domingo, 29 de diciembre de 2019

26 diciembre 2019 (2) Diario Vasco (opinión)

26 diciembre 2019 


La AVT incidirá en el delito de humillación a las víctimas para frenar los ‘ongi etorris’

La Audiencia Nacional ha archivado más de medio centenar de denuncias de homenajes a expresos de ETA al no contemplar el delito de enaltecimiento del terrorismo.La vía penal, al menos en esta vertiente, se ha demostrado un muro casi infranqueable. Pero existe otro tipo de delito, pocas veces abordado de manera diferenciada, sobre el que los jueces no siempre se han pronunciado de manera unánime: la humillación a las víctimas. Este es el camino en el que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) incidirá con el fin de poner freno a estos homenajes. «Nos resistimos a pensar en la organización impune de estos actos que hacen tanto daño», sostienen.
El último escrito que acaba de presentar en la Audiencia el gabinete jurídico del colectivo de víctimas se centra en este delito. Se trata de un recurso contra el subreseimiento provisional, fechado el 17 de diciembre, de la causa por el ‘ongi etorri’ al histórico dirigente de ETA José Javier Zabaleta Elosegi, ‘Baldo’, que tuvo lugar en Hernani el pasado julio. El que fuera ‘número dos’ de la banda, condenado a 200 años por seis asesinatos, fue recibido con bengalas y cohetes. Después del homenaje de Elosegi llegaría el de Xabier Ugarte, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, en Oñati.
Los argumentos

¿Qué hay de la humillación? No existe una doctrina unánime. Si bien este tipo
de delito está más definido, según explican, en ámbitos como las letras de canciones –véase el caso de Valtonyc– o las publicaciones en Twitter, no así en convocatorias como los ‘ongi etorris’.

Dos son los principales argumentos en los que descansa el recurso presentado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el caso de ‘Baldo’. El primero: la evolución de la jurisprudencia, que consideran está siendo la inversa a la del enaltecimiento. Del dolo específico se tiende al genérico. O, lo que es lo mismo, la intención de los organizadores de un homenaje no tiene por qué ser humillar a las víctimas, sino que, a sabiendas del daño que causan estos actos, se convoquen igualmente. Y en segundo lugar, se hace hincapié en el «bien jurídico supraindividual». Es decir, el recibimiento a un ex preso de ETA no solo humilla a sus víctimas directas, sino a todo el colectivo. Está previsto que el juez resuelva el recurso en los próximos días.

Opinión:

Lo dije hace mucho tiempo. Si hay quien quiere organizar un acto de recibimiento a un terrorista porque ha cumplido la condena que le fue impuesta, que haga el acto en un domicilio privado y sin que tengamos que enterarnos el resto de los ciudadanos.

Ellos harían esos actos en la intimidad y nosotros (el resto de gente normal, víctimas o no víctimas) no tendremos que soportar ese tipo de actos públicos.

26 diciembre 2019 El Periódico de Catalunya (opinión)

26 diciembre 2019 



Amenaza decreciente. El terrorismo en su justa medida  

Mientras España mantiene el nivel 4 de alerta terrorista (de un máximo de 5), Bélgica ya decidió en enero de 2018 reducirlo al nivel 2 (de 4) y lo mismo acaban de hacer Reino Unido (pasando en noviembre pasado al 3, de 5) y Países Bajos (hace apenas una semana, rebajándolo al 3, de 5). Son siempre decisiones muy delicadas porque, dado que la amenaza persiste, pueden volverse en contra del gobernante que las ha tomado si, por desgracia, se produce un nuevo atentado. Pero suponen también gestos de realismo político, apoyados en datos como los que desde hace ya siete años presenta el Instituto de Paz y Economía en su Índice Global de Terrorismo.
Con los datos disponibles del 2018 sobre un total de 163 países (que suponen el 99,7% de la población mundial) podemos perfilar mucho mejor su verdadera dimensión. Por cuarto año consecutivo disminuye el número de personas muertas en atentados terroristas. Las 15.952 muertes registradas suponen un 15,2% menos de las contabilizadas un año antes y un 52% menos de las que se produjeron en el 2014, año en el que se alcanzó el máximo histórico en lo que va de siglo. Pierde fuelle, en consecuencia, el obsesivo sobredimensionamiento de la amenaza que suelen practicar muchos gobiernos.
Un total de 98 países mejoraron su situación con respecto al año anterior, con Irak, Siria y Nigeria como los más destacados si se toma como referencia las cifras del 2014. En contrapartida, fueron 40 los países en los que la situación empeoró, con Afganistán a la cabeza. Al menos 71 países sufrieron un atentado mortal (frente a los 67 de 2017); en tanto que en 19 se produjeron más de un centenar de víctimas mortales.
Los 10 países en los que más muertes se han producido – Afganistán (46% del total), Nigeria, Irak, Siria, Somalia, Pakistán, Mali, RDC, India y Yemen– acumulan el 87% del total mundial. Se trata de países (ninguno occidental) que sufren, en distinto nivel, al menos un conflicto violento en su seno. Si a los anteriores se añaden los países que han sufrido al menos un atentado y en los que se producen regularmente ejecuciones extrajudiciales, torturas y encarcelamientos sin juicio, el porcentaje resultante llega al 99%. Desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo, este dato resulta clave para entender que el énfasis principal para reducir, e idealmente eliminar, esa amenaza pasa por aumentar los esfuerzos en construcción de paz y prevención de conflictos, así como en potenciar el imperio de la ley y el Estado de derecho en todas sus dimensiones.
En otras palabras, las estrategias securitarias y militaristas que desde hace años se vienen aplicando nunca serán suficientes para resolver el problema si no van acompañadas de sostenidos esfuerzos sociales, políticos y económicos que atiendan a las causas estructurales que sirven de caldo de cultivo al extremismo violento. Visto desde Europa, el panorama resultante muestra que fue la región del planeta con una mejoría más destacada, como se deduce del hecho de que el número de víctimas mortales se redujera un 70% (desde las 204 en 2017 a 62 en 2018, de las cuales 40 se registraron en Turquía).
Más en concreto, en Europa Occidental solo cinco países registraron atentados con al menos una muerte, con un total de 183 incidentes. Entre los grupos terroristas más letales Daesh ha dejado de ocupar la primera posición que alcanzó ya en el 2014, superado por los talibanes afganos y seguido ahora por el Grupo Khorasan y el antiguo Boko Haram; mientras que ni Al Qaeda ni Al Shabaab figuran ya en posiciones de cabeza. Esos cuatro grupos son responsables del 57,8% de todas las víctimas mortales (en el 2012 no llegaban ni al 29%). Entretanto, el terrorismo de ultraderecha va cobrando peso en los países occidentales (con EEUU en posición destacada), con un aumento del 320% en los últimos cinco años. En el periodo enero/septiembre del año actual se contabilizan ya 77 muertes, cuando en todo el 2017 tan solo se registraron 11. Y así, mientras seguimos sin contar con una definición consensuada internacionalmente de terrorismo (lo que permite, por ejemplo, a dictadores como Al Sisi jugar a su antojo con el concepto), debemos asumir que el problema no va a desaparecer a corto plazo, pero también entender que no es hoy, al menos desde una perspectiva occidental, nuestra principal amenaza. Baste recordar que, desde el 2002, el 93% de todas las muertes registradas por terrorismo se localizan en el Oriente Medio, África subsahariana y Sureste Asiático.

Opinión:

Aparte de la cuestión estadística, fría pero importante para tomar decisiones, destaco una frase del artículo de Jesús A. Núñez que me sorprende.
Y digo que me sorprende porque no es una frase que se pueda leer con la contundencia y la importancia debida de modo continuado aún siendo una de las denuncias públicas que unas pocas víctimas llevamos años comentando y exigiendo.
La frase textual dice “mientras seguimos sin contar con una definición consensuada internacionalmente de terrorismo”. En efecto, si no se tiene una definición reconocida a nivel mundial de lo que significa el concepto terrorismo nos podemos encontrar con situaciones en las que algunos gobiernos acusen de terrorismo a algunos de sus conciudadanos cuyo único delito sea pensar diferente a como lo hagan el resto.

Podemos ir a Nueva York a explicar ( a quien se lo quiera creer) que en España tenemos la mejor legislación del mundo en materia de asistencia a víctimas del terrorismo pero no consta que nadie haya hecho propuesta alguna para conseguir una definición clara, concia y definitiva de lo que debe considerarse como delito de terrorismo.

25 diciembre 2019 elconfidencial.com

25 diciembre 2019



Sortu carga contra los colectivos de víctimas de ETA: "Deben justificar las ingentes ayudas"
Denuncia en 'Kalera.info' que "se prodigan en querellas que nada tienen que ver con el respeto a las víctimas" y arremete contra el Gobierno vasco, PNV y Podemos por su "seguidismo ciego"

“Siempre hay un colectivo, el que sea, obligado a proyectar su presencia en los medios de comunicación, o al menos la de su portavocía, y dispuesto al numerito o el escándalo. Este puede cambiar de nombre, llamarse AVT, Dignidad y Justicia o Covite, pero siempre en posiciones de denunciante, acusación particular o provocación continuada”. Sortu ha arremetido duramente contra las asociaciones de víctimas del terrorismo en la revista que edita dirigida a los presos de ETA, ‘Kalera.info’, por “prodigarse en peticiones judiciales y querellas” que, según denuncia, “nada tienen que ver con el respeto a las víctimas” y que se realizan para justificar las “ingentes” subvenciones públicas que reciben.
Además, las duras críticas vertidas hacia estos colectivos las hace extensibles al Gobierno vasco y al PNV y Podemos por su “seguidismo ciego” hacia estos colectivos cuando denuncian actos que implican a presos o exreclusos de ETA. “La ceguera como el seguidismo no tiene limites, una y otra vez todos los portavoces de algo o alguien se ven en la obligación de sumarse al coro cuando los agentes de la provocación de la reacción española y españolista salen a luz encendiendo fuegos en medio del desierto de las propuestas políticas de paz, de resolución o de mera convivencia”, denuncia.
Sortu carga contra todos ellos en un artículo que se publica en el último número de esta revista trimestral propagandística de los presos de ETA, correspondiente al periodo de invierno de 2019, a raíz de sus reacciones de protesta a la exposición que organizó el octubre el Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya) con obras del etarra Jon Bienzobas y, más recientemente, a la charla que ofreció el expreso José Ramón López de Abetxuko en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) para denunciar la situación de los presos etarras con enfermedades graves.
La respuesta a la conferencia que organizó la red de apoyo a los presos Sare el pasado 10 de diciembre en el campus universitario de Álava con la participación de López de Abetxuko y el abogado condenado por integración en el frente de cárceles de ETA Txema Matanzas es, según censura el artículo, la “última mecha encendida” en contra de los reclusos de la banda terrorista, a quienes “unos, desde su condición de enemigos jurados de lo vasco y, otros, desde su condición de títeres y marionetas del españolismo que mueve los hilos” pretenden llevar al “ostracismo y a la exclusión social como castigo a través de la inhabilitación pública”.
La polémica charla de quien recobró la libertad el pasado año tras cumplir una condena de 30 años por los asesinatos en 1980 del jefe de la Policía Municipal de Vitoria Eugenio Lázaro y del responsable del cuerpo de Miñones de Álava Jesús Velasco, motivó el rechazo mayoritario entre el arco político e institucional vasco: el Gobierno de Iñigo Urkullu y el PNV cuestionaron su celebración desde el punto de vista “ético”, el portavoz de Podemos, Lander Martínez, criticó que Sare no estaba siendo “todo lo sensible que debería” con las víctimas de ETA, o la líder del PSE, Idoia Mendia, lamentó que la conferencia fue un “paso atrás en la convivencia”. Además, la protesta se evidenció en la calle con una concentración en Vitoria a las puertas del aulario del campus de Álava de la UPV-EHU a la que acudieron víctimas de ETA, familiares de los asesinados por López de Abetxuko y partidos como el PP o Ciudadanos.
Ante estas y otras reacciones políticas e institucionales, el partido heredero de Batasuna que domina la coalición ‘abertzale’ EH Bildu replica que “lo ético no puede no puede situarse en eliminar el derecho de expresión, de palabra o la censura de las obras o méritos de presos o expresos”. Por contra, subraya que el “imperativo moral ha de situarse en, “mediante acciones concretas, alcanzar la paz, la convivencia y garantizar la no repetición”, lo que “pasa ineludiblemente por eliminar el sufrimiento todavía existente y por la empatía hacia todos los lados del sufrimiento”. Y, en este sentido, responde que “no se pueden eludir las responsabilidades en la situación de ‘no solución’ sumándose a quienes nunca han apostado ni apostaran por soluciones democráticas, el respeto de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca y se dedican a la provocación continua y continuada”. “Lo vemos continuamente, basta que cuatro provocadores enciendan un fuego para que los medios de comunicación de su cuerda hagan de un hecho trivial un problema de estado. Y, una vez encendido, políticos mediocres, acomplejados y portavoces necesitados del tiempo mediático siempre están prestos para echar más leña”, denuncia el artículo, titulado 'El ostracismo y seguidismo ciego'.
En sus continuas embestidas contra todos aquellos que se posicionan en contra de los "derechos" de los presos de ETA, asegura que el hecho de que la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las victimas del terrorismo posibilite el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas lleva a que “todas estas asociaciones se prodigan en peticiones judiciales y querellas que nada tienen que ver con el respeto a las víctimas”. Y entre estos casos, sitúa el intento por prohibir la muestra en la casa de cultura de Galdakao con obras de Bienzobas, condenado por el asesinato en 1996 del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.
“No puede ser entendible que una exposición se acabe haciendo pasar por un ataque o un agravio a las víctimas”, sostiene. Por ello, carga contra Covite por su “infundada” petición a la Audiencia Nacional para prohibir la muestra, “como tantas otras veces en las que buscan enaltecimiento donde no lo hay o necesitan buscar la foto y el necesitado titular que justifique las ingentes cantidades provenientes de las arcas del Estado o el Gobierno vasco en forma de subvenciones”.
Pero lo “preocupante”, según subraya, no fue la petición formulada por la asociación que preside Consuelo Ordóñez, la AVT, el PP o VOX, sino el hecho de que el Gobierno vasco se “sumara a la ola” y pidiera públicamente su “cancelación como un imperativo ético y humano vinculado con la sensibilidad que demandan las víctimas” por boca de su portavoz, Josu Erkoreka. Algo que, según censura, no es nada nuevo” en el Ejecutivo de Vitoria, que –como deja constancia– se posiciona en contra de los ‘ongi etorris’ a los expresos de ETA.
“En todas y cada una de las ocasiones en que un preso o expreso es el blanco, siempre con el mismo argumento de irreverencia a las victimas, la idea censora parte siempre del mismo infatigable ámbito contra la paz y la convivencia. Y, en Euskal Herria, en el jelkidismo o en la pretendida izquierda, siempre encuentran al tonto o la tonta útil dispuesta a avivar en los medios de comunicación el fuego prendido por un mechero con el toro en la rojigualda”, subraya. “Una y otra vez las mismas polémicas y una y otra vez los mismos comentarios esteriotipados ausentes de voluntad de soluciones. Lo que se pretende hacer censurable es la condición presente o pasada de los artistas, intelectuales o profesionales que afean su increíble, estático e intransigente discurso deshumanizador que quiere proyectar únicamente un relato de monstruos terroristas”, prosigue en sus críticas.
En el artículo publicado en el que es el número 11 de la revista, Sortu insiste en sus acusaciones de “acomplejados seguidistas” a los dirigentes del PNV y Podemos por su “interés en crear alarma social sobre cuestiones nimias” y por “su impulso por volver a condenar al ostracismo social a los presos y expresos” de ETA. “¿Nadie de todos estos aguerridos portavoces tenía ni tiene nada que decir hasta que los pirómanos de extrema derecha incendian la pradera? (…) ¿Por qué cuestiones que no tienen mayor trascendencia que lo local son aireadas a nivel nacional o estatal y presentadas como ataques, agresiones u ofensas? ¿Cuál es el interés de los “frentepopulistas” y “nacionalistas” en sumarse al coro y echar más gasolina al fuego?”, se pregunta Sortu en el artículo, en el que no hay ningún atisbo de autocrítica por la postura mantenida ante el terrorismo o la negativa a los etarras a condenar sus acciones violentas.

Por contra, emplaza a ambos partidos a “no hacer seguidismo de la extrema derecha y sus franquicias” porque, según advierte, “una preocupación activa y efectiva por la verdadera convivencia lleva ineludiblemente un cambio radical de actitudes y a tener la “determinación política de levantar la excepcionalidad sangrante que viven los presos y sus familiares”.

miércoles, 25 de diciembre de 2019

23 diciembre 2019 (4) ABC (opinión)

23 diciembre 2019 



Donación de piel, la gran desconocida
España finalizó 2018 con excedentes en los 12 bancos que almacenan este órgano, del que depende la vida de los "grandes quemados".

Cualquier persona fallecida puede ser donante de piel, un órgano del que depende la vida de los "grandes quemados". Es una de las donaciones más desconocidas pero gracias a la generosidad de los familiares, una vez superados los reparos, España acabó 2018 con excedentes almacenados en sus 12 bancos.
No siempre la piel disponible es suficiente, sobre todo en emergencias como la reciente erupción del volcán Whakaari, que obligó al Gobierno de Nueva Zelanda a comprar de un banco de EEUU una cantidad importante (alrededor de un millón de centímetros cuadrados) para tratar las graves quemaduras de más de una veintena de supervivientes.
En España se han dado algunas situaciones en las que ha habido que atender a varios quemados a la vez como el accidente de un caza-F16 de la Fuerza Aérea griega ocurrido en enero de 2015 en Los Llanos (Albacete). Las cinco personas que resultaron con quemaduras graves fueron sometidas a un trasplante de piel pero no hubo necesidad de importar. Fue suficiente con la que había almacenada en el banco del Hospital La Paz (Madrid), donde fueron atendidos, explicó José Ramón Martínez Méndez, jefe de sección del servicio de Cirugía Plástica y Quemados de este centro sanitario.
En otras dos ocasiones las unidades de quemados recibieron un preaviso de emergencia: el accidente de Spanair (2008) y los atentados del 11-M (2004), aunque no tuvieron que intervenir.
Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el pasado año se contabilizaron 257 donantes de piel, de los que 153 eran de Cataluña, 52 de Andalucía, 34 de Madrid y 18 de la Comunidad Valenciana, comunidades que cuentan con bancos de piel.
El doctor Martínez reconoce que se produce un rechazo inicial en las familias. "Que te digan que le van a quitar la piel a tu familiar genera mucho choque, sobre todo cultural, porque creen que van a recibir el cuerpo lleno de marcas y eso se lleva regular".
Pero no es así. La piel se extrae de zonas no visibles: normalmente de la espalda y la cara posterior de los miembros inferiores; nunca de la cara. Un paciente sano tiene de media dos metros cuadrados de piel (20.000 centímetros cuadrados) y lo habitual es extraer entre 4.500-5.000 centímetros cuadrados por cadáver, explica el doctor Martínez.
El año pasado se recogieron unos 560.000 centímetros cuadrados (56 metros cuadrados) de piel en todo el país, con los que se trasplantó a 43 pacientes, "grandes quemados", que son aquellos que tienen más del 40-50% de la superficie corporal con quemaduras.
no hubo un remanente. "No quiere decir que se haya tirado, sino que queda almacenada pendiente de que haya que usarla cuando sea necesario", explicó el doctor Jorge Gayoso, responsable de tejidos de la ONT.
Además del banco del Hospital La Paz, en Madrid hay otro en el Hospital Universitario de Getafe y los demás se localizan en Barcelona, La Coruña, Valencia, Bilbao, Córdoba, Málaga y León. Andalucía cuenta, además, con tres que no recogen ni procesan pero sí distribuyen, según la ONT.
"La piel para nosotros es la vida porque nuestros pacientes dependen de las donaciones y no te das cuenta hasta que tienes tres o cuatro quemados: o tienes piel o el paciente se va", advierte el doctor Martínez. En grandes quemados, la primera opción siempre es el injerto de piel que se utiliza como apósito temporal para evitar infecciones mientras cicatriza la herida y se regenera la piel del paciente.
La piel es el último órgano que se extrae del fallecido porque no es necesario que tenga latido cardíaco. Una vez obtenida se procesa y se conserva mediante dos sistemas (congelada o en glicerol) y puede usarse hasta cinco años después de su almacenamiento.

Opinión:

Solo aprovechar la ocasión para recordar que tras el atentado en Hipercor en 1987 ya se propuso por parte de los excelentes profesionales del Departamento de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital de Vall d’Hebrón la creación de un banco de tejidos. Fuimos catorce los heridos más graves que necesitamos complicadísimas operaciones para reponer nuestra piel quemada y no pudimos disponer de una solución que habría paliado, sin duda, las heridas y posteriores secuelas.
Advierto de esta circunstancia por dos motivos. El primero, porque en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de participar en eventos médicos relacionados con las quemaduras sufridas y he visto en primera persona la urgente necesidad de encontrar soluciones como la que se ha comentado en la noticia. La segunda porque, de paso, aprovecho a denunciar públicamente la existencia de personajes funestos y patéticos que se han inventado heridas que jamás han sufrido o secuelas que, por arte de magia esotérica, han aparecido veinte años después.

Pero me consta que tarde o temprano habrá quien levante las alfombras.

23 diciembre 2019 (3) OKdiario (opinión)

23 diciembre 2019 



Un diputado de Podemos hace un chiste con el terrorismo de ETA para atacar a Isabel Díaz Ayuso

"Hoy necesitaba hacer la compra. Pero de repente he pensado ¿y si resulta que han puesto a un etarra de frutero? Y aquí me he quedado en el sofá con la mantita”. Así se ha reído el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Hugo Martínez Abarca, sobre el terrorismo de ETA para atacar a la presidenta de la Comunidad, Diaz Ayuso.
La presidenta madrileña aseguraba este jueves que esperará a presentar los Presupuestos para el año 2020 puesto que “a lo mejor de ministro de Hacienda para enero tenemos a un etarra”.
Ayuso respondía así a la primera reunión del PSOE con el partido proetarra EH Bildu que tuvo lugar el pasado martes. La líder del PP en la Comunidad de Madrid considera que s “lo más conveniente” retrasar la presentación de las cuentas mientras no haya un Ejecutivo formado en España.
A esto reaccionaba este sábado el diputado de Podemos con un chiste sobre el comentario de Ayuso y el terrorismo de ETA, que ha acabó con la vida de más de 800 personas.
Al comentario, publicado en la cuenta personal de Martínez ha respondido el líder de Más País, Íñigo Errejón: "Bien hecho, nunca se sabe”, se sumaba el diputado a la mofa.
Podemos defendió este pasado mes de noviembre el derecho “a decidir” del País Vasco.  En el debate de la proposición no de ley presentada por el PSE por el 40 aniversario del Estatuto de Guernica, en el Parlamento vasco, el portavoz de la formación morada, Lander Martínez, reivindicó una actualización del texto estatutario "que contemple retos" como, entre otros, la digitalización, el cambio climático, la convivencia o "la relación con el Estado y cómo articular el ‘derecho a decidir'".

Opinión:

Cuando inicié este blog en enero de 2012, ya advertí que mi propósito no sería el de hacer ningún tipo de proselitismo político ni partidista pero sí tengo como objetivo desmarcarme personalmente de toda aquella utilización que algunos hacen del colectivo de “LAS” víctimas y, lo que es todavía mas penoso, del dolor que tantas hemos sufrido. En los últimos años son muchas las víctimas que se están uniendo a este sentimiento de protesta ante el uso indebido que algunos hicieron y todavía hacen de nuestras circunstancias. Por ello, como ejemplo y suponiendo (que ya es mucho suponer) que el comentario del diputado de Podemos pueda ser molesto entiendo que lo sería tanto como el que planteó la señora Díaz Ayuso hace unos pocos días…

De lo que sí es insultante y no he visto respuesta alguna desde este medio (ni ningún otro) es sobre la estúpida pancarta que sí me parece una ofensa al colectivo de víctimas del terrorismo… aunque es evidente que aquellas que ya tiene cargo o aspiran a tenerlo en alguno de los partidos convocantes de esta manifestación prefieren callar.






Yo y muchas otras no callaremos.

23 diciembre 2019 (2) La Razón (opinión)

23 diciembre 2019 



Este PP vasco da asco moral
Eduardo Inda

A Alfonso Alonso, a Oyarzábal y a mi amigo Borja Sémper no les voy a discutir su autoridad moral en los años de plomo de ETA. A ninguno de ellos les van contar lo que supone salir todas las mañanas de casa acongojado sin saber si volverás a franquear el portal con vida por la noche. Tampoco les van a explicar lo que representa ir con escolta desde los veintipocos años. Ni lo que se siente cuando el día más normal te llaman «hijo de puta'» siete u ocho veces y el más excepcional te intentan dar un puñetazo cuando caminas con la familia por tu ciudad. Por eso alucino con las salidas de pata de banco que de tanto en cuando la cúpula del Partido Popular del País Vasco perpetra blanqueando, relativizando y, aunque obviamente no lo quieran, descargando implícitamente de culpa a la gentuza que hace no tanto asesinaba, mutilaba, calcinaba, extorsionaba, secuestraba y expulsaba de su tierra a cientos de miles de personas. «El futuro de Euskadi hay que construirlo también con Bildu». Menudo brinco pegué en 2013 cuando me contaron que Sémper había vomitado esta perla. Tuve que pellizcarme y googlear como un loco para certificar que lo que acababa de leer no era un error o una fake news. Desgraciadamente, era verdad. El colmo de la ignominia, de la repugnancia, estaba por llegar. Y sobrevino en julio cuando el único juntero del PP en Guipúzcoa, Juan Carlos Cano, votó «sí» a que el malnacido representante de Bildu presidiera la ;¡¡Comisión de Derechos Humanos!!! Que es como si el Tribunal de Núremberg que juzgó a los nazis lo hubiera presidido un redivivo Hitler, Mengele o Eichmann. De locos. Pero, como si se hubiera establecido una suerte de competición en el PP vasco para ver quién comete la mayor barrabasada, la semana pasada Cano fue sobrepasado en indignidad. Le arrebató el título Raquel González, presidenta vizcaína, que el jueves brindó con cava por la Navidad con Jone Goirizelaia, antigua jefa de HB y antiguo enlace entre la dirección de ETA y sus presos. En fin, el mal en estado puro. Un siniestro dato lo resume todo: era una de las barandas batasunas cuando mataron a cañón tocante a Miguel Ángel Blanco. Casado no puede permitir más traiciones a la memoria de los 14 compañeros asesinados por la banda terrorista. De la pasividad a la complicidad hay un trecho muy corto. Basta ya!


Opinión:

Que lástima que existan personas que tienen tan poca memoria… y que cuando pudieron opinar sobre las noticias que aparecen en el siguiente listado, no recuerdo que articularan una sola palabra al respecto…


Tras asesinar a Miguel Angel Blanco Aznar se sentó con HB y Otegui en Burgos y en Suiza con ETA

https://www.elplural.com/politica/tras-el-asesinato-de-miguel-angel-blanco-aznar-se-sento-con-hb-y-otegui-en-burgos-y-en-suiza-con-eta_106986102

Pp y EH Bildu han firmado 127 veces juntos en el Parlamento Vasco y votan lo mimso en el 45 % de los debates

https://www.eldiario.es/norte/euskadi/PP-EH-Bildu-Parlamento-Vasco_0_891361570.html

Aznar admite que la independencia vasca es legítima si no se impone por la fuerza



23 diciembre 2019 publico.es (opinión)

23 diciembre 2019 



¿Es posible combatir el terrorismo yihadista a través de la justicia?
Montserrat Abad Castelos

Catedrática de Derecho internacional público en la Universidad Carlos III de Madrid y a Autora del libro ‘¿Es posible combatir el terrorismo yihadista a través de la justicia? El retorno de los combatientes del Estado islámico tras sus crímenes’ ( JM Bosch, Barcelona, 2019)

La justicia efectiva, entendida en el sentido más amplio, irradiándose en todos los ámbitos más allá de la mera acción de los tribunales, debería ocupar un espacio mayor en la lucha contra el terrorismo yihadista y estar latente en cualquier toma de decisión que pueda redundar en su prevención y en cualquier aspecto relacionado con los adheridos a su causa. Sin justicia, siendo nuestro campo de visión el internacional, jamás van a poder hacerse avances verdaderamente sostenibles en este ámbito.
Los desplazamientos de quienes, primero, viajaban a Iraq o Siria para unirse a las filas del Estado islámico y, después, comenzaron a retornar, se han situado entre los lógicos motivos de preocupación de cualquier agenda de seguridad. Si bien el cruce de fronteras hacia un lugar de combate extranjero distaba de ser algo nuevo, estos viajes presentaban elementos novedosos, tanto por el ingente volumen de personas y países afectados como por referirse a un actor terrorista tan abominable como el Daesh. En las fechas en que se autoproclamó el Califato (2014), elEstado islámico contaba aproximadamente con 40.000 extranjeros combatiendo en sus filas, procedentes de un centenar largo de países; más de 5.000 de Europa Occidental. Estas cifras, junto a la expansión territorial que llegó a tener, sin precedentes tratándose de un grupo terrorista, encendieron con razón todas las alarmas, pues llegó a abarcar partes importantes de Iraq y Siria y articuló una estructura desde la que ejercíaun control terrorífico sobre la población. Los sangrientos conflictos armados que tuvieron lugar para erradicar su dominio en la zona solo recientemente pudieron darse por terminados: en Iraq, en diciembre de 2017, y en Siria, en marzo de este mismo año. El hecho de que el Daesh haya mudado tan rápidamente su carcasa con motivo de su derrota, de estructura pro-estatal a red terrorista encubierta de nuevo, no quiere decir que no siga teniendo presencia allí (y en otros muchos lugares…), ni que la situación no pueda volver a cambiar, para empeorar otra vez. Baste con tener en cuenta que las causas que dieron lugar a aquellos conflictos siguen sin solucionarse. Aunque las razones que explican la propia existencia del Daesh y su capacidad para atraer adhesiones no puedan reconducirse a un solo plano, pues son múltiples y variadas, sí puede citarse la relevancia de ciertos aspectos: decisiones tan desafortunadas como la invasión ilícita de Iraq en 2003 y algunas de sus secuelas, entre las que destacan las políticas sectarias impuestas tras la ocupación, sin respetar los necesarios equilibrios étnico-religiosos; grandes desigualdades socio-económicas; o factores psicológicos, entre ellos, el resurgir global de fortísimos sentimientos identitarios.
Precisamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adoptó dos Resoluciones para afrontar el fenómeno de estos desplazados como una amenaza a la paz y seguridad internacionales, en 2014 y 2017. A través de la primera, daba nombre a la categoría de los combatientes terroristas extranjeros (CTE), a fin de detener el flujo de los yihadistas que viajaban hacia aquellas zonas, y, entre otras medidas, adelantaba la barrera punitiva, obligando a los Estados a tipificar como delitos conductas que hasta entonces no lo eran en la mayoría de los códigos penales internos; por ejemplo, el caso de viajar,  o intentarlo, a un Estado distinto del Estado de residencia o nacionalidad “con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o proporcionar o recibir adiestramiento con fines de terrorismo”. A su vez, a través de la segunda Resolución se persigue hacer frente a los problemas más acuciantes en relación con el retorno de los CTE, en particular en los frentes de las fronteras e intercambio de información; las medidas judiciales y cooperación internacional; e iniciativas relacionadas con su regreso y traslado.
En el transcurso de las guerras indicadas se cometieron violaciones graves del Derecho internacional humanitario y del Derecho internacional de los Derechos Humanos por todos los actores intervinientes, algunas de atrocidad extrema, como las del Daesh, que incluían, junto a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, el genocidio contra los yazidíes y seguramente también contra otras minorías religiosas. Aunque todos los crímenes deberían someterse a enjuiciamiento, al margen de la filiación de sus presuntos autores, solo las vinculadas al Daesh concitaron el grado necesario de repulsa para que el equilibrio de fuerzas dominante en el escenario geopolítico actual permitiese al CSNU alumbrar una Resolución estableciendo un Equipo de Investigaciones en relación con los crímenes cometidos en Iraq. A pesar de la importancia de esas Resoluciones adoptadas por el CSNU, es posible detectar algunas incongruencias entre las obligaciones que se derivan de ellas. En síntesis, al fijarse la atención sobre los CTE desde una óptica primordialmente antiterrorista, se produce un descuido relativo de la articulación de medios para hacer efectiva su responsabilidad por los crímenes de atrocidades masivas cometidos, lo cual puede contribuir a que la agenda internacional se circunscriba excesivamente a los aspectos de seguridad, a costa de otras dimensiones igualmente necesarias.
Sería idóneo que un tribunal internacional, como la Corte Penal Internacional, pudiera hacerse cargo de perseguir estos crímenes. Pero por distintos motivos, primordialmente políticos, las vías para ello son hoy por hoy impracticables. El grueso de los juicios están teniendo lugar en Iraq, inclusive a CTE, lo cual no deja de encerrar una gran paradoja debido a que sus tribunales están enjuiciando conductas de atrocidades masivas, cuando sus tribunales ni siquiera tienen jurisdicción sobre crímenesde guerra, crímenes contra la humanidad o de genocidio y, por tanto, están aplicando solo los tipos penales de terrorismo, en donde determinadas conductas no encajan como debieran, como, solo a título de botón de muestra, los graves actos de violencia sexual cometidos por el Daesh como táctica de guerra. Es cierto que se está preparando una reforma del Código penal iraquí, pero para cuando tales crímenes estén tipificados y los tribunales puedan por fin aplicarlos, se habrán celebrado miles de procesos, bajo unas condiciones que no cumplen además con los estándares del juicio justo (algunos celebrados en tan solo diez minutos; muchos sin siquiera identificaciones fidedignas de los acusados, según diversos informes) ni con las garantías necesarias para la aplicación de la pena de muerte. De hecho, basándose en ello, la Relatora especial de las NU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha afirmado el deber de ciertos Estados, que no tienen pena de muerte en sus ordenamientos internos, de solicitar la extradición de sus CTE para juzgarlos ante sus tribunales. Sin embargo, para ello tendrían que superarse bastantes obstáculos de diverso tipo, no siempre sorteables. ¿Cómo se los traen? Para empezar, aun presumiendo que muchos Estados tengan voluntad de hacerlo (asunción lejana a la realidad hasta ahora), ¿cómo acceder a CTE que están en distintas manos, cuando quienes los custodian ni siquiera están por la labor de entregarlos? ¿Cómo acceder a ciertos lugares de detención que son de acceso remoto o difícil, o cuyas rutas de salida están vedadas? ¿Cómo superar la indefinición existente con respecto al trato a dar a muchas mujeres, cuyo grado de implicación en delitos responde además a una casuística diversa? ¿Cuán difícil puede ser unificar criterios, más allá de lo humanitario, con respecto al trato de menores que están en campos como el de Al Hol, muchos de ellos apátridas? Cuando hay CTE retornados, tampoco han acabado los problemas; ya que pueden presentarse otros, ¿cómo probar su comisión de delitos en Iraq o Siria? Pese a que hay nuevas posibilidades en la materia, como el juego de los medios electrónicos o la recogida de pruebas por nuevos actores en escenarios en conflicto, sigue habiendo enormes retos para garantizar la cadena de custodia hasta llegar a los tribunales y el cumplimiento de estándares internacionales. Cabe añadir que, al margen del vínculo de la nacionalidad o de cualquier otro nexo con los crímenes cometidos, podrá estar abierta la potencial aplicación dela jurisdicción universal, aunque para esto haya que vencer enormes resistencias, fundamentalmente de los gobiernos. Por ello, es previsible que continúe sin activarse de manera sistemática, si bien cabe observar un cierto repunte gracias a la acción, tan positiva, de países como Alemania o Suecia, precisamente en relación con crímenes cometidos, no solo por el Daesh, en Siria e Iraq.
Mientras los Estados se afanan con razón en profundizar en estrategias imprescindibles, como las relativas a la rehabilitación y reinserción de CTE con perspectiva de género e incluso también de sus niños y niñas (¡desafíos tremendos!), debe tenerse en cuenta que ahora mismo puede estarse abonando el terreno para un posible resurgimiento del Estado islámico en una zona tan estratégica como volátil, donde debería ponerse especial cuidado en que la equidad presida cualquier decisión, pues cualquier incidente allí puede ser altamente inflamable y de consecuencias potencialmente globales. Sin embargo, junto a lo que parece un perenne retorno de problemas generados con anterioridad, como el sempiterno conflicto palestino-israelí o las tensiones entre chiíes y suníes, se han añadido otros más recientes o específicos, que interaccionan, comoel antagonismo entre Irán y Arabia Saudí; las luchas internas entre suníes; la carencia de una justicia transicional (post-conflicto)adecuada en Iraq; la inefable lógica que el presidente Trump imprime a su Administración, inclusive su manera de presentar la muerte del que fuera líder supremo del Estado islámico, Abu Bakr al-Baghdadi; que se haya incrementado el armamento disponible en la zona; el hecho de que CTE (además de sirios  e iraquíes miembros del Daesh) estén o puedan quedar en libertad; o el empeoramiento de la situación en el norte de Siria debido a la acción militar turca del pasado mes de octubre y a una nueva traición a los kurdos, pueblo injustamente tratado donde los haya, que tendrá que continuar esperando el cumplimiento de promesas históricas, y cuyo apoyo a las fuerzas de la coalición internacional fue decisivo para lograr las victorias militares recientes sobre el Estado islámico. En definitiva, sin resolver ciertos agravios vinculados a estas situaciones, ¿puede acaso ponerse fin a largo plazo al problema del yihadismo violento?

Opinión:

Excelente artículo de Montserrat Abad, Catedrática de Derecho internacional público en la Universidad Carlos III. De todo lo que comenta me quedo con una frase que dicha en 2019 todavía tiene más importancia:
“Aunque las razones que explican la propia existencia del Daesh y su capacidad para atraer adhesiones no puedan reconducirse a un solo plano, pues son múltiples y variadas, sí puede citarse la relevancia de ciertos aspectos: decisiones tan desafortunadas como la invasión ilícita de Iraq en 2003 y algunas de sus secuelas”… más claro, el agua cristalina.

Pero me gustaría añadir un comentario al artículo de la Catedrática Abad. Si el título de su excelente trabajo reza como “¿es posible combatir el terrorismo yihadista a través de la justicia?”, la pregunta es obvia. ¿Por qué la política impide una Comisión de Investigación sobre los atentados en Catalunya de agosto de 2017 para que sea la “justicia” quien dictamine lo que pudo ocurrir? ¿Nos imaginamos la derrota de la banda terrorista ETA sin que se hubieran investigado hasta el final sus atentados y, como consecuencia, se celebraran los juicios contra los asesinos?

Y hablando más a nivel colectivo… ¿cómo pueden haber “víctimas” que militen en alguno de esos partidos que evitan la creación de tal Comisión?


22 diciembre 2019 (18.12.19) El País (opinión)

22 diciembre 2019 (18.12.19)



La farsa de la relación con Bildu
El PP sigue hoy sin asumir la legalidad de Bildu: la usa para atacar a Sánchez mientras mira de reojo a Vox

El Pacto de Ajuria Enea de 1988, firmado por todos los partidos democráticos vascos contra ETA (incluida AP, embrión del PP), y el Pacto Antiterrorista de 2000, suscrito entre PP y PSOE y apoyado por la mayoría de los partidos españoles, exigieron a ETA su desaparición, pero a la vez asumieron que podía defender sus objetivos políticos independentistas por vías exclusivamente legales y democráticas. Resulta oportuno recordarlo no por añoranza, sino porque con el inédito encuentro entre el PSOE y Bildu se rompe un tabú. Pablo Casado lo alimentaba hace solo unos días: “Es terrible que Bildu pueda ser un partido homologable en las conversaciones para formar Gobierno”. Casado no sólo ignora lo firmado por sus predecesores; también que desde que la izquierda abertzale recobró la legalidad en 2011, como Bildu, el PP se ha reunido y cerrado acuerdos con ese partido en el Parlamento y en municipios vascos. Así lo hizo un hombre de su confianza, Javier Maroto, como alcalde de Vitoria.
Tampoco el PSOE se atreve a recordar los pactos de 1988 y 2000. El PSOE no incluyó a Bildu en rondas anteriores por temor a la derecha política y mediática. Lo hace ahora, urgido por la necesidad de pactar la abstención con ERC, socio de Bildu. Sin embargo, hace años que el PSE pacta con Bildu en el Parlamento y en Ayuntamientos. En Navarra, el PSN negocia con Bildu los Presupuestos. El problema no está en hablar con un partido legal; si acaso, en lo pactado. Las relaciones con Bildu se han convertido en una farsa. Bildu y Sortu (heredero del brazo político de ETA) son legales desde 2011 porque en sus estatutos condenan la violencia. Se cumplieron los objetivos de los pactos de Ajuria Enea y Antiterrorista. ¿Por qué entonces esta farsa? Por sectarismo partidista.
Con Zapatero, que protagonizó un proceso de diálogo con ETA, el PP usó la política antiterrorista como arma arrojadiza. La radicalizó cuando los tribunales legalizaron a Bildu. Los populares quedaron descolocados cuando ETA cesó el terrorismo. Y el PP sigue hoy sin asumir la legalidad de Bildu: la usa para atacar a Sánchez mientras mira de reojo a Vox, cuya anticonstitucionalidad no cuestiona.
Es verdad que Bildu no ha completado su recorrido: tiene pendiente una autocrítica por la pasada complicidad de los abertzales radicales con ETA. Se la debe a la sociedad, a las víctimas del terrorismo. Los partidos deben exigírselo. Pero eso no debe ser excusa para seguir usando el terrorismo de forma partidista y alimentar la farsa política.

Opinión:

Pues nada, todas esas personas que usan el terrorismo y sus consecuencias para enfrentar a siglas políticas entre sí ¿qué tienen que decir a éstos titulares?


Tras asesinar a Miguel Angel Blanco, Aznar se sentó con HB y Otegui en Burgos y en Suiza con ETA

https://www.elplural.com/politica/tras-el-asesinato-de-miguel-angel-blanco-aznar-se-sento-con-hb-y-otegui-en-burgos-y-en-suiza-con-eta_106986102

Pp y EH Bildu han firmado 127 veces juntos en el Parlamento Vasco y votan lo mimso en el 45 % de los debates

https://www.eldiario.es/norte/euskadi/PP-EH-Bildu-Parlamento-Vasco_0_891361570.html

Aznar admite que la independencia vasca es legítima si no se impone por la fuerza

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2001/05/17/aznar-admite-independencia-vasca-legitima-impone-fuerza/0003_568035.htm


En cuanto a que “es verdad que Bildu no ha completado su recorrido: tiene pendiente una autocrítica por la pasada complicidad de los abertzales radicales con ETA. Se la debe a la sociedad, a las víctimas del terrorismo”, solo recordar que en unas Jornadas celebradas en la Universidad de Barcelona coincidiendo con el homenaje a Ernest Lluch, un alto representante de la izquierda abertzale ya realizó la autocrítica solicitada ante un grupo de víctimas del terrorismo allí presentes.
Y para los que de manera voluntaria (o no) hacen el papel de  desmemoriados, también recordar que tuve el honor de participar en aquellas Jornadas junto a, por ejemplo, Rosa Lluch.

sábado, 21 de diciembre de 2019

21 desembre 2019 Radio Viladecaballs (link entrevista)

21 desembre 2019 





Entrevista amb Javier Martinez


A partir del minut 54 es pot escoltar la entrevista de Marsal Llimona en Javier Martínez.

21 diciembre 2019 (3) Okdiario (opinión)

21 diciembre 2019 



Las víctimas de organizaciones terroristas claman contra la libertad de los tres CDR: «Hay riesgo de fuga»

La ACVOT (Asociación catalana de víctimas de Organizaciones Terroristas) se ha mostrado en contra de la decisión de la Audiencia Nacional de dejar en libertad a tres de los siete CDR detenidos por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos con una fianza inferior a la solicitada por la Fiscalía. La Sala les permite la libertad por 5.000 euros en lugar de 9.000 euros como solicitó el Ministerio Fiscal.
Ante este hecho, la Asociación catalana de víctimas de Organizaciones Terroristas ha manifestado, a través de un comunicado, su disconformidad con la decisión. La Asociación considera, en este sentido, que "dada la gravedad de los delitos que se les imputa, y tanto por los recursos que han demostrado manejar los sectores del independentismo radical, como por los precedentes que existen, sigue existiendo un alto riesgo de fuga, así como un riesgo de destrucción de pruebas, dado que la investigación no está finalizada  y parte de la misma sigue declarada secreta".
Además, las víctimas recuerdan que los letrados José María Fuster-Fabra  e Ignacio Fuster-Fabra formularon en su momento alegaciones oponiéndose a la libertad con fianza, alegaciones que fueron reiteradas el pasado jueves en la vista celebrada en la Sección 2ª de la Ilma. Audiencia Nacional. Por ello, esperan que "por parte de las autoridades pertinentes se tomen las medidas oportunas para evitar la sustracción a la acción de la justicia por parte de estas personas".
De este modo, la ACVOT "seguirá defendiendo los intereses de las víctimas del terrorismo, coincidentes  con las de la mayor parte de la sociedad catalana y española, haciéndolo siempre desde el respeto a las resoluciones judiciales y al Ministerio Fiscal, pero como en el caso que nos ocupa, dejando de forma contundente, patente y clara nuestra discrepancia con las mismas".

Opinión:

Solo recordar que hay muchas victimas que figuran en la relación de miembros de diferentes asociaciones que no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman en nuestra supuesta “representación” porque antes no hemos sido consultados.

Quien quiera más información puede consultar este blog o las hemerotecas, donde encontraran testimonios de victimas que tenemos criterio propio y cuya opinión no coincide con la que se ofrece como común u oficial.