a día".
Sin
embargo, ha señalado, hay gente que prefiere "sumarse a un mensaje
mayoritario", que "frecuentemente viene acompañado de intimidación,
de agresiones, de control social, de señalamiento".
Ha
acusado a ese sector social de "intimidar a ertzainas" porque "no
les gusta que ellos contribuyan también a la libertad" o de "señalar
a un sindicato obrero, porque no les gusta que se expresen con libertad".
En
este punto, ha afirmado que "todas las semanas" hay casos en los
cuales que se percibe "intimidación, acoso y coacción a aquellos que se
expresan de una forma distinta al modelo totalitario que quiere una parte de la
sociedad". En concreto, se ha referido al ertzaina que tuvo que abandonar
escoltado un partido de fútbol que arbitraba entre insultos y amenazas.
"Eso
es una constante, es lo que vivimos ahora. Seguimos viviendo la intimidación.
Seguimos viviendo un proceso totalitario en el cual hay gente que no quiere que
nos expresemos con libertad", ha apuntado.
Tras
reivindicar al PP como "voz alternativa al modelo totalitario" ha
asegurado que "hoy la sociedad vasca sigue sufriendo bullying, porque en
Euskadi "se quiere coaccionar, se intimida, se señala".
"La
sociedad vasca sufre bullying y hay un problema adicional y es que los que
mandan están del lado de los acosadores en muchas ocasiones, porque son los
socios de quienes acosan. Sufrimos el bullying de una parte de la sociedad y
padecemos que el gobierno no sepa plantarle cara porque son sus socios",
ha insistido.
Opinión:
Es una
prueba de paciencia poder apreciar el grado de olvido que mantienen demasiadas personas
al hablar sobre lo que fue el terrorismo de la banda ETA hace unos 30 años.
Pero para explicar
la realidad, nada mejor que haber vivido directamente lo sucedido y apostar por
la veracidad que aportan los hechos probados, hechos que molestaron allá por
1998 cuando un grupo de víctimas nos dedicamos a pedir explicaciones por cuestiones
que, oh sorpresa, ahora se ofrecen versiones absolutamente interesadas.
NOTA;
Conste en acta que no realizo una valoración política, simplemente aporto datos
contrastados a una situación vivida hace solamente quince años.
Dice la señora
Gamarra que se compromete a reformar
la ley penitenciaria con el objetivo de "impedir que los condenados por
terrorismo estén en las calles", así como la intención de investigar
también "a los autores intelectuales que impulsaron el terrorismo".
Perfecto, una magnífica propuesta que agradará a mucha gente pero que a mí,
personalmente, me despierta una duda que espero alguien me responda.
Hagamos
un ejercicio de memoria electoral.
En las elecciones del 20 de noviembre de 2011, el vencedor de
las elecciones fue el Partido Popular (PP), presidido y liderado por Mariano
Rajoy Brey, que obtuvo en el Congreso de los Diputados una considerable mayoría
absoluta con 186 escaños (32 más que en 2008). Para los que no tengan
los datos en la cabeza, ahí van unos cuantos. El reparto de los 350 asientos fue
el siguiente:
PP: 186 diputados, PSOE: 110 diputados, CiU: 16 diputados, IU:
11 diputados, Amaiur: 7 diputados, UPyD: 5 diputados, PNV: 5 diputados, ERC: 3
diputados, BNG: 2 diputados, CC: 2 diputados, Compromís: 1 diputado, Foro: 1
diputado, GBai: 1 diputado
Esa mayoría absoluta también se pudo constatar en el reparto
del Senado:
PP: 136, PSOE: 48, CiU: 9, PSC: 7, PNV,4, Amaiur, 3 y CC,1.
Una vez vistas las cifras y
confirmando una mayoría aplastante del Partido Popular… los ministros de las
carteras competentes en la cuestión sobre el terrorismo fueron la Vicepresidenta y ministra de la Presidencia, María
Soraya Sáenz de Santamaría Antón, de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, de Defensa, Pedro Morenés Eulate y de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Y ahora la
pregunta. Teniendo mayoría absoluta en el gobierno de España ¿se presentó
alguna propuesta para "impedir
que los condenados por terrorismo estén en las calles” o investigar también
"a los autores intelectuales que impulsaron el terrorismo"? No
recuerdo ninguna, ni tan solo recuerdo que alguna asociación de “víctimas de
ETA” realizara gestión alguna al respecto. ¿Por qué, cuando tuvieron la
oportunidad de hacerlo y aprobar ese tipo de propuestas, no lo hicieron?
La
señora Gamarra sigue diciendo que "solo puede haber beneficios
penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento" pero me da la
impresión que se olvida de lo que ocurrió allá por 1998, que se le olvidan
aquellos años en los que multitud de terroristas accedían a esos beneficios sin
colaborar ni arrepentirse. ¿Alguien me puede decir cuántos de los terroristas
que aparecen en el listado inferior colaboraron o se arrepintieron para obtener
esos beneficios? Hay muchos más, esta es solo una primera relación publicada el
año 1998… y se pueden consultar muchos enlaces que corroboran lo que estoy
comentando. Por ejemplo:
http://www.el-mundo.es/1998/10/03/espana/
http://www.el-mundo.es/1998/12/17/espana/
Nombre y apellidos años de condena entrada - salida ministro que excarceló
José Ramón Artola , 327 (02/09/86 -04/08/02) Acebes;
Enrique Letona Viteri, 311 (09/10/80 -14/05/03) Acebes;
Juan José Larrinaga 211 (28/11/80 -14/05/03) Mayor Oreja;
Jaime Rementería 220 (11/08/83 -08/01/04) Acebes;
Francisco Esquisabel 180 (1310/80 -17/08/02) Acebes;
Jon J. Ugarte 174 (19/06/87 -03/07/03) Acebes;
Juan Carlos Echeandea 172 (26/05/83 -06/07/01) Rajoy;
Luis María Oteagui 162 (28/04/87 -20/06/03) Acebes;
Fidel González García 160 (1905/81 -05/09/00) Mayor Oreja;
Ernesto Alberdi Olano 136 (28/11/80 -15/09/01) Rajoy;
Félix Bengoa , 134 (14/11/80 -21/10/99) Mayor Oreja;
José Ángel Aguirre 133 (28/10/85 -26/05/03) Acebes;
Fermín Ancizar 126 (19/05/81 -23/07/01) Acebes;
Francisco Cabello 120 (05/11/86 -12/02/03) Acebes;
Carlos Recio 114 (25/02/82 -06/03/00) Mayor Oreja;
Juan Nazabal 106 (03/10/79 -20/04/98) Mayor Oreja;
Itziar Galardi 101 (01/03/82 -21/02/02) Rajoy;
Juan María Anza 101 (20/02/82 -18/10/02) Acebes;
Fidel Largacha Arce 99 (25/02/82 -12/06/99) Mayor Oreja;
Fernando Iraculis 99 (30/03/82 -27/11/02) Acebes;
Eugenio Irastorza 96 (28/02/80 -09/09/03) Acebes;
José Antonio Echevarri 94 (09/07/80 -18/01/02) Rajoy;
Jesús Jiménez Zurbano 94 (22/11/88 -31/05/03) Acebes;
Ángel Zabaleta 94 (13/06/89 -08/03/04) Acebes;
Jesús María Ormaechea 88 (08/05/84 -24/01/03) Acebes
Agustín Muiños 88 (16/05/84 -25/02/02) Rajoy;
Manuel Estolaza 85 (05/02/81 -07/07/99) Mayor Oreja;
José A. Pagola 78 (27/06/84 -17/10/03) Acebes;
Ricardo Garciandia 73 (29/10/81 -23/11/99) Mayor Oreja;
Pedro Juan Guridi 68 (14/11/80 -11/04/01) Rajoy;
Miguel Alberdi 68 (06/12/84 -14/11/ 01) Rajoy;
Salvador Areizaga 67 (17/11/81 -12/12/02) Acebes;
José R. Zabaleta 66 (12/12/84 -07/02/03) Acebes;
Gloria María Recarte 65 (29/10/81 -24/11/00) Mayor Oreja;
Sebastián Gonzalo Pajares 65 (25/02/82 -19/11/99) Mayor Oreja;
Jon I. Jaio , 64 (09/06/85 -11/09/03) Acebes;
Juan Manuel González 63 (20/06/84 -04/03/00) Mayor Oreja;
José Luis Merino 57 (28/03/84 -27/09/01) Rajoy;
Coro Eguibar 53 (20/02/82 -05/08/00) Mayor Oreja;
Iñaki Bilbao 52 (06/07/83 -28/09/00) Mayor Oreja;
Vamos
ahora con las declaraciones de Marimar Blanco… advirtiendo que es necesario
hacer un acopio de paciencia porque existe tanta información que solo recogeré
datos de pocos meses después del execrable secuestro y asesinato de su hermano
Miguel Ángel en 1997.
Recordemos
algunos:
Link: https://elpais.com/diario/2006/06/30/espana/1151618408_850215.html
En
este enlace, como en muchos otros de diferentes medios de la época, pueden
leerse noticias como que “el Gobierno de José María Aznar aplicó una política
penitenciaria entre 1996 y 2000, periodo en el que ETA declaró una tregua de 13
meses (de septiembre de 1998 a noviembre de 1999), favorable a los presos
etarras. El PP no puso ninguna condición para hablar con ETA, ni hubo
verificación de que el alto el fuego era real”.
Es más, quien pueda
tener acceso a la revista
de
“Excarcelaciones
Los tres etarras están
condenados a la pena máxima de cárcel por delitos de sangre
Tres
etarras acceden al tercer grado tras condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco
Estos tres presos son Pablo Gómez Ces, José Antonio Carrasco Alba y
Luis Gorriti Pagola. El cuarto es Jesús Aguinagalde Galarraga, que ingresó en
prisión en abril de 1996 y cumple condena de tres años, por detención ilegal,
en el centro penitenciario de Nanclares de
Según el comunicado qiue difundió
Pablo Gómez Ces está en prisión desde agosto de 1989, fue condenado a 61 años de prisión
por el asesinato de un policía en 1983 en San Sebastián, lesiones, detención
ilegal y asesinato frustrado, aunque la condena efectiva es de 30 años.
José Antonio Carrasco Alba ingresó en prisión en febrero de 1987, condenado a 38 años por el asesinato
del guardia civil Alejandro Sáenz Sánchez, en Lasarte (Guipúzcoa) en 1985, por
el ametrallamiento de una patrulla de
Tras el asesinato del concejal de Ermua, Carrasco Alba emitió un
comunicado en el que pedía a ETA que "escuche al pueblo al que dice
defender y entregue las armas". A este comunicado se sumaron Gómez Ces y
Gorriti”.
La señora Marimar Blanco ¿dijo algo
al respecto? ¿Qué diría ahora, suponiendo que conozca la información?
Perdonen la extensión de esta opinión
pero podría alargarme cientos de páginas más si aportara toda la documentación
que teníamos entonces cuando no existía Internet ni la IA ni las actuales facilidades.
Y ahora, por favor, que alguien me
diga si estoy equivocado o, simplemente, es que hay gente que se cree que somos
como ellos y no tenemos memoria. Y lo que más les duele, es que algunos lo
vivimos en primera persona y, por mucho que lo intente, no vanos “a comulgar
con ruedas de molino”.
09
julio 2026
09
julio 2026 Gran Vía Radio
Programa
“Forum cultural”
Agradeciendo
el reconocimiento del propio Josep Pons y haciéndolo extensivo a mi querido
equipo desde los años 90 hasta hoy… Sara, Montse, Eli, Tresa… este es el link
de la tertulia de ayer miércoles
Link:
https://www.youtube.com/live/I4Kv20AD9Rw
09
julio 2026
¿A
alguien le molestaría que se investigara…?
He
tenido la oportunidad de revisar y estudiar al detalle las conclusiones
presentadas por ERC, Junts, PP, PSOE, Sumar y Vox.
Han
sido diez días de lectura concienzuda. Y tras esa lectura y su posterior
análisis, viendo algunas de las informaciones que van apareciendo me atrevo a
presentar la siguiente reflexión desde una hipótesis.
Es
obvio que la banda terrorista ETA (por poner una sigla desgraciadamente conocida)
ya hace mas de 25 años que no atenta en Catalunya. Y digo en Catalunya porque los
atentados conocidos como “17-A” ocurrieron aquí, en Catalunya.
Siguiendo
con la hipótesis, si ETA hubiera cometido los atentados del “17-A” con los
resultados que todos conocemos…
Si
en lugar de ser Abdelbakky Es-Satty un terrorista e imán musulmán hubiera sido
un terrorista con nombre y apellido vasco ¿a alguien le molestaría que se
investigara si está realmente vivo o muerto? ¿a alguien le molestaría que se investigara qué ocurrió
con la furgoneta blanca? ¿a alguien le
molestaría que se investigara porqué recibía 500 euros mensuales desde el
propio Estado por la información que debía aportar? ¿a alguien le molestaría
que se investigara cómo se guardó la cadena de custodia de sus restos? ¿a
alguien le molestaría que se investigara dónde y porqué están esos restos? ¿a
alguien le molestaría que se investigara quien era REALMENTE el confidente en
cuestión?
Si
los autores de los atentados, en lugar de ser unos jóvenes asesinos de Ripoll
hubieran sido unos jóvenes asesinos de (pongan la localidad vasca que
prefieran) ¿a alguien le
molestaría que se investigara cómo habría sido posible que nadie apreciara el
cambio de actitud? ¿a alguien le molestaría que se investigara cómo pudieron
obtener tal enorme cantidad de material explosivo? ¿a alguien le molestaría que
se investigara cómo pudieron obtener más de cien bombonas de butano? ¿a alguien
le molestaría que se investigaran las razones para la descoordinación policial
que existió? ¿a alguien le molestaría que se investigara porqué no se
cumplieron los protocolos europeos en materia de seguridad y de obtención de
material?
Es
más ¿a alguien le molestaría que se examinaran detenidamente las declaraciones
de algunos de los comparecientes sobre la veracidad de las mismas? Tuve el
honor de ser uno de los comparecientes y estaba OBLIGADO A DECIR VERDAD.
De
toda esta hipótesis, sí estoy seguro de algo: que molestaría a mucha gente que algunos
hicieran una exclusiva lectura política de todas esas preguntas a las que se
esperan respuestas. Respuestas para concluir qué errores se cometieron, quién
los cometió o qué situación de descontrol llevó a que ocurrieran y así mantener
el objetivo prioritario de evitar que se repitan.
Hay
muchas más preguntas, pero resumiendo… si en lugar de haber sido un atentado
gihadista hubiera sido un atentado de ETA ¿a alguien le molestaría que haya personas
esperando (o exigiendo) respuestas a todas estas preguntas?
En
cuanto a las conclusiones de cada grupo parlamentario en lo que corresponde a
la asistencia a las víctimas de esos atentados, ¿habrá sorpresa o todo
continuará igual? Para esa pregunta tengo la respuesta, pero permítanme que espere
a la votación.
09
julio 2026 (08.07.26)
La
comisión del Congreso sobre los atentados de 2017 se reúne el martes para
tratar de cerrar sus conclusiones
La
comisión del Congreso sobre los atentados de 2017 en Cataluña votará el martes
unas conclusiones marcadas por el choque entre independentistas y partidos
estatales.
La
comisión del Congreso constituida en febrero de 2024 para analizar los
atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en agosto de 2017 volverá a
reunirse el próximo martes con el objetivo de someter a votación sus
conclusiones, tras una labor de investigación que se ha prolongado durante dos
años y medio.
Hace
unas semanas, los distintos grupos parlamentarios registraron sus propuestas de
dictamen y serán esos textos los que se debatirán y votarán en la sesión del
martes. Si alguna de las propuestas logra el respaldo suficiente, el informe
resultante se remitirá posteriormente al Pleno para su validación definitiva.
Junts
y ERC reclaman que la Cámara reconozca "negligencias" del Estado en
la prevención de los ataques, un planteamiento que rechazan PSOE, PP y Vox,
según se desprende de los documentos de conclusiones a los que ha tenido acceso
Europa Press.
En
sus escritos, Junts sostiene que "una parte de la responsabilidad" de
los atentados se debió a "una negligencia o temeridad de los servicios
secretos" por no transparentar los vínculos del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) con Abdelbaki Es-Satty, el imán de Ripoll (Girona) señalado
como cerebro de los ataques.
Junts
cuestiona la investigación judicial y la muerte del imán
Para
Junts, esos lazos se ocultaron "por una decisión política", al
producirse los atentados a pocas semanas del referéndum del 1 de octubre,
priorizando los "intereses políticos y partidistas" del Ejecutivo del
PP "por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda
la verdad de lo que acababa de suceder".
El
grupo independentista asume la tesis defendida en su día por el comisario José
Manuel Villarejo de que al CNI "se le fue de las manos" su relación
con el imán de Ripoll y responsabiliza a la cúpula del Ministerio del Interior
dirigido entonces por el 'popular' José Ignacio Zoido y a la responsable
política de los Servicios de Inteligencia, la vicepresidenta primera Soraya
Sáenz de Santamaría. Extiende además sus críticas al actual Gobierno de
coalición, al considerar que no se ha procedido a desclasificar toda la
documentación relativa a este asunto.
Junts
llega incluso a poner en duda que el imán falleciera en la explosión previa de
Alcanar (Tarragona) y sostiene que la causa judicial no despejó todos los
"interrogantes esenciales" sobre el "origen, la preparación y
las posibles responsabilidades de los hechos". Por ello, reclama que la
Fiscalía promueva nuevas diligencias judiciales.
Sumar,
por su parte, plantea en sus conclusiones que la Fiscalía General del Estado
valore la apertura de diligencias preprocesales de investigación "como
mecanismo excepcional de satisfacción del derecho a la verdad". La
formación plurinacional aboga por "impulsar la elaboración de un relato
público, oficial, institucional y riguroso" sobre los atentados "como
condición para el cierre emocional colectivo, la dignificación las víctimas y
la prevención de narrativas conspirativas".
ERC
habla de "fallo institucional grave" y pide reformas
ERC
sostiene que el Estado "falló en la prevención" y apunta a una
"posible negligencia en la gestión de la información" que CNI y
Mossos tenían sobre Es Satty, aunque sin llegar tan lejos como Junts. "Sin
afirmar que los servicios del Estado conocieran previamente la preparación
concreta de los atentados, la comisión considera que existen indicios para
apreciar una actuación presuntamente negligente", señala su propuesta.
Según
Esquerra, "La falta de transmisión de información a los Mossos d'Esquadra
antes de los hechos constituye un elemento central de posible negligencia
institucional y evidencia un fallo en los estándares de coordinación, lealtad
institucional y prevención que deben regir la actuación de los poderes públicos
ante amenazas terroristas", lo que configura un "fallo institucional
grave" que, a su juicio, obliga a depurar responsabilidades políticas y a
abordar reformas estructurales para que no se repita un escenario similar.
Junts,
ERC y Sumar coinciden también en reclamar la desclasificación íntegra de la
documentación relacionada con los atentados, una petición que no comparten ni
PSOE ni PP.
Coordinación
antiterrorista y papel de los cuerpos de seguridad
Las
propuestas registradas por los grupos incluyen referencias a la necesidad de
reforzar la coordinación entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los
servicios de inteligencia en materia antiterrorista y de bases de datos. El
PSOE subraya, no obstante, que en los últimos años ya se han producido avances
en este ámbito que deben consolidarse.
Los
socialistas resaltan la "responsabilidad" y "eficacia" con
la que actuaron los Mossos y defienden que la relación entre los distintos
cuerpos policiales y el CNI "se siga sustentando bajo el principio de
lealtad mutua". Plantean además "formalizar los canales
internacionales de alerta sobre personas o entornos de riesgo" y mejorar
la coordinación entre Instituciones Penitenciarias y Fuerzas de Seguridad para
detectar procesos de radicalización en internos.
Sumar
recuerda que el nivel actual de coordinación entre los cuerpos policiales es
muy superior al de 2017, "lo que evidencia que las mejoras eran posibles y
necesarias", y reclama seguir profundizando en esa línea.
En
cuanto a la atención a las víctimas, el PSOE reconoce que la coexistencia de
fuentes de información diversas (judiciales, sanitarias, policiales) ha
provocado "dificultades prácticas" para su identificación completa,
por lo que propone "mejorar los sistemas de coordinación y registro"
y reformar la Ley de Víctimas del Terrorismo para incorporar una
"definición más amplia, inclusiva y material de víctima del terrorismo,
ampliando su reconocimiento, asistencia y protección".
El
PP, por su lado, admite que la radicalización de los autores y la preparación
del atentado frustrado por la explosión de la vivienda de Alcanar, "como
ocurre en muchos casos en los que se actúa con células pequeñas y aisladas, fue
inadvertida por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con
competencias en materia de crimen organizado y terrorismo", incluidos los
servicios de inteligencia (CNI y CITCO). No obstante, remarca que "en
ningún caso se puede pretender que fue un acto de negligencia".
Los
populares insisten en que el imán de Ripoll "no era confidente ni
colaborador" del CNI, la Policía o la Guardia Civil y que el CNI "no
tuvo la más mínima responsabilidad" en los atentados, como tampoco
"la tuvieron los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía o la
Guardia Civil".
El
PP quiere que conste igualmente "el uso partidista de la información"
por parte del entonces presidente catalán Carles Puigdemont, que negó que los
Mossos hubieran recibido la alerta emitida en mayo de 2017 por la CIA sobre un
posible atentado en Las Ramblas cuando posteriormente se acreditó que sí se
había remitido.
Polémica
por los bolardos y valoración de Vox
Además,
los populares subrayan que, pese a mantenerse el nivel 4 de alerta
antiterrorista y a que la Policía había propuesto para las Navidades de 2017 la
instalación de obstáculos en zonas de gran afluencia como medida preventiva,
esa protección no se aplicó en Barcelona.
Vox,
en línea con el PP, recuerda que la comisión parlamentaria se impulsó a
instancias de Junts y ERC y concluye que sus trabajos no han aportado elementos
novedosos ni han permitido confirmar "ninguna de las graves sospechas que
justificaron su impulso".
"Por
el contrario, sus trabajos han servido para confirmar la solidez de las
investigaciones policiales y judiciales desarrolladas en su momento y para
evidenciar la falta de fundamento de muchas de las acusaciones que durante años
se han vertido desde determinados ámbitos políticos", recoge el texto
presentado por Vox.
