08 julio 2026 El País (opinión)

08 julio 2026

El Estado reclama a víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils los costes del proceso judicial

Los padres del niño asesinado en La Rambla o el ‘mosso’ que abatió a los terroristas del 17-A, entre los condenados a abonar los gastos por recurrir la sentencia

Los automatismos de la burocracia conducen, a veces, a situaciones paradójicas. Como la que han vivido algunas de las víctimas de los atentados yihadistas del 17-A, que dejaron 16 muertos en Barcelona y Cambrils y más de 500 afectados por lesiones físicas o secuelas psicológicas. El Estado reclama el abono de parte de las costas judiciales —los gastos del procedimiento— a las víctimas que no quedaron conformes con la sentencia inicial de la Audiencia Nacional y presentaron, sin éxito, un recurso ante el Tribunal Supremo, según la documentación a la que ha accedido EL PAÍS.

El 17 de agosto de 2017, un grupo de jóvenes de Ripoll (Girona), adoctrinados previamente por el imán de la localidad, protagonizó el mayor atentado yihadista en Cataluña. Pasadas las 17 horas, Younes Abouyaqooub arrolló, al volante de una furgoneta alquilada, a decenas de personas en La Rambla de Barcelona. Horas después, sus compañeros desataron el caos en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona). Todos ellos fueron abatidos por la policía. Con los autores materiales fallecidos, la Audiencia Nacional solo pudo juzgar y condenar a tres miembros de la célula terrorista: Mohamed Houli (43 años de cárcel), Driss Oukabir (36) y Said Ben Iazza (ocho), según la resolución final del tribunal.

Los tres condenados presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para rebajar o suprimir sus condenas alegando vulneraciones de derechos. Pero también lo hicieron algunas de las víctimas de los atentados, al considerar que Mohamed, Driss y Said debían ser condenados también por cada uno de los asesinatos cometidos en Barcelona y Cambrils. La célula había planeado, inicialmente, cometer un gran ataque con explosivos en lugares emblemáticos como la Sagrada Familia o el Camp Nou. Pero la explosión fortuita de los más de 300 kilos de TATP —conocido como madre de Satán y usado habitualmente por Estado Islámico, que reivindicó el ataque— que almacenaban en una casa de Alcanar (Tarragona) les obligó a improvisar un plan.

El abogado de cinco de los mossos afectados por los atentados, José Antonio Bitos, argumentó que los acusados conocían también ese plan alternativo y, en cualquier caso, debían responder por las muertes del 17-A. Entre sus representados está el llamado héroe de Cambrils, el agente de los Mossos d’Esquadra que abatió a cuatro de los terroristas que, tras apearse de un coche vestidos con chalecos explosivos falsos, atacaron a diversas personas (una falleció) y causaron el pánico en la localidad. Al recurso se sumaron también los padres de Xavi, el niño de tres años atropellado mortalmente en La Rambla. Su abogado, Agustí Carles, insistió en la falta de vigilancia y la responsabilidad del Estado en lo sucedido.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo rechazó los recursos, salvo el de Said. La sentencia impuso las costas de oficio a las partes que habían apelado, lo que significa que cada una debe pagar sus gastos y también, en parte, los del proceso. A partir de esa resolución, la Abogacía del Estado ha hecho un cálculo de las costas por el recurso contra nueve personas: Driss y Houli, los padres de Xavi y los cinco mossos. En un escrito dirigido al tribunal, el organismo envía una “minuta de honorarios” y pide que el importe se ingrese “a favor del tesoro público” en una determinada cuenta corriente.

La ley y la justicia gratuita

La cantidad reclamada asciende a 2.726 euros, pero la cifra, aunque sea pequeña, es lo de menos para las víctimas. Fuentes cercanas a los afectados lamentan que el Estado actúe “con el piloto automático puesto” teniendo en cuenta que la ley de víctimas del terrorismo, de 2011, contempla el derecho de los afectados “a la asistencia jurídica gratuita en todos los procesos judiciales y administrativos” vinculados a su condición. Fuentes judiciales afirman que es altamente improbable que los afectados acaben pagando, precisamente porque la sentencia inicial reconoce su condición de víctimas. Como reconoció aquella resolución de la Audiencia Nacional, las víctimas han sido las “grandes olvidadas” del 17-A.

“Que el Estado diga que está con las víctimas y que son su prioridad y luego reclame unas costas por pedir derechos es penoso”, opina Robert Manrique, herido en el atentado de ETA en Hipercor e histórico activista a favor de los derechos de las víctimas. Manrique señala que, aunque la ley reconoce la justicia gratuita, es “complicado” llevarla a la práctica en los casos en que la reclamación se dirige, precisamente, contra el Estado. “Es paradójico, porque la ayuda te la ha de dar la parte contraria. Por eso mucha gente, en esos casos, acaba acudiendo a abogados privados”, afirma.

Opinión:

El derecho a “justicia gratuita” para víctimas del terrorismo no ha sido algo que haya existido desde los inicios del terrorismo. Ni mucho menos. Fue el logro a unas solicitudes presentadas y luchadas durante largo tiempo.

Obviamente, no me cabe duda de que cualquier persona relacionada con la abogacía siempre defenderá los intereses de su cliente. Pero también me he encontrado en situaciones en las que ha habido otras víctimas de atentados que mostraban su extrañeza ante el hecho de que, quien defenderá sus derechos, sean personas aportadas por el propio Estado, al que esas víctimas consideran como la parte contraria.

Por ello, conocer noticias como la que se publica en el sentido de que “el Estado reclama el abono de parte de las costas judiciales —los gastos del procedimiento— a las víctimas que no quedaron conformes con la sentencia inicial de la Audiencia Nacional y presentaron, sin éxito, un recurso ante el Tribunal Supremo” es una muestra más de que esa supuesta colaboración y empatía, en muchos casos no se recibe.

Y si además vamos leyendo, día tras día, sobre los “extraños” casos que se dan en juicios de mucha más importancia en los que se mueven exorbitantes cantidades económicas, la sensación de desconfianza e incredulidad va creciendo.