miércoles, 20 de noviembre de 2024

20 novembre 2024 elmon.cat (opinió)

 

20 novembre 2024 



La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona també s’oposen a destruir proves del 17-A

Creuen que cal mantenir els indicis per "cautela i prudència" mentre s'espera la resposta del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) a la demanda presentada

Destruir part de les proves del judici pels atemptats del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils s’està convertint en un mal de cap al servei d’executòries penals a l’Audiència Nacional. Després de tres peticions de la Guàrdia Civil per destruir elements que encara resten en els magatzems policials, s’ha generat un fort debat processal entre les parts, els jutges i el lletrat de l’Audiència Nacional. De fet, fins ara cautelarment s’ha aturat la petició de destrucció a l’espera de la resolució que el tribunal dictamini quan tingui l’opinió de les parts.

Tot plegat comença per l’enèsima petició de la Guàrdia Civil de destruir els indicis recollits que estaven custodiats fins que acabés el procediment judicial. Davant la demanda, la defensa de Javier Martínez, pare del petit Xavi –el nen de Rubí assassinat a la Rambla–, formada per Jaume Alonso-Cuevillas i Agustí Carles, va aixecar el dit i va avisar l’Audiència Nacional que s’havia interposat una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per vulneració de drets com el de saber la veritat que està pendent de ser admès a tràmit. Una demanda que, en cas d’estimar-se, requeriria una nova valoració de la prova.

Destruir part de les proves del judici pels atemptats del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils s’està convertint en un mal de cap al servei d’executòries penals a l’Audiència Nacional. Després de tres peticions de la Guàrdia Civil per destruir elements que encara resten en els magatzems policials, s’ha generat un fort debat processal entre les parts, els jutges i el lletrat de l’Audiència Nacional. De fet, fins ara cautelarment s’ha aturat la petició de destrucció a l’espera de la resolució que el tribunal dictamini quan tingui l’opinió de les parts.

Tot plegat comença per l’enèsima petició de la Guàrdia Civil de destruir els indicis recollits que estaven custodiats fins que acabés el procediment judicial. Davant la demanda, la defensa de Javier Martínez, pare del petit Xavi –el nen de Rubí assassinat a la Rambla–, formada per Jaume Alonso-Cuevillas i Agustí Carles, va aixecar el dit i va avisar l’Audiència Nacional que s’havia interposat una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per vulneració de drets com el de saber la veritat que està pendent de ser admès a tràmit. Una demanda que, en cas d’estimar-se, requeriria una nova valoració de

Opinió:

Magnífica notícia que, estic segur, té la conformitat de totes les víctimes dels atemptats d'agost2017 a les que atenem des de UAVAT.

És una bestiesa que hi hagi algú capficat en destruir proves quant tot just el dimarts 26 s'iniciaran les compareixences amb motiu de la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados de Madrid.

Serà molt profitós poder participar com a compareixent juntament amb en Javier i la Sara.

Fora bo saber que opinen la resta de personacions, en especial les que ho van fer com associació de víctimes malgrat no conèixer a cap o, com a molt, a una…

Seguirem informant.

martes, 19 de noviembre de 2024

19 noviembre 2024 El Correo Gallego (opinión)

 

19 noviembre 2024 



El PP reclama al Supremo que reabra la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco al considerar que no está prescrito

La formación de Alberto Núñez Feijóo considera que la reapertura de la causa en 2016 evitó la prescripción de los hechos, que hubiera ocurrido en 2017

El Partido Popular ha reclamado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) que anule la decisión de la Audiencia Nacional de considerar prescrita la investigación contra la cúpula de ETA por el asesinato en 1997 del concejal de la formación conservadora en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco y confirme el auto de procesamiento que dictó el exmagistrado Manuel García Castellón el pasado 25 de abril contra los exintegrantes de la cúpula de la banda terrista Miguel Albisu Iriarte 'Mikel Antza' y Ignacio Miguel Gracia, conocido con el alias de 'Iñaki de Rentería'.

El PP ha presentado este recurso de casación al considerar, al contrario de la versión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que la reapertura de la causa en 2016 evitó la prescripción de los hechos, que hubiera ocurrido en 2017, tras pasar los 20 años previstos por la ley.

Sobre esta cuestión, la formación conservadora sostiene que el Tribunal Supremo ya dictó en 1998 una setencia sobre el caso de Segundo Marey, que fue avalada por el Constitucional en 2001, que establece que en "supuestos de criminalidad organizada, se interrumpe el cómputo de la prescripción cuando el procedimiento se dirige contra el grupo u organización criminal, y ello aunque no se designe nominalmente a los concretos responsables ni se den datos a través de los cuales pudieran llegar a ser identificados".

Delitos de terrorismo

En el mismo sentido, el PP rechaza que la responsabilidad penal de 'Mikel Antza' e 'Iñaki de Rentería' haya decaído, pues la Ley Orgánica 5/2010 determina "la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, siempre que hubiesen ocasionado la muerte de una persona", como es el caso del exconcejal del PP de Ermua.

Además, la citada reforma, completa el PP, "entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, fecha en la que todavía no había transcurrido íntegramente el plazo de prescripción vigente al tiempo de la comisión del secuestro y asesinato terroristas que constituyen el objeto de este procedimiento".

Cuatro procesados

Además de 'Mikel Antza' e 'Iñaki de Rentería', el juez García Castellón también procesó a Soledad Iparrraguirre, 'Anboto', y José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri' al considerar que los exjefes de la banda estuvieron implicados en el asesinato en tanto que, como máximos dirigentes, podrían haberlo impedido.

El PP destaca en su escrito "la especial naturaleza y gravedad de los hechos que constituyen el objeto de este procedimiento, nada menos que el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido", al tiempo que recuerda que el Parlamento Europeo el 4 de marzo de 2022 recomendó a España, en relación con 379 asesinatos aún no resueltos cometidos por la banda terrorista ETA, que se "agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal a fin de perseguir tan graves delitos".

La formación liderada por Núñez Feijóo considera que la interpretación de la Audiencia Nacional "es irrazonable, por cuanto resulta manifiestamente contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal de Justicia de la Unión Euoprea (TJUE), "a la más reputada doctrina especializada, e incluso al Derecho comparado, que afirman resueltamente la naturaleza procesal de la norma y la aplicabilidad inmediata de las prórrogas del plazo de prescripción siempre que el hecho aún fuera perseguible en el momento de su entrada en vigor".

Opinión:

¿Quieren reabrir “la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco al considerar que no está prescrito”? Perfecto. Si consideran que pueden tener la razón, adelante.

Ahora les pediría que ese mismo interés que muestran en abrir una causa concreta lo muestren en preguntar por el estado de tantas y tantas víctimas de los atentados de agosto2017 en Catalunya.

Que lo muestren explicando y colaborando en la Comisión de Investigación que, se supone justamente hoy martes 19 de noviembre, se ha abierto para dilucidar responsabilidades y conocer los errores cometidos para que no se repitan. Hablamos de 16 asesinados, 345 heridos según sentencia a los que hay que añadir 123 que están en sumario y no aparecen en sentencia.

¿Colaborarán también en el objetivo de hacer justicia? Recuerdo que entre los comparecientes hay diferentes miembros del mismo partido que tanto interés (legítimo obviamente) muestra en la causa de Miguel Ángel Blanco.

¿Qué, sí o no?

De otros atentados anteriores, tanto de la banda terrorista ETA como de otras bandas, ya doy por supuesto que también estarán interesados en "reabrir las causas".

18 noviembre 2024 (2) elconfidencial.com

 

18 noviembre 2024



Así fue el caos judicial que dio impunidad a ETA

Un informe de Covite aflora las numerosas irregularidades cometidas durante la instrucción de atentados de la banda que impidieron su esclarecimiento.

El despropósito había permanecido oculto entre un manto de sumarios. Carpetas y papeles que escondían negligencias, errores y la pasividad de un sistema. Aquel modo de actuar, de investigar, o de dejar de hacerlo, derivó en impunidad para cientos de terroristas y en injusticia para sus víctimas. Ocurrió durante décadas, en particular las primeras, las más duras de la larga historia de ETA. Años en los que se acumulan muchos de los más de 350 asesinatos de la banda que siguen sin resolver, sin culpables conocidos.

Ahora un informe arroja luz sobre muchas de las razones que abocaron a aquellos sumarios, a aquellos expedientes, al sobreseimiento o a la prescripción por la inacción de la Justicia. La lista que revela la investigación llevada a cabo por Covite, la principal asociación de víctimas de Euskadi, es larga: huellas disponibles pero sin recabar, pruebas desaparecidas que no figuran en los sumarios, autopsias erróneas en las que ni siquiera se extraen las balas al cadáver, expedientes cerrados en menos de 24 horas o testigos de un asesinato a los que ni siquiera se toma declaración. Incluso se apunta un caso de la autoinculpación de dos miembros de la banda de un crimen que ni siquiera se incorporó al sumario.

El extenso trabajo llevado a cabo, titulado ‘Ni justicia, ni verdad. Informe sobre la realidad judicial de los casos de delitos de terrorismo sin resolver’, ha requerido más de tres años de investigación e indagación. Una de las conclusiones pasa por desmontar la idea que prevalecía hasta ahora de que en los primeros años del terrorismo de ETA la falta de medios y la amenaza de la banda fue la causa que explicaba las instrucciones insuficientes e incompletas.

El documento señala que fue más bien la falta de voluntad, la negligencia y la desidia la que motivo en muchos de los casos analizados que los expedientes se cerrasen sin apenas investigación, no se remitiesen al tribunal competente –la Audiencia Nacional- o que muchas de las pruebas recabadas se perdieran o ni siquiera terminaran constando en los sumarios. La ausencia de pruebas balísticas a los casquillos recogidos en el lugar de un crimen es otra de las carencias graves encontradas, una prueba sin la que difícilmente se podría vincular el arma de un terrorista a un determinado acto criminal.

Casos sin investigación

De los 50 expedientes analizados, en 18 casos ni siquiera hubo investigación. No se llevaron a cabo diligencias más allá de las básicas exigidas por la ley. Se han encontrado graves errores policiales y judiciales o incluso causas condicionadas por la evolución de las negociaciones del Gobierno con ETA. El propio magistrado Javier Gómez Bermúdez reconoció esta semana en Pamplona que la negociación para la disolución de ETA-PM influyó en el devenir de las causas que afectaban a esta rama de la banda terrorista para que no se frustrara su desaparición.

En la investigación se apunta incluso que más recientemente se ha llegado a expurgar expedientes relacionados con ETA en juzgados sin competencia para ello. La impunidad también se achaca en el informe a la inexplicable lentitud con la que la Justicia ha actuado en muchos casos de terrorismo. “No puede ser que se celebren juicio 25 años después de cometerse los atentados, lo cual no conduce más que a reiteradas absoluciones por prescripción”, se señala. 

La pérdida de sumarios en una madeja judicial es otra de las constantes en algunos de los sumarios que jamás tuvieron culpables. Es el caso del referido al asesinato del taxista Manuel Albizu, en 1973, acusado falsamente de ser confidente de la policía. Sólo la pericia de su nieto permitió recuperar en 2022 el sumario que hasta entonces constaba como extraviado. En él descubrió que figuraba la confesión de un etarra acusando a dos etarras, Kepa Leguina y José León, de haber participado en el asesinato de su abuelo. Nunca tuvieron que responder por este crimen.

Errores y desidia

La identificación de huellas o que ni siquiera se recogieran para su análisis posterior es una de las irregularidades más repetidas. Ni siquiera en algunos de los elementos empleados por los terroristas se llegaban a extraer huelas dactilares.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, asegura que este tipo de investigaciones están acreditando una vez más la negligencia con la que actuó la Justicia en muchos casos. Recuerda que con ETA cerca de la mitad de los asesinatos no tienen a día de hoy culpables o en muchos casos ni siquiera consta la verdad judicial sobre lo ocurrido. Reitera que con la acción de otros grupos terroristas, como los GRAPO, el porcentaje de casos sin esclarecer apenas es de un 7%. Asegura que la impunidad no se debió a la pericia de los autores de los crímenes sino a la desidia con la que actuaron muchos jueces, al no investigar o al ni siquiera solicitar la práctica de pruebas en la fase de instrucción de los casos.

Una denuncia que también reconoció el magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, quien ha reconocido que se cometieron errores y se actuó con mucha pasividad en muchos de los casos de aquellos años. Gómez Bermúdez reconoció que los jueves debían haber sido más proactivos en las investigaciones y solicitar más pruebas o incluso intervenir para que los casos no prescribieran.

La 'verdad judicial'

Hace años que Covite reclama la necesidad no sólo de esclarecer la autoría de los crímenes que siguen pendientes, sino también de que en los casos que no sea posible, al menos se les aporte una “verdad judicial” sobre lo ocurrido en cada caso. A ello suma su reivindicación de que a los presos de ETA se les exija de modo efectivo la colaboración con la Justicia para acceder a progresiones de grado.

La impunidad no sólo la denuncian en los procesos en los que ni siquiera llegaron a celebrarse juicio sino también en los que pese a haber sentencia esta es incompleta. Covite ha repasado cientos de sentencias emitidas en las que no se han depurado todas las responsabilidades. En ellas se condena sólo a una parte de los autores o ni siquiera a ninguno de ellos sino a responsables indirectos, colaboradores necesarios y los casos se cierran sin autores directos conocidos.

Ordoñez pone el ejemplo del asesinato del catedrático Manuel Broseta en 1993 en Valencia. Tras el juicio sólo fueron condenados los “autores intelectuales, quienes ordenaron su asesinato” pero no quienes realmente lo cometieron. Los sospechosos fueron absueltos. Incluso en el caso del asesinato de su hermano, Gregorio Ordoñez, su pretensión es que también paguen por ello quienes dieron la orden de matarle y no sólo los autores materiales.

lunes, 18 de noviembre de 2024

18 noviembre 2024 eldebate.com (opinión)

 

18 noviembre 2024 



Un experto en terrorismo explica por qué Cataluña lleva 30 años siendo el principal nodo yihadista de España

La inestabilidad política, hacer la vista gorda ante comunidades salafistas o la situación territorial, claves en el análisis

Hace unos días trascendía que una de cada tres operaciones antiyihadistas en España durante lo que va de 2024 ha tenido lugar en Barcelona, y que Cataluña lidera este ránking, con 16 detenidos en diez meses, según las cifras del Ministerio del Interior. No obstante, esta preeminencia del territorio catalán en la lucha contra el terrorismo islámico no es nueva, ya que viene siendo la norma desde hace décadas.

Según Interior, desde 2012, en las cuatro provincias catalanas se han realizado 116 operaciones antiyihadistas, que se han saldado con 172 detenidos. «Cataluña es el principal nodo yihadista de España desde mediados de los años 90 del siglo pasado, es un escenario de intensa actividad de adoctrinamiento, captación y reclutamiento con fines terroristas», confirma el director de los estudios de Criminología y Seguridad en la UAO CEU, Francisco Villacampa, cuya investigación está centrada precisamente en el terrorismo islámico.

El también vicedecano de la facultad de Derecho y Empresa recuerda que la primera detención de un yihadista en España se produjo en Barcelona —un hombre argelino, miembro del Grupo Islámico Armado y detenido en 1995 en la capital catalana—, y que desde entonces la región ha jugado un papel importante en los principales atentados, desde la reunión que el piloto suicida del 11-S, Mohamed Atta, mantuvo en Salou antes del atentado hasta la red de Santa Coloma de Gramenet que facilitó la huida a varios de los terroristas responsables del 11-M en Madrid.

Villacampa advierte que no hay una «respuesta definitiva» al porqué de la prevalencia de Cataluña en este ámbito, pero reconoce al menos seis factores que pueden explicar el hecho. El primero, señala, es que «desde hace tiempo se han ido implantando una gran cantidad de lugares de culto y centros islámicos con ideología salafista, una concepción rigorista del islam» que comparten los yihadistas, aunque estos últimos la lleven al extremo bélico.

«Estos centros cuentan con la ayuda financiera de Arabia Saudí, Qatar y Kuwait», advierte Villacampa, que también advierte —segundo factor— que «no ha habido un control del asentamiento de las comunidades musulmanas por parte de la administración catalana», y que muchos de estos centros salafistas se han establecido sin que nadie controlase sus vías de financiación ni si sus actividades «son contrarias a las normas de convivencia», señala.

Falta cooperación

En tercer lugar, el investigador señala un «problema de cooperación» entre los diferentes cuerpos policiales presentes en la región —policía local, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil— en la detención de los procesos de radicalización y el desmantelamiento de las células yihadistas. «Eso lo saben los yihadistas y se apoyan en ello para llevar a cabo sus actividades», lamenta.

En esta línea, el experto señala que el procés independentista «puede haber afectado a ese control y gestión», y advierte que los yihadistas usan a su favor las «situaciones políticas inestables».

Por eso, preguntado por los reproches por inacción al gobierno de Salvador Illa por parte de partidos como Vox, Villacampa pide no politizar la lucha antiterrorista: «Es cierto que se puede mejorar, por ejemplo, con más cooperación, pero no soy partidario de meter la lucha contra el terrorismo en el ámbito político, porque es lo que buscan los terroristas, que aprovechan cuando hay desunión entre las fuerzas políticas para llevar a cabo asimilaciones».

Como últimos dos factores, Villacampa señala la situación territorial de Cataluña —muy cercana con Francia y, por tanto, puerta de entrada al norte de Europa— y la presencia de una gran comunidad musulmana que permite a los terroristas pasar más desapercibidos. «Primero teníamos sobre todo argelinos y marroquíes, pero ahora es importante la presencia de la comunidad pakistaní; hay grupos afines a Al Qaeda de origen pakistaní», señala.

Con todo, Villacampa reconoce el trabajo de los Mossos d’Esquadra en la prevención y la detección de la radicalización. Según informa el cuerpo, el año pasado detectaron un total de 147 casos compatibles con posibles procesos de «radicalización violenta» vinculados al yihadismo. Para Villacampa, el reto es que la digitalización ha vuelto más difícil rastrear a los radicalizadores, que ahora ya no se agrupan en torno a centros de culto únicamente, sino que sobre todo se da en internet.

Opinión:

Me hubiera gustado hablar con el señor Villacampa y preguntarle a que se refiere cuando dice que hay un «problema de cooperación» entre los diferentes cuerpos policiales presentes en la región… porque asó habría tenido la posibilidad de explicar las razones (que supongo alguna deberán tener) para que los Mossos d’Esquadra no entraran en el CITCO hasta octubre de 2018.

No me invento nada, para quien lo quiera consultar o confirmar le paso la siguiente noticia de 06 de septiembre de 2018 en la que se puede leer los siguientes titulares:

“Los Mossos se integrarán en el centro contra el terrorismo (CITCO) antes de 30 días”

“Marlaska y Buch destacan que el acuerdo demuestra la cooperación y lealtad institucional”

O sea, más de un año después de los atentados de agosto2017 los Mossos d’Esquadra se integraron en el CITCO.

Por cierto, si los Mossos d’Esquadra hubieran estado ya aceptados en el CITCO tiempo antes de los atentados de agosto2017 ¿hubieran ocurrido las explosiones de Alcanar o los atentados de La Rambla, Zona universitaria, Cambrils u Olérdola?

Para quien no lo sepa, CITCO significa “Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado”.

Pues eso.

16 noviembre 2024 Europa Press

 

 

16 noviembre 2024



Ertzainas homenajean al exconsejero Atutxa,"un gran referente" en la lucha contra el terrorismo

Link:

https://www.europapress.tv/politica/924187/1/ertzainas-homenajean-exconsejero-atutxaun-gran-referente-lucha-contra-terrorismo

Declaraciones del presidente de la asociación de ertzainas Mila Esker, Julio Rivero, durante el acto de homenaje al consejero de Interior del Gobierno Vasco entre 1991 y 1998, Juan María Atutxa. "En unos momentos muy difíciles fue un gran referente para todos nosotros por encabezar y por liderar la lucha contra el terrorismo y contra todo el tipo de delincuencia", ha destacado Rivero, al tiempo que que ha recordado que su defensa de la Ertzaintza le ocasionó "notables antipatías dentro del mundo radical, convirtiéndose en un objetivo prioritario, siendo posiblemente una de las personas a las que ETA más veces intentó asesinar en la historia reciente de este país". Declaraciones también de Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, donde se ha celebrado el acto, quien ha destacado que "la marca de la casa" del consejero Atutxa fueron "la transparencia y la credibilidad", así como su "defensa a ultranza de la Ertzaintza frente al acoso de ETA y de su brazo político".

 

 

 

14 noviembre 2024 (3) Cadena SER (opinión)

 

14 noviembre 2024 



"Los españoles fuimos pioneros": Jordi Évole reflexiona sobre lo que ocurrió tras los atentados del 11-M

Jordi Évole ha conseguido el Premio Ondas a Mejor programa de actualidad o cobertura especial por Los cuatro días que nos cambiaron que se centra en los atentados del 11-M justo cuando se cumple su 20 aniversario. El reconocido periodista ha pasado por la alfombra roja de la gala para reflexionar sobre cómo vivió la época del atentado, en donde ha confesado que fue más "como ciudadano que como periodista".

Opinión:

Tras los atentados del jueves 11 de marzo de 2004 puedo confirmar que Jordi Evole ha sido uno de los periodistas con los que más he podido hablar cobre la situación de las víctimas del terrorismo en el plano social y asistencial, incluyendo el interés mostrado en la realidad de muchísimas víctimas de aquellos malditos atentados en Madrid.

jueves, 14 de noviembre de 2024

14 novembre 2024 (2) La Republica (opinió)

 

14 novembre 2024 



La Generalitat donarà juntament amb la Comissió Europea 3 milions d’euros a projectes al Marroc i Senegal

La Generalitat de Catalunya i la Comissió Europea han signat aquest dimarts dos acords de transferència, per valor d’1,5 milions d’euros cadascun per a projectes al Marroc i al Senegal. Aquesta cooperació entre la UE i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té la intenció d’enfortir els drets humans al Marroc i reduir les desigualtats de gènere al Senegal. En el cas del Marroc, la iniciativa vol incidir en la igualtat de gènere i la violència envers les dones. Pel que fa als suburbis de Dakar i altres comunitats rurals, al Senegal, es vol promoure l’apoderament econòmic de les dones i la seva participació en espais cívics i públics.

La Delegació de la Unió Europea s’encarregarà de fomentar el diàleg entre les institucions i les organitzacions de la societat civil.

Opinió:

Mentre intento trobar més informació sobre aquesta notícia, llegeixo en un altre portal que “el Govern treballarà pels drets humans al Marroc i al Senegal”.

Bé, anem a pams.

Que es vulgui treballar pels DDHH en països estrangers em sembla perfecte, però no seria més adient de fer-ho en llocs on els mateixos governants d’aquests països de destinació dels recursos TAMBÉ intentessin assolir aquests objectius i treballessin per tenir-los?

El que no trobo coherent és voler treballar pels DDHH en altres països on els seus governants se’ls en foten, precisament, el que nosaltres entenem com a DDHH.

I ara, si us plau, una reflexió sense que ningun s’enfadi:

perquè no dirigir part dels recursos a ajudar i assistir a persones que han patit, precisament, els efectes de les accions terroristes d'altres persones que venen d'alguns d'aquests països a casa nostra?

És més. Es dona la circumstància que als representants d'aquests països en la nostra ciutat no van col·laborar en res del que se'ls va demanar per ajudar en els seus conciutadans que TAMBÈ varen patir els efectes dels atemptats de l'agost2017. I ho sé perquè he parlat amb molts d'ells, molt bona gent absolutament innocent i de religió musulmana de diferents països afectats.

Ara només queda presentar una pregunta: que han fet els nostres representants, els que podríem anomenar autòctons, per ajudar als afectats.

Millor ho deixo per un altre dia, però òbviament no han gastat ni la dècima part del milió i mig destinat a treballar pels DDHH a l'estranger. Crec que s’entén perfectament el que vull dir. I el pitjor de tot plegat és que, des d'ahir, només queda un mes per fer quelcom. Per això ho explico avui…