09 junio 2026 La Vanguardia (opinión)

 

09 junio 2026 

ERC concluye que el Estado falló en la prevención de los atentados del 17-A

Comisión en el Congreso

El grupo republicano denuncia la falta de coordinación policial y reclama la desclasificación del caso

ERC cree probado que el Estado falló en la prevención de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Catalunya. El grupo republicano en el Congreso concluye que existió una gestión deficiente de la información sobre el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, y por ello reclama la desclasificación íntegra del caso al tiempo que solicita  depurar responsabilidades políticas y reforzar los mecanismos de coordinación entre servicios de inteligencia y cuerpos policiales.

El dictamen, presentado en el marco de la comisión de investigación impulsada en la Cámara Baja tras los acuerdos de investidura, señala carencias en el intercambio de información entre organismos del Estado y los Mossos d’Esquadra. Según sus conclusiones, esa falta de coordinación —que se evidenció en la falta de acceso directo de la policía autonómica a las bases de datos europeas en aquel momento— ha limitado la capacidad de prevención ante una amenaza que acabó provocando dieciséis víctimas mortales y más de un centenar de heridos en los ataques de Barcelona y Cambrils.

La comisión ha elevado además el diagnóstico al plano institucional, al hablar de un “fallo en los estándares de lealtad institucional y prevención” en la gestión de la información antiterrorista. En ese sentido sostiene que Es Satty mantuvo contactos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante su estancia en la prisión de Castellón, una información que no ha sido trasladada a la policía catalana antes de los atentados. Aunque la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo descartaron en firme cualquier vinculación del servicio secreto con la planificación de los ataques, el informe de ERC sí apunta que existen indicios suficientes para haber intensificado el seguimiento del imán de Ripoll, quien falleció en la explosión del chalé de Alcanar un día antes de los atropellos.

Los vacíos de información, las tensiones entre cuerpos policiales y las incógnitas sobre el papel del CNI en la fase previa a los ataques han sobrevolado el debate político y mediático desde los atentados de 2017. En ese sentido, los trabajos parlamentarios realizados en la comisión del Congreso han insistido en que la compartimentación de la información entre organismos ha sido uno de los factores clave que han debilitado la respuesta preventiva. ERC califica esta situación como un “fallo institucional grave” que exige reformas estructurales.

Uno de los elementos centrales del dictamen es que la información sobre los contactos del CNI con Es Satty llegó a los Mossos d’Esquadra únicamente después de los atentados, cuando el imam ya había sido vinculado a la célula terrorista de Ripoll.

Otro de los ejes del dictamen ha sido el secreto oficial. El grupo republicano denuncia que, como mínimo, no se ha puesto el mayor de los esfuerzos en esclarecer plenamente la relación de confidencialidad entre Es Satty y los servicios de inteligencia. Por ello, insiste en reclamar la desclasificación total de la documentación existente sobre el caso. 

“Las víctimas tienen derecho a saber qué pasó. La sociedad catalana tiene derecho a saber qué ha fallado”, señala el dictamen de ERC para insistir en la necesidad de una reparación que vaya más allá de las indemnizaciones económicas e incluya acceso a la información, apoyo psicológico y garantías de no repetición.

La verdad judicial

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a penas de 53, 46 y 8 años de cárcel a tres miembros de la célula yihadista responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Sin embargo, ninguno de ellos fue considerado autor material de la masacre, al no haber participado directamente en los ataques.

El tribunal absolvió a dos de los acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa por los que también habían sido procesados, al entender que los autores de los atropellos murieron en los días posteriores a los atentados o en la explosión previa en Alcanar.

En su resolución, la Audiencia Nacional dio por acreditada la existencia de una célula organizada en Ripoll que planificó los atentados y preparó explosivos en una vivienda de Alcanar, que el tribunal describe como el centro operativo del grupo.

La sentencia reconoce expresamente que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, aunque no siempre exista una condena penal directa sobre los responsables materiales, al haber fallecido los autores de los ataques.

Opinión:

Aparece ya información sobre las conclusiones presentadas “en el marco de la comisión de investigación”.

Obviamente, en un día como hoy martes no tengo tiempo material para aportar mi opinión por diversos motivos.

Uno, las numerosas llamadas que estoy recibiendo desde distintos sectores.

Dos, que habrá que estudiar a fondo si las propuestas presentadas a solicitud de algunos grupos parlamentarios (gracias por contar con nosotros) son aceptadas…

Por ello, una vez revisada y contrastada toda la información publicaré una “OPINION RM” que servirá para todas las entradas que tenga relación con el tema.