30 agosto
2026
Museo del
terrorismo
Manuel
García Castellón
He salido
del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria, con una
impresión difícil de ordenar. Yo creía recordar bien aquellos años. Recordaba
los atentados, los funerales, las imágenes que se repetían en televisión.
Dentro he comprendido que recordaba la actualidad, no las vidas.
En el
antiguo edificio del Banco de España hay una reproducción a escala real del
zulo donde ETA mantuvo secuestrado a José Antonio Ortega Lara durante 532 días.
La palabra «reproducción» tranquiliza durante un instante. Uno sabe que la
puerta se abrirá, que al otro lado hay un museo y después una calle. Ortega
Lara no lo sabía. Vivió allí sin conocer la fecha, sin saber si volvería a ver
a su familia, reducido por sus secuestradores a un cuerpo que respiraba en seis
metros cuadrados.
Luego
aparecen los nombres, las fotografías, los testimonios. Las cifras ya las
conocíamos: 853 asesinados por ETA según el registro del Ministerio del
Interior, 2.632 heridos y al menos 84 secuestrados. Pero una cifra no tiene voz
ni llega tarde a cenar. En el Memorial la estadística recupera la edad, la
profesión, los hijos. Se entiende algo elemental que los años y la discusión
política han ido volviendo confuso: no hubo 853 abstracciones. Hubo 853 veces
en que alguien decidió que una idea valía más que una vida.
España no
padeció un solo terrorismo. Los GRAPO asesinaron a 93 personas. La extrema
derecha dejó, entre otros crímenes, los cinco muertos del despacho laboralista
de Atocha. El yihadismo mató a 193 personas el 11 de marzo de 2004 y a otras 16
en Barcelona y Cambrils en 2017. También existieron los GAL, la guerra sucia y
los abusos cometidos desde el Estado. Hay que nombrarlos, investigarlos y
juzgarlos. Precisamente esa es la diferencia: una democracia reconoce sus
delitos como delitos; una organización terrorista presenta los suyos como
sentencias.
ETA dejó la
huella más larga porque no se limitó a matar. Organizó durante décadas una
forma de vivir. Un concejal miraba debajo del coche antes de llevar a sus hijos
al colegio. Un empresario recibía una carta y comprendía que debía elegir entre
pagar, marcharse o arriesgar la vida. Un periodista escribía con escolta. Un
vecino bajaba la voz en el bar. Otro cruzaba de acera para no saludar al
amenazado. Hubo familias que se fueron del País Vasco y otras que permanecieron
allí aprendiendo a no decir. Al daño privado se añadió el coste público de la
seguridad, los atentados contra infraestructuras, los procesos judiciales y las
indemnizaciones. Es imposible calcular cuántas carreras, negocios, amistades y
vidas cambió el miedo.
Esa fue
quizá la consecuencia más profunda. El terrorismo cambió el significado de las
palabras. La extorsión pasó a llamarse «impuesto revolucionario»; el asesinato,
«acción»; el terrorista encarcelado, «preso político»; el que huía, simplemente
alguien que se había ido. El lenguaje no mataba, pero preparaba la habitación
moral donde el crimen podía ser comprendido, disculpado o recibido con
silencio.
La
democracia tardó en aprender a defenderse. Cometió errores y también delitos.
Después reunió inteligencia policial, cooperación francesa, jueces, pactos
entre partidos y una movilización social que fue quitando a ETA el aire que
necesitaba. Ajuria Enea, el Pacto por las Libertades, la ilegalización de
Batasuna, Gesto por la Paz y las multitudes que salieron a la calle tras el
asesinato de Miguel Ángel Blanco pertenecen a una misma historia. ETA anunció
el cese definitivo de su actividad armada en 2011 y se disolvió en 2018 sin
haber impuesto su proyecto. La derrotaron el Estado de Derecho y una sociedad
que acabó perdiendo el miedo. La victoria no reparó todo: cerca de 300
asesinatos de ETA siguen sin resolverse judicialmente.
Al salir del
Memorial, sin embargo, la palabra que me ha acompañado ha sido otra:
normalidad. EH Bildu tiene seis diputados en el Congreso. Sus votos formaron
parte de los 179 que invistieron a Pedro Sánchez en noviembre de 2023. ¿Es
normal?
En el
sentido jurídico y democrático, sí. Bildu es una coalición legal. En 2011 el
Tribunal Constitucional anuló, por seis votos frente a cinco, la decisión del
Tribunal Supremo que había invalidado sus candidaturas por considerar
insuficientemente probada su instrumentalización por ETA y Batasuna. Un año
después permitió la inscripción de Sortu. Desde entonces EH Bildu se presenta a
elecciones y cientos de miles de ciudadanos la votan. El Congreso es el lugar
donde están representados los electores, también cuando su elección nos
incomoda.
Conviene
decir además algo que a menudo se evita porque estropea los eslóganes: EH Bildu
no es ETA. Sus diputados no son una banda armada y sus votantes no pueden ser
reducidos a cómplices del terrorismo. La izquierda abertzale asumió las vías
exclusivamente políticas y aceptó competir dentro de la ley. Negar esa
transformación sería negar una parte de la victoria democrática. El Estado no
derrotó a ETA para decidir después qué ciudadanos merecen representación, sino
para conseguir que ningún proyecto pudiera volver a imponerse mediante una
pistola.
Pero la otra
mitad de la verdad tampoco puede ocultarse. Sortu, principal integrante de la
coalición, procede del espacio político que durante demasiado tiempo acompañó,
justificó o se negó a condenar a ETA. No todos en EH Bildu tienen esa
biografía, pero la organización no ha roto de manera inequívoca con aquel
mundo. En 2021 Arnaldo Otegi declaró que sentía el dolor de las víctimas y que
aquel sufrimiento «nunca debió haberse producido». Fue un avance y sería
mezquino negarlo. También fue una frase cuidadosamente detenida antes de llegar
al fondo: que ETA fue injusta desde su origen, que ninguno de sus asesinatos
tuvo justificación y que la organización nunca debió existir.
Las palabras
importan porque durante años sirvieron para no mirar. En 2024, Pello
Otxandiano, candidato de EH Bildu a lehendakari, tuvo delante una pregunta
sencilla: si ETA había sido un grupo terrorista. Contestó que había sido un
«grupo armado». Después pidió perdón si había herido la sensibilidad de las
víctimas, pero no corrigió la definición. No era un tropiezo semántico. Trece
años después del final de los atentados, la dificultad para pronunciar la
palabra «terrorismo» mostraba que el pasado seguía administrándose.
Lo mismo
ocurrió en 2023, cuando EH Bildu incluyó en sus listas municipales a 44
personas condenadas por pertenencia o colaboración con ETA, siete de ellas por
delitos de sangre. Habían cumplido sus penas y podían concurrir legalmente. Los
siete anunciaron después que no tomarían posesión si resultaban elegidos. De
nuevo, la legalidad estaba clara. La pregunta era por qué una coalición que
pide que se reconozca su evolución no había comprendido por sí sola lo que
aquellas candidaturas significaban para las familias de los asesinados.
Hay, por
tanto, tres asuntos distintos. Que Bildu esté en el Congreso es consecuencia de
la democracia. Que los demás partidos pacten con Bildu pertenece a su libertad
política. Que esos pactos se presenten como si el pasado careciera ya de
importancia es una elección moral de la que también hay que responder. Utilizar
sus votos no convierte al Gobierno en cómplice de ETA; decirlo sería una
falsedad. Pero la aritmética parlamentaria tampoco expide certificados de
absolución.
El riesgo
ahora no es que ETA vuelva a matar. Es otro: que la paz vuelva perezoso el
recuerdo. Para quienes nacieron después de 2000, el terrorismo puede parecer un
episodio remoto, una sucesión de fotografías en blanco y negro y una discusión
mantenida por personas que todavía hablan de cosas antiguas. El Memorial existe
contra esa comodidad. Explica que la libertad cotidiana —presentarse a unas
elecciones, escribir un artículo, dar clase, abrir un negocio, pasear sin
escolta— fue durante años una actividad peligrosa para una parte de los
españoles.
Bildu es
legal, es democrático y es decisivo. Las tres cosas son ciertas a la vez y
ninguna cancela la pregunta. Dejará de plantearla el día en que pueda entrar en
esa habitación, mirar a las víctimas y decir, sin voz pasiva y sin repartir la
culpa, que ETA fue una organización terrorista, que matar estuvo mal y que
nunca debió existir.
La visita al
zulo dura lo que uno decide. A Ortega Lara le duró 532 días.
Opinión:
Dos cuestiones relacionadas con esta noticia.
La primera por un hecho que algunos recuerdan cada vez que
quieren utilizar el número de víctimas en un atentado para conseguir manipular
la opinión. Me refiero a aquellos que, muy de vez en cuando, recuerdan que el atentado
en Hipercor fue el que causó un mayor número de víctimas mortales en la
historia del terrorismo etarra. Pero, por otra parte, me deja perplejo que el
autor del artículo no haga mención alguna al mismo… a no ser que, quizás, no se
hable del mismo como debería merecer. Me guardo la opinión.
Y la segunda tiene relación con el hecho de que, ojalá me
equivoque, no menciona a las víctimas del Hotel “Corona de Aragón”. ¿Quizás es
porque tiene información sobre el mismo que es mejor no explicar?
Y algo más que me acaban de explicar hoy mismo. Está muy feo
que cuando se solicita colaboración para hablar de un atentado como el de
Hipercor, la negativa sea la respuesta. Señores de Vitoria, ¿qué? ¿Lo hablamos?
