16 agosto 2026 (3) RM

 

16 agosto 2026 RM

NUEVE AÑOS DESPUES. PARA QUIEN QUIERA SABER…

La excelente información presentada hoy por Jordi Ribalaygue en El Periódico de Catalunya es una magnífica oportunidad para recordar lo que llevamos diciendo hace años desde la UAVAT (incluso después de su cierre técnico en mayo 2023 al no poder contar con el soporte legal y jurídico imprescindibles por parte de ninguna administración para seguir haciendo nuestra labor).

Vamos a hacer un relato por orden cronológico.

Tras recibir la llamada de dos víctimas del atentado en Cambrils a través de una periodista (Teresa Pérez, gracias) pudimos comprobar a finales de 2017 el enorme abandono en el que estaban sumidas la inmensa mayoría y en febrero de 2018 creamos la UAVAT (Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme). Iniciamos la labor de búsqueda de los afectados.

Es importante recordar que la primera relación oficial de víctimas apareció al recibir el Auto de Procesamiento en octubre de 2018, relación en la que solo constaban nombre y apellidos de poco mas de 170 víctimas heridas. Ni siquiera la nacionalidad.

Y cabe destacar la “casualidad” de que ya había pasado el año que marca la legislación para que quien cree ser víctima de un atentado, se dirija a la Subdirección General de “Apoyo” a Víctimas del Terrorismo para solicitar tal estado.

En las primeras semanas tras la creación de la UAVAT, de las 75 primeras víctimas que pudimos localizar, solamente tres nos dijeron que tenían conocimiento de la existencia de esa Subdirección. Y 74 de esas 75 víctimas fueron las que se personaron con los compañeros de la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo para ser representadas en el juicio penal que se debería celebrar… la misma asociación que me llamó el día posterior al atentado en La Rambla para ofrecerse en todo cuanto fuera necesario.

El juicio se celebró en noviembre de 2020, mientras seis personas (cuatro psicólogos, una abogada y servidor) continuábamos con la labor de localización y posterior asesoramiento, de manera que el goteo de expedientes enviado a la Subdirección desde la UAVAT era continuo, incluyendo los acompañamientos a las periciales forenses, a las revisiones médicas e incluso respondiendo a los recursos presentados ante la negativa de la Subdirección a estudiar la documentación presentada, respondiendo que había sido presentada “fuera del plazo legalmente establecido”.

La segunda relación de víctimas, la más importante por su entidad jurídica, la tuvimos tras la publicación en mayo de 2021 de los 1.017 folios de la sentencia. En la sentencia aparecían entre familiares de las 16 víctimas mortales y heridos de diversa consideración, casi 350 personas residentes en más de 30 países. Habíamos pasado de casi 170 al doble de víctimas. Como era de esperar, a la administración competente no le agradó ese aumento. Por nuestra parte, nos centramos en estudiar la sentencia a fondo e intentar localizar al mayor número posible de víctimas que aparecían en la misma a las que todavía no habíamos localizado.

Tras la publicación de la sentencia, el estudio pormenorizado de los 68.000 folios del sumario, de los que casi 13.000 relacionaban el histórico de cada persona afectada en su salud física, psíquica o en ambas. Ya teníamos los datos personales (dirección, teléfonos, mails…) de cada una de las víctimas que aparecían en la sentencia.

Entonces, como casi siempre ocurre, la legislación era otro “palo en las ruedas”. La Ley de Protección de Datos nos impidió contactar con las víctimas aún no encontradas por lo que solo cabía esperar que fuera la administración competente quien lo hiciera.

Y por si esto fuera poco problema, había que añadir una sorpresa más. El estudio detallado del sumario aportaba un listado de 125 personas que aparecían en el sumario pero no aparecían en la sentencia. ¿Qué cómo es eso posible? Sinceramente, no quiero escribir lo que pienso al respecto.

Volvamos a las cifras. Si el Ministerio de Interior reconoce que ha resarcido a  232 afectados que figuran en el fallo de la Audiencia Nacional, ya fuera antes o después de que el Tribunal Supremo lo declarara firme en noviembre de 2023… eso significa que hay 136 perjudicados que no han recibido una compensación por daños personales o responsabilidad civil… a los que habría que añadir los 125 que solo aparecen en el sumario. Suman más de 250 personas.

Los datos son claros.

De los 170 heridos que aparecían en el primer listado de octubre de 2018 y tras el trabajo de estudio realizado desde la UAVAT, descubrimos que las cifras aumentan hasta casi 500. Con toda la razón del universo, la sala de la Audiencia Nacional decía en la sentencia que:

“en el presente sumario las víctimas, no  obstante el amparo que merecen a la luz de la citada Ley 29/2011, han sido las grandes olvidadas durante la instrucción”,

“El juzgado acordó la apertura de una pieza separada de fallecidos y otra de lesionados, pero  lamentablemente su tramitación ha carecido de sistemática, impidiendo conocer el verdadero número de personas lesionadas en los distintos escenarios, así como determinar el alcance de los perjuicios sufridos desde el momento en que faltan informes periciales forenses, tanto de lesionados extranjeros, como de residentes en España. Los treinta tomos de la pieza de lesionados se han tramitado de forma meramente acumulativa de denuncias, partes médicos, etc, mezclándose los de las distintas víctimas, lo que se ha tratado de paliar por las acusaciones al formular sus conclusiones provisionales solicitando, muchas de ellas, pruebas periciales anticipadas”.

Ante los resarcimientos realizados desde la administración competente, una pregunta más. Si se les indemnizó según las lesiones que aparecen en la sentencia de mayo de 2021… ¿se ha realizado algún seguimiento posterior para conocer si esas lesiones no han ido en aumento? ¿O para conocer si ha habido intervenciones quirúrgicas y sus correspondientes días de ILT tras el pago de esa primera indemnización?

Es importante recordar este asunto porque tras el atentado en Hipercor ya nos intentaron engañar en esos temas. Hace 40 años. ¿Los tiempos cambian?

Un detalle más. Con las más de 50 víctimas que, cuatro años después del atentado, aparecen en la sentencia bajo el epígrafe “no consta informe médico”, ¿qué ha ocurrido? ¿En cuatro años nadie tuvo tiempo de interesarse en conocer su estado?

Por cierto, los afectados por daños materiales ¿han sido resarcidos? La sentencia también dice que:

“En cuanto a los daños materiales el olvido del juzgado ha sido absoluto, ningún ofrecimiento de acciones fuera del que se realizó por Mossos d’Esquadra en el atestado unido a la pieza de daños, ni se practicó tasación alguna”. ¿Cómo? ¿Los Mossos d’Esquadra? ¿Es que no existe un protocolo de todas las FCSE para estas situaciones?

Resumiendo las cifras… si han sido resarcidas 232 víctimas de un total de casi 500 (entre sentencia y sumario), no se llegaría ni al 50 por ciento. Y una reflexión: ¿Se incluye en los 232 resarcidos a los familiares de las 16 personas asesinadas? ¿Dos familiares como promedio por cada una de ellas? ¡¡¡Solo faltaría que no fuera así!!!

Y espero que no haya habido más casos como aquel en que un abogado gestionó la indemnización (con su correspondiente comisión) porque la administración competente no había contactado con la familia de la víctima asesinada tres meses después del atentado.

Me cuesta creerlo, pero cada día estoy más convencido de que para la administración competente solo somos cifras. Pero detrás de cada una de las víctimas existe una situación sobrevenida para la que se necesita apoyo, asesoramiento, sensibilidad y empatía por parte de quien debe cumplir la Ley 29/2011. Y, por lo visto, hay un alto porcentaje que todavía están esperando NUEVE AÑOS DESPUES.

Aún estamos a tiempo para hacer el trabajo que queda.

Termino. En unas horas coincidiré en el acto en Plaça Sant Jaume con varios representantes consulares de algunos de los 32 países afectados… vaya mi agradecimiento a la representante de Reino Unido. Mejor que el resto no sepan la opinión de muchos de sus propios compatriotas.