martes, 3 de febrero de 2015

03 febrero 2015 ABC (opinión)

03 febrero 2015



Razones para un acuerdo de Estado







Con el actual Código Penal, el desplazamiento a otros países para recibir adiestramiento, el adoctrinamiento pasivo a través de internet o la incitación a cometer atentados a través de las redes sociales no pueden castigarse como delitos de terrorismo
La regulación actual de los delitos de terrorismo en el Código Penal vigente adolece de importantes insuficiencias para hacer frente a amenazas terroristas, en especial las de origen yihadista. Conductas como el desplazamiento a otros países para recibir adiestramiento en el uso de armas, el adoctrinamiento pasivo a través de internet o la incitación a cometer atentados a través de las redes sociales no pueden castigarse como delitos de terrorismo con la normativa en vigor. Son varias las operaciones de las Fuerzas de Seguridad en las que se ha comprobado la importancia de estas lagunas judiciales.

Viaje a la yihad y adoctrinamiento

Durante la conocida como operación Frambuesa, de septiembre de 2011, agentes de la Guardia Civil detuvieron al cubano converso José Ernesto Feliú Mora. El 27 de abril de 2010 este individuo viajó hasta Burlgaria, siendo rechazado en la frontera con Turquía. Segun comprobaron los investigadores, estaba en contacto con un facilitador de Al Qaeda en Pakistán y, además, a lo largo de sus actividades criminales editó más de 1.200 vídeos de enaltecimiento y formación terrorista. Incluso, había mostrado su intención de viajar a Afganistán para luchar. Pues bien, en la actualidad este individuo se encuentra en libertad, pendiente de que acabe la instrucción del caso y, por tanto, a falta de que se haya señalado una fecha para el juicio.
Ayuda para atentar en España
Durante la operación Led, realizada por agnetes de la Comisaría General de Información de la Policía en junio de 2014, fue detenido Kamal Joao Carlos Luizito, usuario de un foro yihadista desde el que se solicitaba ayuda para atentar en España. Este sujeto, que formaba parte de una autodenominada Brigada Al Andalus, hizo trabajos de reconocimiento de potenciales objetivos, entre ellos diferentes edificios oficiales de Huelva. A lo largo de la investigación quedó acreditada su intención de obtener un arma y captar a otras personas para, previsiblemente, materializar alguna acción. Como el anterior, este sujeto está en libertad y a la espera de juicio, a pesar de que el grupo al que pertenecía «había incrementado de manera significativa la peligrosidad, convirtiéndose en una grave amenaza para la seguridad nacional», según señalaban por entonces fuentes del Ministerio del Interior.
Un activista de las redes sociales
Mohamed Hamido Mohamed, de nacionalidad española, fue detenido el 24 de junio del pasado año en Ceuta durante la operación Veneno de la Guardia Civil. Se trataba de un individuo muy activo en las redes sociales, desde donde enaltecía y justificaba la yihad, mostrando además indicios, según los investigadores, de que estaba dispuesto a pasar a la acción en cualquier momento. Como prueba de ello está el hecho de que en el registro de su vivienda se encontró arma y munición, además de medio kilo de hachís, dos ordenadores, y numerosos dispositivos informáticos y documentos. La Guardia Civil seguía sus pasos desde 2012. También está libre y no hay fecha de juicio.



Opinión:

Estas prisas para firmar un pacto contra el denominado terrorismo yihadista me levantan muchas suspicacias. Se sufrió una serie de atentados en marzo de 2004 con el resultado de 191 asesinados y mas de 1700 heridos ¿y han tardado 11 años en plasmar un pacto contra ese tipo de terrorismo? Mientras tanto, ¿qué se ha hecho?
Hemos sufrido atentados con ciudadanos españoles en el extranjero… ¿cuál es su situación legislativa actual? ¿Se recoge en este pacto recién firmado algún cambio en el trato que deben recibir?

Y hablo de los atentados en Madrid del 11M pero en abril de 1985 (sí, 1985) ya hubieron 18 asesinados en otro atentado del mismo signo también en Madrid. Por lo tanto, podríamos hablar de 30 años de retraso en decidir cambiar la legislación.

Y ello por no hablar de la nueva definición de lo que se entiende en España como terrorismo. Es un tema digno de estudio.



















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