17 agosto 2026
Los ‘olvidados’ de
los atentados del 17-A: víctimas sin indemnización y una oficina de apoyo nueve
años tarde
Junts y ERC siguen
con el desafío y solicitan al Congreso que admita que hubo "negligencias
en la gestión de la información" por parte del CNI
A las 16:53 horas
del 17 de agosto de 2017, una furgoneta blanca conducida por Younes Abouyaaqoub encaró
La Rambla desde la calle de Pelayo y recorrió a gran velocidad 800 metros en
dirección al mar atropellando
a cientos de personas. Se detuvo en el mosaico de Joan Miró, a
200 metros de la Boquería, y emprendió una huida a pie por dentro del mercado.
Hasta 14 personas
fallecieron por el atropello y más de 100 resultaron heridas.
El número de víctimas mortales en total fue de 16 contando con el chico de Zona
Universitaria y una mujer de Cambrils (Tarragona) esa misma madrugada.
El atentado yihadista perpetrado por la célula de Ripoll
en el corazón de Barcelona
Abdelbaki es Satty,
imán de la localidad muerto en la explosión de Alcanar, fue su cerebro
ideológico- cumple nueve
años con varias cuentas pendientes, una pugna política que
se ha extendido y se ha entrecruzado con el procés y una oficina de víctimas en
Cataluña que no se ha puesto en marcha hasta este 2026, con dificultades y
limitaciones evidentes. Hoy, el homenaje será en la plaza de Sant Jaume por
las obras de La Rambla.
"En este
procedimiento las víctimas han sido las
grandes olvidadas de la instrucción". Así de claro se
mostró el magistrado de la Audiencia Nacional, Félix Alfonso Guevara,
en la sentencia de mayo de 2021. Un fallo que siempre lleva consigo Robert Manrique,
víctima del atentado terrorista de Hipercor y asesor de la extinta Unitat d'Atenció i Valoració a
Afectats per Terrorisme (Uavat), y que supuso un primer paso
para empezar a saldar algunas de las cuentas pendientes.
El fallo del 17-A
reconoció a 368
víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (además
de la explosión en Alcanar o la huida de Younes) por heridas físicas o daños
psicológicos. Cabe destacar, para entender la magnitud de la sentencia, que 225
fueron adicionales, ya que el Ministerio
del Interior no las había admitido en la vía
administrativa previa. El Supremo declaró firme la sentencia en 2023, lo que
supuso un primer resarcimiento al "maltrato" sufrido,
según la Uavat.
Sobre las
indemnizaciones abonadas (a las que tienen derecho las víctimas de terrorismo),
desde Interior responden que se ha indemnizado a un total de 232 víctimas,
tanto con anterioridad como con posterioridad a la firmeza de la resolución
judicial (179 en este caso) a través de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
En este sentido, alegan que "actualmente todas las solicitudes han sido
resueltas", salvo cuatro recursos contencioso-administrativos, y que 190
afectados no han presentado solicitudes de indemnización después de que el
Supremo declarara firme el fallo. Una gran parte de ellos ya había sido
indemnizados con anterioridad por el Ministerio del Interior, añaden sin
especificar el dato concreto a preguntas de este periódico.
Por su parte, Robert
Manrique critica que aún haya indemnizaciones
sin abonarse -un tercio, según las cuentas que denuncia
por falta de localización, o porque no saben ni que aparecen en la sentencia,
por ejemplo- y también afea a la administración que no haya hecho seguimiento
ni acompañamiento de los afectados para ver cómo han evolucionado a lo largo de
estos años.
Además, ha reclamado
en el Congreso que se amplíe el plazo de un año fijado en España -en Francia
son 10- para que las víctimas del terrorismo soliciten indemnizaciones, ayudas
y resarcimientos económicos tras sufrir un atentado o consolidar sus secuelas,
una de las claves en este caso. "Hay un ejemplo muy claro, el de una chica
de Madrid, que estaba en Barcelona pasando unos días ese 17-A y sufrió el
atentado en La Rambla. La tuvieron que operar dos veces de la pierna, una en el
Clínic y otra en el Gregorio Marañón. Me contactó a raíz del aniversario del 11-M en
2019, empezamos los trámites y cuando presentó la solicitud le dijeron que
estaba fuera de plazo". Manrique añade además que hay 125 personas que
aparecen en el sumario pero no en la sentencia.
En Cataluña, este
año ha echado a andar de forma embrionaria y con considerables limitaciones
jurídicas la oficina de víctimas que la Generalitat cerró a principios de 2012
-bajo el Gobierno de Artur
Mas- y que los afectados del 17-A llevaban reclamando abrir
desde el minuto cero. Desde la conselleria de Interior explican que uno de los
avances más importantes ha sido la publicación en el diario oficial de "la
cesión de datos de las personas afectadas" entre los diferentes servicios
que las han podido atender -desde la policía a emergencias médicas, por
ejemplo-, aunque debido a la Ley
de Protección de Datos la Generalitat no puede ser
proactiva en contactar directamente con los afectados y busca fórmulas para
paliarlo. El organismo contará con un psicólogo, un asesor jurídico y varios
asesores externos y se espera incrementar el ritmo de trabajo a partir de
septiembre.
La comisión
de investigación forzada por Junts
En el plano
político, el independentismo sigue
agitando la teoría de la conspiración -sin ninguna prueba casi una década
después-, y lo hace en el Congreso y con permiso del PSOE, que cedió
con la comisión de investigación sobre el 17-A a cambio del apoyo de Junts a
Pedro Sánchez. Tras más de un año de comparecencias y sesiones -desde el ex
responsable del CNI en Gerona hasta uno de los
yihadistas condenados- se ha pospuesto hasta septiembre la aprobación de las
conclusiones por la falta de acuerdo entre ambos bloques. Entre otras cosas,
Junts sostiene que "una parte de la responsabilidad»" de los atentados
se debió a "una negligencia
o temeridad de los servicios secretos" por ocultar
los vínculos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki es Satty,
el imán de Ripoll (Gerona) considerado el cerebro de los ataques.
Por su parte, ERC
plantea entre otras cuestiones que el Estado "falló en la
prevención" y apunta a la existencia de una
"posible negligencia en la gestión de la información" que el CNI y
los Mossos disponían sobre Es Satty, pero no va tan lejos como Junts.
Junts,
ERC y Sumar también coinciden en la conveniencia de que se desclasifique toda la documentación sobre
estos ataques, algo que no contemplan socialistas ni populares. De hecho, las
conclusiones del PP, Vox y también del PSOE son diametralmente opuestas y
avalan el operativo y todas las actuaciones. Es más, ni PP ni Vox estaban a
favor de su creación y los tres partidos tendrían mayoría, a la espera de lo
que acabe ocurriendo en septiembre también con las reclamaciones de las
víctimas, las "grandes
olvidadas".
Opinión:
Solo añadir un dato. Cuando se cita que “hasta 14 personas fallecieron por
el atropello y más
de 100 resultaron heridas”, el resultado final que señala la
primera estimación en la sentencia de mayo de 2021 fue de 176 heridos en La
Rambla.
Y habría que añadir las 125 personas que aparecen en el
sumario y no aparecen en la sentencia. Como bien se recuerda en el titular de
la noticia: los OLVIDADOS.
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