20
octubre 2026
Navarra
complementará con un 30% las indemnizaciones estatales a víctimas del
terrorismo
La
ley foral abarca los actos cometidos desde 1960 e introduce ayudas para
vivienda, empleo, sanidad y becas educativas a los afectados
Navarra
salda una deuda histórica con las víctimas del terrorismo con una nueva norma
integral de reconocimiento, protección y reparación. El Parlamento de Navarra
aprobó este martes el dictamen sobre el proyecto de Ley Foral de Reconocimiento
y Reparación, una regulación impulsada por el Gobierno de Navarra que
sustituirá a la anterior normativa de 2010. Tras culminar su paso por la
comisión parlamentaria, la iniciativa está lista para ser elevada próximamente
al pleno de la Cámara, donde se someterá al debate y votación final para
recibir la luz verde definitiva.
La
futura ley incrementa de forma sustancial la cobertura financiera a los
afectados respecto a los baremos estatales y extiende de manera explícita el
paraguas de protección a quienes sufrieron amenazas, extorsión económica,
secuestro o persecución política por parte de organizaciones terroristas.
Asimismo, el texto fija mecanismos de intervención institucional para
garantizar la retirada de simbología que legitime la violencia y para tutelar
de forma efectiva los lugares de memoria en el ámbito local.
Durante
el trámite de este martes en la comisión parlamentaria se debatieron un total
de 225 enmiendas. Del conjunto de propuestas presentadas por las distintas
fuerzas de la Cámara solo ocho salieron adelante: cuatro de UPN y otras cuatro
suscritas conjuntamente por las tres formaciones que integran el Gobierno foral
–PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin–. Las enmiendas del bloque de gobierno
reforzaron las exigencias legales sobre la protección de espacios dedicados al
recuerdo de las víctimas, el régimen sancionador para los ayuntamientos
inactivos y la colocación de cláusulas éticas en los contratos de la
administración pública. Por su parte, los regionalistas lograron incorporar
enmiendas destinadas a acentuar en la Exposición de Motivos la responsabilidad
histórica de ETA como la organización que más víctimas ha ocasionado en
Navarra, así como a duplicar las reuniones ordinarias anuales del nuevo órgano
de participación.
Aumento
del 30% en las indemnizaciones
Por
contra, la comisión ha rechazado íntegramente las iniciativas presentadas por
los demás grupos parlamentarios: las ocho enmiendas de EH Bildu, las 18 del PP
y las 167 formuladas por Vox. Tampoco salieron adelante otras iniciativas de
UPN orientadas a la creación de un memorial específico, el establecimiento de
reservas de empleo público o el cómputo de multas económicas.
El
núcleo de la norma articula un sistema de indemnizaciones complementarias a las
que otorga la Administración General del Estado, que supone un incremento de un
30% respecto a las cuantías estatales para los supuestos específicos de
fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos. Estas prestaciones, que
alcanzan a familiares y personas vinculadas por parentesco, convivencia o
dependencia, tienen carácter subsidiario frente a otras administraciones o
aseguradoras. Igualmente, el articulado añade compensaciones específicas
diseñadas para dar respuesta a situaciones de dependencia.
En
el plano material y de bienestar, el texto legal dispone un abanico de ayudas
públicas para reparar los daños sufridos en viviendas, establecimientos y
bienes particulares. La norma garantiza también asistencia sanitaria y
psicológica continuada, facilidades de acceso a viviendas protegidas, becas de
estudio en el ámbito educativo, programas de inserción laboral y posibles
beneficios fiscales. La norma prevé también subvenciones y convenios para
apoyar a las asociaciones que representan al colectivo.
Cobertura
retroactiva desde 1960
Retroactividad
desde 1960 El ámbito territorial de la ley cubre tanto los atentados cometidos
dentro de Navarra como los perpetrados en el resto del Estado o en el
extranjero, siempre que el afectado contara con la condición política navarra
en la fecha del hecho o fuera natural de la Comunidad Foral. En el plano
temporal, las medidas de reparación se aplican con carácter general a los actos
ocurridos desde el 1 de enero de 1960, si bien los daños de tipo material
quedan excluidos de esta retroactividad.
Para
resolver situaciones pretéritas, la ley habilita un periodo de regularización
de cuatro años desde su entrada en vigor, durante el cual podrán solicitar la
prestación complementaria autonómica por fallecimiento o daños físicos y
psíquicos aquellas personas que percibieron la ayuda estatal pero no la de
Navarra. Para los casos anteriores a 1960, el texto prevé ayudas en materia de
vivienda acotadas a víctimas que acrediten una situación objetiva de
vulnerabilidad social y económica.
Estricto
régimen sancionador En la dimensión institucional y simbólica, el Ejecutivo
foral dispondrá de un plazo de dos años para confeccionar un censo completo de
todos los espacios de memoria. A partir de esa catalogación, se desarrollará
reglamentariamente un régimen sancionador para perseguir los incumplimientos de
protección de estos lugares, así como para exigir la retirada en las vías
públicas de cualquier elemento o vestigio que atente contra la dignidad de los
damnificados o justifique el terrorismo.
Órganos
de participación
Esta
obligación afectará de forma directa a los municipios. Si las entidades locales
muestran inactividad –incluso cuando los elementos contrarios a la memoria se
sitúen en inmuebles privados visibles desde el espacio público–, el Gobierno de
Navarra intervendrá de forma subsidiaria a costa de los presupuestos del
ayuntamiento correspondiente. Para evitar el uso indebido de los caudales
públicos, la norma impondrá cláusulas en contratos, convenios y subvenciones
oficiales que impidan financiar actos de legitimación o enaltecimiento del
terrorismo.
Canales
de participación La norma fija con carácter oficial el 11 de marzo,
coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como la jornada
anual de recuerdo en Navarra. Asimismo, se crea el Consejo Navarro de
Participación de las Víctimas del Terrorismo como órgano consultivo adscrito al
departamento competente. Presidido por el consejero del ramo, este foro contará
con 10 vocalías: cuatro para asociaciones de víctimas, tres para departamentos
del Gobierno, dos para el Parlamento y una para la Federación Navarra de
Municipios y Concejos. El consejo celebrará al menos dos sesiones ordinarias al
año y elaborará una memoria anual sobre el cumplimiento de la ley.

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