17 junio 2013
Los fetos asesinados por ETA no son víctimas
Los embarazos frustrados en el 11-M obtuvieron indemnización, pero no los malogrados en atentados etarras
Cuando, hace un mes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que el aborto “tiene algo que ver” con ETA, al menos tres familias se indignaron sobremanera. Motivos no les faltaban: los terroristas habían provocado con sus bombas que tres embarazos no siguieran adelante. Sin embargo, esas criaturas jamás fueron reconocidas como víctimas del terrorismo, ni indemnizadas sus muertes. En cambio, en el 11-M sí se resarció económicamente por cinco abortos.
¿En qué ficheros o archivos de la Administración se guarda el historial de los fetos abortados por un atentado de ETA? En ninguno: sus nombres no aparecen en los listados de víctimas del terrorismo que maneja el Ministerio de Interior ni jamás fueron indemnizados sus familiares por su pérdida. De haber sabido el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que el Estado nunca tuvo en cuenta los abortos producidos por atentados etarras, quizá no hubiera relacionado a las mujeres que abortan con la práctica del terrorismo, el pasado 7 de mayo; aunque después negó la comparación.
El aborto “tiene algo que ver” con ETA, “pero no demasiado”, dijo Fernández Díaz en rueda de prensa. Cuando Jordi Morales Daza –catalán, de 33 años, empleado de banca- se enteró de aquella comparación, se llevó las manos a la cabeza. Su madre, Teresa Daza, y su padre, Rafael Morales, fallecieron en el atentado contra Hipercor, en Barcelona, el 19 de junio de 1987. Se cumplen 26 años de la terrible masacre, que provocó 21 muertos y 46 heridos; todos ellos, clientes y dependientes de los almacenes.
Jordi no sólo perdió a sus padres en Hipercor: perdió también a un hermano que no llegó a nacer. Teresa Daza estaba embarazada de unos seis meses en el momento de la letal explosión del coche bomba en el segundo sótano de Hipercor: Jordi ha percibido las indemnizaciones correspondientes por las muertes de sus padres, pero respecto al bebe que no nació, ni una sola mención ni un euro por aquella vida malograda: “No se trata de dinero, sino de dignidad, de poner las cosas en su sitio. En Hipercor murió también el hijo que esperaba Teresa Daza. Pero para la Administración jamás existió ese feto. Su nombre no ha pasado a la historia de las víctimas de ETA”, se queja Jordi, que en 2005 solicitó a través de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) que su hermano no nacido tuviera la condición de damnificado.
El impulsor de aquella petición infructuosa fue Roberto Manrique, víctima también del atentado de Hipercor, que en aquellos momentos era el vicepresidente deesa asociación. Hoy, fuera de ella y del Servicio de Información y Orientación a Víctimas del Terrorismo de la Generalitat catalana –que dirigió hasta su clausura en 2011-, Manrique sigue ayudando a las víctimas: “Durante años he tenido encima de mi mesa tres expedientes de familias golpeadas por el terrorismo, que perdieron a sus hijos, fetos aún, como consecuencia de los atentados de Hipercor, de la Villa Olímpica de Barcelona (1993) y del Hotel Corona de Aragón (Zaragoza, 1979). La Administración siempre ha denegado que aquellos fetos tuvieran la consideración de víctimas, alegando que para ello es imprescindible que la criatura sobreviva 24 horas fuera del útero materno. Y ahora el Gobierno quiere cambiar la ley del aborto apoyándose en que la vida comienza en el momento de la concepción. ¿En qué quedamos? Es hipócrita e incoherente”, se queja Roberto Manrique.
Discriminación “política”
Otra de las contradicciones que encuentran Manrique y Jordi Morales es que en el caso de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en el que murieron 191 personas, el Estado indemnizó la muerte de cinco fetos como consecuencia de las explosiones de los trenes, según la Asociación-11M Afectados por Terrorismo. Su presidenta, Pilar Manjón, lo recuerda: “Lo solicitamos y la Fiscalía no se opuso. Aunque fueron indemnizados, no se contaron como víctimas del 11-M. Un caso sangrante es el de Ana Isabel Gil, embarazada de siete meses. Ambos murieron, y aunque se indemnizó la pérdida de la criatura, no se contabilizó como asesinada”.
A Teo Lucas –53 años, funcionario-, la “discriminación” sufrida por los fetos asesinados por ETA respecto a los del 11-M le parece “un politiqueo”. Teo y su esposa, Gracia Gomez (50 años), perdieron a su bebé en la explosión de la bomba que ETA colocó en un restaurante del Puerto Olímpico de Barcelona el 15 de agosto de 1993. El matrimonio fue a cenar a la Villa Olímpica ese día. Gracia estaba embarazada de tres meses y había sufrido un aborto anteriormente. Todas las esperanzas de la pareja estaban puestas en aquel embarazo. Gracia entró en el baño de uno de los dos restaurantes del complejo –que estaban pegados- y el techo se le cayó encima: acababa de explotar una bomba en el local contiguo. No hubo muertos. Gracia y otro cliente resultaron heridos de gravedad. “A mi mujer le tuvieron que coser la cabeza y someterla a múltiples pruebas, como radiografías, que hicieron inviable seguir con el embarazo”, sostiene Teo Lucas.
Roberto Manrique asegura que la cuestión de los fetos asesinados en atentados debe incluirse en la actual Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. “Me parece una falta de sensibilidad y de responsabilidad del Estado que tras indemnizar la pérdida de fetos en el 11-M, nadie se haya acordado de las víctimas de ETA que llevan décadas reivinicando lo mismo”, dice Manrique, que recuerda otro caso dramático: ”Gloria Pavía abortó de sus gemelas al recibir la noticia de que su esposo, Leocadio de Olavaria, había muerto en el incendio del Hotel Corona de Aragón, el 12 de julio de 1979. ¿Es justo que sus gemelas no nacidas no figuren en el balance de aquel atentado?”, se pregunta Manrique.
Una contradicción
En opinión de estas víctimas, es una contradicción que en España la normativa contemple que se indemnice a la mujer cuyo embarazo se malogre en un accidente de tráfico, pero, en cambio, no ocurra lo mismo si el aborto es consecuencia de un atentado terrorista. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones estipuló para 2013 las indemnizaciones por pérdida de fetos en accidentes de tráfico en 38.320 euros a partir del tercer mes de gestación, y en 14.336 hasta el tercer mes. En ambos casos, si la criatura fuera el primer hijo de la mujer; para casos sucesivos, la cantidad se reduce a casi la mitad.
Pies de foto:
Jordi Morales Daza, de 33 años, perdió a sus padres en el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987. en Barcelona, en el que murieron 21 personas. Su madre, Teresa Daza, estaba embarazada de seis meses cuando murió. Los diferentes gobiernos jamás han atendido la petición de Jordi de que su hermano no nacido fuera considerado víctima del terrorismo.
Gracia Gómez resultó herida en el atentado de ETA contra la Villa Olímpica de Barcelona el 15 de agosto de 1993. Estaba embarazada de tres meses y perdió la criatura. Su esposo, Teo Lucas, resultó ileso.
Dolores Lopez Resina, conocida como “Lola”, fue absuelta por la Audiencia Nacional del atentado del Puerto Olímpico de 1993 porque la testigo que la identificó no fue llamada a declarar en el juicio, celebrado en 2008.
Cinco mujeres embarazadas viajaban en los trenes que explotaron el 11 de marzo de 2004, según Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados Terrorismo. Dos de ellas murieron: Ana Isabel Gil y Maria del Carmen Lominchar. En todos los casos, los fetos perdidos fueron tenidos en cuenta en las indemnizaciones.
Leocadio de Olavaria se encontraba en el Hotel Corona de Aragón, de Zaragoza, en un congreso de anticuarios, cuando se produjo el incendio de origen terrorista que acabó con su vida y la de otras 77 personas, el 12 de julio de 1979. Su esposa, Gloria Pavía, abortó como consecuencia del impacto de la noticia. Roberto Manrique, experto en la atención a las víctimas, intentó que el Estado considerara a las gemelas malogradas como víctimas, pero no lo consiguió.
