11 abril 2026 (31.03.26)
Hay decisiones legales que resultan políticamente
obscenas.
La cascada de terceros grados, regímenes flexibles y libertades condicionales para los presos de ETA, coronada ahora por las salidas de la cárcel de figuras como Txeroki, Anboto o Ángel María Tellería Uriarte, el etarra que mató a la primera mujer policía, pertenece a esa categoría.
No se
discute que en un Estado de derecho las leyes han de aplicarse también a los
asesinos.
Se discute
otra cosa: la rebaja deliberada del listón moral, la utilización de la política
penitenciaria como moneda de cambio y la indiferencia práctica ante el derecho
de las víctimas a la justicia y la reparación.
Durante años, España construyó un consenso básico: ninguna razón política justificó jamás el terrorismo de ETA. Las víctimas eran el pilar ético de la democracia.
Ese consenso
se ha ido erosionando a golpe de BOE, transferencias de competencias y acuerdos
presupuestarios.
El acercamiento masivo de presos, el traspaso de la competencia de prisiones al Gobierno vasco y la reforma que permite computar las penas cumplidas en Francia (aprobada con el apoyo del PSOE y del PP) han abierto la puerta a una salida acelerada de decenas de terroristas.
Hoy, la semilibertad de muchos de ellos se presenta como una mera
«normalización» administrativa. Pero lo que se normaliza, en realidad, es el olvido y la impunidad.
La entrevista en un diario gubernamental de la magistrada Inés Soria, socialista, asesora penitenciaria del Gobierno vasco y responsable principal de la arquitectura de las excarcelaciones, es reveladora. El discurso es técnicamente impecable, casi aséptico: planes individualizados, pronósticos de reinserción, informes de equipos multidisciplinares, cartas manuscritas de reconocimiento del daño.
Pero todo ello sirve para envolver en jerga profesional un hecho desnudo: el Ejecutivo vasco ha convertido el tercer grado y, sobre todo, el artículo 100.2, en una autopista hacia la calle para la inmensa mayoría de los etarras.
Soria
asegura que Txeroki y Anboto «reconocen el daño causado» en esos escritos que
reposan en sus expedientes.
Pero ese
supuesto reconocimiento permanece cuidadosamente encapsulado en el circuito
burocrático.
No hay
peticiones de perdón públicas, no hay actos de contrición visibles, no hay
comparecencias ante las víctimas para poner palabras concretas al horror
concreto de cada atentado.
Hay, en cambio, una administración que da por bueno un presunto gesto íntimo y opaco para justificar beneficios penitenciarios de enorme calado simbólico.
El contraste con el discurso oficial del lehendakari Imanol Pradales sobre la Guerra Civil y el bombardeo de Gernika es clamoroso.
Pradales ha
exigido al Estado español que «reconozca el daño causado», que verbalice con
claridad la responsabilidad histórica, que no se refugie en el silencio ni en
la equidistancia. Reclama un gesto explícito, público, inequívoco hacia las
víctimas, siguiendo el ejemplo alemán.
¿Por qué no
aplica la misma vara de medir con los asesinos a los que su propio Gobierno
abre hoy las puertas de las cárceles vascas?
En lugar de exigir a los etarras un reconocimiento público del daño, un perdón nominativo a sus víctimas y una colaboración activa con la justicia para esclarecer los centenares de asesinatos sin resolver, el Gobierno vasco se conforma con cartas discretas y un asentimiento administrativo.
No hay
«verdad» en el sentido fuerte del término. Hay, a lo sumo, una simulación
burocrática de arrepentimiento, suficiente para los expedientes, pero
insuficiente para una sociedad que aún arrastra más de trescientos crímenes sin
castigo.
El Gobierno central no es un actor pasivo en este proceso. La política penitenciaria hacia los presos de ETA se ha convertido en una pieza estructural de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.
El fin de la
dispersión, el traspaso de las competencias penitenciarias y la citada reforma
del cómputo de penas se han negociado y aprobado en un ecosistema político
donde EH Bildu es socio relevante del Ejecutivo.
La
arquitectura resultante permite un cómodo reparto de responsabilidades: Madrid
diseña el marco; Vitoria ejecuta las progresiones de grado; las juntas de
tratamiento y los jueces de vigilancia estampan la firma final.
Cuando el preso pisa la calle, nadie es responsable; todos, en cambio, han contribuido.
Resulta especialmente cínico que este mismo Gobierno impulse, junto al juez Baltasar Garzón y su entorno, una Comisión de la Verdad orientada a revisar la memoria de la Guerra Civil y el franquismo, mientras muestra una llamativa desidia ante la verdad pendiente del terrorismo etarra.
Se anuncia
con solemnidad una instancia para «esclarecer el pasado» y dar voz a las
víctimas de hace casi un siglo, al tiempo que se obvia una pregunta elemental:
¿dónde está la Comisión de la Verdad que exija a los etarras colaborar en el
esclarecimiento de cada uno de los asesinatos sin resolver como condición
previa a cualquier beneficio penitenciario?
No se trata
de contraponer memorias ni de negar el deber del Estado de revisar críticamente
su propia historia.
Se trata de
denunciar una doble moral intolerable.
La misma
coalición que auspicia una gran Comisión de la Verdad para 1936-39 mira hacia
otro lado cuando se trata de la verdad de 1968 a 2011.
Un Gobierno
democrático puede y debe ofrecer horizontes de reintegración incluso al peor de
los terroristas. Pero tiene también la obligación de proteger a las víctimas de
una segunda humillación: la de ver cómo quienes destrozaron sus vidas recuperan
la suya sin haberles mirado jamás a los ojos ni haber contribuido a cerrar las
heridas abiertas.
Opinión:
Me
remite una víctima residente en el País Vasco el siguiente editorial y
reconozco que se me escapó en el resumen de prensa casi diario (más bien de
madrugadas) que realizo.
Y
le agradezco que me lo haya enviado porque ofrece la posibilidad, ya comentada
también con ella y otras once víctimas, de explicar algo que a mucha gente
parece molestarle que sea recordado.
Está
muy claro que molesta el hecho de que los delincuentes, incluyendo miembros de
bandas terroristas, puedan acceder a la libertad. Y también está claro que
deben cumplir unos requisitos para esa puesta en libertad.
Pero
no se puede obviar también que el hecho de que salgan con esa puesta en
libertad es la consecuencia de la legislación que los políticos, proponen,
estudian y acostumbran a aprobar… las mismas leyes que luego los jueces están
obligados a cumplir y hacer cumplir.
¿Saben
cual es el problema? Pues que hay personas que tienen muy poca memoria y que en
caso de tenerla, algunos la tienen selectiva.
Se
exigen AHORA unos requisitos que la legislación ya marcaba lustros y décadas
atrás. Y digo décadas porque en 1994 ya apareció un pequeño grupo de víctimas
del terrorismo que trabajamos y nos pateamos todo el país para conseguir que la
ley fuera modificada. Y me pregunto cual es la diferencia para exigir AHORA
unos requisitos que llevan años recogidos en la legislación. Y me pregunto por
qué AHORA se está hablando tanto sobre el tema cuando han salido cientos de
terroristas a las calles durante los años (décadas) anteriores.
¿Qué
gestos, íntimos y opacos, llevaron a cabo cuando salieron esos cientos de
miembros de bandas terroristas? A los miembros del GRAPO que en 1996 se les
ofreció “trabajo y dinero” a cambio de abandonar el terrorismo ¿qué gestos
ofrecieron a la ciudadanía?
En
comparación con muchos de los asesinatos múltiples cometidos por un solo
terrorista ¿es que nadie recuerda que las condenas son mínimas porque la legislación
lo marca? ¿Y los que no quieren recordar esto ¿no recuerdan que la Sacrosanta e
intocable Constitución Española no recoge ni la cadena perpetua ni la pena de
muerte?
Hablaba
con las víctimas antes mencionadas que la misma condena cumple un asesino por
matar a una persona que a dos o a diez… ¿alguien tiene la solución a algo que
es legal pero que, evidentemente, no es justo?
Pues que la aporte.
Pero,
por favor, que los intereses políticos y partidistas no busquen soluciones que
la legislación, la misma que muchos de ellos proponen, no recoge. Y si no, que
revisen cuántos terroristas salieron a las calles durante los gobiernos de
Suarez, Calvo Sotelo, González, Aznar, Rodríguez Zapatero, Rajoy…
Y
conste, no hablo de política. Hablo de legislación.
