miércoles, 30 de septiembre de 2020

23 noviembre 2020 El Mundo del Siglo XXI (opinión)

23 noviembre 2020 



El afán de un padre para que el Congreso investigue el 17-A

Reclama una comisión para que la muerte de su hijo de tres años «sirva para algo»

«Quiero que la muerte de mi hijo sirva para algo», ruega Javier Martínez. Es el padre de Xavi, el menor de tres años asesinado en el atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona. Murió en La Rambla junto a su tío abuelo, Francisco López, ambos atropellados por la furgoneta que acometió contra la multitud. Martínez ha emprendido una campaña en solitario a la espera del juicio contra tres supervivientes de la célula, en el que comparece como acusación particular y que ayer se conoció que empezará el próximo 10 de noviembre. Está reuniendo apoyos con los que trata de vencer la negativa del Congreso a crear una comisión de investigación sobre el ataque terrorista que mató a 16 personas e hirió al menos a 170 en Barcelona y Cambrils.

La petición ha recabado ya más de 133.000 firmas en la plataforma Change.org. Martínez confía en que las puertas de la Cámara se le abran si alcanza medio millón de respaldos.

JxCat y ERC ya instaron a las Cortes a indagar en la presunta relación como confidente del cerebro del 17- A e imam en Ripoll, Abdelkadi Es Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia. Las fuerzas independentistas lo pidieron desde diversos ayuntamientos catalanes, incluido el aval de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La solicitud no ha prosperado.

«¿Por qué niegan la comisión de investigación si se hacen en todos los países?», se pregunta Martínez. Se lo reprochó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el acto por el tercer aniversario de la masacre. El padre también reclama esclarecer los contactos que Es Satty mantuviera con agentes policiales desde que pasó por la prisión de Castellón, si bien le agitan más interrogantes.

«¿Esa célula solo estaba en Cataluña? Hay un montón de conexiones internacionales que no se han mirado. ¿Por qué no podemos preguntar a los policías que se reunieron con el imam? ¿Por qué no investigamos dónde ha habido fallos? ¿Qué hacían todas esas bombonas de butano en la casa de Alcanar? ¿Por qué se vendieron tantos productos químicos a los terroristas cuando una directiva europea obliga a vigilarlos?», plantea Martínez.

El afectado afirma que ha querido aportar pruebas para el juicio. Dice que el juez las desechó, tachándolas de teorías «conspiranoicas». «Negar una comisión es lo que alimenta las teorías», opone Martínez, quien reclama que los cuerpos policiales se coordinen para que no se repita otra matanza y que tanto Interior como la Generalitat atiendan mejor a las víctimas y su círculo íntimo.

«Abracé al presidente Torra en el último homenaje y le dije: ‘President, tres años sin hacer nada’. No hay noficina de atención a víctimas en Cataluña ni un teléfono de atención psicológica, y me tengo que pagar el juicio», critica. Sostiene que sus padres siguen requiriendo ayuda psicológica y que el ministerio la ha dejado de prestar. También echa en falta más apoyo para una de las dos hermanas de Xavi, testigo de la atrocidad en La Rambla. Una psicóloga la visita cada semana, pero el trauma aún la desvela.

El padre de Xavi advierte que «podría volver a pasar» un atentado. «Se tendría que hacer algo», defiende, «a mi hijo no me lo van a devolver, ni ganando el juicio y me dieran millones de euros. Por lo tanto, no me interesa el dinero. Me interesa saber la verdad y que nos protejamos un poco mejor».

La vista en las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) empezará tres años y casi tres meses después del atropello masivo en La Rambla y la agresión con armas blancas en el paseo marítimo de Cambrils. Como encausados por pertenecer a organización terrorista, fabricar y almacenar explosivos y causar estragos figuran Mohammed Houli Chemlal, superviviente del estallido del chalé de Alcanar donde el grupo acumuló sustancias detonantes, y Driss Oukabir, hermano de uno de los yihadistas abatidos en Cambrils y quien presuntamente alquiló la furgoneta que embistió contra la multitud en La Rambla. También se juzgará a Said Ben Iazza, acusado de colaboración con grupo terrorista, al prestar presuntamente un vehículo con el que se transportó material para montar precursores para hacer explotar bombas.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat solicitan 95 años de prisión para los dos presuntos integrantes de la célula y 44 años para el supuesto cooperante. En cambio, Fiscalía pide de 41 a ocho años de cárcel, mientras que el Ayuntamiento de Cambrils eleva su petición a más de 2.000 años de reclusión y asociaciones de víctimas del terrorismo exigen prisión permanente revisable, la pena máxima posible.

A los tres procesados no se les enjuicia por asesinato. Ninguno de los tres fue autor material de los crímenes del 17-A. Varias acusaciones –entre ellas, las que representan a víctimas– reclaman que sí se les impute ese delito, alegando que los implicados conocían la masacre que se iba a cometer. De no ser inculpados por asesinato, los afectados que se han personado en la causa y que el Ministerio de Interior no reconoce como víctimas no tendrían derecho a recibir una indemnización costeada por los incriminados o el Estado, en caso de que los acusados se declaren insolventes.

La Audiencia Nacional no ha precisado cuándo prevé que termine el juicio, al que comparecen más de una veintena de acusaciones. Gran parte del grupo terrorista murió en los dí- as en que pasó a la acción. El imam y uno de los miembros de la célula murieron al derrumbarse la casa de Alcanar un día antes de la matanza; un mosso d’esquadra abatió a los cinco jóvenes que persiguieron a viandantes en Cambrils y el conductor de la furgoneta que irrumpió por medio de La Rambla, Younes Abouyaaqoub, fue tiroteado después de amenazar a dos agentes que lo localizaron tras huir durante cuatro días.

Opinión:

Además de agradecer la oportunidad de colaborar con Javier Martinez y el resto de víctimas a las que asistimos (a estas alturas, que las reconozca el Ministerio de Interior o no ya me es totalmente indiferente), aprovecho a responder en esta opinión a una consulta que está llegando constantemente desde diferentes redes sociales.

Le (nos) preguntan a Javier o a mi consultas como la siguiente: “Algú em pot explicar el per què altres països afectats no diuen res? No ho puc entendre”.

La respuesta es muy sencilla. Nos creímos que la asistencia a las víctimas se estaba haciendo bien desde el Ministerio de Interior pero en diciembre tuvimos las primeras noticias, absolutamente contrastadas, de que no era así. Por ello, junto a Sara y Eli inicié las gestiones para crear “algo” que pudiera ayudar a las víctimas que necesitaran asesoramiento y atención. En poco más de un mes se presentó la UAVAT en febrero de 2018 y el plazo para localizar a las víctimas vencía el 17 de agosto de 2018, dado que la normativa solo ofrece un año para que quien se considere víctima pueda solicitar el reconocimiento en la administración competente, el Ministerio de Interior. No existían listados de víctimas oficiales y, oh casualidad, el primero apareció en octubre de 2018, cuando ya había transcurrido el plazo legal para el RVT (reconocimiento víctima terrorismo). Se visitaron 31 consulados y solamente el Consulado Británico ha colaborado con la UAVAT en el contacto con sus ciudadanos afectados, aunque nuestra labor de localización nos ha permitido encontrar a víctimas de once nacionalidades diferentes.

Desde entonces, estamos trabajando por, hasta el momento, 217 víctimas. Y junto a los compañeros de la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo, somos la personación en la causa penal con más víctimas representadas: 73 a día de hoy.

23 noviembre 2020 El Correo (opinión)

23 noviembre 2020 El Correo

 


Ocho capítulos y 83 testimonios para resumir los 50 años de ETA

Amazon Prime Video estrenará el 30 de octubre en 240 países una serie documental ‘sobre la banda terrorista dirigida por Hugo Stuven

Amazon Prime Video llevará a 240 países la historia de la banda terrorista ETA, contada en primera persona por muchos de los que vivieron el conflicto, de las víctimas a miembros del grupo armado, pasando por cuatro presidentes del Gobierno que «lo sufrieron en sus propias carnes». Basada en el libro del coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, ‘Historia de un desafío’, la serie resume en ocho capítulos 50 años de existencia de la banda. La serie llegará a partir del 30 de octubre próximo a la plataforma americana.

«Cada capítulo va a más, se vuelve un poco más frenético; al final –señala el director, Hugo Stuven– es un documental plural donde lo que queremos es que lo cuenten ellos. Sin querer, te pones en ese poso del dolor que queda tras el documental, pero sin posicionarte», afirma.

La serie incluye testimonios de 83 personas, entre ellos los de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, además de afectados de una manera u otra, víctimas, miembros de la banda, exlehendakaris, guardias civiles y vecinos. Ha contado con la dirección editorial de José Antonio Zarzalejos, que ha supervisado los guiones, contextualizado los acontecimientos y conseguido la participación de algunos de los entrevistados.

Descartes interesantes

Lo curioso, cuenta Guillermo Gómez, productor ejecutivo de la serie, es que los presidentes concedieron entrevistas de «cuatro horas», que son propiedad de Amazon, y con las que se podrían hacer otros cuatro programas, no solo sobre ETA, porque «hablaron de todo», desvela Gómez. Una posibilidad que no descarta el productor, quien resalta que igual se podría hacer con muchos de los otros participantes, porque los descartes son igualmente interesantes; «todo no cabe –aporta el responsable de contenidos original en España, Óscar Prol– pero lo importante y lo relevante está, no se ha hecho una labor de edición. Están todas las respuestas a todas las preguntas».

«Creo que es la primera vez que (los presidentes) hablan tan extensamente sobre toda la historia de ETA y de cómo la vivieron ellos personalmente. Al final te quedas prendado de oírles lo que vivieron en sus propias carnes y que nunca han podido contar, que fue tan duro y les afectó personalmente».

Veracidad

Stuven asegura que fue «todo un reto» y que se marcó algunos ejes para hacerla, el primero no usar voz en ‘off’ para que fuesen los propios entrevistados quienes lo cuenten. Así, dice el director, desde los presidentes del Gobierno a lehendakaris, víctimas, familiares y gente de la banda, «son los propios protagonistas quienes cuentan la historia». Otro reto, agrega, era no hacer recreaciones, y el último, «elegir los momentos que hicieron tambalear la sociedad, desde el primer asesinato».

‘El Desafío: ETA’ contiene también entrevistas con Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, con el que fuera Jefe de la Casa Real Fernando Almansa y con periodistas, altos mandos de la Guardia Civil, incluyendo al propio Sánchez Corbi, además de antiguos miembros de ETA.

Testimonios que narran las operaciones más difíciles y arriesgadas para neutralizar los sucesivos comandos de una organización que causó más de 800 muertes, empezando por el primer crimen, el de Melitón Manzanas, que comenta con sus propios recuerdos el periodista Iñaki Gabilondo.

«Ha sido un proyecto de dos años largos, y nuestra obsesión como productores siempre ha sido la veracidad. Nosotros estábamos con una pequeña obsesión, que era contar de una forma lo más veraz posible estos 50 años terribles», ha señalado Luis Velo, productor ejecutivo, convencido de que «lo hemos hecho de forma que creo que tiene mucho impacto, es una historia universal».

Opinión:

Mostrar mi agradecimiento a la gente de Amazon por haber contado con mi colaboración y la de otra víctima del atentado en Hipercor, esperando que todo lo que explicamos en su momento pueda ser visto y escuchado.

 

 

 

22 noviembre 2020 (2) El País (opinión)

22 noviembre 2020

 


Detenidos dos supremacistas blancos que querían crear una ‘milicia rural’ en Lleida

Los arrestados, que alababan a terroristas como Unabomber, Breivik o Tarrant, incitaban a una “guerra racial”

 

En una gran finca de La Pobla de Cèrvoles, un pueblo de Lleida de apenas 200 habitantes, dos hombres de 30 años que habían trabado amistad en Internet decidieron encerrarse en dos masías, una de madera y otra de piedra, y pasar allí el confinamiento. Sería su pequeña comunidad, su lugar aislado para empezar a construir una “milicia” en un “ambiente rural” para las “guerras raciales” contra la población “no blanca”.

Los Mossos y la Guardia Civil los detuvieron el 11 de septiembre, justo antes de que uno de ellos pudiese drogar y abusar de una mujer con la que había quedado en El Campello (Alicante), adonde regresó para pasar el verano. “Estaban radicalizados; hablaban de cometer acciones terroristas”, explica un inspector de los Mossos que ha llevado el caso. “Se interesaban en conseguir armas y debatían sobre posibles objetivos de forma genérica”, añade.

Sus planes racistas y en contra de cualquier minoría empezaron mucho antes. En noviembre de 2018, publicaron en la web burbuja.info, donde aún sigue, un manifiesto titulado Iron pill y un proyecto de vida heroico. Los Mossos lo descubrieron en abril de 2019, tras lo que abrieron la investigación. Había sido colgado por uno de los dos detenidos con el sobrenombre de Licurgo,legislador de la antigua Esparta.

En tres páginas, defendían la violencia contra las minorías y animaban a la población a tomar la “pastilla de hierro” y “pasar a la acción” para plantar cara a las “hordas extranjeras” cuando “tengan lugar los conflictos raciales”. Para ello, decían necesitar a “europeos blancos y con ánimo vitalista en un ambiente rural donde establecer una comunidad (similar a una milicia)” en un “proyecto de vida digno y heroico”. A los interesados les pedían que les enviasen un mensaje privado.

Pero hasta ahora en la casa solo residían ellos dos. “Llevaban una forma de vida muy austera y autogestionada”, explica dicho inspector. Intentaban hacer casi todo ellos, incluido el sistema de duchas, y cultivaban marihuana. “Solo salían para comprar y tirar la basura”. Emulaban en parte al terrorista estadounidense Theodore Kaczynski, más conocido como Unabomber, quien entre 1978 y 1995 envió 16 cartas bomba a universidades y aerolíneas, y mató a tres personas. “Se definían como ecofascistas”, añade el agente.

Unabomber y los terroristas supremacistas blancos  Anders Behring Breivik, autor de la matanza en 2011 de 77 personas en Oslo y Utoya, y Brenton Tarrant, que asesinó a 51 musulmanes en Nueva Zelanda en 2019, eran elogiados en cuatro foros que la policía acusa a ambos de crear y gestionar en la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Dos eran públicos: Iron Pills, con 789 seguidores en la actualidad, y Filosofía de las armas, ya dado de baja, que tenía un centenar de miembros. También contaban con otros dos privados: Armas Esp, con 160 seguidores, y Magna Europa, con 60. En Iron Pills difundían su manifiesto. En Filosofía de las armas “compartían manuales de creación de armas con objetos cotidianos de casa, manuales de explosivos...”, indica el investigador. En los dos privados, “se incitaba al odio, había enaltecimiento del terrorismo racista, por orientación sexual, misógino...”.

Los detenidos eligieron La Pobla de Cèrvoles al estar apartada, pero ninguno es de la zona. Españoles, uno con doble nacionalidad de un país americano, vivían en ciudades que querían abandonar. Sin estudios universitarios, eran “muy leídos” en materias que alimentaban su teoría de la “conspiración mundial para sustituir la raza blanca”. En los registros, los Mossos hallaron ejemplares de Raza y destino, atribuido a Hitler; El supremacismo judío. El poder judío en la sombra, de David Duke, fundador de una rama del Ku Klux Klan, o La seta venenosa, un cuento antisemita del virulento propagandista nazi Julius Streicher. Ambos están en libertad, acusados de delito de odio, tráfico de drogas e intento de abuso sexual. Cada 15 días deben comparecer en el juzgado. Los Mossos no descartan más detenciones.

Opinión:

La detención de individuos que ya tenían la infraestructura necesaria para cometer atentados es una excelente noticia. Y también lo es saber que ha sido dentro de lo que la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra denominan “operación conjunta”.

Lástima que esa operación “conjunta” no se llevara a cabo para evitar los atentados de agosto de 2017. De ser así, de haber trabajado “conjuntamente” ¿se habrían podido evitar los atentados?

 

22 septiembre 2020 eldiario.es

22 septiembre 2020 

 


 

El juicio por los atentados del 17A en Cataluña comenzará el 10 de noviembre

La Audiencia Nacional ha señalado para el próximo 10 de noviembre el inicio del juicio por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), en el que los tres acusados se enfrentan a una petición fiscal de entre 8 y 41 años de prisión por su papel en la célula terrorista.

Tres años después de los atentados en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas, el caso llega a juicio ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según ha anunciado en su perfil de Twitter el diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de la familia de una de las víctimas del 17A, y han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, la vista comenzará el 10 de noviembre y se desarrollará "durante los días siguientes hasta su conclusión" en la sede de San Fernando de Henares (Madrid), de forma que los acusados deben permanecer "en centros penitenciarios próximos a Madrid a fin de garantizar su derecho de defensa".

Se sentarán en el banquillo Mohamed Houli Chemial, superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar (Tarragona); Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en Las Ramblas; y Said Ben Iazza, quien presuntamente prestó a la célula una furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno que precisaban para fabricar los precursores de los explosivos.

Para los dos primeros la Fiscalía pide 41 y 36 años de prisión, respectivamente por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración para el delito de estragos terroristas; y para el tercero solicita 8 años de cárcel por colaboración con la célula.

En la resolución, el tribunal hace un recorrido por las pruebas solicitadas por las partes que considera "innecesarias" y que, por tanto, rechaza practicar durante el juicio, entre ellas varias pruebas testificales o periciales.

Asimismo, la Sala considera que, "indudablemente", no es el "momento procesal" para solicitar la responsabilidad civil, directa o subsidiaria, del Estado, "tal como hacen algunas de las acusaciones particulares", algo que ya rechazó el pasado 9 de julio.

Sin perjuicio, prosigue el auto, de la obligación del Estado reflejada en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que "en ningún caso el abono previsto en este artículo supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria del Estado en los procesos penales".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo piden prisión permanente para Oukabir y Houli Chemlal por 15 presuntos delitos de asesinato terrorista, un delito por el que la Fiscalía no les acusa ni fueron procesados, si bien la Audiencia abrió la puerta a que lo plantearan las acusaciones. Para el tercer acusado, solicitan entre 25 y 30 años de cárcel.

También figuran como acusación en la causa el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que piden penas de hasta 95 y 44 años de cárcel, respectivamente, descartando también los delitos de asesinato. No así el Consistorio de Cambrils, que pide también una pena de prisión permanente para Oukabir y Houli.

Para Ben Iazza, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona solicitan ocho años de prisión por colaboración con organización terrorista.

Los tres acusados llevan tres años en prisión provisional a la espera de juicio, con lo que en agosto del próximo año se cumple el límite máximo de 4 años de encarcelamiento preventivo, por lo que urgía sentarles ya en el banquillo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 septiembre 2020 (3) El Mundo del Siglo XXI

21 septiembre 2020 

 


 

 

20 años de la última ofensiva etarra en Cataluña: 6 meses, 5 asesinatos Dos concejales del PP, el ex ministro Lluch, un guardia urbano y un mosso, las víctimas

 

José Luis Ruiz Casado salía siempre a las 7.30 horas de su casa, en Sant Adrià de Besòs, en la periferia de Barcelona. «Comentó en alguna ocasión que, si atentaban en Sant Adrià, le tocaría a él, porque tenía unos horarios estrictos. Pero no le obsesionaba. No teníamos ningún temor», recuerda Salvador Aragall, íntimo de Ruiz Casado, ambos concejales del PP en la localidad el año 2000. Por entonces, hacía más de seis años que ETA no mataba en Cataluña.

Los terroristas José Ignacio Krutxaga, Fernando García Jodrá y Lierni Armendariz (ésta última perteneciente al grupo de cinco etarras que van a ser trasladados en breve a cárceles próximas a País Vasco) pusieron fin al paréntesis tras averiguar la rutina puntual de un padre de dos menores de edad y sin aspiración de prosperar en política. Fue el primero de los últimos cinco asesinados que la banda se cobró en Cataluña en un margen de seis meses, una ofensiva que resultaría ser el epílogo macabro de ETA en la comunidad. El preludio del fin fueron dos disparos contra un hombre sensible con las inquietudes de sus vecinos, huérfano de escolta y asaltado por la espalda, nada más salir para ir a trabajar a la hora de siempre. Hoy se cumplen 20 años.

«No nos lo podíamos imaginar. Sant Adrià casi no aparecía en el mapa, no teníamos ninguna relevancia política. Además, no se habían cometido atentados en Barcelona o Cataluña últimamente», recalca Aragall. Lo insospechado del homicidio se ceñía a la estrategia de «socialización del dolor» a la que ETA se aplicó tras quebrarse la tregua de 1999: 23 asesinados y 102 heridos en toda España en un año.

Situando en la diana a cualquier representante constitucionalista, la banda propagó una amenaza indiscriminada que complicaba resguardar todo posible blanco. «Nos enviaron unas recomendaciones de autoprotección básicas. Que no fuéramos siempre por el mismo sitio, que en restaurantes nos pusiéramos de cara a la puerta… No nos habíamos planteado escolta. La tuvimos después del atentado durante una temporada muy limitada», lamenta Aragall.

Dos meses más tarde, el reconstituido comando Barcelona perpetró el crimen por el que más se le recuerda, el asesinato del ex ministro socialista Ernest Lluch. Krutxaga y García Jodrá se aprovecharon de que carecía de guardaespaldas para abordarlo en un garaje y acallar una voz a favor de la negociación para que la banda depusiera las armas. Rosa Lluch explica que su padre «pidió tener escolta 24 horas antes de que lo mataran», alarmado por la escalada tras el alto el fuego. «Lo vivía muy mal. Sentía que podía ser un objetivo de la banda. La tarde antes de que lo mataran se reunió con la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, y se lo comentó. En nombre del Gobierno le dijo que no debía temer nada y que no debían ponerle escolta porque de ninguna manera era un objetivo». Lluch se lo reveló a su hija horas antes de ser tiroteado, mientras comían. «Me dijo que estuviera tranquila. Tenía la garantía del Estado. Hubiese estado bien que nos explicaran en qué se basaron para dársela», dice Rosa.

«Aunque la petición de diálogo ya venía de antes, Lluch emergió como un símbolo de que se tenía que hablar», interpreta Robert Manrique, por entonces delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña. La multitudinaria marcha en recuerdo del ex ministro se coronó con una improvisada petición de la periodista Gemma Nierga a favor de un diálogo con ETA, que disgustó al Gobierno de José María Aznar.

«Reflejó lo que mi padre hubiera hecho. Fue una figura incómoda que, como había dejado la política activa, se podía permitir decir cosas que otros lo tenían difícil», piensa su hija. «No entendí la crispación que se montó por aquello. Mayor Oreja había dicho meses antes que se sentaría con ETA. Pero me incomodó que el mensaje no se consultase antes con las víctimas. Podríamos haberlo consensuado», cree Manrique.

El clamor no apiadó a los etarras: en las semanas siguientes segaron la vida de Francisco Cano, concejal del PP en Viladecavalls, y del guardia Juan Miguel Gervilla. El comando cayó en enero de 2001. El alivio resultó efímero: ETA reapareció dos meses más tarde, con un coche bomba ante un hotel de Roses. La metralla alcanzó a un mosso d’esquadra, Santos Santamaría Avendaño. «No fue una masacre porque allí unos muchachos se jugaron la vida. El hotel estaba lleno de jubilados, y los chicos los sacaron casi a rastras. Murió mi hijo, pero podrían haber muerto muchos más», advierte su padre, Santos Santamaría, vicepresidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas.

«Era su último día en Roses, al día siguiente lo trasladaban a Barcelona. Estaba fuera de servicio y, con la alerta, se presentó. Era el día de mi cumpleaños. Las últimas palabras que tuvo conmigo fueron: ‘Papá, muchas felicidades. Mañana nos vemos’», rememora el padre.

La lista de 54 asesinados en Cataluña se cierra con el único mosso abatido por la banda. «No fue el último porque ETA no quisiera matar más», dice Santamaría, quien siente que nombres como el de su hijo han caído en el olvido: «En parte, consuela que fuera el último. Pero fue nuestro hijo y no estamos seguros de que haya servido para mucho».

De hecho, hoy, las relaciones entre el independentismo catalán y la formación heredera de Herri Batasuna, Bildu, son muy estrechas. El homenaje a Ruiz Casado ha sido suspendido por la Covid. Ni el comando Barcelona ni los autores del ataque en Roses, Aitor Olaizola y Eider Pérez, han pedido perdón. 20 años de la última ofensiva etarra

 

 

 

 

 

21 septiembre 2020 Diario Vasco

 21 septiembre 2020


“Debo respetar la pluralidad y que cada víctima sienta la Fundación como propia”

«Las víctimas tenemos que hacer un esfuerzo educativo adicional con nuestros propios hijos, si no queremos llorar la radicalización que no queremos para nadie»

ETA asesinó a Tomás Caballero muy cerca del portal su casa en el barrio de La Milagrosa en Pamplona, un 6 de mayo de 1998, cuando se acababa de subir al coche para ir al Ayuntamiento donde era portavoz de UPN. Uno de sus hijos no solo heredó el nombre, sino también la actitud de compromiso, la misma con la que afronta desde el pasado julio el cargo de presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT). Tomás Caballero Martínez (Pamplona, 1965) releva a Mari Mar Blanco y tiene claro que debe «respetar la pluralidad de las víctimas y que cada una sienta la Fundación como propia». «No soy el portavoz de las víctimas», remarca.

–El pasado mes de julio se convirtió en el quinto presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. ¿Le han llegado ya muchas inquietudes de las asociaciones a las que representa?

–Llevaba ocho años como vicepresidente segundo. He trabajado con Mari Mar (Blanco) todo este tiempo y las inquietudes no han variado. Vamos a seguir trabajando para promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, ser un vehículo útil de consulta para una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo.

–¿Quién le llamó para proponerle esta nueva andadura?

–En julio me llamó la directora general de Atención a las Víctimas, Montse Torija, y sondeó mi predisposición para afrontar el relevo. Mari Mar tenía una situación personal muy triste por el fallecimiento de sus padres y sinceramente me puse a disposición. Sé que cuento con Mari Mar cuando ella quiera. Nuestra condición de víctimas no varía, es irreversible.

–La anterior presidenta era diputada del PP, ¿usted es miembro de algún partido?

–No. Yo soy hijo de Tomás Caballero, a mi padre le matan siendo portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y evidentemente la siento como mi casa.

Tengo mi posicionamiento político, pero no estoy activo ni tengo afiliación. La labor de la FVT es defender a las fundaciones y asociaciones de todos los terrorismos, da igual que tengan un signo político u otro.

–El Ministerio de Interior destacó en su nombramiento que como vicepresidente de la Fundación había demostrado una gran capacidad de consenso. ¿Va a ser esa su seña de identidad?

–Tengo que trabajar con el máximo respeto a la pluralidad para que todas las víctimas sientan la Fundación como propia. No soy el portavoz de las víctimas porque no me han elegido y voy a velar por que no me pongan un sesgo que no le corresponda a la Fundación.

–¿Cuáles son las urgencias a las que tiene que atender?

–Entre la prioridades está lograr que tengan una cobertura máxima en temas asistenciales. Todo lo que sea transparencia y avance en asuntos que tengan que ver con los casos sin resolver es otra de las grandes preocupaciones. Sin olvidar el tema de la equidistancia, que ha surgido en el terreno educativo. Tenemos mucho trabajo en el ámbito de la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia.

–¿La actitud de compromiso público que demostró su padre en su trayectoria vital ha sido su referente para tomar la decisión?

–Mi padre ha sido una influencia total para mi familia, siempre nos trasladó su nivel de compromiso.

–¿Y ha heredado esa opción de no ser un mero espectador?

–Pero sin postularme. Las circunstancias me ponen aquí. Ante tal ofrecimiento no estaría tranquilo habiendo dicho que no. Con los ejemplos de vida que he tenido...

–¿Cómo ha contado a sus hijos lo que le pasó a su abuelo?

–Las víctimas tenemos una responsabilidad adicional porque tenemos que educar para vivir en sociedad y convivir. Para nosotros es determinante porque quieres que se integren en la sociedad y no estén con un lastre que les genere fobias ni extremismos ni radicalización. Nos toca decirles a nuestros hijos lo que le sucedió, en nuestro caso al abuelo, y explicarles lo que está mal y que nosotros tenemos que defender lo que está bien. Las víctimas tenemos que hacer un esfuerzo educativo adicional, si no queremos llorar la radicalización que no queremos para nadie.

–¿Usted qué edad tenía cuando mataron a su padre?

–Mis hermanos y yo teníamos ya una madurez importante. A mi padre la mataron con 63 años, llevaba un año jubilado. Mi madre ha vivido 22 años más, murió este enero. Ella ha sido un pulmón familiar porque hay que integrarse y hay que levantar la cabeza solo por tu propia supervivencia, hay que intentarlo... Pero es que el dolor es tal, han hecho tanto daño, ha habido tantos muertos, mutilados, heridos, han generado grandes dependientes a los que les cuesta mucho seguir adelante y ahí hay que echar una mano.

–¿Qué le parece que se sigan produciendo ‘ongi etorris’ a expresos de ETA como el último hace unos días en Bilbao?

–Hace dos meses tuvimos por las calles de Pamplona una pancarta de una de las peñas festivas con la cara del que mató al abuelo. Es tan evidente que en una pancarta festiva no pinta nada la cara de nadie que ha provocado tanto dolor... Es tan obvio... Lo que está claro es que esto sigue latente con un determinado partido político que antes era otro y en el futuro será otro. ¡Pero qué mensajes de justificación, de equidistancia, de motivaciones expresan...! ¿A qué viene esto? Se cae por su propio peso.

–No parece que actos como el que menciona de apoyo al preso Patxi Ruiz congreguen mucha gente...

–La sociedad es de bien, por principio. Yo me muevo en Navarra y en Gipuzkoa y conozco gente maravillosa mayoritariamente. Todos nos hemos acabado preguntando: ¿Qué hicimos? ¿Qué hice en el año 80? Pero yo, Tomás Caballero. ¿Qué hice? A mi padre le mataron en 1998 y hasta entonces no tomo la misma conciencia. ¿Realmente hicimos lo que pudimos para intentar atajar esto? Todos sabemos que no, porque podíamos haber hecho otras cosas, seguro, porque realmente duró demasiado. Somos el dolor de conciencia porque huérfanos o heridos seguimos aquí.

–¿Le gustaría preguntarle algo al asesino de su padre?

–Nada, cero, no tengo ningún interés.

–¿Le ha molestado que Pedro Sánchez lamente la muerte por suicidio de un preso de ETA?

–Mi opinión particular puede que condicione a otras víctimas y prefiero no hacerla pública. A algunos les puede parecer un gesto humano, a otros que es una estrategia política, o que no ha habido el mismo respaldo en otros casos... Prefiero no entrar en el tema porque no quiero molestar a ninguna víctima con mi opinión.

–¿Comparte que se produzcan acercamientos de presos?

–Es política penitenciaria, tenemos que pensar que actúan bajo la ley. Y cuando las leyes no nos convencen, se cambian donde se cambian, en el Congreso.

Opinión:

Para empezar, desearle mucha suerte al Señor Caballero y agradecerle que diga que no quiere ser portavoz de “las” víctimas o que su opinión particular puede que condicione a otras víctimas y prefiere no hacerla pública. Si continúa en esa postura, al menos no tendremos que escuchar según que frases que hicieron alguna de sus predecesoras, que incluso nos obligaron a muchas víctimas a desmarcarnos de esas mismas frases e incluso solicitar la dimisión de quien las hizo públicas.

Pero cuando dice que “entre la prioridades está lograr que tengan una cobertura máxima en temas asistenciales” debo advertirle que no me creo nada sobre ese tema. Es una cuestión social que, durante muchos años, no ha sido el objetivo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, como se demuestra al revisar las revistas que publican y que han sido homenajes constantes a ciertas siglas políticas y un abanico de mensajes de contenido político o de homenaje a la monarquía con el Rey huido al frente que, en ningún momento, debiera haber sido su labor. En cambio, si desea mejorar esa asistencia, que empiece por interesarse por la situación de las víctimas de los atentados de agosto de 2017 en Catalunya, ya que en estos tres años no se ha recibido ni una sola llamada en la UAVAT por parte de la Fundación de Víctimas del Terrorismo para preguntarnos sobre esa situación actual.

Para terminar, cuando leo que «Las víctimas tenemos que hacer un esfuerzo educativo adicional con nuestros propios hijos, si no queremos llorar la radicalización que no queremos para nadie» me doy cuenta del desconocimiento que el señor Caballero tiene sobre la inmensa mayoría del colectivo, porque esa es una de las labores que esa inmensa mayoría del colectivo hemos llevado a cabo durante décadas. ¿No se ha enterado? ¿No se lo han explicado?

Sinceramente, para conocer la realidad hay que pisar el terreno y, visto lo visto, hay terrenos que jamás han pisado.

Aún y así, reitero, mucha suerte. Y si quiere mas información, estaremos encantados de ayudarle.

 

 

21 septiembre 2020 Diario Vasco

21 septiembre 2020 

 


 

Patria en mitad de los presupuestos

Lourdes Pérez

 

Asoma el gran dilema moral y político del país: cómo dialogar y pactar con la izquierda abertzale preservando la memoria veraz del horror

Los lacerantes rescoldos del terrorismo de ETA han vuelto a avivarse con el estreno en el Zinemaldia de la versión televisiva de ‘Patria’ y una incierta y zigzagueante negociación de los Presupuestos españoles que naturaliza a EH Bildu como interlocutor del Gobierno Sánchez. La sacudida emocional que viene desatando la obra de Fernando Aramburu entre un público que va de las víctimas a los verdugos, pasando por los concienciados, los indiferentes y quienes pueden aproximarse a nuestra tragedia con una mirada liberada de las ojeras del pasado, se entremezcla así con la ‘real politik’ más cruda. Con el utilitarismo de un Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos cuya geometría parlamentaria, tan variable como ambigua, ha normalizado la presencia de EH Bildu en la búsqueda de pactos en el Congreso; hasta el punto de que el presidente apuesta por sumar a Arrimadas y a Otegi en un novedoso –y en apariencia inverosímil– ensayo de la cuadratura del círculo. Tras décadas en la trinchera de la violencia, el independentismo de izquierdas vasco está descubriendo una obviedad histórica: que nada legitima más, que no existe mayor efecto blanqueador, que el que ofrece el escaparate de la democracia institucional.

La dramatización de ‘Patria’ copa pantallas y debates mientras el vicepresidente Iglesias escenifica su sintonía con EH Bildu y el secretario general de las Juventudes Socialistas en Euskadi pide a su Gobierno que no rebaje el listón ético exigible a la izquierda abertzale por necesidades aritméticas. Si lo hacemos adrede no nos sale una conjunción astral que resuma con tanta elocuencia el gran dilema moral y político que afronta el país: cómo encauzar el diálogo post-ETA y los eventuales pactos con EH Bildu, un actor votado y representado, preservando la integridad de las víctimas y la memoria veraz del horror. Una memoria que ha sido y es el escenario vital, de una forma u otra, de varias generaciones de vascos. Pero que está amortizada en la España política del Covid que vive al día.

No deja de ser sorprendente la convulsión que ha provocado y sigue provocando ‘Patria’ cuando ya no quedan ganas de acordarse de ETA y la política transita, ligera sin el lastre de la amenaza, por otros derroteros. Una interesada impostura sobrevuela el éxito de la novela de Aramburu: el adanismo según el cual habríamos descubierto lo que nos pasó leyendo esas páginas sobre nosotros mismos. La peripecia de Bittori y Miren puede emocionar, sobrecoger, conmocionar, interesar e incluso indignar a ojos de cada lector. Pero lo que no cabe es interpretarla como la revelación de una realidad que era tan visible, tan tangible, como los tiros, las bombas y la sangre derramada. Si hay vascos que aún no habían levantado ese velo es por la determinación de no querer ver, de no querer escuchar, de no querer leer.

Porque antes de ‘Patria’, cuando la lucidez libraba un pulso diario con la violencia, hubo otros libros valiosos; y, sobre todo, se escribieron muchas crónicas de periódico dando cuenta de cómo se mataba y cómo se moría. Quien quería saber, supo. En tiempo real. En un tiempo oscuro y oprimente protagonizado por etarras simples y fanatizados como el que retrata Aramburu, pero también por otros que, albergando potencialmente lo mejor, terminaron ofreciendo a esta sociedad lo peor de sí mismos. Uno de nuestros tabúes que sigue sin respuesta

 

18 septiembre 2020 El País (opinión)

18 septiembre 2020 elpais

 


Patria rezuma verdad

Luis R. Aizpeolea

La serie televisiva Patria, creada por Aitor Gabilondo para HBO España (estreno el 27 de septiembre), rezuma verdad y profundiza, como ninguna otra ficción sobre ETA, en la corrosión del terrorismo en la convivencia así como en la reclamación de las víctimas por conocer la verdad y lograr justicia y reparación. Sin falsas equidistancias y sin maniqueísmos, abre una puerta a la esperanza de reconciliación en una comunidad rota por el terrorismo. La serie emociona, a lo que contribuye la soberbia interpretación de los actores, empezando por Elena Irureta y Ane Gabarain. Su vivencia de la historia narrada –los actores son vascos– se percibe en su gestualidad, en su lenguaje sobrio e irónico, que le otorga credibilidad a la película y proximidad al espectador, reforzada por la elección del marco guipuzcoano en que se desarrolló la historia.

La serie rezuma autenticidad al relatar la soledad extrema a la que fueron sometidas las víctimas por ETA. Lo corroboro tras haber escrito un reportaje para El País Semanal, poco antes del confinamiento de la pandemia, sobre Hernani, la localidad guipuzcoana en la que Fernando Aramburu inspiró su novela, a la que Gabilondo es fiel. No logró rodarla en Hernani porque su alcalde, de Bildu, no firmó su autorización. Lo hizo en Soraluze, muy cerca.

En Hernani, ETA asesinó a seis personas, cinco empresarios fueron extorsionados y 55 personas fueron agredidas. La localidad sufrió centenares de ataques de kale borroka. Una testigo me contó cómo la esposa del alcalde, de Eusko Alkartasuna, que, con apoyo socialista, arrebató durante unos años la alcaldía a Herri Batasuna, fue agredida por jóvenes abertzales sin que ni ella ni nadie la auxiliara. Lo mismo le sucedió a la hija del concejal socialista José Morcillo, agredida por jóvenes abertzales en el autobús Hernani-San Sebastián. El miedo social paralizaba a la gente, sobre todo, en localidades con gran influencia abertzale.

La serie refleja atinadamente cómo el terrorismo, además de matar, destruyó la convivencia entre familias y dentro de ellas, las vidas de los entornos de las víctimas y de los verdugos. Pero también subraya la victoria moral de los familiares de las víctimas sobre los de los verdugos y desbarata la tesis abertzale de la equiparación del sufrimiento de víctimas del terrorismo y presos etarras. Patria aclara que las víctimas del terrorismo lo fueron injustamente mientras los etarras eligieron, sabiendo que la cárcel era una opción probable. En aras de su credibilidad, resalta, también, el trato vejatorio y las torturas policiales a los etarras.

Otro acierto es la explicación del atractivo de la irracionalidad del terrorismo en la juventud en los años de auge de ETA. Las hazañas del joven en la kale borroka le convierten en un héroe, respetado por referentes del pueblo, que le estimulan, con su discurso nacionalista agónico, a profesionalizarse como terrorista. En Patria es el cura. Pero era más habitual el abogado o el líder abertzale local. En Hernani, en los años de plomo, a jóvenes de la kale borroka excarcelados se les homenajeaba, subidos al balcón del Ayuntamiento. Hubo una grave perversión de valores aún no superada.

La serie es muy rigurosa en la ubicación temporal de la historia. El asesinato que sirve de detonante de la historia se produce en los años inmediatamente anteriores a la detención de la cúpula de ETA en Bidart (Francia), en marzo de 1992, que marca la decadencia de la banda. La detención del etarra coincide con esa decadencia y derrota moral, que la película refleja brillantemente.

Hoy el terrorismo ya es historia. Pero no lo son sus consecuencias. Empresarios y concejales no nacionalistas circulan sin escolta por Hernani, pero no entran en los bares abertzales. Del pasado no se habla y cuando se pregunta, la gente, excepto los cargos públicos, sigue reclamando que no se publique su nombre. En tiempos recientes, Bildu ha rechazado dos veces en el Ayuntamiento propuestas de reconocimiento a las víctimas de ETA cuando socialistas y peneuvistas han apoyado condenas del GAL –la guerra sucia se cebó en Hernani en la Transición y asesinó a seis vecinos– y defendido el acercamiento de presos. Entrevisté en Hernani a su actual alcalde abertzale y aún equipara el sufrimiento de las víctimas de ETA al de los presos etarras.

En este sentido, Patria se adelanta a Hernani. El eje central de la trama, la necesidad de la víctima de conocer, antes de morir, la verdad del asesinato de su marido y de escuchar a su asesino pedirle perdón, se cumple en Patriacomo ha sucedido en lugares, como Rentería. Pero no es aún realidad en Hernani ni en otras muchas localidades. ETA se disolvió hace dos años sin pedir perdón a todas sus víctimas. Y la izquierda abertzale, aunque ha dado pasos, aún no ha reconocido a las 850 víctimas de ETA que lo fueron injustamente cuando este país ya estaba en democracia o transitaba hacia ella. Es una necesidad que Patria refleja bien.

Pero, también, para los jóvenes que, mayoritariamente, desconocen una historia amarga que deben leer, antes de pasar página, para que no se repita. También los mayores tienen un déficit de reflexión sobre el terrorismo, facilitado por la actitud de algunos partidos que pretenden blanquear su historia y otros que quieren utilizarla políticamente. Patria contribuye a una lectura racional de lo sucedido y no debe repetirse como con el capítulo de las víctimas del franquismo que, 80 años después de la Guerra Civil, aún no se ha cerrado, generando un problema de convivencia.

Al abordar cuestiones muy vivas tras la desaparición de ETA, como la convivencia y el reconocimiento de las víctimas, puede decirse que esta es la serie del posterrorismo. Pero no existe la obra total sobre ETA. Hay que acudir a otras para conocer la resistencia civil contra ETA, los orígenes del terrorismo etarra y su final; su funcionamiento, la guerra sucia, etcétera. Patria refleja una gran verdad, que, en 1980, denunció la primera carta de los intelectuales vascos contra el terrorismo –Caro Baroja, Txillida, Michelena, Celaya–. El principal problema de los vascos lo tenemos dentro.

Opinión:

Puedo estar de acuerdo con la opinión de mi amigo Luis, pero debo recordar que no consigo entender cómo puede alguien escribir sobre un tema tan complejo encontrándose a miles de kilómetros desde 1985. Concretamente en Alemania.

Es lo mismo que aquellos que dicen ser víctimas del terrorismo cuando no han visitado jamás ni un hospital ni un centro médico ni mucho menos un cementerio, personas que hablan de lo que otros les han contado o de lo que han leído o visto en los medios de comunicación. O porque un policía se creyó su milonga en la comisaría días o semanas después del atentado en cuestión.

Aún y así intentaré ver la serie con una actitud positiva.

 

 

17 septiembre 2020 (2) ABC

17 septiembre 2020

 


La Junta remarca «su compromiso inequívoco» con las víctimas del terrorismo en la Comunidad

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este jueves tres acuerdos para subrayar su reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo en la Comunidad a través de dos subvenciones y una distinción honorífica, lo que supone un impulso del Gobierno Regional a la labor de entidades comprometidas con la lucha contra el terrorismo, así como al reconocimiento constante a las víctimas y su memoria en Castilla y León.

Por un lado, el Consejo autorizó una subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo correspondiente a 2020, por una cuantía de 15.000 euros para paliar, en la medida de lo posible, los efectos que provoca el terrorismo, no sólo mediante actuaciones dirigidas directamente a solventar estados de necesidad físicos o psicológicos, sino también apoyando las actividades realizadas por este tipo de entidades que desarrollan una importante labor de asistencia y apoyo a las víctimas del apoyar su funcionamiento, el mantenimiento de sus actividades y el desarrollo de sus proyectos

En cumplimiento de esta misma ley, el Consejo de Gobierno autorizó una subvención a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, con el objeto de financiar los gastos derivados del desarrollo de su actividad y funcionamiento, por una cuantía de 3.000 euros para Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, denominada Medalla a las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Castilla y León.

Por último, la concesión de la distinción honorífica, creada en el artículo 20 de estas Ley, denominada Medalla a las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Castilla y León. En total se concede esta medalla a 54 personas, una de ellas a título póstumo, víctimas de actos terroristas cometidos en el territorio de la Comunidad de Castilla y León o en cualquier otro lugar del territorio español o en el extranjero y que ostentan la condición política de ciudadanos de Castilla y León.

Esta distinción es un acto de reconocimiento público, de recuerdo a las víctimas del terrorismo y una manifestación expresa de apoyo, todo ello en el deseo de no olvidar su dolor, acompañarles permanentemente y de hacerles llegar el sentir común en recuerdo de su sacrificio en favor de toda la sociedad de Castilla y León. Asimismo, esta distinción pretende mostrar el compromiso de la Comunidad de Castilla y León con la convivencia en paz, respeto a los derechos fundamentales y la protección integral de las víctimas.

 

 

 

17 septiembre 2020 ABC (opinión)

17 septiembre 2020 abc

 


Olvida a las víctimas de ETA

Dignidad y Justicia se siente «ninguneada» en la nueva ley

Tras conocer los detalles del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que el Gobierno avanzó el martes en el Consejo de Ministros, la Asociación Dignidad y Justicia se siente «ninguneada». En un comunicado, las víctimas del terrorismo denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tenga la intención de destinar una partida presupuestaria para crear una Fiscalía que investigue hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura, mientras que aún siguen sin resolverse más de 370 asesinatos de ETA.

El fiscal coordinador de los asesinatos sin resolver, señala Dignidad y Justicia, carece de medios materiales y humanos para poder revisar los casos que aún no han prescrito. A la asociación presidida por Daniel Portero le llama la atención «el despliegue de medios» para crear la Fiscalía para la Memoria Democrática, con «funciones más propias de un historiador que de un investigador del Derecho», y sin embargo «haya una falta de voluntad por parte de la Fiscalía General del Estado de impulsar la causa por delitos de lesa humanidad por los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA, abierta en la Audiencia Nacional, a pesar de haberse dictado Auto de procesamiento desde el año 2015, y siendo imprescriptibles estos delitos».

Dignidad y Justicia se siente impotente ante un anteproyecto que prevé adoptar medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial.

Opinión:

Curioso el último párrafo…

 

 

 

 

15 septiembre 2020 La Razón

15 septiembre 2020

 


La carta de las víctimas de ETA a Sánchez tras su pésame a un etarra: “Esos cuya muerte lamenta son nuestros verdugos”

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) envía al presidente del Gobierno los cuatro volúmenes de “Testimonios. La Voz de las víctimas” y censura el gesto de Sánchez con Bildu. Le pide que “no olvide quiénes son los buenos y quiénes son los malos”.

Las víctimas de ETA elevan la voz contra el presidente del Gobierno tras sus declaraciones la semana pasada, cuando dio el pésame en el Senado tras el suicidio en prisión del etarra Igor González Sola. El presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), Miguel Ángel Folguera, ha enviado hoy una carta a Pedro Sánchez y los cuatro volúmenes de “Testimonios. La Voz de las Víctimas”, en la que reprocha la actitud del líder del Ejecutivo y le recuerda que “esos cuya muerte usted lamenta son nuestros verdugos”, en referencia a sus palabras hacia el etarra que se suicidó mientras cumplía una condena de 20 años en la cárcel de Martutene, en el País Vasco por los delitos de colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación de documento oficial.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, el presidente de APAVT en representación de las víctimas de ETA expresa su malestar a Pedro Sánchez por sus declaraciones y le pide que “no se tergiverse el relato, y mucho más que no se haga desde la Presidencia del Gobierno de España”. Lamenta que éste expresara sus condolencias por el suicidio del etarra y le insta a que con el envío de los relatos de las víctimas de ETA que le ha mandado a La Moncloa “conozca el sufrimiento que la organización terrorista ETA y sus militantes como Igor González Sola, cuya muerte ha lamentado Ud. públicamente, ha provocado en miles de familias españolas”. Le pide, además que “no olvide quienes son los buenos y quienes son los malos”.

Opinión:

Al hilo de la noticia publicada en La Razón, me gustaría presentar una serie de reflexiones…

Para empezar, el titular induce a error (espero que de manera involuntaria). No es una carta de “LAS” víctimas sino, por lógica, de las víctimas que pertenezcan a esa entidad. Víctimas a las que, espero, hayan solicitado su opinión sobre la misiva antes de su envío.

Evidentemente, el hecho de estar inscrito o no en una entidad es una cuestión totalmente personal y, por ello, debe ser una gestión realizada por la propia persona (perdonen la perogrullada que acabo de escribir, pero es lo que hay). Digo esto a razón de la información publicada hace unos años en la que pude comprobar cómo habían personas asociadas a esa entidad que habían fallecido muchos años antes, con lo que el hecho de hablar en su nombre sería imposible al haber fallecido, incluso antes de asociarse. No lo digo yo… ya se publicó en su momento…

No pretendo defender las declaraciones presentadas por el Presidente del Gobierno ante el suicidio del etarra comentado en la noticia, pero sí quiero mostrar una realidad que muchos medios intentan esconder: NADIE puede arrogarse la representación de “LAS” víctimas… y mucho menos cuando se puede hacer una simple revisión de las hemerotecas y descubrir que no abrieron la boca cuando un ministro de Interior o un presidente del Gobierno fueron capaces de decir o hacer cosas como las que presento a continuación…

¿Contrasta el Ministerio la veracidad de esas afiliaciones?  Y ya puestos a describir situaciones reales: desde la entidad comentada en la noticia, ¿han realizado algún tipo de contacto para conocer la situación en la que se encuentran afectados por los atentados de agosto de 2017 en Catalunya? ¿O es que, al no ser víctimas de la banda terrorista ETA, se les considera víctimas de otra categoría?