15 abril 2026 (11-04-26) El Mon (opinión)

 

15 abril 2026 (11.04.26) 

Dos ex colaboradores de la Guardia Civil añaden más sombra sobre la figura del imán del 17-A

Nueva sesión de la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados, que espera localizar tres testimonios clave

Dicen que las comisiones de investigación parlamentarias no son efectivas ni eficaces. Pero, como ocurre en la física popular, siempre hay una excepción que confirma la regla. Este es el caso de la comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto del Congreso de Diputados, que el martes vuelve a celebrar una interesante sesión, no solo por el compareciente que está previsto que declare, sino por el debate interno que existe en la comisión sobre cómo hacer comparecer a cuatro personas. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pone obstáculos y hay dificultades para localizarlos y convencerlos de que expliquen a los diputados lo que no dijeron en la instrucción judicial del caso. Hechos que ahora han explicado de manera extraoficial a abogados de las víctimas y a El Món.

El caso es que la comisión sigue adelante, aunque a menudo a trompicones y con el impulso de los diputados Pilar Calvo, de Junts, y Jon Iñarritu, de HB Bildu, que arrastran al PSOE y los Comuns en sus objetivos. La prueba es la cantidad de material desclasificado y algunas de las intervenciones de varios comparecientes después de casi dos años de trabajo. Un conjunto de indicios y datos que han servido para aclarar episodios turbios de un caso con una investigación entorpecida por el 155. Y son datos que han añadido más sombra sobre el papel del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, considerado el cerebro de los atentados.

Dos conversos que colaboraban con los servicios de información de la Guardia Civil

Cuanto más se sabe del personaje, más hechos incomprensibles aparecen y se refuerza la tesis con la que trabajan los grupos, entre la imprudencia y la temeridad del Estado de dejar fuera del radar al imán. Precisamente, este punto es donde hay un debate vivo entre los integrantes de la comisión. Por un lado, por la citación del que habría sido el agente oficial de relación con Es-Satty en Ripoll. Y, por otro lado, respecto a dos conversos–que casualmente ya han dejado de serlo– que fuentes de la investigación definen como colaboradores de los servicios de información y que, aunque han ofrecido datos interesantes a representantes de las víctimas después del juicio, esquivan su comparecencia en la comisión. A todo esto, hay que añadir detalles de documentos sobre Es-Satty que no hay manera de que lleguen a la comisión, como su informe de vida laboral, para corroborar su contratación fraudulenta en una hípica de Camprodon después de salir de prisión.

Declararon como testigos protegidos y se contradijeron

Junts quiere convencer al resto de grupos de convocar a dos conversos, es decir, dos personas de nacionalidad española que se convirtieron al Islam y que se relacionaron estrechamente con el imán de Ripoll en la mezquita de Castellón cuando salió de prisión. Dos personas que se dieron cuenta de las veleidades yihadistas del imán y, lo que es más grave, de sus ideas para cometer alguna «acción o atentado» en España.

Estos dos conversos pasaron de puntillas por la vista oral que presidió el magistrado Félix Guevara, en calidad de testigos protegidos, es decir, sin mostrar el rostro y ocultando su identidad pública, y explicaron versiones contradictorias sobre el contenido de los encuentros con el imán. Son C.M, Murat, en su renombramiento en árabe, y A.F. o Rashid. Ambos con un número absolutamente coincidente de DNI, salvo casualmente la última cifra, aunque según los datos de filiación, a los que ha tenido acceso este diario, nacieron con seis meses de diferencia. Uno de ellos ya no vive en Castellón y el otro sigue residiendo allí, pero esquiva dar explicaciones a la comisión alegando que es una «etapa que cerró».

Unidos por el ramadán

Ambos practicaban sus rituales siguiendo la liturgia de la mezquita Nur de Castellón. La asociación que regentaba el templo fichó al imán durante el ramadán de 2014, temporada en la que los dos conversos establecieron un estrecho vínculo con Es-Satty, ya que iban a su casa «a arreglarle el ordenador» y, tiempo después, ya entre tres y seis veces a la semana. Incluso estuvieron en la casa de Alcanar durante una campaña de cosecha de la naranja. En su declaración ante el servicio de Información de la Guardia Civil durante la investigación, detallaron la manera «sutil» con que hablaba de los «asuntos relacionados con la yihad», un movimiento que «no solo le parecía bien, sino que lo defendía». Incluso especificaron a la Guardia Civil, el 22 de agosto de 2017, que el imán les había comentado que sería necesario hacer «un atentado o acción en España». De hecho, les mostraba vídeos de atentados por parte de varios movimientos yihadistas, especialmente del Estado Islámico.

También informaron al servicio de Información de la Guardia Civil, que ya había visitado al imán en prisión, que el imán les había comentado que un compañero suyo de piso cuando vivía en Cataluña fue quien cometió un atentado en Irak, estrellando un camión contra militares italianos en un ataque que causó 23 muertos. La sospecha de los dos conversos era que el imán era seguidor de Abu Mohammal Almadosi, a quien definen como una «persona sádica y extremadamente radical». De hecho, la declaración apresurada de los dos conversos cinco días después de los atentados, sin especificar el motivo por el cual fueron llamados a declarar, no parece la de dos creyentes cualquiera. Advirtieron que el imán tenía «capacidad de influencia y manipulación» hacia otras personas. Curiosamente, exactamente la misma conclusión a la que llegaron los agentes del Centro Nacional de Inteligencia después de visitar a Es-Satty en prisión, tras estudiar un informe grafológico.

«Cubrirse las espaldas» y un «oficial cojo»

De cara a la próxima sesión, los servicios técnicos del Congreso pidieron a los diputados proponentes de Junts los datos para requerir a los dos conversos porque había sido imposible localizarlos. Una circunstancia que desincentivaba la búsqueda, pero tras una investigación en Castellón se pudo localizar a los dos conversos. Uno tenía los datos del piso cambiados, y el otro ya hacía años que tenía otro destino en Madrid. Aun así, uno de ellos admitió que no lo había contado todo para «cubrirse las espaldas». De hecho, antes del juicio le requirieron para que se personara en una de las sedes del servicio de información de la Guardia Civil en Madrid, y le pidieron que midiera sus palabras porque, de lo contrario, «vendrían a buscarlo los hombres de negro». Entre los detalles que no dio en sus declaraciones está el hecho de que sabían que Es-Satty «colaboraba» con los servicios de seguridad del Estado después de salir de prisión. «Tenía dos teléfonos móviles» y «movilidad», comenta uno de los conversos. «Se veía cada semana con un guardia civil, un teniente que era cojo de una pierna», detalla.

«Por casualidad, yo conocía a Youssef, su compañero de celda en Castellón, a quien los servicios de inteligencia habían intentado captar», añade. «Pero, Youssef no quiso entrar y fue expulsado [del estado español]», enfatiza.

Estos datos que da este converso encajan con el documento entregado a la investigación por parte de los Servicios Penitenciarios del Ministerio del Interior, donde aparece como compañero de celda de Es-Satty Youssef Sharnani. Precisamente, su hermano Rachid Sarhani quien envía dinero a la esposa de Es-Satty en el año 2013 hasta que él sale de prisión. Por ello, no le sorprendió en absoluto que trabajara para los servicios de inteligencia y sus encuentros con el «teniente cojo». Incluso, en alguna ocasión les había comentado el contenido de alguno de los encuentros. «No es normal que tengas cientos de bombonas de butano y yo cuando tengo que cambiar la mía tengo que llevar la bombona vacía», reflexiona en voz alta el ex converso. Ahora, los grupos parlamentarios quieren llamar a los dos conversos para que declaren y añadan todo lo que quedó en el tintero.

Obstáculos del CNI

Otro personaje que ha costado Dios y ayuda convocar es Sahid. Está citado y ha confirmado la asistencia a la comisión el próximo martes. Los Mossos d’Esquadra lo interrogaron porque el móvil del imán tenía un largo registro de llamadas a sus dos teléfonos móviles, en una línea de Vodafone y otra de Lycamobile. Un hecho que hizo levantar las cejas a dos agentes de información de la policía de la Generalitat, porque Sahid era el responsable de mantenimiento y limpieza de la mezquita de Ripoll, por eso chirriaba que tuviera dos líneas de teléfono con las que se comunicaba con el imán.

En su declaración, a la que ha tenido acceso El Món, Sahid admite contactos con el imán aunque no estuviera en Ripoll, es decir, desde Bélgica o Marruecos. Aunque Sahid solo era el encargado de abrir y cerrar la puerta de la mezquita y, en todo caso, de prestarle alguna asistencia logística en su trabajo como imán. En cambio, admitió a los Mossos su conocimiento de los horarios y tareas que llevaba a cabo y sus actividades fuera de la mezquita.

Por otro lado, la comisión está a la espera de una respuesta del CNI sobre la propuesta de comparecencia de un teniente coronel del Ejército del Aire que habría sido el agente oficial de relación del CNI que mantuvo contacto con Abdelbaki es-Satty, antes de los atentados, como delegado de los servicios secretos en Girona. Pero la respuesta del CNI fue que el nombre que les constaba era otro con los mismos apellidos pero que variaba una vocal. Ahora se ha emitido una nueva petición a través de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pero aún no ha habido ninguna respuesta oficial por parte del CNI.

Opinión:

Es muy triste ver cómo unos atentados que causaron 16 (o 17) asesinatos y más de 500 heridos en diversas poblaciones catalanas está quedando en el más absoluto de los olvidos en la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y es todavía más lastimoso cuando queda demostrado el abandono al que están sometidas esas víctimas y lo que quizás sería peor, la contrariedad de que no reciban respuestas a sus múltiples preguntas y dudas.

Es también extraño que no haya surgido ni uno solo de los más de 30 países afectados con víctimas para pedir explicaciones, seguir el desarrollo del juicio y de las comisiones de investigación posteriores… por no hablar también de la enrome falta de interés en localizar a las víctimas por parte de las administraciones competentes tal y como tipifica perfectamente la Ley 29/2011.

Tiempo habrá de hablar de todo ello con mucha calma.

Al menos quedan periodistas como Quico Sallés que van siguiendo día a día todo lo relacionado con esos atentados tan turbios y tan extraños sucedidos en agosto de 2017 y cada uno desde nuestras labores podemos seguir manteniendo viva la llama y así intentar dar respuestas a tantas y tantas preguntas.

15 abril 2026 (13.04.26) ElDebate (opinión)

15 abril 2026 (13.04.26) 

Los asesinos ya son buenos, miren sus cartitas

De las vilezas de Sánchez y los que lo apoyan, la peor moralmente es la traición a España y a las víctimas con el blanqueamiento de ETA y la suelta de sus sicarios

Sánchez aclaró en su día de manera enérgica que jamás llegaría a acuerdo alguno con Bildu, el partido de ETA. Incluso se irritó ante el hecho de que le pudiesen plantear algo tan descabellado…

…Hasta que llegó el día en que necesitó los escaños de Otegui para completar la coalición antiespañola que le permitió asaltar el poder con 84 escaños. Ahí se olvidó de sus enfáticas palabras, se traicionó a sí mismo y a los españoles y rubricó entre tinieblas un sencillo acuerdo con Bildu: tú me apoyas y yo a cambio iré liberando a todos tus asesinos. Ambos han cumplido. El partido de ETA es el más estable aliado del PSOE y ya están de paseo los más crueles matarifes. Solo falta el psicópata Chapote y poco más.

ETA es una banda terrorista, separatista y antiespañola, que en su quimera de crear una república socialista vasca lanzó una brutal ola de violencia de cuatro décadas, que dejó 856 asesinados y 2.600 heridos. Mantuvo además una red de extorsión mafiosa, secuestró a 86 personas, provocó el éxodo de 180.000 vascos e impidió que los partidos no nacionalistas pudiesen competir en igualdad. Al final fue derrotada por las fuerzas de seguridad y la justicia española, a lo que contribuyó la tolerancia cero contra el terrorismo que se instauró en Occidente tras el 11-S. Tras perder por la vía de la violencia, ETA ha mantenido su proyecto político, que defiende con éxito a través de lo que hoy llaman Bildu.

De las muchas vilezas de Sánchez y los medios que lo apoyan, la más repugnante moralmente es el blanqueamiento de ETA. Los mismos que reabren las heridas de una Guerra Civil de hace casi 90 años como si hubiese ocurrido ayer propugnan un grimoso ejercicio de amnesia respecto a los recientes crímenes de ETA. Todo cuando hay todavía más de 300 asesinatos sin resolver y cuando las familias siguen penando cada día.

Sánchez tiene cómplices en esta traición a las víctimas, y a la propia España (porque el objetivo de ETA era romper nuestra nación). Entre los colaboradores figura el periódico de cabecera del sanchismo, propiedad de un capital cosmopolita al que España le importa poco, más allá de hacer buenos negocios aquí. Este domingo abrieron divulgando lo que llaman «las cartas de perdón de los presos de ETA». Son misivas manuscritas de algunos asesinos, en las que jamás, por supuesto, llegan a pedir «perdón» de manera directa a las víctimas, o a escribir las palabras «asesinato» o «crímenes».

Si una persona quiere pedir perdón de verdad, lo que hace es dirigirse a aquel al que ha dañado, reconocer su crimen y rogarle claramente que le perdone. Además, y dado que aquellos atentados causaron enorme conmoción social y política, es necesario expresar el arrepentimiento en voz alta. No hay nada de eso.

La «veintena de misivas inéditas» que publica el periódico sanchista, en las que los terroristas se refieren a sus atrocidades como «actos», «hechos» o «aquello», las han dirigido en privado al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que es el que decide los terceros grados (siempre a favor, por supuesto).

No sé que concepto tienen sobre la inteligencia de los españoles allá en la torre de marfil de la prensa «progresista» de cejas altas. Pero cualquiera que lea las misivas y no sea un perfecto pánfilo percibe al momento que atienden a una plantilla. Todas guardan un patrón similar. El etarra expresa su dolor personal por sus crímenes y reconoce el sufrimiento de las víctimas. Pero sin condenar jamás a ETA, ni hablar de terrorismo o asesinatos. Todas tienen el evidente objetivo de cumplir con el expediente administrativo para poder salir de paseo.

Por favor, que no somos gilipollas. El enjuague está más claro que el agua. Hubo una decisión política de Sánchez para soltar mano a mano con el PNV a los asesinos y estas cartas de seudo arrepentimiento no son más que parte del atrezo en el plan de indultos encubiertos.

Uno de los asesinos de las cartitas, Aitor Aguirrebarrena, alias Peio, fue condenado en diciembre de 2024 a 30 años de cárcel por participar en el asesinato con cuatro tiros del periodista de izquierdas López de la Calle. En junio de 2025 salió ya en tercer grado tras escribir la ritual misiva. Es decir, treinta años de cárcel se quedaron en seis meses. ¡Cómo no van a escribir cartas!

No sé qué opinarán los deudos de López de la Calle de este regalo del PSOE y el PNV al etarra Peio, que antes había sido condenado a otros 54 años de cárcel y que participó en un atentado con bomba lapa que mató a dos guardias civiles.

Todo esto supone una enorme infamia. Y estoy convencido de que en la propia redacción del periódico en cuestión habrá periodistas asqueados con esta línea editorial de jalear que se suelte a asesinos sádicos solo porque le viene bien a Sánchez. Lástima que nadie haga un gesto de dignidad moral como el del héroe de la novela de periodistas Sostiene Pereira y dé un paso al frente en nombre de la verdad. Dormir con la conciencia tranquila no tiene precio.

Opinión:

Imagino que el señor Lus Ventoso ha escrito su artículo desde la perspectiva de ser una persona joven porque si no es de ese modo, no entiendo cómo ha olvidado situaciones que muchas víctimas del terrorismo vivimos directamente allá por los años 90.

De buen rollo, me gustaría saber si el señor Ventoso aportó alguna opinión cuando el presidente del gobierno en 1998 dijo que “yo y los españoles sabremos ser generosos con aquellos que abandonen la violencia” o aquello de “mejor tomar posesión de un escaño que de una pistola”… porque lo de llamarles Movimiento Nacional de Liberación Vasco ya lo dejamos para otro día.

Del mismo modo que imagino que desconoce el número de terroristas que salieron excarcelados durante el periodo de mandato de los señores Aznar o Rajoy.

O seguramente tampoco conocerá lo que dijo el ministro de Interior en 1996 sobre dar recursos económicos y libertad a los miembros del GRAPO que decidieran abandonar el terrorismo.

Podría referirme también a diversas reuniones mantenidas con miembros del partido gobernante que llevaron a la aprobación de la Ley Extraordinaria de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y los motivos que llevaron a que fuera aprobada con un límite temporal de aplicación.

Creo que el problema estriba en una enorme falta de memoria. Otra cosa es que sea un olvido voluntario o involuntario. Pero lo que sí queda claro es que se está utilizando el dolor ajeno para acusar a unos de l que otros ya hicieron. Por eso, hablar en nombre de “LAS” víctimas cuando a la inmensa mayoría ni siquiera nos preguntan ni nos escuchan es, cuanto menos, una nueva muestra más de ese uso.

Y conste que llevo casi 40 años diciendo que la legislación es legal, pero no es justa. Pero también llevo casi 40 años denunciando el uso partidista del dolor ajeno. Y con mi dolor (y el de tantas otras víctimas a las que conozco) no juega ni el señor Ventoso ni ninguna sigla. Nin-gu-na.

Ah, otro detalle más. Cierto es que cuando se inició la gestión para mi encuentro con uno de los autores del atentado en Hipercor era ministro Pérez Rubalcaba (abril 2011). Pero tendré que explicar por enésima vez que el encuentro se realizó cuando el ministro ya era Fernández Díaz (junio 2012). Para algunos, uno lo hizo bien y otro lo hizo mal. ¿En serio?

Mientras tanto, pronto se cumplirán 15 años del comunicado en el que la banda terrorista ETA reconocía su derrota al cesar la actividad “armada” (sic) y estoy seguro que muchos que ahora se rasgan las vestiduras dirán que fue un éxito de todos, aunque las víctimas del terrorismo que conocen se puedan contar con los dedos de una mano.

Allá cada cual con su conciencia.

15 abril 2026 (10.04.26) Ultima Hora (opinión)

 

15 abril 2026 (10.04.26) 

Compromís reclama en el Congreso que las víctimas de extrema derecha se reconozcan como de terrorismo

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para que las víctimas de la violencia de extrema derecha sean reconocidas como víctimas de terrorismo, una iniciativa que plantea para su debate en la Comisión de Justicia coincidiendo con el aniversario del asesinato del joven antifascista Guillem Agulló, ocurrido en 1993.

Micó quiere «arrojar luz» sobre una violencia política de ultraderecha «persistente desde la Transición», con una incidencia destacada en la Comunitat Valenciana y que, a su juicio, ha sido «históricamente invisibilizada dentro del relato institucional del terrorismo». «Durante décadas se ha limitado el concepto de terrorismo a determinadas organizaciones, dejando fuera otras formas de violencia ideológica que tienen el mismo impacto social y democrático», ha afirmado.

En este contexto, la diputada ha recordado el caso de Guillem Agulló, asesinado en 1993 en Montanejos (Castellón) por un grupo de extrema derecha. «Se trata de un crimen con una clara motivación ideológica y una voluntad de intimidación colectiva, elementos que encajan plenamente con la definición jurídica de terrorismo», ha remarcado.

A su juicio, reconocer casos como el de Agulló no es «solo una cuestión de justicia individual, sino una necesidad democrática» y ha advertido de que «no puede haber víctimas de primera y de segunda según la ideología del agresor».

Las juventudes de Compromís celebrarán este domingo a las 13.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Montanejos el acto de homenaje 'El latido inmortal de miles de Guillems', con el que quieren reivindicar su memoria «como símbolo de dignidad, resistencia y lucha contra el odio».

Mismo reconocimiento, protección y reparación para estas víctimas

En la iniciativa de Compromís, recogida por Europa Press, se pide al Gobierno que reconozca de manera expresa que la violencia de extrema derecha puede constituir terrorismo cuando cumpla los requisitos establecidos en la Ley 29/2011, y que garantice que estas víctimas tengan acceso al mismo sistema de reconocimiento, protección y reparación que el resto.

Además, la PNL plantea impulsar medidas normativas, interpretativas y administrativas para garantizar una aplicación homogénea del concepto de terrorismo a todas las formas de violencia política con finalidad de intimidación colectiva; establecer directrices claras para el reconocimiento de estas víctimas.

También promover la revisión de casos históricos que hayan quedado fuera del sistema; incorporar la violencia terrorista de extrema derecha a las políticas estatales de memoria democrática; y garantizar la igualdad plena de todas las víctimas del terrorismo en el acceso a medidas de reconocimiento, protección y reparación, con independencia del origen ideológico de los agresores.

En su exposición de motivos, el texto sostiene que el relato público del terrorismo ha tendido a concentrarse en otras expresiones de violencia, pese a que diversas investigaciones académicas, informes de memoria democrática y recopilaciones de víctimas acreditan la existencia de asesinatos, agresiones graves y ataques mortales motivados por ideología de odio, supremacismo e intolerancia política.

Asimismo, señala que la Ley 29/2011 define el terrorismo por su finalidad de generar terror en la población, alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden constitucional, «sin condicionar esta definición al origen ideológico de los autores», por lo que sostiene que la violencia ejercida por la extrema derecha, cuando cumple esos elementos materiales, debe recibir el mismo régimen de reconocimiento y protección que cualquier otra forma de terrorismo.

Opinión:

Resulta cuanto menos sorprendente que lo que unos pocos llevamos exigi9endo durante años encuentre eso, por fin, en los foros que pueden decidir al respecto.

Y digo que resulta sorprendente porque ya en 1996 se planteó algo muy similar a lo que ahora podemos leer. Y se planteó antes incluso de la normativa aprobada en diciembre de 1999.

Como víctima de la banda terrorista ETA y junto a unas pocas víctimas más entre las que habían víctimas del GRAPO y del gihadismo presentamos una serie de propuestas, las cuales se volvieron a presentar allá por el año 2005. ¿Han tardado 20 años en darse cuenta de la cuestión? Pues eso parece.

Y lo que es aún más sorprendente es que aparezca gente diciendo que “las que son víctimas del terrorismo de extrema derecha ya son reconocidas como víctimas de terrorismo” pero, al mismo tiempo, no consta que hayan hecho gestión alguna por localizar a las víctimas pendientes de encontrar del atentado en El Papus de septiembre 1977 o a las víctimas del atentado del 20 noviembre de 1980 ¿”casualidad o causalidad”? en Cabrera de Mar… como muy bien se muestra en el libro recientemente publicado “Dos morts i mig”.

Por no hablar de los atentados cometidos en la década de los años 60 por grupos de extrema derecha en diversos lugares de Catalunya como pude explicar en mi estudio sobre la actividad terrorista perpetrada en Catalunya y presentado en diciembre de 2010.

¡Qué fácil es para algunos hablar de las cosas que luego ni les importan ni les interesan!, como si el único terrorismo fuera el de la banda asesina ETA. Será que hablar de esos otros terrorismos sería meterles en un compromiso y dar nuevas muestras de que siguen habiendo víctimas de primera y de quinta división.

12 abril 2026 El País (opinión)

12 abril 2026 

Las cartas de perdón de los presos de ETA: “El sufrimiento que creé es irreparable, pero trataré de sanar el daño que causé”

El País accede a una veintena de misivas inéditas de arrepentimiento de reclusos de la banda terrorista que reflejan, según los profesionales penitenciarios y la justicia, un “profundo cambio” de sus autores. Las víctimas las consideran una “trampa”

“Quiero que sepan que nunca me he mostrado, ni sentido, orgulloso del sufrimiento que mis actos les han provocado”. “Siendo consciente de que no puedo cambiar el pasado, debo afrontar las consecuencias de mis actos e intentar, en la medida de los posible, su reparación”. “Estoy dispuesta a contribuir para que en el futuro hechos como aquellos de los que fui protagonista no se vuelvan a repetir”. “El sufrimiento que creé es irreparable, pero trataré de sanar las heridas y el daño que causé”. Todas estas frases pertenecen a cartas inéditas hasta ahora que presos de ETA han escrito en los últimos años de su puño y letra para pedir perdón por su pasado terrorista. Son textos ―a una veintena de los cuales ha tenido acceso EL PAÍS― que se han incorporado a sus expedientes penitenciarios y han sido tenidos en cuenta tanto por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco para otorgar semilibertades y beneficios penitenciarios a, entre otros, los exjefes de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, y Soledad Iparraguirre, Anboto; como por la Audiencia Nacional para conceder libertades condicionales a media docena de reclusos en lo que va de año. Víctimas y sus asociaciones expresan sin embargo su recelo y creen que las cartas forman parte de una “trampa” planificada para engañar a las autoridades y lograr los beneficios penitenciarios.

Estas cartas de perdón eran impensables hace 15 años. Entonces, cualquier arrepentimiento verbal o por escrito de uno de sus presos era considerado por ETA una traición y quienes daban ese paso se arriesgaban a sufrir represalias, como ocurrió con la veintena de reclusos que se sumaron a la llamada Vía Nanclares de reinserción puesta en marcha en 2010 por el entonces ministro socialista de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, el anuncio, en mayo de 2018, de disolución de la organización terrorista entreabrió la puerta a este tipo de pronunciamientos. Aquel año ya se redactaron ocho misivas, según los datos manejados por la lucha antiterrorista. Al año siguiente fueron una treintena y en 2020 se superaron las 40. En la actualidad se han generalizado y en la mayoría de los expedientes penitenciarios de los reclusos de ETA constan uno o varios de estos escritos de arrepentimiento, según confirman varias fuentes. A finales de marzo había 119 presos de la organización terrorista en prisión, de los que 114 están en cárceles de Euskadi. Cuando la organización anunció su disolución y se escribieron las primeras cartas de perdón, había 243 reclusos de la banda armada.

El salto cuantitativo en el número de cartas ha venido acompañado de otro cualitativo. Los primeros textos eran similares unos a otros (en algunos casos seguían una estructura impersonal con apartados) y su contenido se ajustaba a las directrices que fijó en enero de 2018 el colectivo de presos de ETA (el EPPK en sus siglas en euskera) en las que, si bien permitía a los reclusos reconocer el dolor causado si con ello se mejoraba su situación penitenciaria, les prohibía citar a víctimas concretas o arrepentirse explícitamente. Sin embargo, las misivas de los últimos años a las que ha tenido acceso este diario desbordan ampliamente estas indicaciones y, según recogen los profesionales penitenciarios en informes sobre las mismas, reflejan “un prolongado y profundo cambio personal” de sus autores.

“Con la conciencia que dispongo hoy, con todas mis experiencias vividas, siendo el dolor silencioso de las familias, y puedo confirmar que hoy, bajo ninguna circunstancia, elegiría una vida violenta”, escribió Jesús Narváez Goñi, condenado por el asesinato de cuatro policías. “Ojalá no hubiera ocurrido aquello”, afirmaba en su texto Ángel Aramburu, condenado a 35 años de prisión por matar a otro agente. “Me comprometo firmemente, en la medida de mis posibilidades, a reparar todo daño ayudando a cerrar heridas”, añadía este etarra. Por su parte, Íñigo Vallejo Franco, condenado a más de 28 años de cárcel por delitos de terrorismo, afirmaba sobre la persona que dejó malherida: “Tengo claro que, con mis actos, he condicionado la vida de esta persona y la de sus familiares, causándoles un grave sufrimiento, por lo que siento un gran pesar y respeto, me siento mal y soy conocedor de ello”.

Aitor Aguirrebarrena, condenado por los asesinatos, entre otros, del periodista José Luis López de Lacalle y el funcionario de prisiones Máximo Casado, se expresaba así: “Me doy cuenta [de] que mi actividad como miembro de ETA ocasionó un dolor y sufrimiento enorme e irreparable”. “Entiendo que el reconocimiento y la reparación del dolor de las víctimas de la violencia debe ser un elemento central necesario para un futuro en paz en el País Vasco”, aseguraba Eneko Gogeaskoetxea, condenado por el atentado contra el Museo Guggenheim de Bilbao que costó la vida, en 1997, al ertzaina José María Aguirre. Asier García Justo, condenado por asesinar al también agente de la policía vasca Iñaki Totorika e intentarlo con la periodista de EL PAÍS Aurora Intxausti, su marido, el también periodista Juan Palomo, y el hijo de ambos en 2000, aseguraba ser “consciente de que un escrito por sí solo no va a mitigar totalmente el sufrimiento causado”.

A todos estos presos, el Gobierno vasco les ha concedido en el último año el tercer grado o semilibertad después de que los profesionales de las prisiones donde están recluidos hayan valorado, tras las entrevistas periódicas que mantienen con los internos, que estas cartas son reflejo de “una profunda reflexión” y que están redactadas “desde una actitud autocrítica”. “Se responsabiliza sin caer en posturas justificativas de los delitos, teniendo muy presentes tanto cognitivamente como emocionalmente a todas las víctimas de sus actos terroristas”, destaca el informe penitenciario sobre la misiva de Gogeaskoetxea. “Se percibe dolor, vergüenza y malestar al hablar de las consecuencias de sus actos, refiriendo que es algo de lo que no se siente nada orgulloso”, recoge el que alude a la de Aguirrebarrena. “El escrito es fruto de esa maduración y reflexión, y no es algo instrumental”, destacan los profesionales de la cárcel sobre el texto de Aramburu.

En el expediente que permitirá en breve disfrutar de 18 días de permiso a Patxi Xabier Macazaga, condenado por, entre otros delitos, el envío de un libro-bomba en 2001 al periodista Gorka Landaburu, que resultó gravemente herido, consta el informe de un psicólogo penitenciario que hace hincapié en las expresiones que este utilizó en los encuentros que mantuvo con él: “Se percibe a lo largo de la entrevista la emoción del dolor al relatar los hechos con un nivel de malestar elevado y con verbalizaciones que dan a entender arrepentimiento por dichas acciones”. El profesional señala, por ejemplo, que el etarra utilizó expresiones como “ójala no hubiera estallado la bomba o se me hubiera encasquillado el arma”. “Tanto las expresiones escritas como verbales tienen una clara resonancia emocional [...] considerando que dichas afirmaciones no son una estrategia sino una realidad personal y una vivencia que le está generando dolor, sufrimiento y una fuerte carga moral”, añade.

Estos informes penitenciarios y cartas ―que siempre deben ser manuscritas y redactadas voluntariamente por los internos― también son tenidos en cuenta por la Audiencia Nacional, que en los últimos años ha concedido la libertad condicional a 60 presos de ETA al considerar que cumplían los requisitos legales, entre ellos los fijados por el artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria. Esta norma exige para acceder tanto a esta excarcelación anticipada como a la semilibertad que los presos por terrorismo y crimen organizado hagan “una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito”, además de cumplir otros requisitos como estar abonando la responsabilidad civil y están desvinculados de sus actividades delictivas. Esta declaración no se pide a los presos por otros delitos. Las libertades condicionales, contempladas en el artículo 90 del Código Penal y que solo pueden ser concedidas por un juez, obligan a los etarras cuando salen a la calle a cumplir unas “reglas de conducta” que, en numerosos casos, incluyen restricciones para desplazarse fuera del lugar que fijen como residencia o la prohibición de acercarse a la zona en la que vivan las víctimas de sus atentados o sus familiares.

En un reciente auto del titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, por el que acordaba la excarcelación anticipada de un preso de la banda armada, se reproducía la misiva íntegra de arrepentimiento de este. “Que el recuerdo de los que han sufrido perdure para que las siguientes generaciones no se vean tentadas a reproducir este sufrimiento”, concluía su texto un preso cuya identidad no se facilita a petición de las fuentes que han facilitado la misiva.

En la carta de otro preso al que también se le ha concedido recientemente la libertad condicional, este asegura sentir el “dolor” de sus víctimas y familiares que, recalca, “nunca debió haberse producido”. En el auto que acordaba su excarcelación, el juez Castro reproducía tres misivas de este recluso y destacaba que en ellas “se puede apreciar que no estamos ante una fórmula de petición genérica” de perdón, sino que cita a sus víctimas concretas, además de concluir que en ellas también asume expresamente “un compromiso de abono de responsabilidad civil y el no participar en actos que puedan generar dolor a las víctimas causando una revictimización”. El magistrado también valora positivamente la carta remitida por una reclusa como parte de los “signos inequívocos de desistimiento de los fines y los medios terroristas”. En esa carta, la etarra mostraba su convencimiento de que sus palabras no iban a reparar el daño causado a las víctimas: “Nada de lo que diga ni de lo que haga puede devolverles a sus familiares y allegados [...]. Sé que mis palabras no les servirán de mucho, pero que sepan que mi sentimiento hacia ellas no es de indiferencia”.

En conversación telefónica, el juez Castro confirma que las cartas de arrepentimiento de los presos de ETA han cambiado de manera significativa en los últimos años y recuerda que en las primeras los reclusos de la banda se limitaban a hacer un reconocimiento genérico de las víctimas sin personalizar en las que ellos habían causado ―lo que las cosificaba, en su opinión― y a utilizar el término “empatía” para evitar la palabra “perdón”. Además, utilizaban expresiones como “conflicto” para referirse a su actividad terrorista, lo que provocó que se revocaran numerosas semilibertades concedidas por el Gobierno vasco entre 2022 y 2023. “Ahora, la inmensa mayoría de estos textos incluyen la palabra ‘perdón’ e identifican a sus víctimas con nombre y apellidos, además de reconocer los hechos cometidos y mostrar su repudio de la violencia, como exige la ley”, destaca el juez.

¿Es suficiente, por tanto, un texto con estas últimas características para acceder a beneficios penitenciarios o mejorar el régimen de vida penitenciario? El magistrado es tajante: “No, el expediente del recluso tiene que incluir, además de la carta, la constatación de que cumple otros requisitos así como los informes técnicos de los profesionales penitenciarios, y en concreto del psicólogo de la prisión, que confirmen que el texto es sincero. Ellos son los que tratan a diario con los internos durante la condena y pueden saber si es fiable”. En este sentido, Castro recalca que también se valora otros elementos, como la fecha de la misiva ―más o menos lejana al momento en el que se solicita el beneficio para saber si es un proceso que perdura en el tiempo―, si existen otros escritos anteriores o si se ha visto acompañada de, por ejemplo, la participación del recluso en talleres de justicia restaurativa, donde los internos tienen encuentros cara a cara con víctimas del terrorismo y en los que los presos de ETA pueden participar desde julio de 2021.

Pese a ello, las asociaciones de víctimas se muestran críticas con la concesión de beneficios penitenciarios o la libertad condicional a los presos etarras sustentada en parte en estos textos, cuya credibilidad ponen en duda. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, tilda estas cartas de “tomadura de pelo”, “burla”, “fraude” e “insulto”, y considera que las semilibertades y libertades condicionales que en los últimos años se han concedido teniéndolas en cuenta “son la última trampa al Estado de derecho para vaciar las cárceles”. Ordóñez muestra su convencimiento de que estas cartas no reflejan ningún arrepentimiento y que se han escrito “al dictado” de los abogados que los defienden con el único objetivo de salir de prisión.

También muy crítica se muestra la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la asociación, asegura que no ve “sinceridad” en unos textos que considera que están plagados de “frases hechas” y párrafos que “se copian unos a otros”, por lo que para ella no tienen ninguna “validez”. “Los presos están dispuestos a escribir lo que haga falta para conseguir un permiso, el tercer grado o la libertad condicional”, añade. Ladrón de Guevara critica que estas misivas “no llegan a las víctimas” y que, por tanto, en su opinión “pierden el sentido que supuestamente debe tener una carta de perdón”.

La periodista Aurora Intxausti también pone en duda la sinceridad de estas misivas. Uno de los condenados por el atentado frustrado contra ella y su familia, Asier García Justo, accedió a la semilibertad a finales de enero y en su expediente figura una carta en la que cita expresamente a Intxausti y su marido y les pide perdón. “Intento ser lo más discreto posible [durante sus permisos de salida] para de esta manera no hacer más daño a todas aquellas personas que sufrieron la violencia”, añadía. La periodista asegura que hasta ahora desconocía la existencia de esa carta, y lamenta que el etarra no les hubiera pedido públicamente perdón cuando se celebró el juicio por aquel atentado en noviembre de 2024. Intxausti afirma que, tras aquella vista en la que García Justo y sus compañeros de comando sí admitieron la autoría del atentado, se quedó “muy jodida”.

Una portavoz del Departamento de Justicia vasco justifica que estos textos no se entreguen a las víctimas porque “no son cartas dirigidas a ellas, sino expresiones, manifestaciones, reflexiones personales realizadas en el marco de su proceso de evolución en las que hacen referencia a muchas otras cosas”. No obstante, recuerda que en las fichas que se entregan a las asociaciones de víctimas de cada preso al que se le concede el tercer grado se ha comenzado a incluir ―cuando estaba el PNV al frente del departamento no se hacía― “todo aquello [de los textos] que hace referencia a las víctimas [...] de manera literal y entrecomillado”. “Si hubiera algún interno que escribiera una carta dirigida expresamente a alguien y pidiera que se le entregara, no hay ningún problema en hacerlo, por supuesto”, añade.

El juez Castro, que recibe frecuentemente en su despacho a víctimas del terrorismo y sus asociaciones, admite que debe haber una reflexión legislativa para incorporar a estas al proceso de progresión de los presos etarras a la semilibertad o al de la obtención de beneficios penitenciarios, y no solo en la concesión de libertades condicionales como hasta ahora. Para que las víctimas puedan intervenir en esta última, los pasos tampoco son sencillos. La Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Audiencia Nacional intenta localizarlas ―algo que no consigue en muchos casos, sobre todo si viven en el extranjero― y les ofrece intervenir en el procedimiento teniendo acceso al todo el expediente acompañados de un psicólogo. “Cuando se consigue encontrarlos, la inmensa mayoría nos dice que prefiere no saber nada. Un porcentaje pequeño nos comunica que simplemente quiere conocer la resolución judicial que se tome y una mínima parte, que tal vez no llegue al 1%, presenta alegaciones a la excarcelación”, detalla el magistrado.

Roberto Manrique, herido de gravedad en el atentado del Hipercor de Barcelona, de junio de 1987, en el que murieron 21 personas, recibió en enero de 2011, cuando ETA aún estaba activa y las cartas de arrepentimiento eran la excepción, una de Rafael Caride Simón, uno de los etarras que colocó aquella bomba y que entonces ya se había acogido a la llamada Vía Nanclares de reinserción. En ella, el etarra afirmaba: “No soy insensible al dolor y sufrimiento que las mismas generaron; de ahí mi compromiso sincero en tratar de ayudar a cerrar esas heridas y en que nadie más sufra lo que ustedes han sufrido”.

Manrique recuerda que, cuando recibió la carta, la leyó “15 veces seguidas” antes de mostrársela a una amiga psicóloga y pedirle que le diera su opinión sobre su contenido: “Recuerdo que me dijo que Caride estaba diciendo lo que pensaba”. Esta víctima mantuvo después un encuentro en la cárcel con el etarra, del que recuerda que sacó la impresión de que “su arrepentimiento era sincero”. Después de 19 años en cárceles españolas y otros siete en francesas, Caride Simón salió de la cárcel en agosto de 2019. “Si la ley dice que tiene que estar en la calle, hay que acatarlo aunque no guste”, concluye Manrique.

Opinión:

Una vez soportadas las llamaditas de rigor en las que algún ignorante (sea víctima o no de la banda terrorista ETA) me han dedicado, me gustaría aportar un añadido personal a la magnífica información presentada por Oscar López Fonseca.

Para empezar, aparece quien dice que estas cartas “no llegan a las víctimas”. Bueno, pues siento decir que eso no es así porque en mi caso, y también en muchos otros, las cartas han llegado directamente al destinatario principal, es decir, la propia víctima. Esas declaraciones muestran dos cosas como mínimo: una, que no conocen realmente a las víctimas que han `podido recibir esa “misiva”. Dos, que caso de conocerlas, obviamente no se sentirán representadas por quien así opina ni por la organización a la que representa. Y me atrevo a presentar una tercera opción porque hay víctimas que, perteneciendo a diferentes siglas asociativas, me han dicho de su propia boca que si les contactaran no tendrían ningún problema en acudir a esos encuentros.

Otra cosa es cuando, hablo de un caso real, a alguna víctima le recomiendan desde “su” asociación que no vaya “porque es un engaño” y tiempo después acude a ese mismo encuentro otra persona directamente ligada con quien aconsejaba no acudir.

Misterios de la “lógica y de la coherencia” humana.

Por otro lado, me agrada comprobar que el Juez Castro sigue en la labor que inició hace tiempo y que a muchas víctimas nos han servido para mitigar parte (mucha o poca) del dolor sufrido, para contrastar informaciones que no eran del todo creíbles según las versiones recibidas de unos mismos hechos.

Y no olvidemos que, comprendiendo que les moleste a los que nada hicieron al respecto y van apareciendo ahora como champiñones, se ha permitido que algunas víctimas (más de las que algunos quisieran reconocer) hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para conseguir nuestro propósito compartido: que nadie más sufra lo que ya sufrimos nosotros.

Y termino. 

Durante décadas tuve (y tuvimos) que acatar la puesta en libertad de muchos asesinos terroristas y sus colaboradores porque la legislación así lo marcaba. ¿Dónde estaban entonces los que ahora tanto protestan? ¿Dónde estaban cuando un presidente del gobierno, sin importarle lo más mínimo las decisiones judiciales, dijo aquello de “yo y los españoles sabremos ser generosos con aquellos que abandonen la violencia"? Por mucho que reviso las hemerotecas del último trimestre de 1998, no encuentro una sola declaración al respecto. Y algunos siguen desde entonces con sus cargos políticos, sus retiros parlamentarios en el extranjero, impartiendo conferencias y cobrando, evidentemente, sus pensiones como expolíticos si la edad se lo permite.

¿Qué? ¿Les preguntamos a todos estos dónde estaban cuando iban saliendo terroristas a la calle durante las últimas cuatro décadas? ¿Preguntamos porque alguno de los condenados por el 11-M, responsables de 192 asesinatos y más de 1.700 heridos, ya están paseando por las calles españolas? ¿De quién sería la “culpa” ahora?

Si la legislación contempla estas puestas en libertad, por mucho que me duela, lo acato. Y lo acato porque llevo desde 1989 exigiendo que los asesinos, los terroristas y sus colaboradores, acaten la legislación. Y si no les gusta, que les obliguen a ello.

11 abril 2026 (31.03.26) elespañol (opinión)

 

11 abril 2026 (31.03.26) 

 

Hay decisiones legales que resultan políticamente obscenas.

La cascada de terceros grados, regímenes flexibles y libertades condicionales para los presos de ETA, coronada ahora por las salidas de la cárcel de figuras como Txeroki, Anboto o Ángel María Tellería Uriarte, el etarra que mató a la primera mujer policía, pertenece a esa categoría.

No se discute que en un Estado de derecho las leyes han de aplicarse también a los asesinos.

Se discute otra cosa: la rebaja deliberada del listón moral, la utilización de la política penitenciaria como moneda de cambio y la indiferencia práctica ante el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación.

Durante años, España construyó un consenso básico: ninguna razón política justificó jamás el terrorismo de ETA. Las víctimas eran el pilar ético de la democracia.

Ese consenso se ha ido erosionando a golpe de BOE, transferencias de competencias y acuerdos presupuestarios.

El acercamiento masivo de presos, el traspaso de la competencia de prisiones al Gobierno vasco y la reforma que permite computar las penas cumplidas en Francia (aprobada con el apoyo del PSOE y del PP) han abierto la puerta a una salida acelerada de decenas de terroristas.

Hoy, la semilibertad de muchos de ellos se presenta como una mera «normalización» administrativa. Pero lo que se normaliza, en realidad, es el olvido y la impunidad.

La entrevista en un diario gubernamental de la magistrada Inés Soria, socialista, asesora penitenciaria del Gobierno vasco y responsable principal de la arquitectura de las excarcelaciones, es reveladora. El discurso es técnicamente impecable, casi aséptico: planes individualizados, pronósticos de reinserción, informes de equipos multidisciplinares, cartas manuscritas de reconocimiento del daño.

Pero todo ello sirve para envolver en jerga profesional un hecho desnudo: el Ejecutivo vasco ha convertido el tercer grado y, sobre todo, el artículo 100.2, en una autopista hacia la calle para la inmensa mayoría de los etarras.

Soria asegura que Txeroki y Anboto «reconocen el daño causado» en esos escritos que reposan en sus expedientes.

Pero ese supuesto reconocimiento permanece cuidadosamente encapsulado en el circuito burocrático.

No hay peticiones de perdón públicas, no hay actos de contrición visibles, no hay comparecencias ante las víctimas para poner palabras concretas al horror concreto de cada atentado.

Hay, en cambio, una administración que da por bueno un presunto gesto íntimo y opaco para justificar beneficios penitenciarios de enorme calado simbólico.

El contraste con el discurso oficial del lehendakari Imanol Pradales sobre la Guerra Civil y el bombardeo de Gernika es clamoroso.

Pradales ha exigido al Estado español que «reconozca el daño causado», que verbalice con claridad la responsabilidad histórica, que no se refugie en el silencio ni en la equidistancia. Reclama un gesto explícito, público, inequívoco hacia las víctimas, siguiendo el ejemplo alemán.

¿Por qué no aplica la misma vara de medir con los asesinos a los que su propio Gobierno abre hoy las puertas de las cárceles vascas?

En lugar de exigir a los etarras un reconocimiento público del daño, un perdón nominativo a sus víctimas y una colaboración activa con la justicia para esclarecer los centenares de asesinatos sin resolver, el Gobierno vasco se conforma con cartas discretas y un asentimiento administrativo.

No hay «verdad» en el sentido fuerte del término. Hay, a lo sumo, una simulación burocrática de arrepentimiento, suficiente para los expedientes, pero insuficiente para una sociedad que aún arrastra más de trescientos crímenes sin castigo.

El Gobierno central no es un actor pasivo en este proceso. La política penitenciaria hacia los presos de ETA se ha convertido en una pieza estructural de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.

El fin de la dispersión, el traspaso de las competencias penitenciarias y la citada reforma del cómputo de penas se han negociado y aprobado en un ecosistema político donde EH Bildu es socio relevante del Ejecutivo.

La arquitectura resultante permite un cómodo reparto de responsabilidades: Madrid diseña el marco; Vitoria ejecuta las progresiones de grado; las juntas de tratamiento y los jueces de vigilancia estampan la firma final.

Cuando el preso pisa la calle, nadie es responsable; todos, en cambio, han contribuido.

Resulta especialmente cínico que este mismo Gobierno impulse, junto al juez Baltasar Garzón y su entorno, una Comisión de la Verdad orientada a revisar la memoria de la Guerra Civil y el franquismo, mientras muestra una llamativa desidia ante la verdad pendiente del terrorismo etarra.

Se anuncia con solemnidad una instancia para «esclarecer el pasado» y dar voz a las víctimas de hace casi un siglo, al tiempo que se obvia una pregunta elemental: ¿dónde está la Comisión de la Verdad que exija a los etarras colaborar en el esclarecimiento de cada uno de los asesinatos sin resolver como condición previa a cualquier beneficio penitenciario?

No se trata de contraponer memorias ni de negar el deber del Estado de revisar críticamente su propia historia.

Se trata de denunciar una doble moral intolerable.

La misma coalición que auspicia una gran Comisión de la Verdad para 1936-39 mira hacia otro lado cuando se trata de la verdad de 1968 a 2011.

Un Gobierno democrático puede y debe ofrecer horizontes de reintegración incluso al peor de los terroristas. Pero tiene también la obligación de proteger a las víctimas de una segunda humillación: la de ver cómo quienes destrozaron sus vidas recuperan la suya sin haberles mirado jamás a los ojos ni haber contribuido a cerrar las heridas abiertas.

Opinión:

Me remite una víctima residente en el País Vasco el siguiente editorial y reconozco que se me escapó en el resumen de prensa casi diario (más bien de madrugadas) que realizo.

Y le agradezco que me lo haya enviado porque ofrece la posibilidad, ya comentada también con ella y otras once víctimas, de explicar algo que a mucha gente parece molestarle que sea recordado.

Está muy claro que molesta el hecho de que los delincuentes, incluyendo miembros de bandas terroristas, puedan acceder a la libertad. Y también está claro que deben cumplir unos requisitos para esa puesta en libertad.

Pero no se puede obviar también que el hecho de que salgan con esa puesta en libertad es la consecuencia de la legislación que los políticos, proponen, estudian y acostumbran a aprobar… las mismas leyes que luego los jueces están obligados a cumplir y hacer  cumplir.

¿Saben cual es el problema? Pues que hay personas que tienen muy poca memoria y que en caso de tenerla, algunos la tienen selectiva.

Se exigen AHORA unos requisitos que la legislación ya marcaba lustros y décadas atrás. Y digo décadas porque en 1994 ya apareció un pequeño grupo de víctimas del terrorismo que trabajamos y nos pateamos todo el país para conseguir que la ley fuera modificada. Y me pregunto cual es la diferencia para exigir AHORA unos requisitos que llevan años recogidos en la legislación. Y me pregunto por qué AHORA se está hablando tanto sobre el tema cuando han salido cientos de terroristas a las calles durante los años (décadas) anteriores.

¿Qué gestos, íntimos y opacos, llevaron a cabo cuando salieron esos cientos de miembros de bandas terroristas? A los miembros del GRAPO que en 1996 se les ofreció “trabajo y dinero” a cambio de abandonar el terrorismo ¿qué gestos ofrecieron a la ciudadanía?

En comparación con muchos de los asesinatos múltiples cometidos por un solo terrorista ¿es que nadie recuerda que las condenas son mínimas porque la legislación lo marca? ¿Y los que no quieren recordar esto ¿no recuerdan que la Sacrosanta e intocable Constitución Española no recoge ni la cadena perpetua ni la pena de muerte?

Hablaba con las víctimas antes mencionadas que la misma condena cumple un asesino por matar a una persona que a dos o a diez… ¿alguien tiene la solución a algo que es legal pero que, evidentemente, no es justo?  Pues que la aporte.

Pero, por favor, que los intereses políticos y partidistas no busquen soluciones que la legislación, la misma que muchos de ellos proponen, no recoge. Y si no, que revisen cuántos terroristas salieron a las calles durante los gobiernos de Suarez, Calvo Sotelo, González, Aznar, Rodríguez Zapatero, Rajoy…

Y conste, no hablo de política. Hablo de legislación.

09 abril 2026 El País (opinión)

 09 abril 2026

Josu Ternera niega haber sido jefe de ETA en el juicio en París que condiciona su entrega a España

El proceso lleva aplazándose desde 2021 y debe dirimir su pertenencia y responsabilidad en ETA entre los años 2002 y 2005

El tribunal de apelación de París ha comenzado este jueves a juzgar a José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera.   El proceso, que se celebra seis meses más tarde de lo previsto por distintas alegaciones de la defensa, es el último que tiene pendiente en Francia el exdirigente de ETA y que condiciona su entrega a España para las causas que tiene allí pendientes. Las vistas se celebrarán este jueves y viernes, cuando se espera la petición de condena de la fiscal. Pero más allá de su resultado, marcarán el futuro judicial en España de Ternera, actualmente en libertad vigilada en Francia. Hasta que no se resuelva este proceso, también el Tribunal Supremo en caso de condena y nuevo recurso, las euroórdenes para su extradición no podrán hacerse efectivas.

—¿Reconoce usted los hechos? —inquirió la juez en su primera pregunta a Ternera.

—Sí, en tanto que militante de la organización. Pero lo que usted considera un delito, para mí no lo es.

El tribunal debe determinar si cometió un delito de asociación de malhechores con fines terroristas ―el equivalente al delito de integración en organización terrorista del Código Penal español― por su presunta pertenencia a ETA entre 2002 y 2005. El juicio lleva varios años aplazándose. La última vez fue el pasado octubre, cuando Urrutikoetxea, de 75 años, alegó problemas de salud para ausentarse. El médico que designó entonces el tribunal constató que tenía problemas de hipertensión. Esta vez irá adelante y, nada más empezar, Ternera introdujo el matiz clave en sus primera palabras sobre el que bascula su defensa. Es decir, era militante de dicha organización, pero ni la dirigía en ese momento ni optaba por la vía de la violencia. “He trabajado toda mi vida en el aparato internacional. Tenía un papel importante. Pero una gran parte de mi periodo como militante estuve en ese contexto de discusión con otros. Yo no tenía ningún papel importante”, señaló.

La jueza, que escuchó como Ternera denunciaba las torturas de la policía española o los relatos “construidos” de los jueces en otros procesos, se extrañó de que alguien sin un rol relevante pudiese participar en negociaciones de paz con el gobierno español. “Hay muchos negociadores de conflictos que no son ni militantes”, defendió Ternera, que glosó a petición del tribunal toda su trayectoria en la organización terrorista, desde su ingreso en 1968, con 17 años, hasta 2006, cuando aseguró haber renunciado por sus discrepancias sobre la utilización de la violencia. “Hubo un momento en que la organización no comparte mi punto de vista de la negociación. En septiembre de 2006 dejé de ser militante de la organización. No veíamos las cosas igual”.

El abogado de Urrutikoetxea, Pasquet-Marinacce, volvió a intentar el jueves suspender el juicio alegando que no se hubiese convocado al político norirlandés y antiguo miembro del IRA Gerry Kelly, o al abogado sudafricano Brian Currin, implicado entre otros en el proceso de paz que puso fin al apartheid en su país. Ambos participaron en el diálogo para el desarme de la ETA como mediadores internacionales y habían sido solicitados por la defensa. “No podemos aceptar que se nos prive de defendernos de manera efectiva”, alegó. Tras la deliberación, el tribunal no encontró motivos para hacerlo.

El acusado había llegado puntual acompañado de familiares —como su pareja y su hija pequeña— y sus abogados al último juicio pendiente en Francia, del que depende que pueda responder después ante la justicia española por dos causas sobre las que hay dictadas euroórdenes: el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza den 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas. También por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas. Esas dos solicitudes de entrega a España ya fueron aprobadas por Francia. Hasta que no se resuelva este proceso y se agoten todas las instancias —todavía le quedaría un recurso al equivalente al Supremo francés— no podrán ejecutarse las euroórdenes.

Ternera, de hecho, negó en el juicio que tuviera “nada que ver” con el atentado de Zaragoza. Urrutikoetxea se encaró con la fiscal cuando ésta le sacó a colación esas acusaciones y las contrapuso con la imagen que el histórico de la banda trató de dar, la de alguien que durante toda su trayectoria en ETA tuvo como objetivo buscar la negociación con las autoridades españolas para “resolver el conflicto vasco”.

El etarra desautorizó esas imputaciones. [El entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar] “Garzón intentó implicarme en ese atentado y en 2001 la Guardia Civil montó de nuevo este asunto”, señaló. Por ese motivo decidió “entrar en la clandestinidad” porque incluso en el Parlamento vasco era calificado “de asesino antes de ser juzgado”.

Josu Ternera, efectivamente, huyó de España cuando se le investigaba por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza y vive en el País Vasco francés. La Fiscalía consideró que él fue quien tomó la decisión de cometer este atentado y fue llamado a declarar, pero no acudió, así que se dictó una orden de busca y captura internacional. Ayer

El juicio que ha arrancado hoy y que no tiene que ver con esos hechos —tanto la juez como la fiscal demostraron no estar muy al tanto de los detalles biográficos e históricos en la organización terrorista del encausado— se ha ido posponiendo sucesivamente. En 2010 ya fue condenado a siete años de cárcel, mientras estaba en rebeldía, así que no cumplió la sentencia. Cuando fue detenido en los Alpes franceses en 2019 tras más de 17 años seguidos de clandestinidad, pidió que se repitiese el juicio en su presencia, amparándose en su derecho a ello.

El histórico etarra fue puesto en libertad bajo control judicial un año después, por motivos de salud, a pesar de que España había pedido la extradición. El proceso iba a celebrarse en 2021, pero la defensa logró que la causa volviese a la fase de instrucción, alegando cuestiones formales, y luego se ha ido retrasando.

Durante sus años de clandestinidad, la justicia francesa le abrió una segunda causa, pero esa se resolvió el 1 de septiembre de 2021, cuando el Tribunal Correccional de París le absolvió de la acusación de pertenencia a una organización terrorista entre 2011 y 2013 al considerar que no tuvo un papel como tal en el seno de ETA en aquellos años. Ternera alegó entonces que había salido de la organización terrorista porque no estaba de acuerdo con la acción armada.

Opinión:

Aparte de la información presentada, me gustaría recordar una teoría que, desgraciadamente, no ha importado conocer a las altas esferas jurídicas y asociativas de esta país en los últimos 25 años aproximadamente… pese a que se presentó en su momento cuando existía la ANTIGUA AVT.

Cabe recordar que se solicita del terrorista Josu Ternera que sea investigado por el atentado contra “la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza den 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas”. Me parece perfecto.

Pero parece que hay quien no recuerda que el número 1 de la banda terrorista durante los años 1986 y 1987 fue un tal Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros.

El tal Santi Potros fue juzgado por muchos de los atentados cometidos en esos dos años por ser el número 1 de la banda terrorista. Y cabe recordar que los atentados no se decidían por una sola persona sino por el conjunto de tres dirigentes de la cúpula etarra.

El tal Santi Potros fue detenido poco después de los atentados de 1986 y 1987 y más concretamente en septiembre, dos meses y medio tras el atentado en Hipercor. Si partimos de la base de que la cúpula de la banda terrorista estaba formada por tres individuos ¿quiénes podían ser el número 2 y número 3 en 1986 y 1987?

Pues muy sencillo. Tras la detención del número 1, el número 2 pasa a liderar la cúpula y, oh sorpresa, era Josu Ternera. Por lo tanto ¿era el número 2 cuando sucedieron los atentados entre 1986 y 1987 y ordenó la comisión de los mismos? De será sí y no tengo duda de que así fue… ¿se le podría acusar de los atentados de 1986 y 1987?

Pues ahora que cada cual extraiga sus conclusiones.