09 julio 2026 (08.07.26) (2) Demócrata

 

09 julio 2026 (08.07.26)

La comisión del Congreso sobre los atentados de 2017 se reúne el martes para tratar de cerrar sus conclusiones

La comisión del Congreso sobre los atentados de 2017 en Cataluña votará el martes unas conclusiones marcadas por el choque entre independentistas y partidos estatales.

La comisión del Congreso constituida en febrero de 2024 para analizar los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en agosto de 2017 volverá a reunirse el próximo martes con el objetivo de someter a votación sus conclusiones, tras una labor de investigación que se ha prolongado durante dos años y medio.

Hace unas semanas, los distintos grupos parlamentarios registraron sus propuestas de dictamen y serán esos textos los que se debatirán y votarán en la sesión del martes. Si alguna de las propuestas logra el respaldo suficiente, el informe resultante se remitirá posteriormente al Pleno para su validación definitiva.

Junts y ERC reclaman que la Cámara reconozca "negligencias" del Estado en la prevención de los ataques, un planteamiento que rechazan PSOE, PP y Vox, según se desprende de los documentos de conclusiones a los que ha tenido acceso Europa Press.

En sus escritos, Junts sostiene que "una parte de la responsabilidad" de los atentados se debió a "una negligencia o temeridad de los servicios secretos" por no transparentar los vínculos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki Es-Satty, el imán de Ripoll (Girona) señalado como cerebro de los ataques.

Junts cuestiona la investigación judicial y la muerte del imán

Para Junts, esos lazos se ocultaron "por una decisión política", al producirse los atentados a pocas semanas del referéndum del 1 de octubre, priorizando los "intereses políticos y partidistas" del Ejecutivo del PP "por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda la verdad de lo que acababa de suceder".

El grupo independentista asume la tesis defendida en su día por el comisario José Manuel Villarejo de que al CNI "se le fue de las manos" su relación con el imán de Ripoll y responsabiliza a la cúpula del Ministerio del Interior dirigido entonces por el 'popular' José Ignacio Zoido y a la responsable política de los Servicios de Inteligencia, la vicepresidenta primera Soraya Sáenz de Santamaría. Extiende además sus críticas al actual Gobierno de coalición, al considerar que no se ha procedido a desclasificar toda la documentación relativa a este asunto.

Junts llega incluso a poner en duda que el imán falleciera en la explosión previa de Alcanar (Tarragona) y sostiene que la causa judicial no despejó todos los "interrogantes esenciales" sobre el "origen, la preparación y las posibles responsabilidades de los hechos". Por ello, reclama que la Fiscalía promueva nuevas diligencias judiciales.

Sumar, por su parte, plantea en sus conclusiones que la Fiscalía General del Estado valore la apertura de diligencias preprocesales de investigación "como mecanismo excepcional de satisfacción del derecho a la verdad". La formación plurinacional aboga por "impulsar la elaboración de un relato público, oficial, institucional y riguroso" sobre los atentados "como condición para el cierre emocional colectivo, la dignificación las víctimas y la prevención de narrativas conspirativas".

ERC habla de "fallo institucional grave" y pide reformas

ERC sostiene que el Estado "falló en la prevención" y apunta a una "posible negligencia en la gestión de la información" que CNI y Mossos tenían sobre Es Satty, aunque sin llegar tan lejos como Junts. "Sin afirmar que los servicios del Estado conocieran previamente la preparación concreta de los atentados, la comisión considera que existen indicios para apreciar una actuación presuntamente negligente", señala su propuesta.

Según Esquerra, "La falta de transmisión de información a los Mossos d'Esquadra antes de los hechos constituye un elemento central de posible negligencia institucional y evidencia un fallo en los estándares de coordinación, lealtad institucional y prevención que deben regir la actuación de los poderes públicos ante amenazas terroristas", lo que configura un "fallo institucional grave" que, a su juicio, obliga a depurar responsabilidades políticas y a abordar reformas estructurales para que no se repita un escenario similar.

Junts, ERC y Sumar coinciden también en reclamar la desclasificación íntegra de la documentación relacionada con los atentados, una petición que no comparten ni PSOE ni PP.

Coordinación antiterrorista y papel de los cuerpos de seguridad

Las propuestas registradas por los grupos incluyen referencias a la necesidad de reforzar la coordinación entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de inteligencia en materia antiterrorista y de bases de datos. El PSOE subraya, no obstante, que en los últimos años ya se han producido avances en este ámbito que deben consolidarse.

Los socialistas resaltan la "responsabilidad" y "eficacia" con la que actuaron los Mossos y defienden que la relación entre los distintos cuerpos policiales y el CNI "se siga sustentando bajo el principio de lealtad mutua". Plantean además "formalizar los canales internacionales de alerta sobre personas o entornos de riesgo" y mejorar la coordinación entre Instituciones Penitenciarias y Fuerzas de Seguridad para detectar procesos de radicalización en internos.

Sumar recuerda que el nivel actual de coordinación entre los cuerpos policiales es muy superior al de 2017, "lo que evidencia que las mejoras eran posibles y necesarias", y reclama seguir profundizando en esa línea.

En cuanto a la atención a las víctimas, el PSOE reconoce que la coexistencia de fuentes de información diversas (judiciales, sanitarias, policiales) ha provocado "dificultades prácticas" para su identificación completa, por lo que propone "mejorar los sistemas de coordinación y registro" y reformar la Ley de Víctimas del Terrorismo para incorporar una "definición más amplia, inclusiva y material de víctima del terrorismo, ampliando su reconocimiento, asistencia y protección".

El PP, por su lado, admite que la radicalización de los autores y la preparación del atentado frustrado por la explosión de la vivienda de Alcanar, "como ocurre en muchos casos en los que se actúa con células pequeñas y aisladas, fue inadvertida por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en materia de crimen organizado y terrorismo", incluidos los servicios de inteligencia (CNI y CITCO). No obstante, remarca que "en ningún caso se puede pretender que fue un acto de negligencia".

Los populares insisten en que el imán de Ripoll "no era confidente ni colaborador" del CNI, la Policía o la Guardia Civil y que el CNI "no tuvo la más mínima responsabilidad" en los atentados, como tampoco "la tuvieron los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil".

El PP quiere que conste igualmente "el uso partidista de la información" por parte del entonces presidente catalán Carles Puigdemont, que negó que los Mossos hubieran recibido la alerta emitida en mayo de 2017 por la CIA sobre un posible atentado en Las Ramblas cuando posteriormente se acreditó que sí se había remitido.

Polémica por los bolardos y valoración de Vox

Además, los populares subrayan que, pese a mantenerse el nivel 4 de alerta antiterrorista y a que la Policía había propuesto para las Navidades de 2017 la instalación de obstáculos en zonas de gran afluencia como medida preventiva, esa protección no se aplicó en Barcelona.

Vox, en línea con el PP, recuerda que la comisión parlamentaria se impulsó a instancias de Junts y ERC y concluye que sus trabajos no han aportado elementos novedosos ni han permitido confirmar "ninguna de las graves sospechas que justificaron su impulso".

"Por el contrario, sus trabajos han servido para confirmar la solidez de las investigaciones policiales y judiciales desarrolladas en su momento y para evidenciar la falta de fundamento de muchas de las acusaciones que durante años se han vertido desde determinados ámbitos políticos", recoge el texto presentado por Vox.