19 noviembre 2026
Una
reparación histórica para las víctimas del terrorismo que no cierra todas sus
heridas
La
Diputación Permanente convalidael Real Decreto en el que se revalorizan las
pensiones y las indemnizaciones a los afectado delos atentados
Link: https://elpais.com/espana/2026-11-19/el-congreso-convalida-una-reparacion-historica-para-las-victimas-del-terrorismo.html
Marina
Martínez tenía siete años cuando esquivó la muerte por apenas 20 centímetros. A
esa distancia pasó la furgoneta que mató a su hermano pequeño, Xavier Martínez,
de tres años, en los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona
y Cambrils. Ambos paseaban por La Rambla con su madre, Silvia, y sus tíos
abuelos Paco, que también falleció, y Roser, que sufrió graves heridas. Fue la pulsera,
que ahora descansa en la tumba de Xavier, lo quesalvó a Marina y a su madre.
Ambas acababan de separarse del grupo para comprar el accesorio cuando irrumpió
la furgoneta. Los terroristas fallecieron en los ataques, lo que supuso que cuatro
años después, tras el juicio la sentencia no estableciera una responsabilidad
civil que permitiera a los padres de Xavier reclamar una indemnización superior
a la mínima concedida. Una medida que las asociaciones de víctimas del
terrorismo reivindican desde hace tiempo.
Hasta
ahora, la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011 garantizaba una indemnización
a los afectados. No obstante, para acceder a cantidades superiores era
necesario que un tribunal estableciera la responsabilidad civil a los autores
del atentado. Esto dejaba en una situación de desigualdad a las víctimas de
ataques como los del 17-A, cuyos responsables murieron sin poder ser juzgados.
Es el caso de Javier Martínez, el padre de Xavier, que recibió 125.000 euros
por el asesinato de su hijo, pero no pudo reclamar una cantidad mayor.Esta
mañana se ha aprobado en la Diputación Permanente el Real Decreto Ley en el que
se revaloriza las pensiones a las víctimas del terrorismo y se equiparan las
indemnizaciones independientemente de que haya una responsabilidad civil.
El
abogado Agustí Carles, que representa a Martínez, explica que, de haber
sobrevivido los terroristas, habrían podido reclamar judicialmente una
indemnización superior. La nueva normativa pretende corregir esta desigualdad y
permite a las víctimas solicitar la cantidad complementaria hasta alcanzar los
límites establecidos. La reforma también se aplica a atentados anteriores:
quienes se encuentren en esta situación dispondrán de cuatro años para
presentar su reclamación ante el Ministerio del Interior y este procederá al
pago en tres anualidades.
En
el momento del atentado Martínez estaba trabajando de electricista cuando recibió
la llamada que le “rompió la vida”. Cogió un taxi y se dirigió a La Rambla. Lo
primero que recuerda es el silencio que reinaba en el lugar pese al caos y a
las personas tendidas en el suelo. Encontró a su hijo, Xavier, en un centro de
atención primaria (CAP), donde los sanitarios intentaban reanimarlo. Antes de
que se lo llevaran en ambulancia, pudo abrazarlo, darle un último beso y
decirle: "Venga, Tarzanito, venga, ánimo". Minutos después su hijo
falleció.
Nueve
años después, el dinero es lo que menos le importa a Martínez. Denuncia la
falta de asistencia psicológica que recibió tras perder a su hijo. Recuerda que
le proporcionaron una psicóloga queatendió a su familia durante un año. Sin
embargo, considera que aquella atención fue insuficiente para afrontar las
consecuencias del atentado.
Durante
siete años no pudo volver a trabajar debido al trauma por la muerte de su hijo.
Vivió de la indemnización en casa de su madre. Su principal preocupación era
conocer "toda la verdad" sobre los atentados. Tenía sus esperanzas
puestas en la comisión de investigación del Congreso sobre los ataques de
Barcelona y Cambrils, pero la convocatoria electoral ha impedido aprobar sus
conclusiones. Ahora lamenta que se haya avanzado en las indemnizaciones sin
esclarecer todas las incógnitas sobre lo ocurrido y teme que un cambio de
Gobierno impida retomar los trabajos de la comisión.
Hace
un año y medio consiguió reincorporarse al trabajo para intentar tener una
situación económica estable.Una de sus principales preocupaciones es poder
dejar algo a sus dos hijas, algo en lo quela nueva normativa podría ayudarle.No
es el único que se beneficiará de este decreto. Según explica Miguel Gallego,
abogado de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, también se beneficiarán
las víctimas que reciben las pensiones mínimas extraordinariasderivadas de un
atentado.
Hasta ahora, estas prestaciones estaban
vinculadas al triple del indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM), lo que suponía 1.800 euros mensuales. Con la nueva normativa, la
cuantía mínima pasa a calcularse tomando como referencia el doble del salario
mínimo interprofesional (SMI), hasta alcanzar los 2.442 euros mensuales.
Además, al estar vinculadas al SMI, estas pensiones se actualizarán con sus
futuras subidas, evitando la pérdida de poder adquisitivo del IPREM que se
actualiza menos.
Una
de esas personas es Roberto Manrique, que tenía 24 años y trabajaba como
carnicero en el Hipercor de Barcelona, una profesión que le encantaba, cuando
ETA hizo estallar un coche bomba en el aparcamiento del establecimiento el 19
de junio de 1987. Fue el atentado más mortífero de la organización terrorista,
con 21 fallecidos y 46 heridos. Lo primero que recuerda es un fogonazo y la
sensación de que se estaba derritiendo. Atendía a una madre y a su hija cuando
el explosivo, situado justo debajo de la carnicería, abrió un enorme agujero en
el suelo y provocó una llamarada que le causó graves quemaduras por todo el
cuerpo.
Durante
años intentó reincorporarse al trabajo, pero las secuelas se lo impidieron: los
injertos y las cicatrices le provocaban continuos problemas. En 1989, en uno de
los tratamientos derivados de las quemaduras, recibió unas inyecciones
contaminadas con el virus de la hepatitis. Tres años más tarde, un hepatólogo
le advirtió de que no podía continuar manipulando alimentos. Finalmente,
consiguió que se le reconociera una incapacidad permanente total para su
profesión habitual derivada del atentado. Desde entonces, gracias a la pensión
extraordinaria que ahora aumenta con este decreto, ha dedicado buena parte de
su vida a asesorar y ayudar a otras víctimas del terrorismo.
Aunque
celebra la medida, considera que llega con décadas de retraso. Además, advierte
de que todavía queda, a su juicio, un gran problema pendiente: las personas que
nunca han sido reconocidas como víctimas del terrorismo. Especialmente aquellas
que, pese a sufrir secuelas psicológicas, encuentran dificultades para
demostrar el daño causado por los atentados. La clave según explica es: “Estar
o no estar en el lugar del atentado”.
En
el momento en que Xavier murió en el ataque a La Ramblasu hermana mayor, Mireia
Martínez, no estaba presente. Hoy en día, continúa sin figurar como víctima del
terrorismo en la sentencia judicial. Para Manrique, todavía hay numerosas
personas que arrastran las consecuencias de un atentado sin que las
administraciones reconozcan su situación. Una realidad que las nuevas
indemnizaciones y pensiones no terminan de resolver.

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