14 julio 2026 (06.07.26) Viento Sur

 

14 julio 2026 (06.07.26)

Entrevista a Àlex Romaguera

Álex Romaguera es periodista especializado en temas de derechos humanos y la memoria histórica. Entre otros trabajos, ha escrito el libro, en catalán, “Victimes en so de Pau”, (Pagés Editors, 2021), siendo entrevistado para esta revista con tal motivo por Marc Casanovas. Ahora vuelve con el tema de las víctimas desde otra perspectiva, muy interesante y necesaria, como es la jerarquización de las víctimas y la dinámica excluyente de muchas víctimas, entre otras, las que lo fueron del denominado terrorismo de Estado, o a consecuencia de la violencia de los grupos policiales, parapoliciales y extrema derecha cobijada por los aparatos del Estado. El título es significativo y da cuenta del contenido: Víctimas SA. (Txalaparta, 2025). Detrás de este nombre aparentemente comercial hay una estrategia y práctica política, con muchos tentáculos en todos los ámbitos del Poder.

Begoña Zabala. El título ya nos da una pista de por dónde va a ir este libro, pero me gustaría saber qué es lo que te lleva a tí a entrar en el tema de las víctimas del terrorismo y qué es lo que pretendes desvelar con esta cuasi denuncia del titular.

Alex Romaguera. Sobre el año 2011-2012, tuve contacto con Robert Manrique, una de las víctimas de Hipercor, que lleva muchos años discrepando de la línea de la AVT (Asociación Víctimas del Terrorismo), y de la dirección política del colectivo. En ese tiempo él estaba en contactos y reuniones con Rafael Caride Simón, autor material del atentado y me acercó a través de su experiencia a toda una realidad de víctimas, de personas que tenían una posición muy diferente al relato oficial de la asociación. Sobre todo tenían en común, aparte del sufrimiento, una segunda victimización o revictimización, que era el desprecio y el ninguneo, por parte de las autoridades al no reconocerlas como víctimas. O que, en su recorrido vital, como familiares, como víctimas, no habían tenido los tres derechos fundamentales que están establecidos para Naciones Unidas desde el 1997, que son los principios esenciales del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, también conocidos como lo “Principios de Joinet”.

Además, vi que había un colectivo de víctimas que estaba muy invisibilizado y que apenas tenían voz en el relato oficial. Eran las víctimas causadas por los aparatos del Estado, por la extrema derecha, por los GAL, incluso algunas víctimas de ETA, que por sus posiciones progresistas, también habían sido apartadas, por parte de las autoridades, y muy silenciadas o, incluso, criminalizadas, por defender el diálogo.

Al observar que hay una realidad invisibilizada o silenciada, por los grandes medios, veo que debo hacer un libro para explicar esto, y así nace Víctimas SA. Su finalidad es constatar cómo desde la derecha y la extrema derecha, pero en su momento también, en parte, por los partidos dinásticos del Estado del régimen del 78, se construye una narrativa en torno a la violencia, que justamente ampara a las víctimas de los grupos insurreccionales que se opusieron la transición, pero ningunean, arrinconan y silencian toda otra serie de vulneraciones, que son las cometidas por el propio Estado, por la guerra sucia, por los grupos parapoliciales, etc. A partir de ahí nace mi análisis de conocer que hay unas víctimas invisibilizadas, es decir, ¿por qué están invisibilizadas? Porque se construye una arquitectura legal que solo da amparo a una violencia.

Este tema lo analizan muy bien Jon Mirena Landa y Carlos Martín Beristain, que desvelan que la ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo es una petición que hace la AVT, que además interviene en su redactado, y es la que Aznar impulsa en ese año. Ya solo está pensada para proteger, amparar, reconocer y dar atención a las víctimas de ETA. Y secundariamente a las de los GRAPO y del Jihadismo.

 A partir de ahí, obviamente, se sienta una jurisprudencia determinada y un marco que, ya de entrada, contraviene, lo que establece el convenio internacional para la represión del financiamiento del terrorismo, que es una normativa aprobada por la Comunidad Europea, el mismo año 1999 y que el Estado Español ha ratificado. En ella se dice que las leyes sobre terrorismo tienen que atender, no solo a las víctimas de los grupos que han atentado o que combatían con las armas contra el orden establecido, el orden constitucional o legal, o el status quo, que son las que califica el estado de terrorismo, sino que también tiene que considerarse terrorismo las acciones perpetradas por los mismos cuerpos policiales del Estado. Hay que equiparar y todas las vulneraciones tienen que tener el mismo rango de reconocimiento y de atención.

Por lo tanto, la ley 32/1999 ya nace con esta anomalía democrática, con este déficit o carencia, que solo reconoce unas víctimas de la violencia ocurrida en el Estado desde el tardofranquismo hasta la actualidad, y deja sin ese reconocimiento a muchas otras. En 2011, con la ampliación de la ley, mediante la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral, ya incorpora a algunas víctimas de la guerra sucia. Por ejemplo, dice que se tienen que reconocer a las víctimas del GAL también, las de grupos de extrema derecha…, pero, aun así, a todas estas víctimas el Estado les ha negado las prestaciones y las indemnizaciones con el argumento de que eran victimarios, ya que habían empleado la violencia para combatir. Por lo tanto, aunque la ley dice intentar acomodarse, hay una inequidad brutal.

B.Z.  Si bien la historia de las asociaciones de víctimas del terrorismo es de larga historia, yo creo que es interesante hacer hincapié en la historia más reciente a la AVT (Asociación Víctimas del Terrorismo), desde principio de siglo, y, como señalas, desde la ley de 1999 y los siguientes  hitos de su evolución y del desarrollo legislativo que se ha ido produciendo en este tema, especialmente, cuando está en el gobierno del Estado la derecha.

A.R. Tras el atentado contra Miguel Ángel Blanco de 1997, la AVT encuentra el contexto social favorable para presionar al nuevo gobierno de Aznar, para que promueva la ley, y aquí ya tiene una primera conquista o un primer hito, ya que consigue que la ley se acomode a sus postulados. Después, tras el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo del año 2000, que pactan PP-PSOE en el 2001, nace la Fundación Víctimas del Terrorismo, que es el ente estatal, donde a modo de paraguas, se cobijan todas las asociaciones reconocidas del Estado, que serían unas 30 ó 35. Entonces el tándem PP-PSOE le asignan la presidencia Ana María Vidal-Abarca, que fue la fundadora en el año 1981.

Con este paso le confieren, de alguna manera, el estatus de entidad de referencia. Y así empieza la nueva andadura de la AVT. Tras el abandono de Ana María Vidal-Abarca como presidenta. En la primera junta están Daniel y Luis Portero, hijos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que murió en atentado de ETA y ya se entrevé cómo el ala dura del PP está detrás para que esta entidad empiece a girar su posición y salir de la equidistancia que había mantenido hasta entonces. A partir de ahí va a empezar a extralimitarse en sus funciones. Se ve muy claro, por ejemplo, cuando en mayo de 2003, ante los comicios vascos para el Parlamento, Luis Portero, como presidente de la AVT, difunde un comunicado recomendando a la población vasca que vote a partidos constitucionalistas, que eran el PP, el PSOE y Unidad Alavesa.

Es la primera vez que ya se constata que hay un giro. Y, por tanto, la AVT ya deja de ser la casa común de las víctimas, y ahora es por las víctimas de ETA, básicamente. Y esto se acaba de apuntalar el año siguiente, en el 2004, cuando entra Francisco José Alcaraz como presidente.

Alcaraz, que era una persona ya muy escorada a la derecha, (perdió a dos sobrinos en el atentado del 87, en la casa cuartel de Zaragoza) con el apoyo del PP empieza lo que se llama la Rebelión cívica. Esta es una estrategia para decantar a la AVT hacia posiciones cada vez más conservadoras, apuntarse a la teoría de la conspiración, que algunos medios de comunicación hacen tras la entrada en el gobierno de Zapatero, acusándole de haber aprovechado los atentados yihadistas del 11M de Madrid para auparse en la Moncloa y desbancar al PP. Así con el apoyo, sobre todo, del ala dura del Partido Popular, empieza toda una estrategia destinada a deslegitimar al nuevo Ejecutivo socialista. También cuenta con el apoyo, especialmente, de la Conferencia Episcopal y de grupos ultracatólicos, como Hazte oir, para oponerse a cualquier medida legislativa de corte progresista. Este es el momento en que, contraviniendo sus propios Estatutos, que en su artículo 3 dice claramente que su función es atender a las víctimas y darles apoyo social y apoyo psicológico y declararse como una organización apartidista, confesional y apolítica, empieza claramente a hacer manifestaciones contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y contra la ley de matrimonios homosexuales. Así seguirá con otras medidas.

En términos penales y de políticas de criminalización empieza toda una ofensiva para perseguir a gente del mundo de la cultura que se manifieste contra otro modelo de sociedad. También durante ese periodo hay cantidad de querellas contra grupos o contra Ayuntamientos que contratan a grupos vascos de música y a personas del mundo de la cultura. Hay una campaña contra Luis Medem por la película La pelota vasca; otra ofensiva contra los obispos vascos, José María y Juan María Uriarte, porque apuestan por una solución democrática; hay artistas que son perseguidos y prohibidos como Berri Txarrak, Sociedad Alcohólica, Betagarri, Fermín Muguruza; Incluso se personan en la causa contra los directivos de Egunkaria.

Toda esa trayectoria dura hasta 2008, y ya en este periodo de cuatro años se ve cómo todos los sectores progresistas se van desmarcando de la AVT, pues consideran que  está contraviniendo y vulnerando sus propios estatutos. Es en estos momentos donde aparecen con mucho protagonismo Pilar Manjón y Gorka Landaburu, que en este momento lidera el Grupo Vasco de Víctimas del Terrorismo y algunas delegaciones autonómicas, como la andaluza o la catalana. Son delegaciones de la AVT de ámbito autonómico provincial que se desmarcan de la línea oficial. Hay una fractura clarísima e incluso Ana María Vidal-Abarca, como vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, hace unas declaraciones diciendo que esta no es la AVT en la cual ella había pensado. Aunque ella es una persona ultracatólica y muy españolista, ve que la AVT está muy escorada y está siendo utilizada por la derecha para erosionar al Partido Socialista y, sobre todo, para entorpecer todos los procesos de diálogo y negociación que Zapatero abre en relación al conflicto vasco. Y desde entonces la AVT ha seguido esta senda, manteniendo esta actitud de lobby al servicio de los intereses de los partidos de la derecha

B.Z. Y ahora, ¿en qué momento piensas que está la AVT? ¿Sigue esa misma línea o se está dando una nueva situación con la entrada de VOX en los gobiernos de las Comunidades Autónomas de la mano del PP?. Y en este sentido, se ve cómo el papel y el juego político del PSOE también ha sufrido un desplazamiento de posiciones que es interesante analizar.

A.R. Desde luego la AVT es una pieza clave en la ofensiva reaccionaria que tiene lugar en el Estado español protagonizada por PP y VOX y varias entidades de corte ultracatólico reaccionario desde Hazte Oir, Manos Limpias hasta Grupos de extrema derecha. Forma parte de ese conglomerado en la medida en que utiliza el dolor de las víctimas para atacar a toda la izquierda y para imponer una narrativa en torno a lo que ha acontecido en el Estado español, hasta el punto de dar apoyo a la ley de concordia. Me refiero la ley que PP y VOX están aprobando en aquellas Comunidades Autónomas donde gobiernan derogando la ley de memoria democrática de 2022 que impulsó Pedro Sánchez. Lo que está haciendo es arrogarse la representación de las víctimas y utilizarlas como ariete de esa ofensiva reaccionaria, vinculando a las víctimas con personas que tienen un ideario determinado.

La AVT está en esa lógica, incluso cada vez más, de carácter político y escorada a ese ideario que recoge, de alguna forma todos los principios del movimiento. A favor de la familia, con actitudes en sus manifestaciones muy castrenses, vinculada con los sindicatos policiales más reaccionarios o más ultraconservadores y comprando e instando a esa narrativa totalmente guerra-civilista. Hasta el punto de que en las pasadas elecciones estatales hizo suyo el lema “Que te vote Txapote”, aplaudiendo a los grupos de VOX y de PP.

Con cualquier motivo, o en cualquier dialéctica política sacan a relucir la existencia de ETA, que según dice está representada en las instituciones por los diputados de EHBildu.  Del mismo modo que denuncian un supuesto pacto de las fuerzas nacionalistas con los socialistas para desmembrar la unidad de España. De ahí que se opusiera también al referéndum catalán del 7-N de 2019 y al del 1 de octubre de 2017, ante los cuales suscribió los manifiestos impulsados por la Sociedad Civil Catalana y otras plataformas españolistas.

Esta es una de sus divisas. Y la otra, que yo pienso que incluso se está viendo más en los últimos años, es la de apuntarse a un discurso netamente islamófobo. Después utilizan el discurso reaccionario de que los progresistas lo que quieren es diluir la identidad española, incorporando y regularizando inmigrantes, a toda una comunidad que, según la asociación atenta contra la identidad y la seguridad de los españoles. Es realmente curioso, porque, pese a que Maite Araluce, hija de una víctima de ETA, es la actual presidenta, tienen como presidenta de honor a Ángeles Pedraza, madre de una chica muerta en el atentado de Atocha del 2004. De esta forma, la exhiben a ella como una de las víctimas de este islamismo que va arraigando. Así terminan diciendo que gracias al buenismo de la izquierda de favorecer que el Estado español acoja a la comunidad musulmana, ésta en las mezquitas vende su discurso islamista. Con ese cóctel, van atizando el odio y lo van utilizando políticamente para demonizar y estigmatizar a la izquierda.

Esto ligado al hecho de que, con el ministro Grande-Marlaska se termina con la política de dispersión de los presos, formalmente, y coincidiendo con el acercamiento de algunos presos significativos, vuelven a salir a la palestra para decir que es un atentado al honor de las víctimas y a su dignidad. Hasta tal punto llegan, que la AVT le retira a Grande-Marlaska la Cruz de la Dignidad, acusándole de acercar a los presos y de legitimar así la lucha ETA. Y eso que, por supuesto, es una medida exigida legalmente por la legislación penitenciaria.

B.Z.  La idea de puertas giratorias que planteas en el libro, pero en el sentido político institucional, más que en el económico clásico de las grandes empresas, me parece una idea importante, de cara a destapar estas prácticas de utilizar las instituciones para intereses propios partidistas, lo que rompe totalmente con la idea super-repetida de sociedad civil.

 

A.R. Sobre todo la figura que más está haciendo esto para dar la voz a la AVT y acompañando este discurso es Días Ayuso desde Madrid. Hay que ver cómo ha incorporado en esta dinámica de puertas giratorias en los puestos directamente políticos en las instituciones a muchos representantes de la AVT. Desde el 1999 hasta ahora, tiene 4 o 5 diputados que son de las juntas de la AVT más conservadoras.

B.Z. Además de los entramados organizativos y de la esfera político-institucional, toda la arquitectura jurídica que se está armando, me parece alarmante y peligrosa. Dado, además, que está llevando a una práctica policial-judicial inusitada, que de forma permanente se está denunciando porque parece que pone en cuestión de la universalidad de los derechos humanos y de los derechos específicos de las víctimas, sin jerarquizarlas ni excluirlas por posicionamientos ideológicos.

A.R. Ellos están al servicio del proceso de involución y del blanqueamiento del franquismo y están reseteando algunos de los principios fundamentales de esa trilogía de Dios, patria y familia que son para ellos los tótem que hay que defender. Cualquier iniciativa a favor de la familia tradicional, pues ahí aparece el militarismo, con alusiones al autoritarismo, a esa mirada decimonónica reaccionaria que ha incorporado la AVT también con los años.  Es también esa liturgia del canto de la muerte en algunas manifestaciones de los legionarios, o la izada de la bandera en algunas protestas y concentraciones. Incluso miembros de AVT han ido a manifestaciones de JUSAPOL, que es el sindicato de policías promovido por VOX.

Están en esa lógica de confrontar y debatir utilizando el dolor de las víctimas, las víctimas son incuestionables. El hecho de que han perecido en este áurea de la verdad las pone en la primera fila. Es como decir: “nosotros somos los que hemos padecido todas las políticas de la izquierda y, ahora, los victimarios de todo esto, los enemigos de España están pactando con el PSOE”. Sustentan ese discurso totalmente maniqueo de buenos-malos de que solo hay unas víctimas y una sola verdad y en esa lógica de la ley de concordia van también equiparando a las víctimas del franquismo con las que supuestamente hizo la segunda república. Así intentan tergiversar la historia y reescribirla.

Con respecto a la ley de 1999 ha que señalar que después de una ampliación y una actualización en el 2011, continúa estableciendo en sus bases una primera categoría de víctimas, de las que resultan de las acciones que son las cometidas por los grupos insurreccionales o grupos que atentaban contra el orden establecido, dejando en un segundo plano las causadas por los GAL y la extrema derecha, y sin ningún tipo de reparación ni reconocimiento las perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado y otros funcionarios públicos.

En la medida en que la sociedad civil y la izquierda han abierto alguna línea de investigación y reivindicación respecto al pasado y a la Memoria, y eso incluye las fosas comunes, los niños robados del franquismo, las empresas que se enriquecieron con el trabajo esclavo, siempre ha salido la AVT haciendo un eco de lo que dicen los partidos de la derecha: “No tenemos que mirar el pasado, no tiene que haber otra vez este discurso de las dos Españas, abriendo heridas.” Su relato viene a poner en evidencia que la transición no se ha hecho en términos de justicia transicional y así se ha favorecido el que los aparatos económicos, políticos y judiciales y las estructuras procedentes del franquismo se perpetuaran. Y no hubo depuración en caso alguno. Así, cualquier iniciativa que discrepe de que la transición fue modélica y pacífica, y que estamos en la España de la que todos nos dotamos, es rápidamente demonizada. Y, aunque el PP votó en contra, ahora exhibe la Constitución diciendo que no se la toque pues fue la que permitió el reencuentro de los españoles. Por lo tanto, hablar del pasado es hacer heridas. Así estamos en esta situación en que, mientras que algunas víctimas fueron reparadas hay otras muchas que hoy continúan sin el debido reconocimiento.

En este tema el PSOE siempre ha hecho un juego de equilibrios. Tiene un segmento de gente que proviene del viejo falangismo, de ese falangismo que se acomodó a la nueva situación de la transición, pero no que no tiene visos de que realmente hiciesen una ruptura con lo anterior. Estamos en esa dinámica. La de esa derecha intentando retrotraernos a esa España oscura, autoritaria, de los buenos/los malos, las víctimas/los victimarios, dicotómico, y una izquierda representada por el PSOE que dice por un lado “te reconozco a Txiki y Otaegi, o a Yolanda González, te reconozco a algunas víctimas”, pero después no hace lo mismo con otros casos. Por ejemplo en 2005, José Bono, Ministro de Defensa hizo desfilar en la Castellana el 12 de octubre, día de la hispanidad, a miembros del bando republicano con otros de la división azul. O que ahora Marlaska se opone a la reivindicación de Barcelona la comisaría de la Vía Laietana sea reconocida como sitio de memoria. Y señala que es un espacio que ejemplifica la democracia de España, la policía al servicio de los ciudadanos. Hay un sector del PSOE, que son los viejos capitanes Marlaska, Margarita Robles u otros que influyen desde la sombra, como José Bono, Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra o el mismo Felipe González, que son los que frenan esas iniciativas.

Incluso en la ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2007, con el Gobierno de Zapatero y también en la reciente Ley de Memoria Democrática de 2022, las enmiendas que presentaron izquierda Unida, Esquerra, Bloque,… no fueron reconocidas por el PSOE, porque iban un poco más allá. Respecto al pasado, respecto a los crímenes del franquismo, eran mucho más contundentes.

Así hay que ver que los crímenes del franquismo los están dirimiendo en Argentina, por parte de la jueza Servini. Pues esto es una anomalía democrática a ojos de la Comunidad Internacional, y de los relatores de Naciones Unidas, indica que el Estado Español tiene muchos deberes por delante en materia de memoria. No podría homologarse como una democracia.

B.Z. En ese sentido es importante señalar que existe una normativa internacional importante que muchas veces no es aplicada, con las excusas suficientemente rebatidas de la prescripción, de la ley de Amnistía, de la pertenencia a determinadas organizaciones armadas…..

A.R. En el libro, por ejemplo, identifico algunos episodios importantes en ese sentido. Por ejemplo, cuando se legaliza a EH Bildu y Sortu, se activa la AVT diciendo que esto es un insulto a las víctimas. Después en el 2012, cuando el tribunal de Estrasburgo deroga la doctrina Parot, sale la AVT acusando a Rajoy de venderse y de no ser suficientemente contundente incluso le conmina a que España salga del Convenio Europeo de DDHH por haber aceptado que se insulte a las víctimas tras esa sentencia.  También en el año 2018, cuando prospera el recurso de Otegi, en el caso Bateragune, y el Tribunal Europeo sentencia declarando nulo el proceso que se siguió contra él por falta de imparcialidad, la AVT lanza comunicados diciendo que es una vergüenza que Europa exonere a Otegi porque es un terrorista. Después en el 2020, cuando la AVT lanzó su proyecto de Carta Europea de Víctimas del Terrorismo recibe otro varapalo, y en ese sentido, la agencia de DDHH de la UE le dice que dicha carta atenta contra las libertades al señalar como enemigos de la sociedad a las fuerzas progresistas, a las ideas libertarias, e incluso a las propias sociedades de países del mundo musulmán y de los países árabes.

Podemos ver que la AVT tiene ese interés de ser un lobby al servicio de las ideas más reaccionarias.  Aquí lo hace intentando condicionar a la magistratura y a los jueces, y lo hace en la UE a través de la Red Europea de Asociaciones de Víctimas más conservadoras, presionando a través del Parlamento y de la Comisión para que legisle de forma contundente contra la disidencia política.

Es muy interesante ver el papel que está teniendo esa asociación que, claro, ya se ha convertido en parte del bloque de la derecha y de la ultraderecha. De alguna forma, cuando nació en el año 1981 por iniciativa de víctimas de ETA, su misión era legislar para amparar a las víctimas que tuvieran esa condición, pero, escudándose en las víctimas, se ha convertido en el buque insignia de la ultra derecha.

Begoña Zabala forma parte de la redacción de Viento Sur.