14
julio 2026 (06.07.26)
Entrevista
a Àlex Romaguera
Álex
Romaguera es periodista especializado en temas de derechos humanos y la memoria
histórica. Entre otros trabajos, ha escrito el libro, en catalán, “Victimes en
so de Pau”, (Pagés Editors, 2021), siendo entrevistado para esta revista con
tal motivo por Marc Casanovas. Ahora vuelve con el tema de las víctimas desde
otra perspectiva, muy interesante y necesaria, como es la jerarquización de las
víctimas y la dinámica excluyente de muchas víctimas, entre otras, las que lo
fueron del denominado terrorismo de Estado, o a consecuencia de la violencia de
los grupos policiales, parapoliciales y extrema derecha cobijada por los
aparatos del Estado. El título es significativo y da cuenta del contenido:
Víctimas SA. (Txalaparta, 2025). Detrás de este nombre aparentemente comercial
hay una estrategia y práctica política, con muchos tentáculos en todos los
ámbitos del Poder.
Begoña
Zabala. El título ya nos da una pista de por dónde va a ir este libro, pero me
gustaría saber qué es lo que te lleva a tí a entrar en el tema de las víctimas
del terrorismo y qué es lo que pretendes desvelar con esta cuasi denuncia del
titular.
Alex
Romaguera. Sobre el año 2011-2012, tuve contacto con Robert Manrique, una de
las víctimas de Hipercor, que lleva muchos años discrepando de la línea de la
AVT (Asociación Víctimas del Terrorismo), y de la dirección política del
colectivo. En ese tiempo él estaba en contactos y reuniones con Rafael Caride
Simón, autor material del atentado y me acercó a través de su experiencia a
toda una realidad de víctimas, de personas que tenían una posición muy
diferente al relato oficial de la asociación. Sobre todo tenían en común,
aparte del sufrimiento, una segunda victimización o revictimización, que era el
desprecio y el ninguneo, por parte de las autoridades al no reconocerlas como
víctimas. O que, en su recorrido vital, como familiares, como víctimas, no
habían tenido los tres derechos fundamentales que están establecidos para
Naciones Unidas desde el 1997, que son los principios esenciales del derecho a
la verdad, la justicia y la reparación, también conocidos como lo “Principios
de Joinet”.
Además,
vi que había un colectivo de víctimas que estaba muy invisibilizado y que
apenas tenían voz en el relato oficial. Eran las víctimas causadas por los
aparatos del Estado, por la extrema derecha, por los GAL, incluso algunas
víctimas de ETA, que por sus posiciones progresistas, también habían sido
apartadas, por parte de las autoridades, y muy silenciadas o, incluso,
criminalizadas, por defender el diálogo.
Al
observar que hay una realidad invisibilizada o silenciada, por los grandes
medios, veo que debo hacer un libro para explicar esto, y así nace Víctimas SA.
Su finalidad es constatar cómo desde la derecha y la extrema derecha, pero en
su momento también, en parte, por los partidos dinásticos del Estado del
régimen del 78, se construye una narrativa en torno a la violencia, que
justamente ampara a las víctimas de los grupos insurreccionales que se
opusieron la transición, pero ningunean, arrinconan y silencian toda otra serie
de vulneraciones, que son las cometidas por el propio Estado, por la guerra
sucia, por los grupos parapoliciales, etc. A partir de ahí nace mi análisis de
conocer que hay unas víctimas invisibilizadas, es decir, ¿por qué están invisibilizadas?
Porque se construye una arquitectura legal que solo da amparo a una violencia.
Este
tema lo analizan muy bien Jon Mirena Landa y Carlos Martín Beristain, que
desvelan que la ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas
del terrorismo es una petición que hace la AVT, que además interviene en su
redactado, y es la que Aznar impulsa en ese año. Ya solo está pensada para
proteger, amparar, reconocer y dar atención a las víctimas de ETA. Y
secundariamente a las de los GRAPO y del Jihadismo.
A partir de ahí, obviamente, se sienta una
jurisprudencia determinada y un marco que, ya de entrada, contraviene, lo que
establece el convenio internacional para la represión del financiamiento del
terrorismo, que es una normativa aprobada por la Comunidad Europea, el mismo
año 1999 y que el Estado Español ha ratificado. En ella se dice que las leyes
sobre terrorismo tienen que atender, no solo a las víctimas de los grupos que
han atentado o que combatían con las armas contra el orden establecido, el
orden constitucional o legal, o el status quo, que son las que califica el
estado de terrorismo, sino que también tiene que considerarse terrorismo las
acciones perpetradas por los mismos cuerpos policiales del Estado. Hay que
equiparar y todas las vulneraciones tienen que tener el mismo rango de
reconocimiento y de atención.
Por
lo tanto, la ley 32/1999 ya nace con esta anomalía democrática, con este
déficit o carencia, que solo reconoce unas víctimas de la violencia ocurrida en
el Estado desde el tardofranquismo hasta la actualidad, y deja sin ese
reconocimiento a muchas otras. En 2011, con la ampliación de la ley, mediante
la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral, ya incorpora a algunas
víctimas de la guerra sucia. Por ejemplo, dice que se tienen que reconocer a
las víctimas del GAL también, las de grupos de extrema derecha…, pero, aun así,
a todas estas víctimas el Estado les ha negado las prestaciones y las indemnizaciones
con el argumento de que eran victimarios, ya que habían empleado la violencia
para combatir. Por lo tanto, aunque la ley dice intentar acomodarse, hay una
inequidad brutal.
B.Z. Si bien la historia de las asociaciones de
víctimas del terrorismo es de larga historia, yo creo que es interesante hacer
hincapié en la historia más reciente a la AVT (Asociación Víctimas del
Terrorismo), desde principio de siglo, y, como señalas, desde la ley de 1999 y
los siguientes hitos de su evolución y
del desarrollo legislativo que se ha ido produciendo en este tema,
especialmente, cuando está en el gobierno del Estado la derecha.
A.R.
Tras el atentado contra Miguel Ángel Blanco de 1997, la AVT encuentra el
contexto social favorable para presionar al nuevo gobierno de Aznar, para que
promueva la ley, y aquí ya tiene una primera conquista o un primer hito, ya que
consigue que la ley se acomode a sus postulados. Después, tras el acuerdo por
las libertades y contra el terrorismo del año 2000, que pactan PP-PSOE en el
2001, nace la Fundación Víctimas del Terrorismo, que es el ente estatal, donde
a modo de paraguas, se cobijan todas las asociaciones reconocidas del Estado,
que serían unas 30 ó 35. Entonces el tándem PP-PSOE le asignan la presidencia
Ana María Vidal-Abarca, que fue la fundadora en el año 1981.
Con
este paso le confieren, de alguna manera, el estatus de entidad de referencia.
Y así empieza la nueva andadura de la AVT. Tras el abandono de Ana María
Vidal-Abarca como presidenta. En la primera junta están Daniel y Luis Portero,
hijos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que murió
en atentado de ETA y ya se entrevé cómo el ala dura del PP está detrás para que
esta entidad empiece a girar su posición y salir de la equidistancia que había
mantenido hasta entonces. A partir de ahí va a empezar a extralimitarse en sus
funciones. Se ve muy claro, por ejemplo, cuando en mayo de 2003, ante los
comicios vascos para el Parlamento, Luis Portero, como presidente de la AVT,
difunde un comunicado recomendando a la población vasca que vote a partidos
constitucionalistas, que eran el PP, el PSOE y Unidad Alavesa.
Es
la primera vez que ya se constata que hay un giro. Y, por tanto, la AVT ya deja
de ser la casa común de las víctimas, y ahora es por las víctimas de ETA,
básicamente. Y esto se acaba de apuntalar el año siguiente, en el 2004, cuando
entra Francisco José Alcaraz como presidente.
Alcaraz,
que era una persona ya muy escorada a la derecha, (perdió a dos sobrinos en el
atentado del 87, en la casa cuartel de Zaragoza) con el apoyo del PP empieza lo
que se llama la Rebelión cívica. Esta es una estrategia para decantar a la AVT
hacia posiciones cada vez más conservadoras, apuntarse a la teoría de la
conspiración, que algunos medios de comunicación hacen tras la entrada en el
gobierno de Zapatero, acusándole de haber aprovechado los atentados yihadistas
del 11M de Madrid para auparse en la Moncloa y desbancar al PP. Así con el
apoyo, sobre todo, del ala dura del Partido Popular, empieza toda una
estrategia destinada a deslegitimar al nuevo Ejecutivo socialista. También
cuenta con el apoyo, especialmente, de la Conferencia Episcopal y de grupos
ultracatólicos, como Hazte oir, para oponerse a cualquier medida legislativa de
corte progresista. Este es el momento en que, contraviniendo sus propios
Estatutos, que en su artículo 3 dice claramente que su función es atender a las
víctimas y darles apoyo social y apoyo psicológico y declararse como una
organización apartidista, confesional y apolítica, empieza claramente a hacer
manifestaciones contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y contra
la ley de matrimonios homosexuales. Así seguirá con otras medidas.
En
términos penales y de políticas de criminalización empieza toda una ofensiva
para perseguir a gente del mundo de la cultura que se manifieste contra otro
modelo de sociedad. También durante ese periodo hay cantidad de querellas
contra grupos o contra Ayuntamientos que contratan a grupos vascos de música y
a personas del mundo de la cultura. Hay una campaña contra Luis Medem por la
película La pelota vasca; otra ofensiva contra los obispos vascos, José María y
Juan María Uriarte, porque apuestan por una solución democrática; hay artistas
que son perseguidos y prohibidos como Berri Txarrak, Sociedad Alcohólica,
Betagarri, Fermín Muguruza; Incluso se personan en la causa contra los
directivos de Egunkaria.
Toda
esa trayectoria dura hasta 2008, y ya en este periodo de cuatro años se ve cómo
todos los sectores progresistas se van desmarcando de la AVT, pues consideran
que está contraviniendo y vulnerando sus
propios estatutos. Es en estos momentos donde aparecen con mucho protagonismo
Pilar Manjón y Gorka Landaburu, que en este momento lidera el Grupo Vasco de
Víctimas del Terrorismo y algunas delegaciones autonómicas, como la andaluza o
la catalana. Son delegaciones de la AVT de ámbito autonómico provincial que se
desmarcan de la línea oficial. Hay una fractura clarísima e incluso Ana María
Vidal-Abarca, como vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo,
hace unas declaraciones diciendo que esta no es la AVT en la cual ella había
pensado. Aunque ella es una persona ultracatólica y muy españolista, ve que la
AVT está muy escorada y está siendo utilizada por la derecha para erosionar al
Partido Socialista y, sobre todo, para entorpecer todos los procesos de diálogo
y negociación que Zapatero abre en relación al conflicto vasco. Y desde
entonces la AVT ha seguido esta senda, manteniendo esta actitud de lobby al
servicio de los intereses de los partidos de la derecha
B.Z.
Y ahora, ¿en qué momento piensas que está la AVT? ¿Sigue esa misma línea o se
está dando una nueva situación con la entrada de VOX en los gobiernos de las
Comunidades Autónomas de la mano del PP?. Y en este sentido, se ve cómo el
papel y el juego político del PSOE también ha sufrido un desplazamiento de
posiciones que es interesante analizar.
A.R.
Desde luego la AVT es una pieza clave en la ofensiva reaccionaria que tiene
lugar en el Estado español protagonizada por PP y VOX y varias entidades de
corte ultracatólico reaccionario desde Hazte Oir, Manos Limpias hasta Grupos de
extrema derecha. Forma parte de ese conglomerado en la medida en que utiliza el
dolor de las víctimas para atacar a toda la izquierda y para imponer una
narrativa en torno a lo que ha acontecido en el Estado español, hasta el punto
de dar apoyo a la ley de concordia. Me refiero la ley que PP y VOX están
aprobando en aquellas Comunidades Autónomas donde gobiernan derogando la ley de
memoria democrática de 2022 que impulsó Pedro Sánchez. Lo que está haciendo es
arrogarse la representación de las víctimas y utilizarlas como ariete de esa
ofensiva reaccionaria, vinculando a las víctimas con personas que tienen un
ideario determinado.
La
AVT está en esa lógica, incluso cada vez más, de carácter político y escorada a
ese ideario que recoge, de alguna forma todos los principios del movimiento. A
favor de la familia, con actitudes en sus manifestaciones muy castrenses,
vinculada con los sindicatos policiales más reaccionarios o más
ultraconservadores y comprando e instando a esa narrativa totalmente
guerra-civilista. Hasta el punto de que en las pasadas elecciones estatales
hizo suyo el lema “Que te vote Txapote”, aplaudiendo a los grupos de VOX y de
PP.
Con
cualquier motivo, o en cualquier dialéctica política sacan a relucir la
existencia de ETA, que según dice está representada en las instituciones por
los diputados de EHBildu. Del mismo modo
que denuncian un supuesto pacto de las fuerzas nacionalistas con los
socialistas para desmembrar la unidad de España. De ahí que se opusiera también
al referéndum catalán del 7-N de 2019 y al del 1 de octubre de 2017, ante los
cuales suscribió los manifiestos impulsados por la Sociedad Civil Catalana y
otras plataformas españolistas.
Esta
es una de sus divisas. Y la otra, que yo pienso que incluso se está viendo más
en los últimos años, es la de apuntarse a un discurso netamente islamófobo.
Después utilizan el discurso reaccionario de que los progresistas lo que
quieren es diluir la identidad española, incorporando y regularizando
inmigrantes, a toda una comunidad que, según la asociación atenta contra la
identidad y la seguridad de los españoles. Es realmente curioso, porque, pese a
que Maite Araluce, hija de una víctima de ETA, es la actual presidenta, tienen
como presidenta de honor a Ángeles Pedraza, madre de una chica muerta en el
atentado de Atocha del 2004. De esta forma, la exhiben a ella como una de las
víctimas de este islamismo que va arraigando. Así terminan diciendo que gracias
al buenismo de la izquierda de favorecer que el Estado español acoja a la
comunidad musulmana, ésta en las mezquitas vende su discurso islamista. Con ese
cóctel, van atizando el odio y lo van utilizando políticamente para demonizar y
estigmatizar a la izquierda.
Esto
ligado al hecho de que, con el ministro Grande-Marlaska se termina con la
política de dispersión de los presos, formalmente, y coincidiendo con el
acercamiento de algunos presos significativos, vuelven a salir a la palestra
para decir que es un atentado al honor de las víctimas y a su dignidad. Hasta
tal punto llegan, que la AVT le retira a Grande-Marlaska la Cruz de la
Dignidad, acusándole de acercar a los presos y de legitimar así la lucha ETA. Y
eso que, por supuesto, es una medida exigida legalmente por la legislación
penitenciaria.
B.Z. La idea de puertas giratorias que planteas en
el libro, pero en el sentido político institucional, más que en el económico
clásico de las grandes empresas, me parece una idea importante, de cara a
destapar estas prácticas de utilizar las instituciones para intereses propios
partidistas, lo que rompe totalmente con la idea super-repetida de sociedad
civil.
A.R.
Sobre todo la figura que más está haciendo esto para dar la voz a la AVT y
acompañando este discurso es Días Ayuso desde Madrid. Hay que ver cómo ha
incorporado en esta dinámica de puertas giratorias en los puestos directamente
políticos en las instituciones a muchos representantes de la AVT. Desde el 1999
hasta ahora, tiene 4 o 5 diputados que son de las juntas de la AVT más
conservadoras.
B.Z.
Además de los entramados organizativos y de la esfera político-institucional,
toda la arquitectura jurídica que se está armando, me parece alarmante y
peligrosa. Dado, además, que está llevando a una práctica policial-judicial
inusitada, que de forma permanente se está denunciando porque parece que pone
en cuestión de la universalidad de los derechos humanos y de los derechos
específicos de las víctimas, sin jerarquizarlas ni excluirlas por
posicionamientos ideológicos.
A.R.
Ellos están al servicio del proceso de involución y del blanqueamiento del
franquismo y están reseteando algunos de los principios fundamentales de esa
trilogía de Dios, patria y familia que son para ellos los tótem que hay que
defender. Cualquier iniciativa a favor de la familia tradicional, pues ahí
aparece el militarismo, con alusiones al autoritarismo, a esa mirada
decimonónica reaccionaria que ha incorporado la AVT también con los años. Es también esa liturgia del canto de la
muerte en algunas manifestaciones de los legionarios, o la izada de la bandera
en algunas protestas y concentraciones. Incluso miembros de AVT han ido a
manifestaciones de JUSAPOL, que es el sindicato de policías promovido por VOX.
Están
en esa lógica de confrontar y debatir utilizando el dolor de las víctimas, las
víctimas son incuestionables. El hecho de que han perecido en este áurea de la
verdad las pone en la primera fila. Es como decir: “nosotros somos los que
hemos padecido todas las políticas de la izquierda y, ahora, los victimarios de
todo esto, los enemigos de España están pactando con el PSOE”. Sustentan ese
discurso totalmente maniqueo de buenos-malos de que solo hay unas víctimas y
una sola verdad y en esa lógica de la ley de concordia van también equiparando
a las víctimas del franquismo con las que supuestamente hizo la segunda
república. Así intentan tergiversar la historia y reescribirla.
Con
respecto a la ley de 1999 ha que señalar que después de una ampliación y una
actualización en el 2011, continúa estableciendo en sus bases una primera
categoría de víctimas, de las que resultan de las acciones que son las
cometidas por los grupos insurreccionales o grupos que atentaban contra el
orden establecido, dejando en un segundo plano las causadas por los GAL y la
extrema derecha, y sin ningún tipo de reparación ni reconocimiento las
perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado y otros funcionarios
públicos.
En
la medida en que la sociedad civil y la izquierda han abierto alguna línea de
investigación y reivindicación respecto al pasado y a la Memoria, y eso incluye
las fosas comunes, los niños robados del franquismo, las empresas que se
enriquecieron con el trabajo esclavo, siempre ha salido la AVT haciendo un eco
de lo que dicen los partidos de la derecha: “No tenemos que mirar el pasado, no
tiene que haber otra vez este discurso de las dos Españas, abriendo heridas.”
Su relato viene a poner en evidencia que la transición no se ha hecho en
términos de justicia transicional y así se ha favorecido el que los aparatos
económicos, políticos y judiciales y las estructuras procedentes del franquismo
se perpetuaran. Y no hubo depuración en caso alguno. Así, cualquier iniciativa
que discrepe de que la transición fue modélica y pacífica, y que estamos en la
España de la que todos nos dotamos, es rápidamente demonizada. Y, aunque el PP
votó en contra, ahora exhibe la Constitución diciendo que no se la toque pues
fue la que permitió el reencuentro de los españoles. Por lo tanto, hablar del
pasado es hacer heridas. Así estamos en esta situación en que, mientras que
algunas víctimas fueron reparadas hay otras muchas que hoy continúan sin el
debido reconocimiento.
En
este tema el PSOE siempre ha hecho un juego de equilibrios. Tiene un segmento
de gente que proviene del viejo falangismo, de ese falangismo que se acomodó a
la nueva situación de la transición, pero no que no tiene visos de que
realmente hiciesen una ruptura con lo anterior. Estamos en esa dinámica. La de
esa derecha intentando retrotraernos a esa España oscura, autoritaria, de los
buenos/los malos, las víctimas/los victimarios, dicotómico, y una izquierda
representada por el PSOE que dice por un lado “te reconozco a Txiki y Otaegi, o
a Yolanda González, te reconozco a algunas víctimas”, pero después no hace lo
mismo con otros casos. Por ejemplo en 2005, José Bono, Ministro de Defensa hizo
desfilar en la Castellana el 12 de octubre, día de la hispanidad, a miembros
del bando republicano con otros de la división azul. O que ahora Marlaska se
opone a la reivindicación de Barcelona la comisaría de la Vía Laietana sea
reconocida como sitio de memoria. Y señala que es un espacio que ejemplifica la
democracia de España, la policía al servicio de los ciudadanos. Hay un sector
del PSOE, que son los viejos capitanes Marlaska, Margarita Robles u otros que
influyen desde la sombra, como José Bono, Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra o el
mismo Felipe González, que son los que frenan esas iniciativas.
Incluso
en la ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2007, con el Gobierno de
Zapatero y también en la reciente Ley de Memoria Democrática de 2022, las
enmiendas que presentaron izquierda Unida, Esquerra, Bloque,… no fueron
reconocidas por el PSOE, porque iban un poco más allá. Respecto al pasado,
respecto a los crímenes del franquismo, eran mucho más contundentes.
Así
hay que ver que los crímenes del franquismo los están dirimiendo en Argentina,
por parte de la jueza Servini. Pues esto es una anomalía democrática a ojos de
la Comunidad Internacional, y de los relatores de Naciones Unidas, indica que
el Estado Español tiene muchos deberes por delante en materia de memoria. No
podría homologarse como una democracia.
B.Z.
En ese sentido es importante señalar que existe una normativa internacional
importante que muchas veces no es aplicada, con las excusas suficientemente
rebatidas de la prescripción, de la ley de Amnistía, de la pertenencia a
determinadas organizaciones armadas…..
A.R.
En el libro, por ejemplo, identifico algunos episodios importantes en ese
sentido. Por ejemplo, cuando se legaliza a EH Bildu y Sortu, se activa la AVT
diciendo que esto es un insulto a las víctimas. Después en el 2012, cuando el
tribunal de Estrasburgo deroga la doctrina Parot, sale la AVT acusando a Rajoy
de venderse y de no ser suficientemente contundente incluso le conmina a que
España salga del Convenio Europeo de DDHH por haber aceptado que se insulte a
las víctimas tras esa sentencia. También
en el año 2018, cuando prospera el recurso de Otegi, en el caso Bateragune, y
el Tribunal Europeo sentencia declarando nulo el proceso que se siguió contra
él por falta de imparcialidad, la AVT lanza comunicados diciendo que es una
vergüenza que Europa exonere a Otegi porque es un terrorista. Después en el
2020, cuando la AVT lanzó su proyecto de Carta Europea de Víctimas del
Terrorismo recibe otro varapalo, y en ese sentido, la agencia de DDHH de la UE
le dice que dicha carta atenta contra las libertades al señalar como enemigos
de la sociedad a las fuerzas progresistas, a las ideas libertarias, e incluso a
las propias sociedades de países del mundo musulmán y de los países árabes.
Podemos
ver que la AVT tiene ese interés de ser un lobby al servicio de las ideas más
reaccionarias. Aquí lo hace intentando
condicionar a la magistratura y a los jueces, y lo hace en la UE a través de la
Red Europea de Asociaciones de Víctimas más conservadoras, presionando a través
del Parlamento y de la Comisión para que legisle de forma contundente contra la
disidencia política.
Es
muy interesante ver el papel que está teniendo esa asociación que, claro, ya se
ha convertido en parte del bloque de la derecha y de la ultraderecha. De alguna
forma, cuando nació en el año 1981 por iniciativa de víctimas de ETA, su misión
era legislar para amparar a las víctimas que tuvieran esa condición, pero,
escudándose en las víctimas, se ha convertido en el buque insignia de la ultra
derecha.
Begoña
Zabala forma parte de la redacción de Viento Sur.
