Opiniones sobre el trabajo realizado en el tema socio-asistencial, jurídico y psicológico de las víctimas del terrorismo. El tema político lo dejo para los políticos.... y alguna que otra víctima.
Ante las numerosas consultas recibidas a traves de redes sociales y para facilitar las mismas, pueden contactar en el e-mail eltrasteroazul@gmail.com
El discurso del final de ETA no es ya
únicamente una estrategia política encaminada a obtener los máximos beneficios
para quienes todavía tienen asuntos pendientes con la Justicia y lavar la
imagen de la banda.
Publicamos hoy que terroristas huidos y presos están constatando que ya
no existe ninguna estructura que los respalde y, por tanto, han empezado a dar
pasos de forma individual para intentar solucionar sus problemas. Este
movimiento se ve más claramente entre los huidos de la banda. "Cada uno
está tratando de buscarse la vida", señalan fuentes de la lucha
contraterrorista.
Sin duda, es una buena
noticia que los presos y los huidos de la Justicia constaten que ETA ya no tiene ningún
tipo de estructura en la que puedan apoyarse. Significa que,
efectivamente, el Estado de Derecho ha conseguido derrotar a ETA, sin
paliativos.
Esta situación ha llevado también a un cambio entre los presos de la banda, que recientemente votaron por
abandonar la línea dura y acoplarse a la situación de los presos comunes para
empezar a acogerse a beneficios penitenciarios, como el disfrute de permisos o
acogerse al tercer grado.
Es un paso significativo y consideramos que la respuesta del Gobierno
debe seguir marcada por los mismos criterios que hasta ahora: los etarras deben mostrar claramente su
ruptura con ETA, expresar su arrepentimiento pidiendo perdón a las
víctimas y, sobre todo, exigir que colaboren con la Justicia para esclarecer
los más de 370 asesinatos de la banda todavía no resueltos. Se trata de una
petición de las víctimas y, como decía el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, recientemente a EL
MUNDO, esa colaboración no se está produciendo en absoluto.
Opinión:
Curioso el último párrafo del editorial de El Mundo
del Siglo XXI... y yo ahora pregunto. si los etarras cumplen esos requisitos
¿podrán empezar a acogerse a beneficios penitenciarios?
Pero seamos serios... ¿no hemos oído a ciertos
políticos confirmar constantemente que los terroristas jamás tendrían
beneficios penitenciarios? ¿No se han llenado la boca esos políticos “amigos de
las víctimas” diciendo que cumplirían la totalidad de las condenas skin favores
no beneficios de ningún tipo?
Con estas preguntas solo quiero denunciar
públicamente cómo muchos representantes políticos han mentido, mienten y lo que
es peor seguirán mintiendo cuando hablen de este tema. A esos políticos les
importa una higa lo que dijeron en su momento para captar votos o para utilizar
a sectores de víctimas para hacer política partidista. Habrá que esperar a ver
qué hacen ahora esas mismas víctimas, sus representantes o sus acompañantes en
diversas manifestaciones... ¿montarán manifestaciones como aquellas de 2005 y
2006 o ahora les interesará estar calladitos?
He llegado a la conclusión de 1que prefiero al
político que ha pasado olímpicamente de “las” víctimas antes que al político
que nos ha utilizado para engañar, mentir y desinformar a la opinión pública.
Al menos, los primeros son unos seres insensibles pero se les veía venir de
lejos... a los segundos los quiero cuanto mas lejos porque no se por donde
vienen.
La definición de
posverdad es la de mentira emotiva, es decir cuando lo ocurrido en realidad
tiene menos importancia que la percepción que cada cual tiene de ello. La
posverdad puede en demasiadas ocasiones transformarse en aquel ejercicio en el
que Goebbels fue experto: repetir mil veces una mentira para que acabe
estableciéndose en el imaginario como realidad incontestable.
El 21 de julio, el Ayuntamiento de Barcelona
decidió admitir una de estas posverdades y elevarla a acuerdo institucional. Me
refiero a una propuesta que la
CUP Capgirem presentó al pleno en la que se rechazan “las
torturas denunciadas por los militantes independentistas” en 1992 en lo que
denominan “operación Garzón”. Condenan públicamente “todo tipo de persecución
policial sufrida por la militancia independentista…” y plantean organizar un
acto de memoria de aquellos hechos contra la tortura y los malos tratos. Para
terminar, reprueban “la actuación del exjuez Baltasar Garzón por haber faltado
a la verdad diciendo que ninguno de los detenidos había denunciado torturas
delante de él, cuando existen pruebas materiales de su existencia…” A favor
votaron Barcelona en Comú, PDECat, ERC, el concejal no adscrito, Gerard
Ardanuy, y la CUP Capgirem.
Bueno, pues es falso. La CUP miente y lo sabe. Lo que
han rebautizado a posteriori como “operación Garzón” –los nombres de otros
jueces que también ordenaron detenciones en esos momentos parece que venden
menos– fue fruto de dos años de investigación de la Guardia Civil a una
organización terrorista que, lo siento, es lo que había definido hasta entonces
a Terra Lliure. Las torturas que denunciaron los detenidos fueron incluidas en
el acta de las declaraciones con mi firma inmediatamente debajo, como bien se
ve y me mostraron recientemente en el Parlament de Catalunya algunas de las
personas que hacen estas acusaciones.
En aquel momento –1992–
ningún otro juez se atrevía a recoger esas denuncias en el acta de la propia
declaración de los detenidos que así decidían hacerlo constar. ¿Cuál es la
mentira entonces? Por escrito lo tienen y signado personalmente por mí.
¿Estoy de acuerdo en
que no se investigó lo suficiente? Sí. En lo que no estoy de acuerdo es en que
la responsabilidad recaiga sobre el único juez que no podía investigar. Porque,
como también saben bien la CUP
y sus compañeros de viaje, pues cuentan con buenos abogados que les explican la
ley, el juez de la
Audiencia Nacional no puede, bajo concepto alguno, por falta
de competencia objetiva, investigar torturas o malos tratos, sino recoger en
acta la mención de los hechos referidos a ese presunto delito, como así se
hizo. El juez de instrucción competente (en este caso jueza) era el titular del
juzgado natural de la zona en que se produjeron los hechos denunciados (el de
Madrid). A partir de ahí debía resolver el ministerio fiscal en su función de
ejercer la acción penal y perseguir el delito, y la juez, investigarlo.
En esa concatenación de
posverdades de la CUP
y los viejos militantes de Terra Lliure llegamos a la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que condena a España por no investigar
suficientemente las denuncias de torturas, pero se explica con prístina
claridad que la actuación de quien esto firma fue impecable y no se condena por
torturas, como arteramente se expone en aquel acuerdo.
Todo lo anterior lo
expliqué a un grupo de personas a las que invité a conversar cuando me
abordaron en el Parlament de Catalunya, al que fui convocado por el grupo de
trabajo que entiende del terrible caso de niños robados del franquismo. Mantuve
mi presencia por responsabilidad democrática, aun sabiendo que se produciría
este encuentro. Fue, curiosamente, el 18 de julio. Me impresionó, debo decir,
que por dejar patente su rechazo hacia mi persona los dos diputados de la CUP no quisieran intervenir en
una reunión que afectaba a más de 30.000 víctimas ilegalmente dadas en adopción
o directamente robadas durante la dictadura franquista y aún en democracia.
Pero cada cual es libre de explicar a su electorado cuáles son sus prioridades.
Los denunciantes
también recordarán que seis de los 15 detenidos fueron condenados por el
tribunal de la
Audiencia Nacional en 1995 por pertenencia a banda armada o
colaboración, tenencia ilícita de armas o terrorismo. Es decir, no hablamos de
ideólogos independentistas que elaboraban argumentos en distendidas charlas de
café o en reuniones de reflexión. Hablamos de personas que utilizaban el terror
como método para exponer sus ideas. Otra posverdad de la CUP cuando reivindica a los
protagonistas de una época que nadie desea recuperar.
No entiendo ese empeño
de intentar reivindicar visiones del pasado distorsionadas, ni pretendo
convencer a nadie de nada que no quiera reconocer. No merece la pena perder el
tiempo en ello. Su verdad no es la mía y sus argumentos se han ido convirtiendo
en un compendio de dimes y diretes engrosado, cada vez menos cierto. Yo hice lo
que pude, incluso emprendí la única inicial investigación que se realizó y, por
supuesto, rubriqué sus denuncias. He peleado siempre por evitar los malos
tratos y las torturas, hasta el punto de haberme granjeado enemigos no menores
que han hecho lo posible por sacarme del juego. Otros colegas no trabajaron en
esta línea. ¡Qué le vamos a hacer!
Nadie es perfecto. He
realizado mi autocrítica en innumerables ocasiones y pienso seguir haciéndolo.
Pero no puedo aceptar que la imaginación o el deseo se centre en una lectura
parcial e ¿interesada? de la historia. Creo que los ciudadanos esperan mejores
cosas de todos nosotros y que cada cual debe elaborar su propia mirada
interior, relacionándola con lo que desea aportar a la sociedad.
Quédense pues con la
que denominan apócrifamente “operación Garzón” que yo sigo con mi defensa
irrestricta de los derechos humanos y de la legalidad frente al abuso, venga de
donde venga, actitud por la que ya he pagado un alto precio. Ahora bien, si con
estos argumentos se defiende el “procés”, creo que también me he equivocado en
la valoración y defensa de los fines, fundamentos y argumentos de quienes lo
propugnan. Desde luego la defensa que por convicción he hecho del debate, la
aproximación, la pluralidad de España, el derecho a decidir, quedan hueros ante
actitudes que abrazan esa llamemos posverdad que reinventa la historia y a nada
conduce.
Opinión:
En aquellos años, dedicarse a representar a víctimas
del terrorismo era muy complicado, nada que ver con lo que ahora hacen algunos
que se han encontrado todo el trabajo hecho. Por ello, aparte de las opiniones
divergentes entre Baltasar Garzón y aquellos que denunciaban torturas, lo que
recuerdo como si fuera ahora es la tranquilidad que aportaron aquellas
detenciones máxime tras el atentado por el que fueron condenados dos miembros
de Terra Lliure (Musté Nogué y Rocamora Aguilera).
En aquel atentado resultaron heridos casi una
veintena de “peligrosos ciudadanos” cuyo único “delito” fue estar en la cola
del paro o trabajar en la oficina del INEM de la calle Argimón. Estuve presente
en el juicio y tuve mis enfrentamientos personales con ciertos individuos que,
años después, reconocieron haber estado en el lado equivocado. También tuve que
organizar muchos actos para denunciar el extraño pacto por el que, pese a ser
condenados a 70 años, los dos autores mencionados fueron indultados en tres
años para mantener la “normalidad social en Catalunya”. De ese indulto,
curiosamente, nadie habla…
Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
transcurrieron con total normalidad y a ello contribuyó, seguramente, aquellas
detenciones. Si hubieron (o no) los problemas que algunos comentan, la sentencia
aportó datos.
Que sean creíbles o no es otra historia que cada
cual querrá arrimar a sus propios intereses.
Delegado en
Euskadi: Los presos deben desgajarse de ETA para que haya cambios
El delegado del
Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, considera que para que se
produzcan cambios en materia de política penitenciaria los presos de ETA deben
dar el paso de "desgajarse" de la banda terrorista y superar su
"dependencia" de la organización "criminal".
En
una entrevista con Efe, De Andrés ha indicado que es cada uno de los presos de
ETA el que está en condiciones de poder cambiar la política penitenciaria y ha
indicado que para ello el "paso fundamental" que deben abordar es la "superación
de su dependencia" a la banda.
Así,
ha indicado que la política de dispersión "variará" cuando los presos
se desvinculen de ETA ya que como ha recordado esta medida se activó para
evitar los controles internos y la "férrea" disciplina ejercida dentro
de la organización terrorista con una "tenacidad asombrosa".
En
este sentido ha reconocido que le hubiera gustado que la decisión adoptada por
el colectivo de presos EPPK de afrontar las vías legales individuales de acceso
a los beneficios penitenciarios se hubiera tomado "individualmente"
no de "forma colectiva" como se ha hecho, porque demuestra que los
reclusos todavía están "sometidos" a ese control de la banda
terrorista.
"Lo
que tendría que hacerse desde los poderes que existen dentro de ETA y de la
organización política y violenta que los han auspiciado, es apartarse
completamente y dejar que actúen con libertad esos presos", ha resumido.
Preguntado
por si la disolución de ETA facilitaría ese paso, De Andrés ha indicado primero
que la disolución de la organización "está dentro de las cárceles":
"ETA no son los seis o siete que pueden quedar en Francia. ETA donde está
ahora mismo es dentro de las cárceles", ha matizado.
Por
ello, si en prisión "deciden que se disuelven como organización y dejan de
ejercer presión sobre otros miembros de la banda y que la gente actúe con
independencia y autonomía eso efectivamente sería una disolución muy
cierta", que "tendría consecuencias en el proceso penal y
personal" de los presos, ha indicado.
De
Andrés ha afirmado por otro lado que no ha habido "jamás" un preso
etarra enfermo que haya muerto en la cárcel y sí casos como el de José Manuel
Azkarate Ramos, excarcelado en 1992 porque padecía una enfermedad que le
llevaba "inexorablemente a la muerte", algo que no ha ocurrido 25
años después.
"Yo
niego la mayor, podemos entrar en el discurso de Etxerat y de las gestoras pero
no es cierto, la realidad es que se está actuando de manera respetuosa con los
últimos momentos que pueda tener una persona enferma", ha subrayado.
De
Andrés ha recalcado asimismo que son los médicos forense los que deben
determinar si un preso está enfermo y no la familia del reo, ni el médico que
ha contratado ésta ni el colectivo Etxerat.
El
delegado del Gobierno en el País Vasco ha puesto en valor los avances operados:
"ETA ha dejado de matar, inicia un proceso de desarme" y "hay un
abandono progresivo de la presión que se ejerce en la sociedad en los ámbitos
de la izquierda radical nacionalista".
"Las
cosas que van en el sentido deseable" pero "van muy lento y tampoco
hay que estar agradecido" porque "esto es lo natural y a lo que
tenemos derecho, no es ningún regalo que nos está haciendo ese colectivo
violento", ha recalcado.
Finalmente
ha asegurado que durante las fiestas veraniegas va a trabajar "con
celo" para evitar que se produzcan homenajes a presos de ETA, a
"criminales que han causado un enorme daño".
Opinión:
Otra vez a vueltas con
lo mismo. Durante años han estado repitiendo que “abandonar la violencia” no
aportaría ventajas a los miembros de la banda terrorista ETA. Y lo que han
repetido machaconamente hasta hacer creer a sus acólitos que sería cierto
resulta que ya no lo es tanto, resulta que pueden haber cambios en la política
penitenciaria.
Estoy deseando ver como
transcurren los acontecimientos porque será muy curioso ver cómo les disfrazan
la realidad a sus seguidores, empezando por las asociaciones que pedían el voto
para los partidos “inamovibles” en la temática penitenciaria y siguiendo por
las fundaciones que incluso están presididas por diputados de algunos de esos
partidos.
Por no hablar de cómo
presentará esos cambios de criterio la revista de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo... ¿o quizás se le olvidará hacerlo no sea que el mensaje político
no sea el adecuado?
El equipo de psicólogos
de AVT detectan historias graves en 20 víctimas
Opinión:
A ver si lo entiendo, si en la época del presidente Alcaraz eran 4500
víctimas en España, ¿solo se ha atendido a 55 en Euskadi en dos meses? ¿Y
solamente 20 ofrecen síntomas graves? Ante la seriedad del asunto, por lo menos
reconozco que no deberán ser de ese tipo de “víctimas” a las que mas de 20 años
después les aparecen ciertas “secuelas” y espero y deseo que no sean como esas
que tras estar muchos años preguntando sibilinamente las secuelas a víctimas
reales se han trabajado una serie de secuelas “propias” con las que han
conseguido convencer a un tribunal.
Desgraciadamente esa actitud ha hecho que víctimas reales no vean
reconocidos sus derechos por culpa de aquel refrán de “pagar justos por
pecadores”.
Aunque hace ya mas de veinte años una representante del Ministerio de
Interior ya me avanzó que “están saliendo víctimas de debajo de las piedras” y
estoy convencido de que algunas de ellas tiene que pagar los favores recibidos
mientras otras (las de verdad) todavía están pleiteando contra la propia
administración que dice protegerlas.
En cuanto al tema del “trastorno depresivo mayor y estres
protraumático” espero que haya aparecido y haya sideo diagbnosticado dentro del
primer año tras sufrir el atentado porque de no ser así aventuro un septiembre
muy complicado en el Ministerio de Interior.
La extorsión
fue, durante cinco décadas, fuente de financiación de ETA, junto a secuestros y
atracos. La banda terrorista no dejó de acosar a miles de empresarios y
comerciantes vascos y navarros ni siquiera durante las “treguas” que
anunciaron. Hubo quienes se resistieron al chantaje. Algunos lo pagaron con su
vida.
PRIMERA carta que recibí de ETA fue hacia 1990.
Me la mandaron a casa y la cogió mi mujer. Eso complicó las cosas. Si la
hubiera abierto yo, la habría metido en un cajón, pasado la procesión por
dentro y no habría molestado a nadie. A los tres o cuatro días ella me dijo:
—Miguel, ¿qué hacemos? ¿Has estado con alguien?
—¿Con quién voy a estar? No quiero pagar.
—¿Por qué no quieres…? ¿Qué te parece si…?
—No quiero que otra persona sufra un atentado.Tuvimos
discusiones internas hasta que creamos un consejo familiar para ponernos de
acuerdo en nuestras actuaciones y evitar la soledad. Éramos mi esposa, mi hija,
mi yerno, mi hermano, mi cuñada. Hicimos piña”.
La nave industrial de los Lazpiur se asienta junto al
río Deba, en Bergara (Gipuzkoa). Miguel Lazpiur, de 74 años
y codirector de la compañía junto a su hermano Agustín, abre la puerta de las
oficinas. En lo alto del taller, un letrero: “Kalitatea gure etorkizuna da” (la
calidad es nuestro futuro). Es la máxima de una empresa que exporta a más de 20
países sus piezas de mecanizado de alta precisión y las máquinas a medida que
diseñan para otras compañías.
“Te pasan muchas cosas por la cabeza [al recibir la
carta]”, inicia Lazpiur, con un marcado acento vasco. Y lanza un pequeño
suspiro. “Es una losa que tienes encima. Dicen que es como si te diagnosticasen
un cáncer. Es un trauma enorme que convulsiona a la persona y a la familia. Ya
no te fías de nadie. Cualquiera puede haber dado tu nombre. Pienso que no
fue nadie de la empresa. Quizá sí de Bergara. Porque si vas a un bar a tomar un
pote y al camarero lo detienen a los dos años… piensas en cosas, ¿me entiendes?”.
ETA
anunció su último alto el fuego en septiembre de 2010 y en noviembre envió su
última carta de extorsión. En octubre de 2011 declaró el “cese definitivo” de
su actividad armada. “En otras treguas nunca paró elimpuesto
revolucionario. Es lo único que siguió funcionando. Los empresarios
fueron víctimas desde el minuto cero hasta el último”, señala Jon Ziarsolo,
jefe de inteligencia de la
Ertzaintza en el cuartel general de la policía vasca en
Erandio (Bizkaia). “Nos corresponde ensalzarlos. Han sido unos héroes. Muchos
se podrían haber ido. Hubo mil ejemplos de fortaleza. Hubo quienes colocaron
las cartas en el tablón de anuncios de la empresa”, afirma.
“No soy un héroe, hice lo que
debía”, sostiene Lazpiur, que
terminó ocupando altos cargos en varias patronales. Fue vicepresidente de la
guipuzcoana Adegi de 1999 a
2005, presidente de la vasca Confebask de 2005 a 2011 (años que vivió
con escolta) y vicepresidente de la
CEOE de 2008
a 2011. “Pensaba en cómo sería [el atentado contra él].
Por dónde vendrían. Cómo lo harían. Pero somos creyentes. No pagamos y no
contactamos con ellos”, relata.
Resistir.
Ser discretos. Eran las consignas policiales, explica Ziarsolo. “Les decíamos:
‘No hables con nadie. No te muevas. No se lo cuentes al del sindicato. No se lo
digas ni a tu mujer. No des ningún paso’. Porque elimpuesto
revolucionarioera
como el bombo de Navidad. Había uno muy grande donde entraban todos. Pero si
contactabas, pasabas a uno pequeñito. Si dabas un paso, todo se focalizaba en
ti, estabas pringado”. Desde 1993, ETA introdujo en las cartas un código
alfanumérico. La policía contó más de 10.000 extorsionados. Ziarsolo dice que
“pagaron muy pocos”. Según un estudio del periodista y profesor de la
universidad de Navarra Javier marrodán, Según un estudio del periodista y
profesor dela Universidad de Navarra Javier Marrodán, cedieron un 13% de los
que la banda contactó en Gipuzkoa y entre un 5% y un 6% en Bizkaia, Álava y
Navarra.
¿Pero cuántos pagaron antes de
1993? “No se sabe. Hablamos de los años de plomo, cuando ETA desarrollaba la
extorsión con impunidad a plena luz del día en Iparralde [País Vasco francés].
¿Cuántas personas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos negociaron en Francia?”, se
preguntaIzaskun de la Fuente,
miembro del Centro de Ética Aplicada de la universidad de Deusto y autora deMisivas del terror, un libro con el testimonio anónimo de
más de 200 empresarios que analiza el impacto del terrorismo sobre este colectivo,
acosado por el chantaje, los secuestros y asesinatos, el estigma y la apatía
social.
“La soledad ha sido lo peor. Cuando iba
con escolta llevaba la etiqueta. Dejas de ir al frontón, a la sociedad, a
pasear”, explicaJosé María Ruiz
Urcheui, ex secretario general de la patronal de Gipuzkoa, Adegi. En su
casa en San Sebastián, subraya emocionado el apoyo de su esposa: “De vez en
cuando me cogía del brazo: ‘José Mari, ¿estás bien?’. Yo decía que sí”. Pero la
familia soportó lo indecible. “Un día salió mi hijo de casa para ir al colegio.
Se encontró un charco de pintura roja en el portal. Habían escrito ‘Urchegui
asesino’. Imagina cómo se puso”, recuerda.
“La víctima era hostigada, se le
insultaba llamándole español de mierda, empresario explotador o fascista. Se
pintaba su nombre o una diana en su portal, se realizaban concentraciones
frente a su despacho o domicilio. Así hasta que en algunos casos era secuestrada
o asesinada. Incluso, tras su muerte, se profanaba su tumba, se llamaba a los
familiares por teléfono para escarnecerlos o se les gritaba en la calle”,
relata Sáez de la Fuente
enMisivas del terror. Una “violencia de
persecución” que ejercía el entorno de ETA, que jaleaba a la banda y que
inoculaba el miedo a la sociedad, especialmente en los pueblos, más asfixiantes
que las ciudades, como describe Frernando Aramburu en la novelaPatria. Un empresario de Bizkaia que recibió varias
cartas y una llamada de ETA alaba la obra: “Es la vida misma. Leía un capítulo
y tenía que parar. Me repateaba la reacción social, cuando se pudre la convivencia”.
Mirar
hacia otro lado fue la tónica. “Cuando la violencia parece que forma parte del
paisaje se le empieza a no dar importancia. Es muy puñetero”, señala Ruiz
Urchegui, que subraya “el contexto socioeconómico” en el que se lidió con la
violencia durante muchos años. ETA fue especialmente virulenta con el estreno
de la democracia en España (uno de cada cuatro asesinatos se perpetró entre
1978 y 1980); en un país con unas instituciones y estructuras políticas nuevas,
con una reconversión industrial acometida en los ochenta que dejó en la calle
en el País Vasco a más de 100.000 personas, con una baja competitividad
respecto a Europa. Un panorama al que se unían las amenazas. Ruiz Urchegui
conserva una pegatina con su nombre junto a la palabrahiltzaile(asesino). Cientos salpicaron San
Sebastián. Un día, sus hijos vieron la imagen de su padre en la Parte Vieja:
—Aita, ¿por qué está tu nombre ahí?
—Oye,
que yo no soy un asesino, ¿eh?
—¡Ya
lo sabemos,aita! Pero…
Urchegui
denunció públicamente la extorsión en sus años en Adegi (1977-2008) y pidió a
los empresarios que no pagaran. Unos 400 se acercaron a él en privado, víctimas
del chantaje: “No te daré el nombre de ni uno. Pero he visto a gente hundida en
mi despacho”. ¿Cuántos se fueron? Los entrevistados, altos responsables en las
patronales vascas y navarra, coinciden en que no demasiados. “Muchos optaban
por residir fuera pero manteniendo sus empresas”, dice José Manuel Ayesa,
presidente de la Confederación
de Empresarios de Navarra entre 1989 y 2010. Una tesis que personas como Mikel
Buesa, expresidente del Foro de Ermua y fundador de UPyD, no comparten. “Decenas
de miles de personas han sido expulsadas”,declaraba
a EL PAÍS en 2005.
Blanca
Soto es una de ellas. Esta galerista nació en Palencia, pero vivió en San
Sebastián, donde se casó y tuvo dos hijos. Hoy residen en Madrid. Nunca ha
compartido públicamente su historia. Hasta ahora. Con 22 años, montó un centro
cultural en San Sebastián con un socio, con tan mala suerte, dice, de ubicarlo
junto a una sede de Jarrai.Jar Los jóvenes radicales les
exigieron dinero. Se negaron. Y les destrozaron el local. Durante los
siguientes tres años, recibieron tres cartas de chantaje. Las abrió la
secretaria y calló. Hasta que llegó una cuarta, manchada de sangre, y se la
enseñó a Soto. Y una quinta, esta vez a la Concejalía de Urbanismo
de San Sebastián, señalando al Ayuntamiento por un supuesto trato de favor con
la galerista. El concejal Gregorio Ordóñez, del Partido Popular, y a quien ella
no conocía, la llamó para comentárselo
—Me
van a matar.
—Blanca,
a mí me pueden matar. Yo estoy dando la cara y soy político. Pero a ti, ¿de
qué? Ni lo pienses.
Pero ella “era un flan”. Acudió a la Policía Nacional
con las cinco cartas y habló con el responsable de la Unidad Territorial
Antiterrorista de Gipuzkoa, el inspector Enrique Nieto. Este la tranquilizó.
Puso vigilancia. En su casa y junto a su negocio. “Nos cuidó”, recuerda.
Corría 1995. ETA asesinó a Ordóñez en
enero y tiroteó mortalmente en junio a Nieto
(quedó en coma y falleció en octubre). “Pensé: ‘Los siguientes somos nosotros”,
asegura Soto. Para rematar, en febrero de 1996, la banda terrorista mató
también a su suegro, el abogado y dirigente del PSOE Fernando Múgica
Herzog. “Entré en una depresión horrorosa durante cuatro años. Me fui a un
psiquiatra hasta que nos vinimos a Madrid en el año 2000”, dice llorando,
recordando su exilio. “Se han llevado por delante a tantos amigos, a tanta
gente y tantas cosas…”. La conversación continúa, cargada de odio y de dolor,
hasta que pide quedarse sola.
Enfrentarse
a ETA. Pasar miedo. “El que diga que no lo ha sufrido [miente]… Porque es muy
tangible. Sientes preocupación y tienes prevención”, asegura Ruiz Urchegui.
Junio de 1996. Una bomba lapa aguarda en los bajos de su coche en el
aparcamiento de Adegi, la patronal guipuzcoana. De viaje en Estocolmo, había
pedido a su primo Santiago Leceta que llevara el vehículo al taller. La explosión
le dejó sin piernas e hirió a dos empleadas.
“Pensaba: ‘Si hubiese vuelto un día antes. Si no le hubiese dejado el coche… No
es un sentimiento de culpa, pero pesa. Sientes una opresión…”, dice. Tras el
atentado —en 1978 hubo otro en Adegi: los Comandos Autónomos Anticapitalistas,
una escisión de ETA, hicieron estallar una bomba—, empezó a vivir con escolta,
situación que duró 14 años, hasta que renunció a ella.
En varias ocasiones, Urchegui trató
de convencer a Joxe Mari Korta, presidente de Adegi, de que también utilizara
escolta. Pero jamás quiso. En agosto de 2000, ETA lo asesinó, cuatro semanas
después de dar una rueda de prensa junto a su amigo y diputado general de
Gipuzkoa Román Sudupe, en la que emplazaron a los empresarios a no ceder al
chantaje. Un coche bomba colocado en la entrada de su empresa en Zumaia
(Gipuzkoa) le segó la vida. “Le tocaba dejar la presidencia y su familia no
quería que siguiera. Como amigo, le había presionado para continuar.
Encajábamos muy bien”, dice Urchegui.
El asesinato de Korta tuvo varios
objetivos. El primero, “tocar la fibra al PNV”, pues el empresario era afín a
este partido (que había roto ese año el frente soberanista fruto del Pacto de
Lizarra de 1998 tras varios atentados de ETA). El segundo, matándole se atacaba
el diálogo frente a las pistolas, que tanto Korta como Urchegui defendían (los
dos apelaban a “trabajar y colaborar en el proceso de paz”, incluso a riesgo de
“equivocarse”, una frase que después se convirtió en el llamadoespíritu Korta). Y el tercero, presionaba a los que no
querían pagar a ETA. “La banda no mataba empresarios por matarlos, sino para
meter miedo”, razona Ziarsolo, el jefe de inteligencia de la Ertzaintza. Una
maquinaria que permitió a la organización recaudar más de 100 millones de euros
a lo largo de su historia gracias a los secuestros, unos 30 con las cartas de
chantaje y unos 20 mediante atracos, según Florencio Domínguez, experto en
terrorismo y doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra.
“El
asesinato de Korta marcó el punto de inflexión en Azkoyen”, reconoce Eduardo
Ruiz de Erenchun, abogado de Pamplona que defendió a cinco antiguos miembros
del consejo de administración de esa empresa navarra, acusados de pagar a ETA.
Jesús Marcos Calahorra, director financiero, llevó 37 millones de pesetas a los
terroristas. En solitario, siguiendo un mapa que le habían hecho llegar,
condujo hasta la localidad francesa de Vert, en las Landas. Hoy no quiere
hablar. “Para mí han sido muchos años soportando la presión de esta losa: antes
de, en su momento y después de. Intento pasar página y no me resulta fácil”,
responde por correo electrónico. Su abogado relata: “Pagó a finales de 2001.
Estuvo tres días en cama porque no se podía mover de la contractura que tenía.
Pensó que lo matarían. Estaban allí, con una pistola. Le preguntaron si le
habían seguido”.
Vert
es un lugar muy discreto. Se llega por una solitaria carretera comarcal. En el
término municipal, de 40
kilómetros cuadrados, viven unos 200 habitantes. Ninguno
pasea por la calle una tarde del pasado junio. Hay un completo silencio que
invita a reflexionar sobre las instrucciones que le dio ETA por escrito a
Marcos Calahorra hace 16 años y que él cumplió a rajatabla en este mismo lugar:
“Aparcará junto a la iglesia a
la hora indicada [las tres de la tarde], se bajará de su vehículo y se quedará
mirando la arquitectura del templo con un ejemplar del diarioGara,
otro de la revistaEl Mundo de los Pirineosy el libroLucio,
el anarquista irreductibleentre
las manos. La persona que se le acercará le hará la siguiente pregunta:
‘Gurekin egoteko etorri zara?’ [¿Vienes para estar con nosotros?]. Su
respuesta: ‘Bai, eskatutakoa ekartzeko eta hitzegiteko’ [Sí, para traer lo
pedido y para hablar]”.
“Hablar
con ETA suponía un proceso larguísimo”, asegura el abogado. Las misivas pedían
“contactar con los medios habituales vascos”. Eso llevaba a los extorsionados a
preguntar a un concejal de Batasuna, o a un sindicalista de LAB, o a un amigo
de la izquierdaabertzale… “A los empresarios les decíamos que, si
decidían pagar, iban a dar mil vueltas hasta contactar con la persona que
transmitiese la información”, relata elertzainaZiarsolo.
“Después tendrían que ir a Francia, pasando mucho miedo, encontrándose con
personas que les tratarían de mala manera. Les advertíamos que pagar no
significaba que nunca más les iban a extorsionar. Y les decíamos que la
documentación podía caer en manos de la policía y que terminarían en la Audiencia Nacional”,
enumera.
Fue
lo que sucedió con Azkoyen. Una operación antiterrorista destapó el pago. En 2004, el juez Baltasar Garzón ordenó la
detención de Marcos Calahorra. Pasó un día en el calabozo. Ruiz de
Erenchun se muestra crítico con la justicia por no haber aplicado la figura del
“miedo insuperable”, un eximente de responsabilidad penal por haber facilitado
dinero a una organización terrorista bajo coacción y riesgo para la vida.
“Finalmente los acusaron de un delito societario por haber pagado con dinero de
Azkoyen. Dejó de ser competencia de la Audiencia Nacional
y en los juzgados de Pamplona se declaró prescrito”, resume. Aunque para Marcos
Calahorra el drama fue más lejos: marcado por lo sucedido, Azkoyen le despidió.
En su historia, ETA mató a 40
empresarios y secuestró a 49. El último asesinado fue Ignacio Uría, en Azpeitia
(Gipuzkoa), en 2008. Consejero de Altuna & Uria, su empresa era una de las
40 adjudicatarias del tren de alta velocidad (TAV)en el País Vasco. Los terroristas
justificaron la muerte “por su responsabilidad en la construcción de un
proyecto impuesto a Euskal Herria y por negarse a pagar el impuesto revolucionario”. José María Pascual, ex
consejero delegado de Balzola, otra de las constructoras del TAV, recuerda las
dificultades. “No podías dejar las máquinas en el monte al terminar el día. Te
las tenías que llevar para que no las quemaran. Además, había que vallar y
contratar vigilancia”, relata. El TAV, una obra de 4.000 millones de euros,
pudo tener un 4% de sobrecostes, estima Pascual, aunque reconoce que es muy
difícil calcular una cifra. “A ETA le importaba tres pepinos la alta velocidad.
Solo querían demostrar su fuerza”, incide.
No era la primera vez que atentaban
contra una gran infraestructura para presionar al Estado. La banda también dejó
su sello en la autovía de Leizarán y en la central nuclear de Lemóniz. Asesinó
a tres personas relacionadas con la carretera y a dos vinculadas a la
infraestructura eléctrica. Pero si en el caso del TAV las obras continuaron
(aún siguen) sin ceder a las presiones, en el de la autovía la banda logró
algunas modificaciones del trazado y en el de Lemóniz consiguió cancelar la
obra. Federico San Sebastián era entonces el secretario general de Iberduero,
hoy Iberdrola, dueña de la central. En su casa en el barrio de Neguri, en Getxo
(Bizkaia), repasa unos acontecimientos que acabaron con la vida del ingeniero
del proyecto, José María Ryan y su
sustituto, Angel Pascual. La banda también mató a su hermano en 1990,
Rafael San Sebastián. “Fue muy
extraño. A los 15 días, ETA publicó un manifiesto diciendo que se había
confundido de persona. No decía con quién, pero cínicamente formulaba su ‘más
exigente autocrítica”. Su asesinato es uno de los alrededor de 300 (de 829) que
aún quedan sin resolver. “¿Crees que ahora le importa a alguien?”,
pregunta. La equivocación, dice, fue probablemente con él.
ETA
se metió en el ecologismo, pero también en las luchas laborales, sobre todo en
los años setenta y ochenta. “La banda penetraba donde podía captar clientes”,
resume un empresario guipuzcoano. Luis Abaitua, director de la factoría de
Michelin en Vitoria en 1979, fue secuestrado y liberado tras 10 días, en un
contexto de pelea sindical. Su hijo Joseba recuerda la reacción de sus
compañeros de universidad: “Me dijeron: ‘Eres una persona adulta y tienes que
disociar entre lo que sucede a tu familiar y la situación de conflicto que vive
el País Vasco. Tu padre representa a los enemigos del pueblo”. El problema que
hoy afronta Euskadi es la lucha por el relato: “Quiero ser una voz crítica,
impedir que todo se olvide y que se pase página, que es lo que muchos quieren.
Los terroristas están aquí, entre nosotros”. Por el caso de su padre se juzgó
al hoy líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, condenado
a seis años de cárcel por participar en el secuestro.
Arrasate-Mondragón. Barrio de San
Andrés. Nada recuerda lo que hizo ETA en una nave industrial de dos pisos junto
al río Deba. Desde una ventana rota se ve un bote de pintura amarilla fresca y
unos objetos recién pintados. Allí, en 1993, el industrial Julio Iglesias
Zamoraestuvo secuestrado durante
117 días en un zulo excavado en el suelo, oculto bajo una máquina de tres
toneladas. El mismo agujero húmedo de 2,5 metros de ancho, 3
de largo y 1,80 de alto que se utilizó para encerrar durante 532 días al
funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, liberado por la Guardia Civil hace
ahora 20 años, el 1 de julio de 1997. Un golpe contra la banda de la que esta
se vengó, días más tarde, secuestrando y asesinando al concejal del PP de Ermua
(Bizkaia) Miguel Angel Blanco.
En
la lucha contra ETA son varios los hitos que, poco a poco, la desgastaron.
Blanco fue uno de ellos. Antes estuvieron la Operación
Sokoa de 1986 (una cooperativa francesa tapadera de la extorsión) o la
desarticulación de la cúpula etarra en Bidart en
1992. Un símbolo, el lazo azul, surgido
tras el secuestro de Iglesias Zamora en 1993, y una organización, Gesto por la Paz, cimentaron la respuesta
ciudadana. EnMisivas del terror, Sáez de la Fuente recuerda a los
empleados de Ikusi, la empresa de la familia Iglesias, y sus concentraciones en
contra del secuestro: “Semejante reacción y su fuerte impacto mediático y
social pillaron al entorno de ETA con el pie cambiado. Le sorprendió y le
preocupó porque su hábitat privilegiado siempre había sido la calle”. La
izquierdaabertzale reaccionó diseñando una nueva ofensiva, la
ponencia políticaOldartzen(“atacando”),
una estrategia llamada a “socializar el sufrimiento”. Es decir, a arremeter
contra todo y todos quienes estuvieran en contra de ETA.
Rufi
Etxeberria, hoy líder de Sortu, fue el ideólogo de Oldartzen en 1993. Pero en 2011 su visión era otra: “La
violencia es incompatible con la estrategia independentista. El ciclo de la
lucha armada se ha cerrado”. Para un empresario de Bizkaia que vivió amenazado
y al que le resulta “casi imposible” dar públicamente la cara, le cuesta
asimilar el cambio: “Te acojonas con la transformación de ETA en movimiento
político. Tenemos a los mismos tíos, con los mismos ayudantes y los mismos movimientos
sociales en las instituciones, financiados con dinero público”. A pesar de
ello, dice, confía en el final del terrorismo.
“ETA ha terminado. Definitivamente y para
siempre. Sin el apoyo popular no es nada. La sociedad ha evolucionado, también
su mundo”, asegura Ziarsolo, que cuando se pone delante de la cámara susurra:
“Si me dicen hace unos años que me dejo fotografiar, alucino”. Esteertzainarecuerda los asesinatos de su
superior, Josefa Goikoetxea, sargento mayor de la Ertzaintza, en 1993, y
el de su amigo íntimo en el cuerpo, Montos Doral, tres años más tarde. “Me tuve
que ir de mi casa en cinco horas. Me alertaron de que el Comando Bizkaia iba
detrás de mí”, arranca. Durante unos años vivió de manera oculta. Hoy mira
hacia el futuro: “Esto es como un viaje. Ves el catálogo, unas playas paradisíacas…,
pero llegas allí y hay 40 grados, coges una diarrea, te comen los chinches… Y
luego vuelves. Y lo cuentas. A los dos meses solo te acuerdas de lo bueno. Pues
esto es un poco así”.
“La vida no es negra ni blanca. Hay
cuestiones justas e injustas”, continúa Ziarsolo cuando se le pregunta por la
dispersión de los presos de ETA. Este asunto centra el debate en torno al fin
del terrorismo. Mientras que para algunos, como Blanca Soto, la galerista
exiliada en Madrid, sería inconcebible cualquier modificación de la política
penitenciaria, para otros hay que cambiar un rumbo iniciado en 1989. “La
dispersión tuvo un efecto en una época muy concreta, cuando ETA mandaba desde
las cárceles, en Carabanchel y Alcalá-Meco, donde se juntaban 200 etarras y
tenían más poder que la cúpula. La dispersión trató de disolver aquello”,
explica Ziarsolo, que no ve positivo que hoy las familias recorran cientos de
kilómetros para visitar a los reclusos.
El sentir de la ciudadanía sobre el futuro de los
presos etarras difiere según donde se pregunte: mientras que un 30% de la
sociedad española considera positivo su acercamiento a Euskadi, la cifra sube a
un 74% si se le pregunta solo a los vascos, según el CIS y el Euskobarómetro.
“Un preso no es un preso. Es su familia. Son sus amigos”, señala Ruiz Urchegui,
crítico con el Gobierno de Rajoy, preocupado por el futuro y la convivencia en
Euskadi, y convencido de que hará falta “al menos una generación” para curar
las heridas. “La ley permite tener a los presos cerca de sus casas. A los de
ETA y a todos. Pero la estrategia del Gobierno es no hacer nada. Yo entiendo
que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Pero no podemos esperar que vengan de
rodillas”.
Uno de los presos que se ha beneficiado de la política
de reinserción y acercamiento fue Ibon Etxezarreta. Tras acogerse a la llamada
vía Nanclares, que acercaba a esta cárcel alavesa a los presos arrepentidos,
Etxezarreta se vio cara a cara en 2011 con Maixabel Lasa, viuda de una de sus
víctimas, el ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, asesinado en
2000. Le pidió perdón y Lasa lo aceptó. Dijo que Etxezarreta “era otra
persona”.
Pocos días después del asesinato de Jáuregui, Etxezarreta y su compañero
Francisco Javier Makazaga (hoy encarcelado en Pontevedra) aguardaban escondidos
al presidente de Adegi, Joxe Mari Korta, en Zumaia. Este estaba dentro de su
empresa, al teléfono. “Me echó la bronca. Me dijo: ‘José Mari, que estamos en
agosto, ¿qué haces trabajando?’. Le respondí: ‘Oye, y tú ¿de dónde me llamas?
¡Si estás haciendo lo mismo!”, recuerda José María Ruiz Urchegui. “Me contó que
el día anterior había estado en la playa de Itzurun, en Zumaia. Quería ver el
atardecer. Joxe Mari era un poco berritsu [hablador]. Hablaba
y te quería convencer: ‘¡No sabes cómo es una puesta de sol de esas!’.
Estuvimos 45 minutos al teléfono. De repente me dijo que era tarde, que tenía
una comida en Getaria. Nos despedimos diciendo que teníamos que ir al monte”.
Cinco minutos después, el cuerpo inerte de su amigo yacía sobre el aparcamiento
de su empresa.
Su viuda, Maixabel Lasa, su hija y sus dos nietas
participan en una jornada privada en su memoria en Legorreta y Tolosa Familia y
amigos recuerdan al exgobernador civil socialista de Gipuzkoa asesinado por ETA
Hace 17 años ETA asesinó a Juan Mari Jáuregui. El 29
de julio del año 2000 el socialista y exgobernador civil de Gipuzkoa fue
asesinado a tiros en el céntrico restaurante Frontón de Tolosa. Ayer, como cada
uno de estos últimos 17 años, su viuda, Maixabel Lasa, y su familia recordaron
a Juan Mari en la intimidad con una excursión al monolito de Burnikurutzeta que
sus amigos levantaron en su memoria, una ofrenda floral y una comida. Una
jornada protagonizada por sus amigos de siempre. Sus amigos de Legorreta y de
Tolosa, y los que el «hombre bonachón, bromista y campechano que era Juan
Mari», aseguran, hizo en los años que estuvo en política.
«Desde hace tiempo, este encuentro de los que fuimos
sus amigos ya no tiene carácter institucional. Preferimos hacerlo así, con la
gente que de verdad le queríamos, sin cámaras ni fotógrafos», confesó a este
periódico Joxemari Villanueva, el organizador de una jornada que ayer reunió a
más 50 personas. El exalcalde de San Sebastián y diputado del PSE-EE, Odón
Elorza, el diputado foral, José Ignacio Asensio, y la alcaldesa de Tolosa,
Olatz Peon (PNV), fueron algunos de los que se dieron cita para homenajear «a
un vasco hasta la médula, emprendedor y con una humanidad desbordante, que no
conocía el miedo», recuerdan quienes le conocieron bien. Jáuregui tenía muchos
amigos en la política, muchos de ellos nacionalistas. Nunca rompió el diálogo
con la gente de HB, ni en los peores momentos. Un socialista contrario a la
política de frentes y abierto a tender puntos de encuentro. Para desesperación
de sus escoltas, en el Frontón donde ayer se le homenajeó, podía ser
sorprendido almorzando o cenando cuando era gobernador de Gipuzkoa.
Su compañero socialista Odón Elorza le dedicó ayer,
en Legorreta, unas palabras, igual que Villanueva. Después, la excursión al
monolito de Burnikurutzeta, una estela en su recuerdo «que tres veces fue
destruida y luego reconstruida», recuerda su cuadrilla. Su viuda, 'Marixabel',
como él le llamaba, pasó el día como pudo y como lo que es: 17 años sin él.
«Intentando llevarlo de la mejor manera posible. Son días raros...», confiesa
cada año en estas fechas dolorosas. Echa de menos a su compañero y amigo. Ayer
fue un día amargo pero reconfortante a la vez, junto a su hija, María, y sus
nietas, Nerea y Leire. Un día de verano que terminó en torno a una larga
sobremesa.
Los tuits son opiniones y no
enaltecen el terrorismo, según en Tribunal Supremo
Los tuits
realizados por un usuario no constituyen delito de enaltecimiento del
terrorismo según ha confirmado el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo ha confirmado hoy laabsolución de un acusado de enaltecimiento del terrorismo al considerar
que los tuits por los que se le acusaba eran opiniones. El alto
tribunal considera los mensajes de mal gusto pero están amparados por la
libertad de expresión.
La Sala de lo penal del Tribunal Supremo especifica
que para condenar este delitohay que acreditar la finalidad
del mismo. En este caso, y después de haber analizado cuatro
tuits que se publicaron entre el 15 de mayo y el 22 de julio de 2014, se afirma
que son opiniones sin connotaciones de enaltecimiento.
¿De qué estamos hablando?
En concreto, el acusado
había difundido una imagen del logotipo de Askatasunajunto con una foto de la bandera de la
organización ilegalizada sugiriendo a otro usuario de Twitter a usarlas para
protestar por la dispersión de los presos de ETA.
Otro de los mensajes
era una foto de la salida de prisión del miembro de ETA Txomin Lessende
Aldekoa con el mensaje en euskera: "Txomin Lessende, libre,
bienvenido". Otro de los mensajes contenía el siguiente
texto: "EH BILDU condena el ataque a un cajero de Kutxabank ¿Cómo
quieren que se defienda a la ciudadanía de la
banca?, ¿pidiéndolo por favor? Fariseos".
El Tribunal también
considera que los mensajes de otros usuarios que el acusado compartió también
son opiniones y no enaltecimiento. Pero matiza que hay que tener cuidado a la hora de retuitear ya que "la reflexión, desde el punto de vista
del elemento subjetivo, puede quedar más desvanecida". Finalmente concluye
que los mensajes "se limitan a pedir amnistía para los presos de ETA y
celebrar la libertad de los mismos".
Opinión:
pues si los tuits son opiniones y no enaltecen el
terrorismo, me gustaría saber cómo acabaría el asunto del repugnante tuit de
Alfonso Rojo de hace unos meses si la Fiscalía hubiera actuado de oficio...
aunque tal y como está la justicia ya me imagino el resultado...
