17
julio 2026
El
Tribunal de la UE concluye que la Ley de Amnistía no choca con la normativa
comunitaria y allana el regreso de Puigdemont
Luxemburgo
resuelve las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas
y la Audiencia Nacional
El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido este jueves que la
Ley de Amnistía es compatible con la normativa europea. La respuesta de
Luxemburgo a las cuestiones prejudiciales planteadas ha sido que la norma
española no afecta a los intereses financieros de la Unión ni infringe la
directiva comunitaria contra el terrorismo.
Los
15 magistrados que componen la Gran Sala presentan la norma como "un
instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social". En un
vídeo en español en el que explica las dos sentencias dictadas hoy, el
presidente del tribunal, el belga Koen Lenaerts, destaca que el prósito de la
ley "es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como
facilitar un escenario de reconciliación".
Tanto
el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional habían mostrado sus dudas
sobre el encaje europeo de la ley aprobada en 2024 y las habían llevado a
Luxemburgo a instancias de Sociedad Civil Catalana y de la Asociación Catalana
de Víctimas del Terrorismo. En el primer supuesto se abordaba la
responsabilidad contable por fondos supuestamente derivados para el procés. El
segundo caso afectaba al enjuiciamiento de 12 acusados de terrorismo en la
causa contra los CDR. Ambos procedimientos, que habían quedado suspendidos a la
espera del TJUE, se reactivarán para amnistiar a los encausados.
Respecto
al ámbito financiero, el presidente del TJUE ha leído públicamente la posición
unánime del tribunal: el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea "no
se opone a una norma nacional que amnistía los actos de responsabilidad
contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a
conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un estado
miembro y referente a fondos que no provienen del presupuesto de la UE ni están
destinados a este por el motivo de que esa independencia habría podido
ocasionar una reducción de los recursos propios de la UE".
En
cuanto a la faceta referida al terrorismo, Lenaerts ha comunicado que la
directiva de la UE sobre la materia "no se opone a una ley nacional de
amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un
escenario de reconciliación establece la exención de la responsabilidad penal
de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el
contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de
un estado miembro actos comprendidos en estas directiva que no han causado de
forma intencionada graves violaciones de derechos humanos".
Los
magistrados resaltan que la directiva no dice nada sobre posibles amnistías,
por lo que es prerrogativa de cada Estado miembro decidir el no enjuiciamiento
de ciertos hechos. "En especial", añade, "en aras de un objetivo
de reconciliación nacional o en la búsqueda de un compromiso político [...]
pudiendo concebirse la amnistía concedida de esta manera como un instrumento
adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor".
No
ve el TJUE problemas de seguridad jurídica en la vaguedad de la Ley de Amnistía
sobre a qué tipo de actos terroristas afecta, porque puede ser suplida por la
interpretación que hagan los tribunales nacionales. Tampoco problemas de
discriminación: "No puede considerarse que los delitos cometidos en ese
contexto y los delitos cometidos en otros contextos se correspondan con
situaciones comparables", dice en referencia a que la norma limita su
aplicación a lo relativo al procés.
La
decisión retira un obstáculo al regreso del ex president Carles Puigdemont,
pero no es por sí misma suficiente para librarle de responsabilidades penales.
Ahora se reactiva la fase de la aplicación concreta de la norma al ex
president. El Tribunal Supremo consideró que la malversación por la que está
procesado no quedó amnistiada. Puigdemont recurrió al Constitucional, que
aguardaba a la decisión de hoy del TJUE para resolver ese punto, algo que no
abordará antes de finales de septiembre.
Una
de las posibilidades es que, si el Constitucional impone al Supremo una
interpretación distinta de la malversación que suponga la amnistía de
Puigdemont, el TS presente una nueva cuestión prejudicial que vuelva a
paralizar durante meses la situación del ex president.
En
sus sentencias, el TJUE ha reforzado precisamente el margen de los tribunales
nacionales para acudir a Luxemburgo sin la limitación que se desprendía de la
Ley de Amnistía. El tribunal subraya que esta ley "no debe privar de
efecto útil al procedimiento prejudicial". Eso ocurriría si el plazo
máximo de dos meses que se impone a los juzgados o tribunales para aplicar la
amnistía y alzar las medidas cautelares "fuera aplicable incluso cuando se
haya planteado al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial,
sin que sea posible esperar a que este dicte resolución". "Si se
demostrara que la ley de amnistía contiene disposiciones que dan lugar a este
efecto, deberían dejarse inaplicadas", concluye.
Este
punto es la única objeción del TJUE a la Ley de Amnistía. Respecto a otros
aspectos procesales en los que incluso el Constitucional vio problemas,
Luxemburgo indica que no tienen envergadura suficiente como para merecer su
intervención.
La
disputa aún abierta sobre si la malversación del procés debe amnistiarse no
solo afecta a Puigdemont. El ex vicepresident y líder de ERC Oriol Junqueras
fue condenado en el Supremo por ese delito. Al no amnistiarse, sigue estando
inhabilitado para ocupar un cargo público.
Las
sentencias no hacen ninguna referencia a la objeción clave planteada por la
Comisión Europea: que la Ley de Amnistía era, en realidad, una autoamnistía
incompatible con el Estado de derecho, puesto que había salido adelante, no por
un impulso genuino de reconciliación, sino para que el presidente del Gobierno
contara de nuevo con votos suficientes para seguir en el cargo.
El
abogado general de la UE, en el informe que avalaba la ley, sí abordó el asunto
para decir que no se trataba de una autoamnistía. La Gran Sala del TJUE elude
pronunciarse expresamente, si bien sus múltiples referencias al objetivo de
"reconciliación nacional" suponen dar por buena la justificación del
Gobierno en el preámbulo de la "Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de
amnistía para la normalización institucional, política y social en
Cataluña".
Opinión:
No entraré en el fondo sobre cual debería ser la principal
labor de las entidades que dicen asistir a las víctimas del terrorismo. Pero sí
quiero recordar que, leyendo el último párrafo de la información, eso de la “normalización
institucional, política y social en Cataluña" me retrotrae a mediados de
los años 90, sí… hace unos treinta años cuando un gobierno aceptó indultar a
una serie de miembros de la banda terrorista Terra Lliure precisamente por “la
normalización de la vida social en Catalunya”.
Es más ¿saben ustedes quien se llevó las amenazas y los
insultos por denunciar eso?
Debe ser que entonces los votos y el apoyo de cierto partido
catalán era imprescindibles y necesarios ¿no?
¿Entonces sí y ahora no? Los que negociaron, consiguieron
y aceptaron aquellos votos indultando a condenados por terrorismo ¿ahora estarían
en contra?
Voy a contarles un secreto a voces que molesta a mucha
gente. Los que vivimos todo aquello en primerísima persona, en primera “línea
de fuego”, tenemos memoria y documentación. Y eso, obviamente, enfurece a
algunos que viven del dolor ajeno. Espero que más pronto que tarde se vaya
descubriendo quien es quien…
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