18 junio 2026 (16.06.26) (3) VozPopuli (opinión)

 

18 junio 2026 (16.06.26) 

El Gobierno Vasco concede la semilibertad a otros dos presos de ETA condenados por asesinatos

La administración autonómica aplica el artículo 100.2 a Gorka Palacios, exjefe militar de la banda, y a Joanes Larretxea, uno de los verdugos del empresario Ignacio Uría

El Gobierno Vasco ha dado luz verde a una nueva medida de flexibilización penitenciaria que beneficia directamente a dos nombres de gran peso en el oscuro historial de la banda terrorista ETA: Gorka Palacios y Joanes Larretxea. A través de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, ambos reclusos podrán abandonar sus respectivas celdas de lunes a viernes durante el día, un régimen de semilibertad que ha vuelto a encender las alarmas entre las asociaciones de damnificados por el terrorismo.

Este precepto legal funciona en la práctica como un puente híbrido hacia el tercer grado. En virtud de esta concesión, autorizada por el ejecutivo autónomo, se permiten las salidas diurnas los días laborables bajo una condición estricta e ineludible: los internos deben acreditar formalmente que destinarán ese tiempo en el exterior a ejercer una actividad laboral, someterse a tratamientos médicos o participar en tareas de voluntariado. Esta decisión no supone un hecho aislado; de hecho, fuentes del entorno penitenciario han confirmado que una veintena de reclusos vinculados a la extinta organización armada ya se amparan bajo este mismo paraguas legal.

Los expedientes de los dos beneficiarios acumulan graves condenas por crímenes de sangre. Por un lado figura Gorka Palacios, quien llegó a ostentar el mando de la estructura militar de la banda. Su historial delictivo internacional y nacional es extenso. Fue detenido por las fuerzas de seguridad en Francia en el año 2003, país que lo condenó seis años después a 18 años de prisión por su papel como cabecilla de los comandos operativos. Posteriormente, la justicia española ajustó cuentas con él: la Audiencia Nacional le impuso una pena de 83 años de cárcel por su participación en múltiples delitos, destacando entre ellos el trágico atentado con coche bomba que sesgó la vida del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa.

El segundo protagonista de esta resolución administrativa es Joanes Larretxea, cuya trayectoria criminal está ligada a una de las etapas más duras de la violencia en Gipuzkoa. Los tribunales lo sentenciaron a 44 años entre rejas por su implicación directa en el asesinato a tiros del empresario Ignacio Uría, perpetrado en la localidad de Azpeitia en 2008. Lejos de cerrar sus cuentas pendientes, en fechas muy recientes -este mismo 2024- sumó una nueva condena de 26 años. El motivo fue la colocación de un vehículo cargado de explosivos en el campus de la Universidad de Navarra, un ataque ejecutado también durante aquel sangriento 2008.

Como era de esperar, el anuncio ha suscitado un profundo malestar en el colectivo de víctimas. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha emitido un comunicado contundente en el que reitera su profunda preocupación ante lo que consideran una deriva inaceptable. Desde la entidad denuncian una política penitenciaria que perciben "más centrada en excarcelar etarras que en garantizar el derecho a la justicia". Para la asociación, cualquier paso que flexibilice el cumplimiento de las penas de estos internos debe estar supeditado a unos principios que tildan de irrenunciables: la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia.

Para sustentar sus críticas, la AVT ha puesto sobre la mesa las cifras que radiografían la actual realidad carcelaria. El contador de la asociación registra ya 119 progresiones a tercer grado concedidas a un total de 96 miembros de la banda, a las que se suman las 20 aplicaciones del mencionado artículo 100.2. La estadística revela que, de los 118 terroristas que actualmente permanecen en prisión, la balanza se inclina drásticamente hacia la apertura: 75 de ellos disfrutan ya de diferentes regímenes de semilibertad, frente a los 43 reclusos que continúan cumpliendo sus condenas en el rigor del régimen ordinario, sin permisos para pisar la calle.

Opinión:

Solo me gustaría aclarar un concepto que, pese a ser doloroso, es el que es… cuando leo que “la balanza se inclina drásticamente hacia la apertura” me viene a la mente aquello que aprendí en octubre de 1989 tras el primer juicio por el atentado en Hipercor. El tiempo permitirá que todos estos asesinos vayan saliendo porque no existe la cadena perpetua. Y, en consecuencia, cuanto más tiempo vaya pasando más delincuentes, terroristas incluidos, irán saliendo en libertad.

Duele. Mucho. Pero es lo que marca la ley. Si algún partido no está de acuerdo ¿se atreverá a ir contra la intocable Constitución Española y proponer la modificación para que se instaure la cadena perpetua?

Pues eso. Y cabe recordar que la banda TERRORISTA ETA no atenta desde marzo de 2010. Por lo tanto, los autores de ese último atentado sí deberán estar en prisión, como mínimo, hasta pasado 2045.

Pero los demás van saliendo porque la ley lo dice así.