jueves, 25 de marzo de 2021

24 marzo 2021 (3) Onda Cero (link) (opinion)

24 marzo 2021 

 


 

"ETA, el libro definitivo" relata el recorrido histórico de la banda terrorista

‘ETA, el libro definitivo’ habla en sus 380 páginas de los casi 50 años de existencia y de sus 867 víctimas mortales. Hablamos con Ignacio González, autor del libro.

Link entrevista:

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/segovia/audios-podcast/mas-de-uno/eta-libro-definitivo-relata-recorrido-historico-banda-terrorista_20210324605b1ee6404114000187f07b.html

Opinión:

Un nuevo libro que recoge la noticia sobre cada una de las víctimas mortales de la banda terrorista ETA.

Evidentemente no lo he leído todavía pero me asalta una duda: ¿ha hablado también con los padres y madres de los fetos que no llegaron a nacer a causa de un atentado terrorista? Lo recuerdo porque, no hace demasiados días, un partido político solicitó que los concebidos fueran inscritos en el registro.

Seamos serios, esos seres concebidos ¿son seres vivos dependiendo de qué rédito político se pueda obtener?

Otra cosa. No he leído el libro pero espero que no sea un “copia y pega” de alguna noticia publicada tras el asesinato. Así es muy fácil escribir… solo hace falta tiempo y alguien que se dedique a bucear por las hemerotecas. Antes, sin Internet, todo era mucho más difícil.

 

 

24 marzo 2021 (2) Cadena SER

24 marzo 2021


 

Operación de la Policía Nacional contra una red de financiación yihadista.

En el operativo realizado por la Comisaría General de Información se ha detenido a Mohamad Ayman Adlbi que es el máximo representante del Islam en España como actual presidente de la Comisión Islámica de España.

Ayman Adlbi ha quedado en libertad provisional por motivos de edad y de salud aunque investigado por financiación terrorista.

Vinculado con una red desarticulada

Según fuentes cercanas a esta investigación, al presidente de la Comisión Islámica se le vincula presuntamente con una red que fue desarticulada en nuestro país por enviar dinero a Siria.

Ayman Adlbi envío dinero a Idlib, en el noroeste de Siria a 60 kilómetros de Alepo, y la investigación apunta a que envío miles de euros.

Envío a otras zonas de conflicto

Estas fuentes no descartan, sin embargo, que los detenidos de esta mañana hayan podido enviar dinero además a otras zonas de conflicto para financiar acciones armadas de grupos yihadistas.

Ayman Adlbi tiene 74 años, es sirio y reside en España desde la década de los 70. Desde julio del año pasado se convirtió en presidente de la Comisión Islámica, sustituyendo en el cargo a Riay Tatari, que murió por COVID.

Muerte de un moderado

Tatari era un líder religioso muy moderado que generaba mucho respeto dentro de la sociedad musulmana y que para las fuerzas de seguridad era clave para contener a líderes más radicales.

Ayman Adlbi, de 74 años, médico de profesión y también sirio de nacimiento aunque asentado en España desde la década de los 70, se convirtió el pasado julio en presidente de la Comisión Islámica de España tras lograr solo unas semanas antes el liderazgo de una de las asociaciones con más influencia entre los fieles musulmanes y más peso en la CIE, la Unión de Comunidades Islámicas en España (UCIDE).

La operación continúa abierta y de momento hay tres detenidos. Se les acusa presuntamente de los delitos de la pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental.

 

miércoles, 24 de marzo de 2021

24 marzo 2021 elindependiente.com (opinión)

24 marzo 2021

 

2.000 páginas, 26 archivos y una trilogía: la historia del terrorismo en Euskadi

El Centro Memorial de Víctimas publica el primer tomo de la mayor investigación llevada a cabo sobre el impacto del terrorismo de ETA, del de extrema derecha y el parapolicial entre 1968 y 2010. Es el resultado de cuatro años de investigación.

Han sido cuatro años de investigación ingente para publicar el trabajo más documentado de la historia del terrorismo en Euskadi. Abarca desde el año en el que ETA cometió su primer atentado mortal, en 1968 con el asesinato de José Antonio Pardines, hasta el último de sus crímenes en 2010. Llevada a cabo con criterio y método historiográfico, la investigación se ha plasmado en cerca de 2.000 páginas lo largo de la trilogía ‘Historia y Memorial del Terrorismo en el País Vasco” (Editorial Confluencias) y que repasa el impacto no sólo de la violencia etarra durante más de cuatro décadas sino también del terrorismo impulsado por organizaciones de extrema derecha o por grupos promovidos por los poderes del Estado.

El Centro Memorial del Terrorismo presentará hoy el primero de los tres tomos cuyo trabajo de investigación se inició a instancia del Ministerio del Interior en 2015. Fue el primero de los proyectos impulsados por el Patronato del centro y que estableció la necesidad de poner en marcha un estudio riguroso sobre la historia del terrorismo en el País Vasco. A lo largo de estos cuatro años el equipo de investigación, liderado por José Antonio Pérez, junto a historiadores del Instituto Foronda, la Universidad del País Vasco (UPV) y el Centro Memorial ha logrado recabar hasta 26.000 documentos en los que se explica, en gran medida, la evolución e impacto de la violencia en Euskadi.

En el proceso de investigación también se ha basado en entrevistas a víctimas, a testigos de la presión terrorista y a protagonistas destacados de aquellos años. Con las 40 entrevistas realizadas se trabaja ya en la edición de un documental sobre “el miedo y el silencio” que marcó aquel tiempo. Una de las fuentes en las que se ha consultado han sido los archivos oficiales, las actas de los consistorios relacionadas con atentados terroristas. En las cerca de 2.000 recabadas se describe la evolución en el tratamiento de esta realidad  que se vivió en el País Vasco en todas estas décadas, desde el silencio hasta la condena, desde la indiferencia hasta el reconocimiento del daño causado.

Archivo de víctimas

Otra de las aportaciones del proyecto es la creación de un archivo de todas las víctimas producidas por el terrorismo, el de ETA y el de otras formas de violencia que existieron entre los años 70 y 80. Los investigadores han creado una carpeta por cada una de las víctimas en las que se incluye toda la información que se ha logrado sobre ellas, las circunstancias de su asesinato, de su autoría, las sentencias, las reacciones. En total, se han creado casi 5.000 subcarpetas de información. Entre las fuentes que se han consultado aparecen también cientos de sentencias judiciales y miles de informaciones periodísticas.

El primero de los tres tomos que hoy se presenta ha sido coordinado por José Antonio Pérez, historiador del Instituto Social Valentín de Foronda y está prologado por el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez. Este volumen se ha estructurado en ocho capítulos entre el periodo 1968 a 1981 en el que se analiza las víctimas entre los distintos cuerpos policiales hasta las provocadas por el terrorismo de ultraderecha y parapolicial. También se aborda el inició de la extorsión al colectivo empresarial en el País Vasco y la persecución a los colectivos de la derecha vasca no nacionalista.

En el proyecto cuenta con la aportación del historiador Antonio Rivera, quien junto a Pérez hará entrega al Centro Memorial de todo el material recabado a lo largo de los cuatro años de trabajo. En este primer volumen también han participado los historiadores Iñaki Fernández Redondo, Javier Gómez y Erik Zubiaga, además de numerosos colaboradores. Los otros dos tomos está previsto publicarlos en el último trimestre de este año, el relativo al periodo 1982-1994 y el tercero, el referido al terrorismo entre 1995 y 2010 el primer trimestre del próximo año.   

Opinión:

Al contrario que tantos y tantos que opinan sin saber, no puedo opinar sobre un libro sin haberlo leído y analizado con anterioridad.

Pero prometo que lo haré con muchísimo interés, especialmente para saber si también se incluye en la información todas las putadas y los sinsabores que tantas y tantas víctimas de atentados en el País vasco han sufrido por parte de las administraciones.

Espero que no sea solo un libro (más) en el que se recogen las desastrosas consecuencias después de un atentado y también se recojan las reacciones de quien debería trabajar por la mejor asistencia a las víctimas.

 

 

 

 

 

 

martes, 23 de marzo de 2021

23 marzo 2021 (21.03.21) (5) noticiasdenavarra.com (opinión)

23 marzo 2021 (21.03.21)

 


Manuel Avilés: "ETA no existe, se ha disuelto, por lo que no hay razón alguna para mantener la dispersión de presos"

Manuel Avilés (Granada, 1955) ejerció como funcionario de Instituciones Penitenciarias, fue subdirector del Centro de Fontcalent en Alicante y dirigió la cárcel de Nanclares cuando se germinó la disidencia de los presos de ETA ante la dirección de la banda, un primer paso que abrió la senda de la denominada 'vía Nanclares'

Manuel Avilés, funcionario jubilado de Prisiones y exdirector de Nanclares, ha publicado el libro De Prisiones, putas y pistolas, en el que explica cuál fue el germen de la vía Nanclares. Avilés, como él mismo señala, fue uno de los más ardientes defensores de la política de dispersión de los presos de ETA. Afirma que, al tener a todos los reclusos en solo dos o tres cárceles, la organización controlaba a sus presos. Por eso, su postura fue inequívoca en favor de la dispersión. Posteriormente, también se mostró partidario de la vía Nanclares y, de hecho, dirigía la prisión alavesa cuando los presos Jon Urrutia e Isidro Etxabe decidieron romper con la dirección de la banda.

Ahora, con ETA disuelta, cree hay que apostar fuerte por el acercamiento de los presos. Desde su experiencia, ¿cuál era la situación de las cárceles en la década de los 80, 90 y a primeros de siglo XXI?

–Era muy duro, muy duro. Cuando yo entré a trabajar como funcionario, se puede decir que eran mazmorras medievales que, menos mal, cuarenta años después, cuando me jubilé, habían cambiado por completo. La cárcel lleva una pena añadida, de no poder hacer lo que quieres, tener que convivir con gente con la que no tienes nada en común y la pena del aburrimiento. Se vive en primera persona la frase de Jean Paul Sartre: el infierno son los otros.

Usted dice en el libro que la prensa de derechas decía que los miembros de ETA celebraban los atentados con champán y langostinos, pero que nunca lo ha visto.

–Absolutamente. En esa época, la prensa más de derechas hablaba de eso, de champán y langostinos, pero yo jamás he visto nada de eso. Yo me movía por toda la prisión de Nanclares porque me gustaba mantener contacto con los presos, y cuando había atentados imperaba una actitud de silencio y de cabeza gacha. Una vez, discutiendo con quien ejercía de portavoz de ellos, me dijo que no estaban de acuerdo con muchos de los atentados y yo le dije que no estaría mal que lo hicieran público para que la gente lo supiera. No era un bloque monolítico como quería vender ETA.

En 1987 sucedió el atentado de Hipercor, pero fueron dos atentados, la mutilación de la adolescente Irene Villa y el asesinato de Fabio Moreno los que acabaron por tener consecuencias entre los presos de ETA.

–El clic que hizo saltar todo fueron estos dos atentados, el asesinato de Fabio Moreno, un niño de apenas dos años, y el atentado contra Irene Villa. El asesinato de Fabio me tocó mucho anímicamente, porque yo tenía gemelos (en el atentado, salió ileso Alex Moreno, gemelo de Fabio).

Y dos presos dieron el salto, Jon Urrutia e Isidro Etxabe. Ambos fueron los primeros en criticar atentados de ETA y ahí se inició lo que se denominó vía Nanclares.

–Yo siempre lo he dicho y he dejado escrito. Decimos que Arnaldo Otegi es un hombre de paz; Txomin Iturbe cuando hablaba en Argel era un hombre de paz; Antton Etxebeste era hombre de paz; Ternera o Mikel Albisu cuando hablaban con el Gobierno español eran hombres de paz. Si decimos todo eso, ¿por qué no decimos que Jon Urrutia e Isidro Etxabe eran hombres de paz? Fueron los primeros que alzaron la voz ante una organización dictatorial contra sus propios miembros. Hicieron un ejercicio de libertad en unas condiciones muy duras.

Así dio comienzo la denominada vía Nanclares. ¿Qué supuso esta vía para el final de ETA, aunque hubo que esperar casi dos décadas?

–Sin ningún género de dudas, la víaNanclares fue clave para el final de la banda. La vía Nanclares tuvo un genio que la hizo posible, Antonio Asunción. Es el que la inventó y yo fui uno de los que la empezó. Yo era un funcionario vulgar y corriente, pero quien inventó, diseñó y puso en funcionamiento la vía Nanclares fue Antonio Asunción Hernández y fue uno de los elementos esenciales para romper el bloqueo que ejercía ETA y permitir que sus militantes pudieran pensar.

Siempre se ha hablado del frente de makos de ETA. ¿Qué fuerza representaba dentro de la organización?

–El denominado frente de makos era muy duro porque, cuando todos los presos de ETA estaban congregados en tres o cuatro cárceles, la organización lo tenía muy fácil para controlarlos porque enviaba a sus emisarios y los tres o cuatro comisarios políticos que había dentro les explicaban cómo estaban los presos, quiénes daban señales de debilidad o quiénes discrepaban. Cuando se inventó la dispersión, se dificultó esta tarea.

Si se considera que la vía Nanclares tuvo un papel fundamental para acabar con ETA, ¿por qué el PP la cercenó?

–Porque el PP fue muy miope, al igual que es muy miope ahora. Hablo con la libertad que he hablado siempre. Ahora la derecha, con el PP a la cabeza, dice que se están concediendo beneficios penitenciarios a los etarras, y eso es mentira. Que diga el PP dónde figura como beneficio penitenciario que se traslade a un penado que está en Badajoz a Burgos, o que lo trasladen a Álava. La dispersión, y habla uno que la ejecutó desde el día 1, se ideó como arma para luchar contra ETA. Pero ETA ya no existe, se ha disuelto, por lo que no hay razón alguna para mantener la dispersión de los presos. Solo se trata de añadir sufrimiento al cumplimiento de la condena, lo que va en contra de la ley penitenciaria y de la propia Constitución.

Usted habla de lo duro que es estar preso. Imagino que será igual de duro estar en Salto del Negro en Canarias o en Zaballa. Los barrotes serán iguales.

–Como he dicho antes, la cárcel es muy dura. A quienes dicen que los presos están en hoteles de cinco estrellas les diría que se vayan un par de meses a la cárcel a ver si están tan bien. Y dentro de la cárcel hay que soportar cosas muy duras y compañeros tocados de la cabeza, ya que hay un alto porcentaje de enfermos psiquiátricos. Así que no se puede hablar de la cárcel como un balneario.

Ha pasado casi una década desde el final de la actividad de ETA y tres años desde su disolución. Ahora los presos aceptan la legalidad vigente e inician vías personales a la reinserción. ¿Muchos años perdidos?

–Eso me lo han reconocido a mí decenas y decenas de penados de ETA. La memoria me funciona de manera impecable y podría decir de uno que en una cárcel alejada del País Vasco me dijo: "yo lo dejaría, pero tantos años luchando para nada...". Y yo les decía que estamos en Europa y podemos viajar de un sitio a otro del continente sin que nos pare nadie. Y les preguntaba en esa realidad supranacional, y hablo de la década de los 90: ¿Tiene cabida un movimiento que defienda sus postulados a golpe de metralleta y bombas lapa? Les decía que no tenía sentido y poco a poco ETA se ha disuelto.

¿Estamos ya en otra dimensión? ¿Hay que mirar hacia adelante?

–Lo que no puede ser es que habiéndole dicho a ETA que defienda sus postulados sin violencia, a través de la palabra y la política, ahora cuando hay grupos parlamentarios a los que les llaman herederos de ETA queramos que se vayan. No, hombre, no. Bildu tiene derecho a estar en el Parlamento y exponer sus postulados y explicar lo que quiere. Eso sí, siempre que no haya tiros.

Sin embargo, algunos colectivos de víctimas han puesto el grito en el cielo por el acercamiento de presos y por, a su juicio, el protagonismo político de EH Bildu.

–Yo entiendo el dolor de la gente, más cuando he sido también un perjudicado, ya que me quitaron de un sitio donde estaba muy a gusto y tuve que ir con escolta mucho tiempo. Uno de mis últimos actos en el País Vasco fue en la puerta de Martutene portando una pancarta pidiendo la libertad de Ortega Lara. Éramos cuatro: Consuelo Ordóñez; su cuñada y esposa de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar; Juan Mari Jauregi, que luego fue asesinado por ETA; y yo. Esta situación ha acabado y solo pido que se cumpla la ley. Si un señor, con la ley en la mano, está condenado a 30 años y lleva 18 en la cárcel y es de una organización que ha desaparecido y no presenta visos de volver a delinquir, lo primero será llevarle a un sitio cerca de su entorno y luego que pueda salir en libertad condicional al cumplir las tres cuartas partes de la condena. Solo se trata de cumplir la ley, no se trata de pedir ninguna amnistía que, además, es algo ilegal.

"Jon Urrutia e Isidro Etxabe son hombres de paz, fueron los primeros en alzar la voz ante una organización dictatorial con sus propios miembros"

"Ahora la derecha, con el Partido Popular a la cabeza, asegura que se están concediendo beneficios a los presos etarras y eso es mentira"

"En la situación actual la dispersión solo sirve para añadir sufrimiento al cumplimiento de la condena, lo que va en contra de la ley penitenciaria"

"La prensa de derechas decía que los presos celebraban con champán y langostinos los atentados, pero yo veía cabezas gachas y silencio"

Opinión:

Pues absolutamente de acuerdo en todo lo que dice el señor Manuel Avilés. Ahora que vengan los de siempre a desmentir lo que dice el señor Aviles.

E intentaré adquirir el libro con el que aparece en la fotografía con el título “De prisiones, putas y pistolas”… la portada ya promete…

 

23 marzo 2021 (4) Deia (opinión)

23 marzo 2021

 


 

Reconocen la incapacidad por amenazas de ETA

El Tribunal Superior del País Vasco admite el estrés postraumático de un exconcejal del PP

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido que la incapacidad permanente total por estrés postraumático, reconocida a un exconcejal del PP en un ayuntamiento guipuzcoano, deriva de un "acto terrorista" a raíz de su condición de "amenazado" por ETA. En una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el TSJPV revoca así una resolución previa del Juzgado de lo Social número 3 de Donostia, que había desestimado la solicitud del exedil.

El texto judicial recuerda que el demandante fue edil del PP entre 2007 y 2011 y que, tras finalizar su período como concejal, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo le reconoció su "condición de amenazado", con derecho a ser indemnizado.

Un año más tarde, fue declarado "en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común" para su profesión habitual de gestor de banca, por un "trastorno por estrés postraumático continuado en el tiempo derivado de su condición de concejal con servicio de escolta", y que evolucionó luego a "un trastorno de angustia".

El TSJPV señala que ya quedó acreditado que el perjudicado sufría "ideas rumiativas sobre hechos del pasado por su condición de concejal de un partido político que tuvo que llevar escolta mientras mantuvo su condición", época en la que sufrió "amenazas", además de "preocupación" sobre su posterior incorporación laboral, junto a "inseguridad" y "baja autoestima".

Opinión:

No me voy a extender AHORA en el contenido de la noticia. Solamente diré que tras décadas (sí, décadas) de espera y de reclamaciones siempre infructuosas, la puerta se ha abierto…

Ahora, a recuperar expedientes para preparar la revisión… es lo que se supone que debería hacer una asociación “de” víctimas ¿no?

Aunque, en realidad, lo haremos los de siempre, por libre y sin recursos… nos esperan muchas horas de trabajo y fuertes emociones.

 

22 marzo 2021 (3) Cadena COPE (opinión)

22 marzo 2021 


 

El juez archiva la querella de Vox contra el colectivo de víctimas del terrorismo Covite

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha archivado la querella presentada por Vox contra el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, al que acusaba de injurias, calumnias y delito de odio

Vox se querelló contra dos integrantes del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) de Covite, y contra el propio organismo, debido a un informe en el que se le citaba en referencia al auge de los partidos nacionalistas y de extrema derecha.

El partido de Santiago Abascal entendió que el texto equiparaba a Vox con formaciones ilegalizadas por sostener mensajes nazis y de odio, lo que consideró difamatorio, aunque el juzgado no ha observado ningún delito y ha acordado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

Opinión:

Quizás va llegando el momento en que alguien del mundo judicial se atreve contra la ultraderecha… gran noticia… ánimo.

Y esas “víctimas” con cargo político en Vox ¿algo que decir ahora? ¿Desde el Senado, por ejemplo?

 

 

22 marzo 2021 (2) eldiario.es

22 marzo 2021 

 


 

El Consejo de Europa insta al Gobierno a acotar los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona

Campo reivindica el proyecto de reforma penal para lograr el “equilibrio” entre la libertad de expresión y otros derechos

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que celebra los planes del Gobierno para reformar los delitos relacionados con la libertad de expresión y le insta a acotar determinados tipos penales, como el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona, para evitar un castigo “innecesario o desproporcionado”.

Aunque no expresamente, Mijatovic ha aludido al caso del rapero Pablo Hasel al llamar la atención sobre el hecho de que “en los últimos años un creciente número de sentencias penales, incluidas de privación de libertad, han sido dictadas contra artistas por canciones controvertidas y otras ‘performance’, y contra activistas en redes sociales por declaraciones consideradas ofensivas, incluidas declaraciones concebidas como humor”, en base a los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona.

En la carta, fechada el 11 de marzo pero difundida este lunes, la comisaria ha trasladado a Campo su preocupación por ciertos artículos del Código Penal, aduciendo que “tienen un impacto negativo, incluso un efecto disuasorio, en el ejercicio de la libertad de expresión”. “Por tanto, celebro las recientes informaciones que indican que su Gobierno pretende reformar algunos aspectos del Código Penal, en particular los delitos de enaltecimiento del terrorismo”, ha declarado.

A su juicio, “el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo, tal y como está definido en el artículo 578 del Código Penal parece ser problemático desde el punto de vista de la certeza legal debido a su ambiguo e impreciso lenguaje”, recalcando que esta “falta de claridad” ha generado interpretaciones divergentes y hasta contradictorias en los tribunales españoles, algunas en contra de los estándares internacionales.

“He observado, en particular, que algunas decisiones de los tribunales españoles han fracasado a la hora de determinar adecuadamente si el enaltecimiento del terrorismo supone realmente el riesgo de un daño real, concreto e inminente”.

Mijatovic ha sostenido que “la legislación antiterrorista solo debe aplicarse a contenidos o actividades que impliquen necesaria y directamente el uso o la amenaza de la violencia con la intención de propagar el miedo y provocar terror”. “Cualquier otro tipo de contenidos o actividades, a pesar de lo controvertidos, impactantes o perturbadores que puedan ser, deben ser abordados en el contexto de las obligaciones y responsabilidades que conlleva el ejercicio de la libertad de expresión”, ha defendido.

De lo contrario, ha alertado de que el uso de conceptos demasiado vagos en la descripción del tipo penal, como expresiones que “no contienen elementos de la apología del terrorismo pero incitan a otras formas de violencia o que simplemente son controvertidas, impactantes o políticamente incorrectas”, pueden dar lugar a “restricciones innecesarias y desproporcionadas” de la libertad de expresión.

Mayor tolerancia a la crítica política

En segundo lugar, ha fijado su atención en los delitos de injurias a la Corona recogidos en los artículos 490 y 491 del Código Penal para apuntar que “una sentencia de pena de prisión por un delito cometido como parte del debate político debería ser compatible con la libertad de expresión solo en circunstancias excepcionales, cuando el discurso contiene llamamientos al uso de la violencia o constituye un discurso de odio”.

Mijatovic ha esgrimido que “las posibilidades de imponer restricciones a la libertad de expresión en el contexto del debate político son muy limitadas y deben ser proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática”, subrayando que “los límites de la critica admisible a los políticos, los representantes de las autoridades y a otras figuras públicas son más amplios que los de la media de los ciudadanos” y, en consecuencia, deben tener un “mayor grado de tolerancia”.

En concreto, se ha referido al caso de Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats, condenados por quemar una foto de los Reyes tras una manifestación en Girona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) corrigió este fallo al estimar que “la crítica a autoridades y personalidades públicas, por provocadora y radical que sea, no puede considerarse un discurso de odio ni incitación a la violencia”. “Espero que la implementación de esta sentencia sea usada como base para alinear plenamente el Código Penal con la jurisprudencia del Tribunal”, ha apostillado la comisaria.

Ofensas a los sentimientos religiosos

Mijatovic también ha expresado su preocupación por la interpretación “excesivamente amplia” que a veces dan los tribunales españoles a la noción del discurso de odio, recomendando restringirlo a los casos prohibidos por el Derecho Internacional, esto es “expresiones de odio basadas en la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia que constituyen incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”.

Además, ha invitado a Campo a estudiar una posible despenalización de la difamación y de las ofensas a los sentimientos religiosos. La sanción de estas últimas, ha advertido, “puede resultar en limitaciones indebidas a la libertad de expresión y dificultar un debate plural”. De acuerdo con el TEDH, ha recalcado, “un grupo religioso debe tolerar la negación por parte de otros de sus creencias religiosos e incluso la propagación de doctrinas hostiles a su fe siempre que no inciten al odio o a la intolerancia religiosa”.

La comisaria ha confiado en que una reforma penal en los términos indicados fortalecerá la libertad de expresión y facilitará el trabajo de los tribunales españoles. Asimismo, “demostrará el compromiso de su Gobierno con la plena protección del derecho a la libertad de expresión”, ha dicho a Campo, al tiempo que se ha ofrecido a continuar con “un diálogo constructivo” en estos asuntos.

Una reforma en marcha

Campo ha contestado, en otra carta del 18 de marzo, que la libertad de expresión “cuenta con pleno reconocimiento en el ordenamiento jurídico español”, si bien ha enfatizado que tanto el TEDH como el Tribunal Constitucional han establecido que tiene límites y que el propio TC “ha llamado la atención sobre la necesidad de realizar una interpretación restrictiva de ciertos delitos para no poner en peligro la libertad de expresión”.

El ministro ha reconocido que, a pesar de estos esfuerzos interpretativos, “la regulación de ciertos delitos relacionados con la libertad de expresión sigue planteando problemas, sobre todo por la imprecisión con que se define la conducta delictiva”, explicando que por eso el Gobierno anunció una reforma de los delitos que “más claramente pueden entrar en conflicto con la libertad de expresión”, y destacando la “sintonía” con el Consejo de Europa en ese sentido.

Campo ha resaltado que comprende los delitos señalados por Mijatovic—odio, enaltecimiento del terrorismo e injurias a las instituciones del Estado, entre otros—y ha expuesto que, si bien la reforma penal aún es objeto de estudio, la intención del Gobierno es “delimitar más claramente cuál es la conducta sancionada en estos delitos” y “ajustar las penas a la gravedad de la conducta”, para “garantizar una mayor seguridad jurídica” y evitar el efecto disuasorio.

“No se niega, en definitiva, la necesidad de que existan delitos que prohíban y castiguen la manifestación de expresiones que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos individuales o colectivos. De lo que se trata es de establecer un equilibro entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de esos bienes jurídicos, partiendo de la convicción de que la mera expresión de opiniones, por odiosas o despreciables que sean, no pueden ser delito”, ha resumido Campo.