domingo, 21 de julio de 2024

20 julio 2024 Deia

20 julio 2024 


 

La Guardia Civil detiene a tres personas en Baleares y Andalucía por delitos de Da´ños informáticos con fines terroristas

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en las localidades de Manacor (Islas Baleares), Huelva y Sevilla (Andalucía) por su presunta participación en ciberataques de denegación de servicios contra instituciones públicas y sectores estratégicos del Estado español y otros países de la OTAN.

En concreto, se ha procedido al registro de sus domicilios, interviniendo diverso material informático y documental de interés.

Estos ataques informáticos han sido organizados por el grupo hacktivista 'NoName057(16)', nacido tras el inicio del conflicto bélico derivado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y uno de los más activos desde ese momento.

En su propio manifiesto fundacional, este grupo reconoce que "responderán proporcionalmente en respuesta a las acciones hostiles y abiertamente antirrusas de los rusófobos occidentales".

La actividad principal de este grupo es la realización de ataques de 'Denegación de Servicios Distribuida' (por sus siglas en inglés, 'DDoS') contra páginas web de organismos públicos y privados de los sectores gubernamental, infraestructuras críticas y servicios esenciales, de aquellos países que se han posicionado a favor de Ucrania en el marco del conflicto bélico.

La Dirección General de la Guardia Civil detalla este sábado en un comunicado que la particularidad de los ciberataques llevados a cabo por 'NoName057(16)' es que son realizados mediante un software desarrollado por el propio grupo, bautizado como 'DDoSia' y utilizado de forma voluntaria por individuos que apoyan los fines de esta organización hacktivista.

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se incoaron las diligencias previas que han dado origen a las detenciones.

Asimismo, la Guardia Civil avanza que continúa con varias líneas de investigación para continuar identificando a participantes en los ataques.

 

 

 

 

19 de julio 2024 La Verdad (opinión)

19 de julio 2024 


 

La hermana de Miguel Angel Blanco Garrido aboga en Lorca porque se difunda en los colegios la historia del terrorismo en España

Durante un homenaje al concejal de Ermua asesinado por ETA

El patio del palacio de Guevara acogió este viernes un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco Garrido, con motivo del 27 años de su secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Contó con la presencia de su hermana María del Mar, senadora del PP, y de miembros de los grupos municipales, a excepción de IU, representantes de asociaciones y cofradías y de la sociedad civil.

El alcalde, Fulgencio Gil, recordó que Lorca fue de las primeras ciudades en España en poner el nombre de Miguel Ángel Blanco Garrido a una calle para honrar su memoria y que todos los años se rinde homenaje al concejal de Ermua fallecido el 12 de julio de 1997.

Para Gil, Blanco Garrido, «es ya patrimonio de todos los españoles y un símbolo de la lucha contra la barbarie terrorista y los asesinos de ETA» y también de «la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo».

Su hermana lamentó que ya haya una nueva generación de españoles que desconoce quién fue y consideró que «hay que hacer una labor muy importante en el ámbito educativo» para dar a conocer la historia reciente de España. Estimó necesario llevar a los colegios a víctimas de ETA para que ofrezcan su testimonio.

Añadió de que “prueba de que las cosas no se están haciendo bien es el resultado en las últimas elecciones en el País Vasco, donde el voto a Bildu de los jóvenes casi permite que pudieran gobernar”

Según María del Mar Blanco Garrido «hay una campaña de manipulación y blanqueamiento» por parte del Gobierno porque los más jóvenes «piensan que ETA no fue para tanto». Recordó que España vivió durante 50 años el «azote del terrorismo», que dejó 853 víctimas mortales. También resaltó la importancia de que las nuevas generaciones valoren la «calidad democrática» después de años de «sacrificio de tantos inocentes».

Opinión:

 

Muy buena iniciativa… que debería llevar aparejado un pequeño detalle también: tener muy claro quien pueda hacer esa supuesta tarea de difusión sobre lo que fue la banda terrorista ETA.

Sería un buen sistema para evitar que esa difusión se convirtiera en una serie de mensajes partidistas y políticos que, como “casi” siempre, serían presentados como el pensamiento único en el mundo de “LAS” víctimas del terrorismo.

Y permitir o conseguir eso, si se quiere hacer una correcta tarea de difusión, sería un error.

Y como prueba de ese error, la propia noticia. ¿Siete días después del “aniversario” se siguen haciendo actos de homenaje a Miguel Angel Blanco? Bueno, sí… aunque no sea muy lógico, sí se siguen haciendo.

Y ahora pregunto: en el transcurso del acto en el patio del palacio de Guevara… ¿se hizo algún comentario de recuerdo para el atentado que ocurrió ese mismo día pero en 1979?

Debe ser que 78 asesinados y 113 heridos no lo merecían ¿verdad?

Eso también es historia del terrorismo de la banda ETA pero si ni tan solo lña protagonista lo recordó… ¿de qué difusión nos están hablando?

Por no hablar de que TAMBIEN se deberían explicar las actividades y las consecuencias de los atentados perpetrados por otras muchas bandas terroristas y no solo y en exclusiva, la banda terrorista ETA.

Los que sabemos de esto y tenemos la dpocumentación que lo acredita aportaríamos muchas sopresas que, seguramente, no serían del agrado de algunos políticos que SIEMPRE están hablando de "sus" víctimas.

 

 

 

 

viernes, 19 de julio de 2024

18 julio 2024 (3) publico.es (opinión)

 

18 julio 2024 



Condena millonaria de la Audiencia Nacional al Estado por el atentado en la embajada de Kabul

España deberá pagar 400.000 euros por la muerte de dos policías. Las indemnizaciones totales superan los 1,6 millones de euros.

La Audiencia Nacional ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado español por los daños y perjuicios derivados del atentado en la embajada de España en Kabul, ocurrido el 11 de diciembre de 2015. En su sentencia, el Tribunal de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado indemnizar a las viudas e hijos de los dos policías nacionales asesinados, así como a otros cuatro agentes víctimas de la acción terrorista.

El total de las indemnizaciones ordenadas por la Audiencia Nacional asciende a 1.681.697,89 euros, más otros 6.000 euros por los costes judiciales. El tribunal ha dispuesto indemnizar a las familias de los dos agentes fallecidos con cantidades cercanas a los 200.000 euros cada una. La viuda del subinspector J.G.T. recibirá 225.991,20 euros, mientras que sus dos hijos recibirán 204.458,5 y 205.834 euros respectivamente. La viuda del agente de Policía Nacional I.G.S.M.H. recibirá 229.022,40 euros y su hijo 229.887,60 euros.

Además, se ha ordenado compensar a los cuatro agentes supervivientes por las secuelas psicológicas del atentado. Las sumas ascienden a 133.241 euros, 190.869,40 euros, 134.328,61 euros y 128.065,18 euros, respectivamente. Esta decisión se ha tomado en contra del criterio de la Abogacía del Estado, que había solicitado desestimar la demanda y consideraba excesivas las cantidades reclamadas, especialmente las asociadas a daños morales.

Para acordar estas indemnizaciones, los magistrados han tenido en cuenta los perjuicios patrimoniales y secuelas psíquicas sufridas por las víctimas. Las indemnizaciones estipuladas por ley se han complementado con los daños morales generados por la "desatención de los requerimientos para mejorar la seguridad del recinto y el pesar por haber visto a familiares queridos y haber quedado los agentes supervivientes expuestos a un peligro patente sin adoptar medidas razonables para mitigarlo".

La Administración argumentó que el atentado fue un suceso inevitable y que no se produjo ninguna omisión por parte del Ministerio de Defensa o el de Exteriores que hubiera propiciado el ataque. Sin embargo, los magistrados detallaron en su resolución diversos informes que desde 2009 alertaban sobre la vulnerabilidad del recinto donde se ubicaba la Cancillería y la residencia de los funcionarios de la embajada.

Estos informes, emitidos por el jefe de Protección GEO en Kabul y el jefe de Equipo de Seguridad Estática, destacaban la necesidad urgente de mejorar la seguridad pasiva de la embajada. La sentencia concluye que la total inadecuación del recinto era manifiesta y conocida por los responsables diplomáticos, lo que lo convertía en un objetivo probable de ataques terroristas.

Insuficientes medidas para repeler la acción terrorista

Además, la Sala constató que las medidas de seguridad del recinto eran insuficientes para repeler la acción terrorista. Los magistrados señalaron que, tras la explosión, el equipo de seguridad de la embajada perdió el control de la situación debido a la falta de elementos adecuados para reaccionar eficazmente. Aunque se tuvo en cuenta el "factor sorpresa" inherente a un atentado, el tribunal concluyó que de haber existido medidas de seguridad adecuadas, se podría haber mitigado en parte las consecuencias del ataque.

Otro punto destacado por la Sala fue la existencia de defectuosos canales de información sobre los riesgos de ataques, lo que impedía al equipo de seguridad de la embajada obtener de manera directa las alertas emitidas. Un informe del consejero y agregado de Interior indicaba que la dependencia del equipo de seguridad respecto al personal diplomático dificultaba el conocimiento rápido y directo de las amenazas.

La sentencia recoge que hubo una alerta de ataque inminente transmitida por el agregado militar francés a su homólogo español a través de un correo electrónico en un día festivo, lo que impidió al receptor del mensaje alertar a tiempo al equipo de seguridad.

Para la Sala, la falta de previsión de un canal que asegurara un conocimiento inmediato y cierto de la información transmitida por todos los eslabones de la cadena hizo que este sistema se revelara como "sumamente ineficaz". En este caso, además, "no se trataba de una amenaza cualquiera. No se refería a la posibilidad de un ataque en una zona indeterminada de la ciudad de Kabul. Se aludía, en concreto, a un atentado contra una embajada", recoge la sentencia.

Los magistrados han valorado los perjuicios patrimoniales y secuelas psíquicas padecidas por estas víctimas. De este modo, las cantidades fijadas por ley se han complementado por los daños morales que les ha generado la "desatención de los requerimientos para mejorar la seguridad del recinto y el pesar por haber visto a familiares queridos y haber quedado los agentes supervivientes expuestos a un peligro patente sin adoptar medidas razonables para mitigarlo", según explica la sentencia.

En el año 2023, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional reabrió por su parte la vía penal para investigar este atentado ante los nuevos indicios sobre su autoría, que apuntaban a dos ministros del gobierno talibán y a un alto cargo de su servicio de inteligencia.

Opinión:

Felicitar a las víctimas que han visto reconocidos sus derechos tras unos años de lucha jurídica muy ardua. Además, me alegra poder decir que, a partir de esta sentencia, ya no hará falta decir que el atentado en Hipercor fue el “único” que un grupo de víctimas habíamos ganado el litigio contra el Estado español. Desde ahora, el Estado ha sido condenado, al menos, en dos atentados diferentes.

Ese mismo Estado que se designa a sí mismo como solidario con “LAS” víctimas del terrorismo.

18 juliol 2024 (2) elnacional.cat (opinió)

 

18 juliol 2024 



Els CDR, a l'Audiència Nacional: la llei d'amnistia no distingeix el terrorisme d'alta o baixa intensitat

Els CDR de l'operació Judes afirmen que la llei d'amnistia respecta la directiva de la UE sobre terrorisme

Els 12 CDR de l’operació Judes, acusats de terrorisme, ja han contestat a l’Audiència Nacional que no cal consultar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) si la llei d’amnistia del procés vulnera la directiva europea sobre lluita contra el terrorisme perquè la norma de l’oblit penal s’emmiralla en ella i no en el Codi Penal espanyol. Por això, li reclamen que no demori més la seva aplicació i els extingeixi tota responsabilitat penal. El tribunal, presidit pel magistrat Alfonso Guevara, va admetre que l’època dels fets i la motivació, el setembre de 2019, encaixen en la Llei Orgànica 1/2024, però que  té dubtes que la norma contravingui "greument" la directiva europea de 2017 de lluita terrorisme. Les defenses dels CDR ho neguen i asseguren que “la llei  d'amnistia no significa que l’Estat deixi de perseguir fets considerats de terrorisme”.

“No existeix tal distinció entre terrorisme d'alta o baixa intensitat, com assenyala la resolució, en el redactat de la llei d’amnistia, sinó una remissió directa a la directiva  europea i al dret internacional humanitari que permeten l'aplicació de la llei sense necessitat de forçar cap contradicció entre la mateixa i la normativa europea”, afirma en el seu escrit un dels sis advocats d’Alerta Solidària, que porten la defensa de la meitat dels veïns processats.  L’Advocacia de l’Estat i la Fiscalia també han demanat que s’apliqui l’amnistia als 12 CDR perquè les acusacions que se’ls imputa són en grau de temptativa i no es va fer mal a cap persona ni a propietats. Per contra, el llarg llistat de partits i entitats espanyolistes personats com a acusació popular sostenen tot el contrari. Són: el partit ultra Vox, l’Asociació de Víctimes del Terrorisme, l’entitat propera al PP, Dignidad y Justicia, i l’Asociación Española de la Guardia Civil y la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

La gravetat del delicte

En la seva resolució, l’Audiència Nacional exposa que la directiva europea no fa una definició de terrorisme, però sí de grup terrorista. En el seu escrit, un dels advocats defensors d’Alerta Solidària combat els raonaments del tribunal amb seu a Madrid, i recorda que "la Directiva exigeix com a element preponderant la gravetat del delicte, a l'efecte d'encaixar-lo en la definició de terrorisme".

La defensa hi raona que “el legislador no efectua una limitació de determinades activitats enquadrades en el delicte de terrorisme, sinó que, amb millor o pitjor tècnica legislativa, estableix com a marc referencial, a l'efecte de la seva aplicació, el que s'estableix en la pròpia Directiva  2017/541 i no en el fixat en la transposició d'aquesta”. Hi afegeix que “la Llei orgànica 1/2024 no entra a catalogar en cap moment que tipus de terrorisme ha d'excloure's o no de la seva aplicació, ni suposa la renúncia de l'Estat a perseguir tota forma de terrorisme, com assenyala la resolució, sinó que estableix un marc referencial que permet una interpretació més restrictiva i garantista que l'assenyalat en el Codi Penal, com ho fa la mateixa Directiva, sense que això la faci mereixedora de cap sospita.”

Finalment, la defensa exposa que “el Dret de la Unió no efectua cap objecció a l'exercici de la sobirania legislativa que no qüestiona, deroga o impedeix, l'aplicació de la Directiva 2017/541 de cap manera”. I conclou:  que la llei d’amnistia “no suposa de cap manera una derogació tàcita o expressa de la Directiva comunitària. I, en el cas que fos així “l'efecte directe d'una directiva no pot invocar-se en contra d'un particular”.

Per tot això, les defenses sol·liciten a l'Audiència Nacional que no consulti al TJUE i amnistiï als CDR.

Opinió:

Sense entrar a valorar el tema del terrorisme d'alta i/o baixa intensitat, només voldría presentar una sèrie de preguntes.

Totes aquestes sigles que apareixen a la notícia com "acusació popular",

qué van fer per localitzar, atendre, assessorar i ajudar a les víctimes dels atemptats d'agost de 2017 a Catalunya?

Sí, ja sé que una es va personar com acusació popular i, sincerament, no sé ni que van fer perquè tant en el judici com en la vista del 15 de novembre no vaig veure cap tipus d'interés en les víctimes.

Per tant, i amb tot el respecte, crec que la tasca prioritària i el destí dels recursos hauria de ser l'atenció a víctimes i no pas altres qüestions. Però, evidentment, cadascú pot destinar els recursos que arriben de subvencions administratives en el que cregui més adient. Un altre tema és que s'hagi d'estar d'acord per "ser vos quien sois".

 

 

 

 

18 juliol 2024 elnacional.cat

 

18 juliol 2024 



Desarticulat a Barcelona l'aparell logístic de Hezbollah encarregat de comprar drons per atacar Israel

Han enviat a presó un home de 38 anys de nacionalitat libanesa que vivia al centre de Barcelona i hi ha dos investigats més

Nous detalls de l'operació antiterrorista que aquest diumenge va permetre la detenció de tres persones a Catalunya, al carrer de València de Barcelona, al centre, a tocar de la Sagrada Família, i també a Badalona. Dels tres detinguts d'aquesta operació de la Guàrdia Civil que va avançar ElNacional.cat, un ha ingressat a presó i els altres dos han quedat en llibertat. Segons la investigació de la intel·ligència antiterrorista, un dels arrestats, un home de nacionalitat libanesa, col·laborava amb Hezbollah, el grup paramilitar terrorista del Líban, comprant material per construir drons kamikazes per atacar Israel, i també altres objectius civils o militars, també a Europa.

Després de ser detinguts diumenge a primera hora, i de seguir l'escorcoll dilluns, sota grans mesures de seguretat, la Guàrdia Civil va traslladar els tres detinguts cap a Madrid, a l'Audiència Nacional, on van ser interrogats pel jutge d'aquest tribunal especial competent en investigacions sobre terrorisme, Santiago Pedraz, que va ordenar que un dels tres, l'home detingut al pis de Barcelona, fos enviat a la presó. Els altres dos detinguts han quedat en llibertat.

El detingut, a qui l'Audiència Nacional identifica com a Firas Arab Housseini, és un home de 38 anys, nascut al Líban, tal com va avançar aquest mitjà, i que mantenia relació amb Hezbollah per la compra de material per atacar Israel i interessos hebreus també a casa nostra. Es tracta d'un dels veïns del número 501 del carrer de València, al centre de Barcelona.

Segons la investigació, l'home forma part d'un grup de persones d'aquesta nacionalitat que tenen una xarxa muntada a l'estat espanyol i també a Alemanya que mantenen contacte amb aquesta organització terrorista per, de manera irregular i il·legal i des d'empreses pantalles, comprar material de guerra que havia d'acabar al Líban per poder atacar Israel des de la zona nord del país. Entre el material que aquest home aconseguia comprar, hi havia components per fabricar drons kamikaze, com els que s'han fet servir els darrers mesos des de l'escalada de tensió entre Israel i els seus veïns àrabs. Suposadament, Firas Arab Housseini havia aconseguit fer-se amb aeronaus no tripulades i n'estava gestionant l'enviament cap al Líban.

Investigació encara en marxa

La investigació encara és secreta i la Guàrdia Civil encara treballa a fons amb tota la documentació que es va poder extreure dels dos pisos escorcollats, a Barcelona i Badalona, on vivien els tres detinguts. Tota la documentació sobre la compra d'aquests drons serà clau per seguir la investigació i poder aclarir el paper de l'home que ha ingressat a la presó i dels seus familiars en aquesta compra de material per construir drons per atacar Israel des del Líban. La tensió és creixent a la zona, amb el grup terrorista amenaçant de seguir atacant el país hebreu al sud del Líban.

Els darrers mesos, s'han fet diverses operacions policials contra els aparells de propaganda i difusió terrorista, sobretot a Catalunya, per part dels Mossos, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. Aquesta operació, però, suma un punt de qualitat, tenint en compte que s'estava gestionant, suposadament, la compra de material letal que seria utilitzat al Líban per intentar matar persones a Israel. La intel·ligència policial ha detectat, des de l'esclat de la guerra de Hamàs contra Israel, i del mortífer atac del passat octubre, que s'ha incrementat la propaganda terrorista que circula, també a casa nostra. Cal no oblidar que l'Audiència Nacional espanyola investiga com un atac terrorista l'assalt d'un home pakistanès al centre comercial Màgic de Badalona, del Divendres Sant.

jueves, 18 de julio de 2024

17 julio 2024 (3) eldiario.es (opinión)

 

17 julio 2024 



El número dos de Interior con el PP dice que las 7.000 consultas sobre Podemos eran “una actividad policial ordinaria”

Francisco Martínez asegura que todas las búsquedas responden a trámites sobre documentación o denuncias, pone como ejemplos las de diputados cuyos apellidos coinciden con el de otros ciudadanos y obvia otras como las que se realizaron contra los dirigentes de la formación desde unidades de investigación

El secretario de Estado de Seguridad durante el último Gobierno del PP Francisco Martínez niega que las consultas policiales a bases de datos restringidas en poder de la Audiencia Nacional representen un caso de espionaje. Martínez asegura en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que esas consultas responden a una “una actividad policial normal y ordinaria”.

El abogado de Martínez, principal imputado en la causa por las maniobras contra Podemos, ha presentado un escrito en el que justifica las más de 7.000 consultas a 55 diputados en 2015 y 2016 de la formación política en “variadas razones”, tales como “renovación del DNI y el pasaporte, controles en aeropuertos, datos sobre hospederías (que se remiten a la policía por los propios hoteles), denuncias interpuestas por estas personas y un largo etcétera”.

Martínez, para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel en el caso Kitchen, expone casos como el de la vicepresidenta Yolanda Díaz Pérez, diputada de Podemos cuando se produjeron las consultas y asegura que las búsquedas no son solo sobre ella sino sobre otras que se apellidan Díaz Pérez. Lo mismo alega sobre las múltiples búsquedas a Segundo González García que podrían responder a personas que tienen apellidos tan comunes.

Entre los ejemplos expuestos por Martínez se evitan otros casos como el del líder de Podemos en ese momento, Pablo Iglesias Turrión. El 22 de julio de 2015, un mismo funcionario de la Brigada Provincial de Información realiza 25 consultas sobre Iglesias. La Brigada de Información en Madrid investiga, entre otros asuntos, los radicalismos políticos que degeneran en violencia u otros delitos. A sus plantillas pertenecen los dos policías que han protagonizado las últimas revelaciones periodísticas sobre infiltraciones en movimientos sociales.

La misma dirección IP que buscó a Iglesias con intensidad en mayo de 2016 lo había hecho también, un año antes, con Victoria Rosell desde la comisaría local de Maspalomas, en Canarias. O a Iñigo Errejón desde distintas comisarías de Valencia, Las Palmas y Murcia.

La auditoría de las bases de datos fue ordenada por Pedraz a petición de Podemos y estuvo justificada en la conversación que Francisco Martínez mantuvo por whatsapp con un destacado comisario de la brigada política en la que mostraba su impaciencia porque no hubiera resultados de la búsqueda que había ordenado sobre antecedentes o cualquier otro catos que perjudicara a los 69 diputados de Podemos que habían resultado elegidos por los ciudadanos.

Ahora, Martínez dice que las informaciones sobre la auditoría de la Policía ha tenido “un grosero uso político y mediático” con el fin de que los partidos personados –Podemos, como víctima; el PSOE, como acusación popular– “salieran en tromba a hablar de espionaje masivo y a pedir responsabilidades penales e incluso abiertamente penas de prisión, cuando lo único que demuestran los archivos de Excel es que se han incluido a cientos de ciudadanos ajenos a esta investigación en archivos filtrados inmediatamente a la prensa afín”.

Martínez pide que se dejen fuera de la investigación las búsquedas anteriores al 16 de enero de 2016, cuando se conformaron las Cortes. También recuerda el ex número dos de Jorge Fernández Díaz que él dejo de ser secretario de Estado el 18 de noviembre de 2016 y que no tiene ninguna responsabilidad en periodos posteriores.

Opinión:

A ver si lo entiendo. Desde el gobierno se puede entrar en bases de datos que se entienden son confidenciales como “una actividad policial ordinaria”… Bueno, eso ya lo decidirán en su momento.

Lo que no acabo de entender es que, con la intención de ayudar, asesorar, e informar se prohíba, a través de una Ley de PROTECCION de DATOS, que un ciudadano pueda hacer esa labor que la administración competente no hace.

Lo cual me da pie a una pregunta: la administración ¿puede saltarse las leyes con la excusa de que es una actividad policial?

Mientras tanto, tengo fundadas sospechas de que hay cientos de personas afectadas por terrorismo que no han tenido el privilegio de que se les buscara en esas mismas bases de datos que sirven para consultar sobre miembros de la clase política.

Es raro ¿no?

 

 

 

 

17 julio 2024 (2) La Gaceta de la Iberosfera (opinión)

 

17 julio 2024 



La AN deja en libertad a dos de los tres terroristas islamistas detenidos en Barcelona el pasado domingo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este miércoles enviar a prisión a uno de los tres detenidos el pasado fin de semana en Barcelona y Badalona en una operación contra el terrorismo islamista, mientras que a los otros dos les ha dejado en libertad pero con medidas cautelares.

Así lo detallan fuentes jurídicas, que señalan que los hechos que se investigan encajan en el delito de cooperación con organización terrorista.

Opinión:

Bien, excelente por la labor preventiva que pueda evitar nuevos atentados.

Pero no me cuadra el titular. La Audiencia Nacional ¿deja en libertad a dos terroristas? O quizás sería más cierto decir que deja en libertad a dos de los detenidos…

 

 

miércoles, 17 de julio de 2024

17 julio 2024 El Periódico de España (opinión)

 

 

17 julio 2024 



La inteligencia policial alerta de la captación de menores para el terrorismo con nuevos videojuegos y vídeos de Gaza

Cuando el joven islamista radicalizado pakistaní Hamza Warid atacó a hachazos los aparadores de un McDonald's de Badalona, en marzo pasado, estaba culminando un proceso de fanatización encendido por vídeos de propaganda del conflicto Israel-Hamás. La tragedia palestina es uno de los últimos vectores de reclutamiento yihadista, ha confirmado este martes el general de la Guardia Civil Manuel Navarrete, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y los videojuegos se configuran como un sistema de enganche clave para reclutar a menores y lanzarlos a atentar.

La captación de adolescentes -no solo de matriz islamista, también neonazi o supremacista blanca- y el uso de plataformas de juegos online "preocupa mucho" al CITCO, según ha comentado su dirigente en el curso de verano de la Universidad Complutense 'La amenaza yihadista 20 años después del 11-M', organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.

Opinión:

Pues ya era hora de que se hablara de lo ocurrido el miércoles 27 de marzo en el McDonald’s de Magic Badalona.

Hubiera estado muy bien que, quien haya hablado de este tema, lo hubiera hecho también explicando las gestiones que se hayan hecho en la atención a los adultos y niños presentes en aquel momento.

Por lo menos, yo tengo la conciencia muy tranquila de haberlo hecho. Tengo las pruebas y quien lo desee puede verlas en persona.

16 julio 2024 (4) La Razón (opinión)

 

 

 

16 julio 2024 



La vicepresidenta Isabel Blanco asume la representación de Castilla y León

Además, coge también las riendas de la Comisión Delegad del Gobierno mientras Luis Miguel González Gago coordinará la atención a las víctimas de terrorismo

El Boletín Oficial de Castilla y León publica en su edición de hoy sendos decretos del Presidente de la Junta por el que se establecen las funciones atribuidas a la Vicepresidencia de la Junta, así como la ordenación de diversas competencias en la Consejería de Presidencia.

En el caso de la Vicepresidencia, que ostentará la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se establece la representación de la Comunidad de Castilla y León en sustitución de su presidente, la representación de la Comunidad en el Comité de las Regiones en sustitución del presidente, la representación de la Junta de Castilla y León en la Fundación Castilla y León, así como la Presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno.

Este último es el órgano colegiado y transversal que tiene la función de tratar, de forma previa al inicio de su tramitación, asuntos como los programas de inversiones públicas de carácter plurianual para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León o los planes y programas autonómicos, tanto generales como sectoriales, así como los proyectos y actuaciones estratégicas para el desarrollo de la Comunidad, entre otros.

En el caso de la Consejería de la Presidencia, cuyo titular es Luis Miguel González Gago, se produce una modificación con el fin de unificar en un mismo departamento las competencias materiales relacionadas con las atribuidas a la propia Consejería por razones de eficacia y racionalización organizativa.

De esta forma se incorporan las funciones de coordinación de la atención a víctimas del terrorismo y sus entidades asociativas, el ejercicio de las facultades atribuidas a la Administración de la Comunidad en materia de colegios profesionales, fundaciones y asociaciones, la coordinación de las relaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con el Consejo Consultivo de Castilla y León, con el Procurador del Común y el Defensor del Pueblo, y la coordinación de las medidas de racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos.

Opinión:

Enhorabuena a las víctimas del terrorismo residentes en Castilla-León por tener un gobierno que intenta coordinar la atención dirigida a quien ha sufrido las consecuencias de un atentado.

Por desgracia, en CCAA con muchas más víctimas (por ejemplo, más de 500 en los atentados de agosto2017) no tenemos ese honor.

16 julio 2024 (3) La Vanguardia

 

 

16 julio 2024 



El director del Citco indica que los videojuegos son un método de captación de menores para los grupos terroristas

El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), el general Manuel Navarrete, explicó este martes, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, que “determinados grupos terroristas utilizan los videojuegos como método de captación de menores”.

Señaló que los videojuegos realizan esta actividad a través de los canales de comunicación, tanto abiertos como privados, lo que ha provocado un aumento de la presencia de los menores en diversas células terroristas. Además, Navarrete afirmó que, a causa de las redes sociales, “están aumentando el número de mujeres vinculadas al yihadismo, al igual que en los grupos de extrema derecha, tanto en España como en Europa”.

En total, el Citco ha monitorizado casi 20.000 contenidos relacionados con el terrorismo, aunque “cada vez hay menos producción propia“ y se produce un ”reciclaje de producciones”, destacó el director.

Navarrete manifestó que los retos actuales de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo radican en la amenaza de los actores solitarios; los combatientes terroristas extranjeros; el aumento de la propaganda como medio para transmitir diversas ideas violentas; un incremento de los extremismos “por la polarización, la desconfianza y la desinformación”; y el marco geoestratégico.

Entre los principales factores de incitación, el general Manuel Navarrete nombró la quema de los coranes, la seguridad del Mar Rojo, la captación de los menores a través de la propaganda y el ataque de Hamás a Israel. Por último, declaró que la mayoría de las acciones terroristas en España se realizan en Cataluña, seguida de Andalucía, Ceuta, Melilla y Madrid.

martes, 16 de julio de 2024

16 julio 2024 (13.07.24) (2) La Vanguardia (opinión)

 

16 julio 2024 (13.07.24) 



Un enamorado del derecho

German Loewe

Cuando escribo estas líneas en recuerdo de Julio de Miquel, han transcurrido pocas semanas desde que nos dejó. Tras el dolor intenso de los primeros días llega ahora el dolor sereno, pero duradero. El dolor de la despedida. Del amigo durante 66 años y también del abogado, una de las figuras señeras de la abogacía en Catalunya.

No sé si alcanzaré a referir con suficiente precisión sus méritos jurídicos porque, aunque nos licenciamos juntos en 1963 y compartimos muchas horas de estudios, yo nunca ejercí la profesión.

Pero sí es cierto que nuestra estrecha amistad me permitió seguir nuy de cerca su trayectoria como profesional del derecho y hombre entregado vocacionalmente a la actividad jurídica.

De esa entrega apasionada dan testimonio sus largos años –hasta su último día- como abogado y socio fundador del bufete Arasa - de Miquel (luego convertido en Euroforo Arasa de Miquel) y también sus cargos como miembro de la junta de gobierno y de la comisión deontológica del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Más recientemente, como presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Recuerdo uno de sus logros profesionales más relevantes: la defensa de las víctimas del atentado de ETA en Hipercor, que tuvo como consecuencia una sentencia del Tribunal Supremo condenando al Estado como responsable civil subsidiario. Fue el primer abogado en conseguir el reconocimiento del derecho de las víctimas a ser indemnizadas. Un hito que culminó en la aprobación de la ley de Víctimas del Terrorismo en 1999.

Julio de Miquel fue un referente en derecho mercantil y societario, profesor de Derecho Internacional Privado en la Universitat de Barcelona y de Derecho Societario en Esade, además de autor de varios libros y artículos de contenido jurídico. Toda esta formidable tarea profesional y docente sólo cabía en quien, como él, vivía lo jurídico como un sacerdocio. Sé que el mayor premio a su trayectoria le llenó de gran orgullo; en el 2012 recibía la Cruz Distinguida de 1ª clase de Sant Raymon de Penyafort, concedida por el Ministerio de Justicia. Pero eso no era todo. Aun le quedaba tiempo y energía para dedicarse a ayudar a los demás, como presidente en Barcelona y vicepresidente del Consejo Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer. Una lucha que él también sufrió y a la que tuvo que rendirse finalmente.

En una entrevista radiofónica que le hacen en el 2022 responde así a la pregunta de qué le hubiera gustado ser si volviese a nacer: “O abogado o médico de medicina general”. Todo un mensaje que apuntaba en las dos direcciones que practicó en su vida: preservar el derecho y preservar la salud de las personas.

Julio era muy sociable, un gran conversador, un líder nato. Le gustaba mucho polemizar, también en temas políticos. Pero su insobornable talante jurídico le permitía controlar impulsos y emociones, para analizar cualquier tema con la objetividad que solo consigue quien lleva el predominio de la ley fluyendo por sus venas. Como vicepresidente del Círculo Ecuestre de Barcelona, como tertuliano de varias peñas y jugador de bridge o de tenis, todos recordarán su personalidad, su señorío, su generosidad. Cualidades que proyectó en su familia, con su esposa, Isabel Balmes, a la que estaba profundamente unido, sus hijas y yernos, y sus nietos, para los que seguirá como ejemplo indiscutible. Un hombre de una pieza.

Opinión:

Más que una opinión es una adhesión absoluta a cada una de las palabras que aparecen en el artículo.

Como anécdota, el día que Juli de Miquel me dijo, entre risas, que no se atrevía a pedirme jugar un partido de tenis porque le habían llegado informes sobre mi juego y que no lo hubiera ni imaginado que jugaría al tenis al conocerme tras el atentado en Hipercor y leer mi informe médico…

Todo un señor.

16 julio 2024 theobjective.com (opinión)

 

16 julio 2024 



Repunte yihadista en Cataluña: las detenciones en lo que va de año ya superan las de todo 2023

De enero a julio, el 42,8% de las operaciones policiales contra el terrorismo se han desarrollado en la región catalana

a amenaza yihadista no pierde intensidad en Cataluña. En lo que llevamos de año, la mayoría de operativos policiales (42,8%) contra la lucha terrorista —12 de 28, según datos del Ministerio del Interior— se han desarrollado en esta comunidad autónoma. El último se registró hace apenas dos días en Barcelona y Badalona durante la madrugada del pasado domingo. La investigación, liderada por el Servicio de Información de la Guardia Civil bajo la coordinación de la Audiencia Nacional, culminó con la detención de tres personas. Una operación policial que continúa bajo secreto de sumario y que, según revelan fuentes próximas a la investigación, guarda vínculos con terceros países.

En total, hasta mediados de julio, según ha podido contabilizar este periódico a partir de datos del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, las fuerzas de seguridad han detenido a 50 personas en España por delitos relacionados con la yihad, 19 de ellos en Cataluña —14 en Barcelona y cinco en Gerona—, que lidera el ranking de comunidades autónomas por delante de Andalucía (8), Comunidad Valenciana (2) y Murcia (2). Madrid no ha registrado ninguna operación yihadista en todo 2024.

Estas cifras contrastan con las de 2023, el año, al menos hasta ahora, con más detenciones (78) por delitos de terrorismo internacional desde los atentados del 11-M. La tendencia muestra, sin embargo, que la estadística puede superarse en 2024, pues, en el caso catalán, Barcelona lideró los datos con 14 detenidos, seguido de Madrid, con 11, y Valencia, con seis. De enero a julio, no obstante, Cataluña ya ha superado los arrestos totales por delitos yihadistas que registró en el curso anterior, de acuerdo con las cifras que también recoge el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

«Punto sensible de radicalización»

Distintas fuentes policiales consultadas aseguran que la citada región «sigue siendo una zona especialmente sensible desde el punto de vista de la radicalización». Y así lo demuestra también el balance de la operatividad de los últimos, siendo la región donde más detenciones se han registrado en el marco de la lucha contra el terrorismo yihadista, si se tienen en cuenta los datos de los últimos 12 años. 

Desde el año 2012, 608 personas han sido detenidas por terrorismo islámico en un total de 338 operaciones, según las estadísticas que maneja el Ministerio del Interior. Las comunidades donde más yihadistas han sido arrestados son Cataluña (172), Madrid (94), Andalucía (57), Comunidad Valenciana (50) y las ciudades autónomas de Melilla (61) y Ceuta (35). Entre las que destaca el caso catalán, que acumula el 28,2% de las detenciones. En otras palabras, registra dos de cada cinco arrestos de presuntos islamistas radicales en el país. Hay que tener en cuenta, no obstante, que una misma operación puede llevarse a cabo en varias provincias a la vez.

Un preso detenido en Cataluña

Entre las operaciones policiales, destaca la que llevaron a cabo la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra a mediados del pasado mes de junio. El principal investigado era German Bagaev, un hombre que ya había sido detenido en 2019 cuando trataba de cruzar la frontera a Francia, y que, tras ser condenado por la Audiencia de Gerona, junto a su acompañante, Serhii Aniskovich, cumplía su pena de siete años en la cárcel de Brians (Barcelona).

Los Mossos descubrieron en el momento del primer arresto, hace cinco años, que en el asiento trasero del vehículo llevaban un maletín de color marrón, que en su interior portaba una granada antipersona M-75 de fabricación serbia. Tras varios años de pesquisas, la Policía catalana y la Guardia Civil descubrió que Bagaev y al menos otras cuatro personas se estaban radicalizando, habían comenzado a comprar armas y material explosivo y planeaban un atentado.

También resalta la detención el pasado marzo en la capital catalana de un joven de 18 años, estudiante de mecánica y nacionalidad española, al que los investigadores acusan de difundir manuales terroristas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y de instruir con ellos a los cuatro integrantes de una célula islamista. Todos ellos fueron arrestados cuando se preparaban para atentar en Tyesö (Suecia).

Opinión:

Aparte de tantos especialistas que han aparecido en los últimos años relacionados con las estadísticas sobre terrorismo, me gustaría aportar un dato más: hablando de radicalizados, ¿por qué no aparece el autor del ataque al McDonald’s del 27 de marzo?

 

 

 

 

 

 

lunes, 15 de julio de 2024

15 julio 2024 El País (opinión)

 

15 julio 2024 



Tres detenidos en Barcelona y Badalona en una operación contra el terrorismo yihadista

La operación policial, dirigida por la Audiencia Nacional, se llevó a cabo este domingo

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Barcelona y Badalona (Barcelona) en una operación antiyihadista. Según ha adelantado El Nacional y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, el Servicio de Información de la Guardia Civil (unidad responsable de la lucha antiterrorista) se ha encargado de la investigación, bajo la coordinación de la Audiencia Nacional. En el operativo, que se llevó a cabo este domingo, participaron agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, que ya han trasladado a los tres detenidos a Madrid. Según la estadística oficial del Ministerio del Interior, hasta el pasado 24 de junio, las fuerzas de seguridad habían desarrollado a lo largo de este año 25 operaciones contra el terrorismo yihadista en España, con un saldo de 38 detenidos. De estos últimos, 10 fueron arrestados en la provincia de Barcelona, a los que suman los detenidos ahora.

Uno de estos últimos fue un joven de 18 años, de nacionalidad española y estudiante de mecánica, arrestado el pasado 16 de marzo en la capital catalana acusado de difundir manuales terroristas del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) y de instruir con ellos a los cuatro integrantes de una célula islamista que fueron detenidos a comienzos de marzo en Tyresö (Suecia) cuando se preparaban para atentar. Los investigadores también vincularon al arrestado con un joven yihadista detenido en diciembre en Ottawa (Canadá), acusado de organizar atentados con explosivos contra la comunidad judía en este país, según detallan fuentes cercanas a las pesquisas.

España se encuentra en el nivel 4 de alerta antiterrorista, “riesgo alto” ―en vigor desde junio de 2015―, sobre los cinco existentes, aunque periódicamente Interior imparte instrucciones a las fuerzas de seguridad para reforzar las medidas incluidos en el mismo. Desde hace años, lo hace coincidiendo con Semana Santa y Navidades, aunque también lo hizo tras el estallido, el pasado octubre, del conflicto bélico en la franja de Gaza. El sangriento atentado del pasado marzo en la sala de conciertos Crocus City Hall, de Moscú, perpetrado por una filial del ISIS y en el que murieron al menos 139 personas, también ha incrementado la preocupación de las fuerzas de seguridad.

Opinión:

Leer la presente noticia me ha hecho pensar en los hechos ocurridos el miércoles 27 de marzo en el Centro Comercial “Mágic” de Badalona en el que un individuo atacó con un hacha los cristales de la empresa McDonald’s. Fue reducido por un ciudadano que se enfrentó a él y luego escoltado y detenido por los miembros de Mossos d’Esquadra.

Se da la circunstancia de que, al principio y como casi siempre sucede en hechos de este calibre, se dio la versión de la enajenación mental del autor.

Pero, oh sorpresa, el martes 2 de abril, el individuo en cuestión fue trasladado a la Audiencia Nacional acusado de terrorismo. Seguramente los seis días posteriores a su detención aportaron tiempo para revisar la personalidad y las costumbres del autor del ataque y de ahí se extrajo la conclusión a la que ya habíamos podido legar algunos conocedores del suceso.

¿Quién ataca una hamburguesería con un hacha habiendo en el interior un grupo de trabajadores y diferentes clientes, entre ellos niños celebrando un cumpleaños?

Ahora, la pregunta del millón: la magnífica detención de estos tres individuos ¿puede tener relación con el ataque (presuntamente) terrorista producido por Hamza Warid el miércoles 27 de marzo?

Y la pregunta del billón: si quien comete una acción de ese tipo es trasladado a dependencias de la Audiencia Nacional acusado de terrorismo ¿alguien se ha puesto en contacto con la empresa para conocer cómo están los trabajadores y clientes presentes aquella tarde del 27 de marzo?

Confirmo que yo lo he hecho (el miércoles 3 de abril tras el traslado del autor a la Audiencia Nacional, visité el lugar de los hechos y hablé con algunos trabajadores) y a día de hoy no me consta que lo haya hecho nadie más. Ni Ministerio de Interior, ni Generalitat de Catalunya, ni Ayuntamiento de Badalona ni asociaciones de víctimas. Hablé con un miembro de la seguridad de empresa el jueves 25 de abril y, hasta el día de hoy, ni una sola respuesta.

Pero tranquilidad que luego les contarán que “LAS” víctimas del terrorismo están perfectamente asistidas.

 

14 julio 2024 (3) Diario Sur

 

14 julio 2024 



España extrema la vigilancia antiterrorista por los JJOO de París para "estar muy encima" de posibles amenazas

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han extremado la vigilancia antiterrorista en colaboración con las autoridades de Francia y de Europol con vistas a la próxima celebración de los Juegos Olímpicos (JJOO) en París, con la intención de "estar muy encima" y tener un "control bastante exhaustivo" en caso de detectar alguna amenaza concreta. "Estamos reforzando la obtención de inteligencia, tanto de actuación ordinaria como en el ámbito de redes sociales", ha señalado el general Manuel Navarrete, jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un organismo dependiente del Ministerio del Interior que conmemora en 2024 sus diez años de existencia.

14 julio 2024 (2) Heraldo de Aragón (opinión)

 

14 julio 2024 



Juzgan a una mujer por humillar en X a las víctimas del terrorismo: "Pocos se cargó ETA"

La Audiencia Nacional juzga el martes a una mujer acusada de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo etarra por cinco mensajes que publicó en su cuenta en X entre agosto de 2023 y enero de 2024, en los que justificaba los asesinatos terroristas: "Pocos se cargó ETA".

La acusada, E.C.B., se enfrentará por estos hechos a una petición de la Fiscalía de 2 años y medio de cárcel, multa de 540 euros e inhabilitación absoluta en 10 años superior a la condena.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal relata que la acusada, "con la intención de humillar a las víctimas del terrorismo", publicó en su perfil en X, con unos 630 seguidores, cinco mensajes con "contenido humillante" .

En el primero, del 4 de agosto de 2023, escribió: "La mayoría de muertos de ETA, fueron policías, militares, políticos, y ya sabemos porque (debería haberse llamado, “accidente laboral)” (sic). Este post tuvo 35 visualizaciones.

El segundo, publicado el 5 de noviembre de 2023, lo dirigió a las "mujeres policía", de las que dijo: "Ni siquiera (...) hay que violarlas, pero cuando lo hacían en comisaría con mujeres de ETA, muchas mirabais para otro lado, o gritabais a por ellas, ¿entendéis los principios de unos u otros?"

El 8 de diciembre hizo una tercera publicación de este tenor: "Pocos se cargó ETA... ahí iban a estar esos cagaos con ETA... Una banda armada no se carga a un policía y militar porque sea hombre o mujer, se los carga porque son militares o policías... Pienso lo mismo, de hecho, ETA es mi grupo armado favorito, y no me ando por las ramas". Un post que obtuvo 38 visualizaciones.

Mayor repercusión tuvo su cuarto tuit (102 visualizaciones, 13 reposts, 265 citas, 49 me gusta y 5 elementos guardados), que publicó el 15 de enero de 2024. "Que no, por mucho que repitáis que ETA mataba por pensar diferente, no cuela, ETA, salvo alguna cagada, iba a por las estructuras del Estado, y aunque os joda, la historia es la que es", sentenció ese día.

Al día siguiente puso el quinto mensaje por el que se sentará en el banquillo. Junto a la foto de dos asesinados por ETA Miguel Ángel Blanco y E.L., puso este texto: "Prococainomano y prosionista, queriendo dar lecciones".

"Todos estos mensajes evidencian una minusvaloración o descrédito de las víctimas produciéndose a través de los mismos un proceso de revictimización", denuncia la Fiscalía en su escrito de acusación.

Opinión:
Pues es lo que hay… si alguien se considera con el derecho de faltar al respeto al colectivo de víctimas del terrorismo, que sepa también que tendrá la obligación de cargar con las consecuencias de sus actos.

Dicho lo cual ¿a qué espera Fiscalía para revisar este tuit? Creo que no ha prescrito.




14 julio 2024 La Vanguardia

 

14 julio 2024



Un siglo de violencia en España

Desde los inicios del siglo XX hasta el proceso independentista, el nuevo estudio del historiador González Calleja transita por los episodios de violencia de la España contemporánea

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de ­Madrid, Eduardo González Calleja (Madrid, 1962) es uno de los principales estudiosos de la violencia política, el terrorismo y los grupos de extrema derecha en la España del siglo XX. De entre su larga lista de publicaciones hay estudios que ya son referentes en el ámbito, como La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1874-1917) (1998) y El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931) (1999).

En el año 2020 publicó Política y violencia en la España contemporánea. Del Dos de Mayo al Primero de Mayo (1808-1903) (Akal). En ochocientas páginas el historiador repasaba las dificultades para establecer estructuras sociales, políticas e institucionales estables en España y el papel de la violencia que caracterizó el proceso revolucionario liberal. Explicaba el origen, justificación ideológica, estrategia, resultados y difusión de la violencia contra el estado, ­pero también los aparatos judiciales, gubernativos, policiales y militares. Asimismo, se hacía un análisis comparativo con países como Italia, Francia o Portugal y el mundo colonial. El volumen planteaba que, lejos de ser una forma de hacer española, la violencia política en la península era tan habitual como en el resto de sociedades europeas.

Ahora se publica el segundo volumen, que comprende el siglo XX y el primer cuarto del XXI, y se subtitula Del Cu-Cut al Procés (1902-2019). Después de repasar guerras, revueltas e insurrecciones en Europa en la introducción, la principal tesis que sustenta González Calleja es que la violencia en España también durante el siglo XX era tan habitual como por todas partes. El nuevo volumen, de mil páginas, no cuenta sin embargo con un capítulo valorativo final. Este cierre es el qué el lector echa más de menos después del esfuerzo del autor, que incluye fuentes primarias de una treintena de archivos y un centenar de páginas de bibliografía. Unos episodios están más cargados de notas que otros, en unos se sigue a unos autores determinados, pero la cantidad ingente de bibliografía sobre cada uno hace imposible que nadie domine todos los periodos por igual.

Parte del atractivo del volumen reside en que no se ciñe a una mera correlación de episodios violentos, sino que González Calleja aprovecha las violencias para analizar el origen, el contexto o deshacer asunciones erróneas. Explica, por ejemplo, que el régimen republicano llegó acompañado de la proliferación de simbologías, lenguajes y discursos violentos que apelaban a la acción armada como mecanismo válido de intervención en la vida pública. Y, en un apartado interesante en especial, explica la paramilitarización de la mayoría de formaciones políticas en España, desde el socialismo al carlismo, no solo la de las JEREC. Un aspecto coincidente con la biografía de Josep Dencàs (Base, 2024) de Fermí Rubiralta, Frederic J. Porta y Fèlix Villagrassa que de manera reciente hemos reseñado.

Catalunya está muy presente en el estudio, en gran medida por ser el territorio más dinámico del estado y porque, como se dice al principio, después de las huelgas generales de 1901 y 1903 “empezó a tomar forma en los ámbitos políticos de Madrid la imagen de una Catalunya en perpetua rebeldía”. Hay momentos, en cambio, que pierde protagonismo. El peso de los hechos de octubre de 1934, por ejemplo, se lo lleva Asturias.

El historiador señala que en el periodo republicano la violencia actuó de corrosivo de múltiples consensos, pero que tuvo un carácter heterogéneo en cuanto a tipología, carácter y protagonistas. Una mirada que complementa el estudio también reseñado aquí de Fuego cruzado. Primavera de 1936 (Galaxia Gutenberg, 2024) de Manuel Álvarez Tardío y Fernando Rey.

El libro transita por la Guerra Civil y la represión franquista, con los intentos de normalización de la violencia estatal. Las explicaciones a menudo se acompañan de tablas como, por ejemplo, la de los procesados (9.000) y afectados (50.700) por la jurisdicción de orden público entre 1964 y 1976 o los decretos de estados de excepción (1956-1977). También se tratan los intentos violentos del antifranquismo, desde el maquis hasta llegar a ETA, que tiene un peso notable en la segunda mitad del ensayo.

Recuperada la democracia, el historiador pasa por el 23-F, la operación Garzón de 1982 contra el independentismo catalán, el fin de Terra Lliure, y de manera reciente los atentados del 11-M. El volumen acaba con una veintena de páginas de un relato muy ponderado sobre el procés, que compara con las primaveras árabes, la revolución rosa de Georgia (2003) y la naranja de Ucrania (2014), y sitúa como la cuarta gran rebelión catalana de la historia (1640, 1714, 1934), “menos cruenta, pero mejor organizada”.

Por la gran cantidad de información, el lector difícilmente leerá de tirón un el volumen, pero tanto este como el anterior quedarán como estudios de consulta obligada para hacerse una idea panorámica de un periodo concreto, antes de entrar en profundidad. Son libros que, como mínimo, toda biblioteca pública debería tener.