16
agosto 2026
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La reparación a los
afectados
Una de cada tres
víctimas del 17A sigue sin ser indemnizada nueve años después de los atentados
Todavía 136 afectados
de los 368 reconocidos por la sentencia de los ataques en Barcelona y Cambrils
no ha recibido compensación y la Generalitat sondea la fórmula para
localizarlos y contactarlos
Barcelona traslada el
homenaje a las víctimas del 17A a la plaza Sant Jaume por las obras en la
Rambla
Este
lunes se cumplen nueve años de los atentados terroristas del 17-A en La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo
de Cambrils. Los ataques yihadistas se saldaron con al menos 368 víctimas,
incluidos 16 fallecidos, según el recuento de la sentencia de mayo de 2021 de
la Audiencia Nacional. Casi una década después de los crímenes indiscriminados
que sacudieron a Catalunya en agosto de 2017, no se ha localizado ni se ha
reparado a todos los afectados a los que el tribunal instó al Estado a
concederles la protección que contempla la ley. Los datos del Gobierno de
España revelan que algo más de un tercio de los damnificados reconocidos por la
resolución judicial sigue sin haber percibido una indemnización, sea porque no
se les ha encontrado, no han tramitado la petición o desconocen las
prestaciones que les corresponden.
A
tenor de los datos de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo, el Ministerio del Interior ha resarcido a 232 afectados que figuran
en el fallo de la Audiencia Nacional, ya fuera antes o después de que el
Tribunal Supremo lo declarara firme en noviembre de 2023. Teniendo en cuenta
que la justicia concluyó que a 368 personas se les debía otorgar la condición
de víctimas del terrorismo por fallecimiento, lesiones físicas o daños
psicológicos por el 17A, hay 136 perjudicados que no han recibido una
compensación por daños personales o responsabilidad civil, como la sentencia
les ampara a reclamar. Los actos terroristas se perpetraron en dos zonas
turísticas, por lo que los supervivientes son de diversas nacionalidades y
residen en distintos países.
La
dirección de víctimas del terrorismo afirma que contactó con los damnificados
mencionados en la resolución para "informarles sobre la forma de proceder
para el reconocimiento de los derechos". Discrepa Robert Manrique, miembro
de la desaparecida Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo
(UAVAT). “Quedan 136 que no han cobrado porque no han contactado con la
administración ni la administración los ha buscado”, sostiene. La UAVAT ofreció
apoyo psicológico y jurídico a decenas de supervivientes, contando a los que
halló y también a los que contactaron con la entidad, que los asesoró para
tramitar los formularios para acogerse a los auxilios de la ley de víctimas del
terrorismo. La unidad reprochó falta de proactividad a las instituciones para
dar con los afectados de los que no se tiene mayor noticia de cómo
evolucionaron tras la masacre.
En
paralelo, la Generalitat de Catalunya no ha comenzado a rastrear a las víctimas
a las que quiere encontrar para informar de sus derechos, como previó al
reabrir una unidad de atención a afectados por atentados en noviembre de 2025.
El Govern vincula que la pretensión permanezca encallada a las restricciones
para acceder a los datos personales. Ahora sondea una fórmula para sortear los
impedimentos.
Sin nuevas solicitudes
A
preguntas de EL PERIÓDICO, el ministerio responde que “190 afectados no han
presentado solicitudes de indemnización como consecuencia de la firmeza de la
sentencia”. Interior señala que la cifra incluye a perjudicados que habían sido
indemnizados con anterioridad a que la resolución fuese definitiva, por lo que
ya habían ingresado un pago igual o superior al que la resolución estableció.
El Estado había compensado antes de concluir el proceso judicial a 143 personas
que constan en el fallo. A su vez, la Audiencia Nacional impuso que el Gobierno
reconociera a otras 225 personas como víctimas del 17A, que no habían requerido
que se les resarciera hasta entonces o toparon con desestimaciones de Interior
a sus demandas.
El
ministerio concreta que “178 afectados han solicitado ante la Dirección General
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo el cumplimiento de la sentencia” desde que se
dio por firme. La cantidad suma a quienes pidieron reparación por primera vez
tras concluir el pleito y otras personas que Interior ya había resarcido, pero
por una cantidad inferior a la indemnización tasada en el fallo, por lo que
reclamaron la diferencia.
Por
su parte, Manrique reprocha que el ministerio "nunca" actualiza los
expedientes para revisar las indemnizaciones e incrementarlas por haber sufrido
nuevas intervenciones, recaídas, bajas laborales o exámenes periciales por
secuelas de los atentados tras dictarse las resoluciones judiciales. “Además,
se debería añadir a las 125 víctimas del 17A que aparecen en el sumario y no en
la sentencia; entre ellos, hay casos flagrantes”, postula. Interior indica que
se han presentado cuatro contenciosos por discrepancias en la cuantía de las
compensaciones por los actos terroristas de 2017, todos pendientes de
resolverse.
El
ministerio ha abonado casi nueve millones de euros en indemnizaciones por el
17A. Detallado al céntimo, ha pagado 8.979.008,45 euros. Al ampliarse el número
de perjudicados con el fallo judicial, Interior añadió 1.253.485,01 euros a los
7,72 millones costeados en compensaciones antes del pronunciamiento del
tribunal. Agrega que, en este momento, no tramita ningún requerimiento de
resarcimiento por los atentados en Catalunya. “Actualmente, todas las
solicitudes de indemnización han sido resueltas”, afirma.
Propósito atascado
La
Generalitat creó el Servicio de Atención y Apoyo a las Personas Afectadas por
el Terrorismo (SASPAT) hace nueve meses, dependiente del Departament d’Interior
y fruto de una larga reivindicación de los damnificados y las asociaciones que
los representan. La conselleria apunta a la demora en atar los respaldos
parlamentarios para los presupuestos de la Generalitat que no se aprobaron
hasta primeros de julio, y las cortapisas de la ley de protección de datos para
explicar por qué no han empezado las labores para tratar de localizar y
contactar con víctimas de atentados, como los del 17A.
El
mecanismo para ceder datos de víctimas y sus familiares al SASPAT se introdujo
mediante una disposición adicional en la ley de acompañamiento de presupuestos
, en vigor desde el mes pasado. La medida habilita a los cuerpos policiales,
los servicios sociales, los órganos de justicia, las oficinas de atención a
víctimas del delito, los servicios sanitarios y cualquier otro que disponga de
información de afectados por el terrorismo para que traspasen información de
carácter identificativo y una breve descripción de los hechos a la unidad de la
Generalitat, al fin de que contacte con los afectados o sus familias para
“ofrecer atención y asesoramiento” y “proporcionarlos apoyo psicológico y
orientación jurídica”.
El
Departament d’Interior destaca que “se trata de datos de carácter muy especial,
sometidos a la ley de protección de datos”, que interpone por el momento uno
“imposibilidad legal de ser proactivos en la comunicación directa con las
víctimas”. “Pese a la aprobación de la ley de medidas, que supone un salto
cualitativo muy importante en la cesión de datos entre administraciones, se
está explorando y analizando de qué manera se pueden gestionar las
limitaciones”, asegura la conselleria.
Interior
comenta que, “dadas esas limitaciones”, en el SASPAT “se están explorando
alternativas para poder avanzar en este tema". Entre los planes B, la
unidad cuenta con dar una "difusión amplia" de su servicio y lanzar
material con pautas y recomendaciones para víctimas sobre sus derechos y
recursos al alcance.
Opinión:
Tras
la magnífica labor de Jordi Ribalaygue y el interés que, como muchos de sus
compañeros (por desgracia, no todos) muestran en conocer información verídica
acudiendo a las fuentes y contrastando los datos, creo que será más oportuno
que exponga mi opinión en un artículo aparte.
Hoy
es domingo y la gente de UAVAT estamos colaborando en el cierre de pequeños
detalles para que el acto de mañana lunes a las 10.00 de la mañana sea un acto
conjunto, como lo ha sido desde el primero en 2018
Acto
que se realiza sin buscar interés partidista alguno con el dolor ajeno. Eso ya
lo hacen, desde hace muchos años, algunos que ni han representado a una sola
víctima en el juicio ni las han asesorado en toda la problemática que se genera
tras sufrir un atentado aunque luego se llenen la boca de historietas
inventadas y jamás vividas. Ni sufridas.
Lo
más pronto que pueda prepararé el escrito…
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