18
septiembre 2026
Las
víctimas piden al juez que revoque la libertad de Txeroki
La
asociación Dignidad y Justicia reclama que se investigue la información de ABC
para aclarar si el exjefe militar de ETA cumple con su trabajo en un herbolario
Las
víctimas del terrorismo reclaman a la Justicia que se investigue la información
adelantada por ABC del alta laboral del ex jefe militar de ETA Garikoitz
Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', en un herbolario de Andoáin (Guipúzcoa) donde
no va a trabajar. La asociación Dignidad y Justicia reclama que se abran
diligencias y se revoque la semilibertad del interno en caso de detectar que
incumple con la normativa.
Fuentes
de la lucha antiterrorista explicaron a ABC que Txeroki está dado de alta en un
herbolario de Andoáin pero el ex jefe militar de ETA no acude a su puesto de
trabajo y sospechan que es una treta para mantener su libertad ya que el
contrato laboral es uno de los requisitos para poder salir a la calle. El
negocio donde figura Garikoitz Aspiazu tiene dos establecimientos en la ciudad.
ABC confirmó que no acude a ninguno de estos locales.
La
noticia adelantada por este medio ha generado un profundo malestar entre las
víctimas de este sanguinario etarra. El tema pasará a los tribunales tras un
escrito presentado por la defensa de la asociación Dignidad y Justicia y del
padre de Raúl Centeno, guardia civil de 24 años natural de Madrid, asesinado
por la banda terrorista ETA junto a su compañero Fernando Trapero el 1 de
diciembre de 2007.
La
reclamación tendrá que ser dilucidada por la Plaza número 1 de la Sección de
Menores con Funciones de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de
Instancia. «Solicita la comprobación del cumplimiento de las condiciones y
actividades que sustentan la aplicación del modelo de ejecución previsto en el
artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario», comienza la solicitud.
«Si
bien, esta parte no puede presentar tales afirmaciones como hechos acreditados,
las aporta como un elemento objetivo que aconseja comprobar, por los cauces
institucionales adecuados, la efectiva realización de las actividades
exteriores y el exacto cumplimiento de las condiciones incorporadas al programa
de tratamiento individualizado que fundamentó la medida excepcional aplicada»,
detalla el escrito presentado al magistrado encargado.
«Verificar
la realidad de la prestación»
De
esta forma, se reclama «verificar la realidad de la prestación»: «Centro
efectivo de trabajo, funciones, jornada, fichajes o partes de asistencia,
persona responsable de supervisión, retribuciones y cualquier incidencia desde
el inicio de la medida». «Esta parte no ha tenido acceso y, por lo tanto,
desconoce el contenido literal del programa específico de tratamiento aprobado
respecto del penado, las actividades exteriores que lo integran, sus horarios,
el centro o centros de realización y los mecanismos de control establecidos»,
piden.
Opinión:
Vaya por delante que pedir explicaciones a las decisiones que tomen los
tribunales es una buena medida, vital para lo que se entiende que debe ocurrir
en lo que se llama Estado de Derecho. Ante ello, nada que objetar.
Pero sí deseo hacer una reflexión sobre el titular de la
noticia, que incide (una vez más) en presentar una generalización de la opinión
de un colectivo plural y en el que, por suerte, cada vez más van apareciendo
criterios distintos ante un mismo asunto.
Decir que “las víctimas piden…” es inexacto, por no decir
directamente falso. Lo que sí puede ser cierto es que, como se explica en la información,
sea la asociación Dignidad y Justicia la que plantee esa petición, exigencia o reclamación…
pero obviamente no son “LAS” víctimas. Si acaso, podrían ser aquellas que
pertenezcan a la asociación mencionada y que cubran los requisitos para ser consideradas
como tales.
Al utilizar el artículo determinado plural “LAS” se da la
idea (intencionada o no) de que son todas “las” víctimas quienes presentamos
esa petición, exigencia o reclamación, pero se olvida (de manera voluntaria o
no) que existen cientos de víctimas del terrorismo que no están en ninguna asociación,
o a las que no se ha pedido la opinión o que incluso son víctimas de otro tipo
de terrorismo aparte al de la banda terrorista ETA.
Las víctimas del terrorismo gihadista (en o fuera de España)
¿han sido consultadas al respecto? ¿Lo han sido las de ETA? ¿Cuántas víctimas del
terrorismo están afiliadas a Dignidad y Justicia?
Para ser veraces en el momento de informar solo se
necesita un poco más de rigor. No es tan difícil.
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