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septiembre 2014 (06.09.14)
Fin del plazo
Muchas víctimas del terrorismo aún no saben que tienen derecho a ser
indemnizadas por los ataques sufridos
En
diciembre de 2010 y 2011 tuve el doble honor de ver como el maestro Eduardo
Martín de Pozuelo publicaba en La Vanguardia mi investigación (conjunta con Xavi
Ceresuela) sobre terrorismo en Cataluña. Los tituló “Un centenar de muertes
olvidadas” y “Medio siglo en el mapa del terror” y en este último destacó una
frase: “muchas víctimas aún no saben que tienen derecho a ser indemnizadas por
los ataques sufridos”. Esa advertencia podía haberse quedado simplemente en un
subtitulo, como si el hecho contrastado de la existencia de decenas de
ciudadanos afectados por un atentado y no informados de sus derechos fuera lo
normal en un país avanzado.
Pero la frase fue premonitoria, porque el pasado día 2 de
septiembre se publicó un breve en la sección de política, una de esas noticias
conocidas como “de agencia”. El titular advertía que “se acaba el plazo de
ayudas a víctimas del terrorismo”. Ciertamente el plazo se acaba el próximo día
19 por lo que las víctimas que tengan derecho a percibir las diferencias
económicas entre la antigua legislación y la actual tienen todavía unos pocos
días de margen.
Pero aunque hay algunos detalles que por la experiencia
acumulada desde el atentado en “Hipercor” me dan razones para pensar mal y
acertar, solo presento ciertas dudas sobre la temporalidad de este anuncio en
estas fechas, porque habría sido mas práctico para los afectados leerlo justo
tras la aprobación de la última legislación, en septiembre de 2013. Así no
habría tenido que contactar personalmente con muchas víctimas para informarles
y nos habríamos ahorrado muchas horas de investigación y gestiones
infructuosas.
¿Ejemplos? Hay víctimas que, tras haber solicitado a la
administración una copia de su expediente han recibido un sobre con unas pocas
páginas mientras la propia víctima tiene en su poder cientos de folios con
decenas de documentos diferentes. Aunque hay quienes solo tardaron dos o tres
días en curar de sus lesiones y no sufren secuela alguna, hay otras que
estuvieron ingresadas en hospitales tardando cientos de días para curar o para
ver establecidas definitivamente sus secuelas incapacitantes. Por esta razón
hay casos en que la administración ofrece una cantidad y lo que las víctimas
tienen archivado en sus expedientes caseros se cifra en cantidades muy
superiores.
Por suerte hay quien ha guardado todos los papelitos por
insignificantes que pudieran parecer pero ¿qué pasa con aquellos que, tras la
primera legislación de diciembre de 1999, destruyeron la documentación pensando
que nunca más sería necesaria? Y no podemos olvidar a las víctimas mortales de
atentados anteriores al año 1985 aproximadamente cuyos herederos también
merecen conocer la normativa.
Es de agradecer que, al menos, se reconoce que “las
víctimas que nunca han sido indemnizadas y que tengan derecho” tienen hasta el
día 19 para ejercerlo. Pero ¿cómo conocerán ese derecho si nadie las localiza y
les informa? Ese es el otro problema añadido y tiene relación con la frase que
decía al principio. Tras meses de investigación aparecían nombres y apellidos,
lugares y sentencias, donde se podía comprobar que alguna banda terrorista
había perpetrado un atentado y de cuyas víctimas cabía sospechar que se
desconocía la situación actual. La suma de esos datos aportó una cifra cercana
a los trescientos ciudadanos que sufrieron atentados en Cataluña de los que se
desconocía si habían solicitado el reconocimiento de sus derechos, sobre todo a
partir de la Ley
de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo aprobada en 1999, preparada y
tramitada en plena duración de una de las mal llamadas treguas de la banda
terrorista ETA.
Sería una agradable sorpresa saber que esos ciudadanos
solicitaron al Ministerio de Interior el ser beneficiarios de esa legislación a
finales del siglo pasado o incluso desde septiembre de 2013. Me reconfortaría
que lo hubieran hecho la mitad o incluso dos terceras partes aunque me permito
sospechar que ello no ha ocurrido, sobre todo cuando veo que los expedientes y
las llamadas de víctimas del terrorismo anónimas se amontonan en la mesa de
trabajo, en mi blog y en mi correo. Y es que si aún existe una sola víctima que
no ha sido informada estaremos hablando de indefensión, la enorme indefensión
que sufrimos décadas atrás hasta que a cuatro víctimas, tres abogados y una
psicóloga se nos ocurrió exigir una legislación acorde a la situación de la
victimología terrorista en España.
Tras tanto trabajo duele explicar que en marzo solicité al
Ministerio de Interior que realizara la búsqueda y no me consta noticia alguna
al respecto. A ello hay que sumar que la administración catalana cerró en 2012
la oficina que podía realizar, entre otras numerosas tareas, esta búsqueda con el
pretexto de los recortes presupuestarios. El motivo para tanta prisa y tan poco
tiempo de margen… ¿No será simplemente económico?
Mientras tanto, el día 20 se cumplirán 37 años del atentado
perpetrado por la extrema derecha contra la revista El Papus… ¿alguien con los
recursos técnicos suficientes se ha dedicado a saber qué ha sido de la mayoría
de heridos de aquel atentado?
Opinión:
He esperado a hoy lunes para presentar esta información porque sabía
que traería consecuencias. Ya han sido siete las llamadas recibidas desde el sábado
para mantener una entrevista sobre el tema con personas que muestran interés en
la información.
Si los responsables de informar a las víctimas del terrorismo lo hubieran
hecho desde el primer día ¿cuántas se habrían podido beneficiar?
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