02 noviembre 2026
Las víctimas del 17-A lamentan que la comisión quede sin conclusiones por el adelanto de las elecciones
La asociación reclama conocer toda la verdad sobre los
atentados de Barcelona y Cambrils y denuncia que las indemnizaciones y las
reformas legislativas previstas se quedan cortas
Las víctimas de los atentados yihadistas
del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y
Cambrils han lamentado este lunes que el adelanto de las
elecciones generales haya impedido aprobar las conclusiones de la comisión de
investigación del Congreso sobre aquellos hechos. Consideran que los trabajos
han permitido evidenciar cierta «negligencia» del Estado en el control del imán
de Ripoll, Abdelbaki Es-Satty, que fue confidente del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), pero sostienen que no se ha podido llegar al fondo de «toda
la verdad».
También consideran insuficientes algunas de las reformas legislativas planteadas, como la ampliación de las indemnizaciones a las víctimas, y ven difícil que salga adelante la reforma de la ley de secretos oficiales.
Pocas semanas después del
final de la legislatura y más de nueve años después de los atentados, la
asociación 17-A Volem saber la veritat ha hecho balance de la comisión
de investigación del Congreso, pactada entre Junts per Catalunya y el PSOE. Su presidente, Xavier Martínez, padre de un niño fallecido en la Rambla,
ha lamentado que no se hayan podido cerrar las conclusiones ni esclarecer todos
los interrogantes.
Martínez ha asegurado que las víctimas no
reclaman más dinero, sino que todas sean reconocidas como tales, algo que
actualmente no sucede. También ha pedido que se investigue hasta el final quién
ideó los ataques y cuál fue exactamente la relación del imán de Ripoll con los servicios de inteligencia del Estado.
Un decreto de ayudas que consideran insuficiente
El presidente de la comisión de
investigación, Txema Guijarro, de
Sumar, y la diputada de Junts Pilar Calvo han explicado que, debido a la
convocatoria electoral, el Gobierno español llevará a la Diputación Permanente
del Congreso un real decreto ley para ampliar algunos derechos de las víctimas.
Entre las medidas previstas figura aumentar las indemnizaciones y permitir que
se concedan aunque todavía no exista una sentencia judicial firme.
Sin embargo, ambos han reconocido que el
decreto no recoge todas las reivindicaciones de los afectados. Entre otras
cuestiones, no contempla el reconocimiento como víctimas de los hijos no
nacidos o de los hermanos de las personas asesinadas. También han lamentado que
la comisión no haya podido resolver
todos los interrogantes que dejaron el juicio y la sentencia de la
Audiencia Nacional.
Guijarro
se ha mostrado parcialmente satisfecho con lo que considera la principal
conclusión de las sesiones: el Estado «lo podía haber hecho mejor». Según ha
explicado, antes incluso de que la comisión comenzara sus trabajos, en 2024, ya
existía cierta conciencia de los errores cometidos. Varios representantes de
los servicios de seguridad del Estado hablaron durante sus comparecencias de
«lecciones aprendidas» y de cambios introducidos en protocolos y actuaciones.
No
obstante, ha señalado que no hubo un reconocimiento explícito de los errores,
algo que, según ha indicado, las familias necesitaban escuchar.
La relación del imán con el CNI, en el centro de las dudas
Por su parte, Pilar Calvo ha defendido que las víctimas y el conjunto de la sociedad tienen derecho a conocer toda la verdad sobre los atentados, del mismo modo que sobre las causas del acidente ferroviario de Toledo. La diputada ha afirmado estar «convencida» de que hubo «negligencias graves» del Estado en el control de Abdelbaki Es-Satty, que fue confidente del CNI hasta al menos poco antes de los ataques y, al mismo tiempo, estaba creando una célula terrorista.
Calvo ha
reclamado que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial con las víctimas y
que se reforme la ley de secretos oficiales, vigente desde la época franquista,
para desclasificar documentos que podrían aclarar la relación del imán con el
CNI.
Entre
los interrogantes pendientes ha citado las dudas sobre el ADN de Es-Satty, que
debería confirmar su muerte; las causas de la explosión de la vivienda de
Alcanar y quién movió el coche del imán justo después de aquella explosión. Por
ello, considera que la Fiscalía debería continuar investigando, aunque ve
complicado que se produzcan nuevos avances.
En la rueda de prensa también han
participado los periodistas Quico Sallés, Carlos Enrique Bayo y Javier Chicote,
que han investigado los atentados. Los tres han explicado que la relación entre el imán, como confidente, y el
CNI se prolongó al menos entre 2014 y 2017, pero no permitió detectar su
radicalización ni los preparativos de los ataques.
Los periodistas no consideran que el CNI
conociera o permitiera los atentados, pero sí apuntan a posibles «negligencias» o «temeridades» en su actuación. También
han criticado que la investigación judicial no profundizara más en los hechos
con el argumento de que los autores materiales habían muerto.
Los
participantes en el encuentro coinciden en que será difícil reabrir el caso por
la vía judicial y también recuperar la comisión de investigación en el ámbito
político. Consideran que algunas de las incógnitas pendientes podrían acabar
resolviéndose únicamente mediante investigaciones en el extranjero.

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