11 marzo 2016 El Mundo del Siglo XXI

11 marzo 2016 

Yihadistas en España desde el 11-M

Casi la mitad de los detenidos por terrorismo islamista entre 2013

y 2015 eran españoles. Hay que revisar la estrategia contra este

fenómeno y aplicar el plan de prevención de la radicalización violenta

Hace dos décadas que en España se condenó por primera vez a un individuo implicado en actividades de terrorismo yihadista. Era un argelino, miembro del Grupo Islámico Armado (GIA), detenido en Barcelona en 1995. Entre este año y el que precedió a los atentados del 11-M transcurrieron nueve, durante los cuales fueron algo más de cien los aprehendidos en nuestro país, una media anual de 12 detenciones. A lo largo de un periodo de tiempo similar pero tras el 11-M, es decir, entre 2004 y 2012, el número de detenidos contra el terrorismo yihadista superó los 470, elevándose la media anual hasta 54, cifra más de cuatro veces superior a la registrada entre 1995 y 2003.

Durante esos dieciocho años existió básicamente la misma legislación antiterrorista, puesto que hubo una reforma del Código Penal a este respecto a finales de 2010 que entró en vigor a inicios de 2011. Por tanto, aun considerando que la lucha contra el terrorismo yihadista se intensificó desde la primavera de 2004 —existiendo a partir de entonces un consenso entre jueces, fiscales y policías sobre la conveniencia de anticipar operaciones antiterroristas para evitar posibles atentados en preparación—, los datos sobre detenciones pueden ser considerados un indicador relevante de la medida en que el terrorismo yihadista y la amenaza inherente al mismo persistieron después del 11-M.

Inadecuada legislación y consenso respecto a las actuaciones preventivas frente al terrorismo yihadista dificultaron la recolección del tipo de pruebas requeridas por los tribunales para imponer penas, pero 54 de los detenidos entre 2004 y 2012 fueron condenados. Todos varones, no menos de la mitad entre 25 y 34 años al ser detenidos, la mayoría casados y con hijos. Nueve de cada diez, extranjeros; nacidos, por este orden, en Marruecos, Pakistán y Argelia. Todos de ascendencia cultural y familiar islámica. Aunque con niveles educativos y desempeños ocupacionales diversos, sobresalían quienes sólo contaban con estudios primarios o carecían de educación formal, al igual que los empleados como personal de servicios o en trabajos no cualificados. Además, una tercera parte de ellos tenía antecedentes penales por delincuencia común.

En esos nueve años posteriores al 11-M, en torno a siete de cada diez de los yihadistas detenidos y condenados residía en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Se radicalizaron tanto dentro de España como en sus países de origen, en procesos que iniciaban con entre 16 y 24 años de edad, prolongándose por lo común unos pocos años. Estos procesos se desarrollaban sobre todo en domicilios privados, lugares de culto, locales comerciales y centros penitenciarios, normalmente bajo la influencia directa de activistas carismáticos o figuras religiosas. Lo habitual es que la acción de estos agentes de radicalización se viera favorecida por vínculos afectivos preexistentes de parentesco, amistad o vecindad.

Casi en su totalidad, esos individuos se implicaban como yihadistas en compañía de otros, formando parte de células integradas o relacionadas con organizaciones entre las cuales se encontraban Al Qaeda y su entonces rama iraquí o entidades asociadas con base en el norte de África y el sur de Asia, casos del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) o Therik e Taliban Pakistan (TTP). Este último entramado yihadista asumió su responsabilidad en la tentativa, desbaratada en enero de 2008, de preparar la ejecución de uno o varios atentados, con explosivos y voluntad de elevada letalidad, en el metro de Barcelona. Once paquistaníes —uno naturalizado español— y un ciudadano indio fueron condenados por lo que pudo haber sido el segundo 11-M.

Todo esto ha cambiado desde 2013, en el contexto de una nueva movilización sin precedentes estimulada por las organizaciones yihadistas activas en Siria e Irak. Aunque nuestro país no se encuentra entre los más afectados de Europa Occidental, en concomitancia con la misma se ha producido una extraordinaria transformación del yihadismo en España. Ya no estamos ante un fenómeno relacionado fundamentalmente con extranjeros. Entre los más de 140 individuos detenidos en nuestro país de 2013 a 2015, cerca de la mitad son españoles y además nacidos dentro del territorio nacional. Aunque la gran mayoría del resto son marroquíes, ello significa que en España se ha producido la eclosión del yihadismo homegrown o autóctono.

Este componente autóctono tiene su principal foco en Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas con amplias segundas generaciones, descendientes de inmigrantes marroquíes, en el seno de colectividades musulmanas inusualmente extensas. En conjunto, sin embargo, Barcelona y su entorno constituyen el principal escenario del fenómeno yihadista en nuestro país. Aunque sigue siendo un fenómeno dominado por varones jóvenes y con ascendientes familiares o culturales musulmanes, habitualmente casados, cuyos procesos de radicalización yihadista son ahora más rápidos —debido a la incidencia de Internet y las redes sociales—, entre los detenidos en España a lo largo de los tres últimos años son inusitadamente significativos los porcentajes de mujeres, al igual que de conversos.

Tampoco estamos ante individuos que se desenvuelvan en solitario y actúan por cuenta propia —aunque ejemplos haya—, pese a que élites políticas y medios de comunicación suelen subrayar la amenaza del yihadismo individual. Sin embargo, entre los detenidos por actividades de terrorismo yihadista de 2013 a 2015, nueve de cada diez lo hacían inmersos en redes o células, bien de nueva creación o bien reconstituidas a partir de estructuras en estado latente; pero en uno u otro supuesto, conectadas con organizaciones como el Frente Al Nusra y, sobre todo, la otrora rama iraquí de Al Qaeda, que, tras su ruptura con esta, finalmente ha dado en denominarse Estado Islámico. Cuatro de cada diez pertenecían a células o redes con funciones operativas, algunas de ellas determinadas a perpetrar atentados en España.

En suma: tanto la caracterización social como los procesos de radicalización y las pautas de implicación de los yihadistas en España revelan líneas de evidente continuidad y otras de remarcable cambio, 12 años después de que una red terrorista, formada a partir de los restos de la célula de Al Qaeda desmantelada en nuestro país en noviembre de 2001 —y actuando en conexión con el mando de operaciones externas de Al Qaeda situado en Pakistán— perpetrase los atentados del 11-M. Un desafío para la pendiente revisión de nuestra estrategia integral contra el terrorismo internacional y para la apremiante implementación del plan nacional de prevención de la radicalización violenta.