11 julio 2024 (4) Deia (opinión)

11 julio 2024 

La ‘policía patriótica’ espió a 69 diputados de Podemos durante el Gobierno del PP

La AN posee ya las pruebas del rastreo masivo sin aval judicial entre 2015 y 2016

La llamada policía patriótica del PP espió a 69 diputados de Podemos entre 2015 y 2016, durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, para ver si podía encontrar algún trapo sucio y afectar así a su reputación, tal y como acredita la documentación remitida por el propio Cuerpo a la Audiencia Nacional y que forma parte ya de la causa que el juez Santiago Pedraz sigue contra la guerra sucia de los populares a raíz de una denuncia de la formación morada sobre las presuntas maniobras contra ellos por parte de la policía española y el Ministerio del Interior. Entre los espiados están el que era líder de la formación, Pablo Iglesias, su antiguo colaborador Iñigo Errejón, la actual vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, entonces diputada de Podemos, o el que fuera candidato de Compromís a la Generalitat valenciana Joan Baldoví, así como la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, según adelantó El País.

El informe contiene conversaciones de enero de 2016 entre el entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, y el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, donde queda plasmado el interés del primero por encontrar algún asunto turbio a los diputados de Podemos para poder perjudicarlos. Aquel año se celebraron las generales que supusieron una irrupción histórica de este partido.

El espionaje se realizó a través de varias bases de datos policiales y se documenta en ficheros con las consultas que sobre los movimientos de los diputados hicieron funcionarios de la seguridad del Estado. El magistrado indaga en quién y cómo se dieron aquellas órdenes, pero en febrero ya admitió una querella por la que está imputado Francisco Martínez. En uno de los chats de WhatsApp que se incautaron al ex secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen, el político da instrucciones a un destacado miembro de la brigada política para que averigüe datos comprometedores de los diputados de la marca emergente. Las consultas se hicieron desde distintas instancias policiales, desde servicios centrales de la Policía a Jefaturas locales o los policías destinados en el Congreso y permiten rastrear los movimientos de los cargos electos. El 30 de enero de 2016, las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno se hallaban en una fase incipiente después de que los resultados de los comicios generales del 20 de diciembre anterior abrieran la posibilidad de que un acuerdo entre ambos partidos desbancara al PP.

Entre las conversaciones, quien fuera secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la Policía: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?” El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclama Francisco Martínez.

He aquí un extracto de esas conversaciones entre ambos:

Francisco Martínez: De esos de Podemos hueso que tenían antecedentes... ¿Puedes confirmar algo?

García Castaño: Pues lo pedí y llamaré porque no volví a preguntar. Me descuidé.

Martínez: Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas aberzales, temas de extremismo violento, etc.

García Castaño: Josetxu Arrieta, el único que tiene pertenencia a ETA.

Martínez: ¿Estuvo condenado?

García Castaño: Sí.

Martínez: ¿Y los demás nada?

García Castaño: ¿Nada?

Martínez: ¿Digo que si los demás están limpios? ¿Tampoco violencia callejera, anarcos, etc.?

García Castaño: Vuelvo a mirarlo, pero creo que no.

Martínez: Cagüenlaputa (…) Alguno debe ser chungo.

García Castaño: Veamos.

Francisco Martínez: Mira con ojos atentos.

García Castaño: Te parece poco todo lo que tienen, Castiñeira [Ninguno de la Brigada Provincial de Información] debe tener lo que haya, porque les trabajó mucho tiempo. (…) Le pregunto.

Francisco Martínez: Y de los demás, ¿qué? No me envías nada.

García Castaño: El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar a los 69, se quita, pero hay que mirar uno a uno y, cómo no, deja rastro.

Opinión:

No entraré a opinar sobre la obviedad que se desprende de la información porque ya se desarrolla perfectamente en el cuerpo de la noticia.

Pero, a tenor de la noticia sí quiero plantear una reflexión que me brinda la oportunidad sobre la información.

El titular dice que “La ‘policía patriótica’ espió a 69 diputados de Podemos durante el Gobierno del PP” y que esas gestiones se realizaron “a través de varias bases de datos policiales y se documenta en ficheros con las consultas”.

Bien, “BASES DE DATOS”. Ocurrió entre 2015 y 2016.

Sigo. En agosto de 2017 sufrimos en Catalunya varios atentados gihadistas. Resultado según sentencia: 16 personas asesinadas y 345 heridos. (Habría que añadir otras 123 personas que aparecen en el sumario como afectadas pero no aparecen en la sentencia).

Desde que ocurrieron los atentados ¿qué uso de la BASE DE DATOS ha utilizado el Ministerio de Interior para localizar a LAS víctimas? ¿Para asesorarlas, para informarles de sus derechos, para ayudarlas y acompañarlas?

Imagino que algún funcionario del Ministerio de Interior sería asignado a la labor de revisar los más de 68.000 folios en los que aparecen los DATOS de todas y cada una de LAS víctimas (ssshhhh, no se lo digan pero exactamente son 13.139 páginas).

Si se dedicaron meses y meses para, con una BASE DE DATOS, obtener información sobre miembros de la clase política… ¿no se dedicaron a hacer lo mismo para obtener información sobre LAS víctimas?

Sigo. En la sentencia de mayo de 2021 aparecen mas de 50 víctimas de las que NO CONSTA INFORME DE SANIDAD.

Ohhhh “chorprecha”: ¿a nadie se le ocurrió, durante cuatro años, utilizar la BASE DE DATOS que presenta un sumario para hacer ese seguimiento?

Pues aquí no termina la cosa. La sentencia de 2023 sigue, palabra por palabra, ese abandono, esa dejación de funciones en cuanto al interés de subsanar esa, a mi juicio, falta de diligencia que se espera de una administración que tiene la competencia única de APOYAR a las víctimas del terrorismo.

Sigo. Para más “chorprecha”, cuando en diciembre de 2023 la sentencia ya es FIRME, el propio Ministerio de Interior emite una nota de prensa con el siguiente titular: “Interior contacta con más de 200 víctimas de los atentados yihadistas del 17-A reconocidas en el proceso judicial. De las 368 víctimas del terrorismo que establece la sentencia de la Audiencia Nacional, 143 ya habían sido reconocidas por el Ministerio de Interior y han percibido indemnizaciones que…” “La sentencia de la Audiencia Nacional concedió la condición de víctimas del terrorismo a 225 personas que no habían sido reconocidas hasta el momento por el Ministerio de Interior, bien porque no habían presentado solicitud de indemnización o porque su solicitud había sido desestimada”.

Es decir, que el propio Ministerio de Interior se ve obligado a reconocer a través de una sentencia FIRME que no habían reconocido a muchas víctimas que no sabían que podían solicitar una indemnización o les habían desestimado el reconocimiento.

Por suerte para la inmensa mayoría de ellas, la UAVAT y los compañeros de la Asociación11-M Afectados por Terrorismo las habíamos localizado, asesorado, representado y acompañado en todos los trámites de los que la propia administración no les informó en su momento.

¿En el Ministerio de Interior no sabían lo que era una BASE DE DATOS para asistir a LAS víctimas del 17-A pero sí que utilizaron una BASE DE DATOS para espiar a oponentes políticos.?

Ese trabajo con esa BASE DE DATOS ¿lo pagó alguien de su propio bolsillo o podríamos estar ante un uso fraudulento de los recursos públicos?

Termino. Por cierto, aunque en diciembre dijeron que “Interior contacta con más de 200 víctimas de los atentados”, he hablado con nuevas víctimas que me confirman que nadie les ha llamado desde el Ministerio.

Ahora, que cada cual extraiga sus conclusiones.