17 junio 2018 El Correo (opinión)

17 junio 2018 

Cargos clave del Gobierno defienden la reinserción de etarras

Los socialistas facilitarán las medidas de favor a los presos si rechazan con más contundencia su pasado terrorista

El Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado en puestos clave a cargos que a lo largo de su trayectoria han apostado por el acercamiento de los presos de ETA, por la excarcelación de los internos enfermos y, sobre todo, por recuperar la ‘vía Nanclares’: Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz en Instituciones Penitenciarias y Jesús Loza como delegado del Gobierno en Euskadi.

Como si de una partida de ajedrez se tratase, el Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a situar las piezas que considera adecuadas en el tablero de la política penitenciaria. A día de hoy todavía no hay movimientos, pero es más que probable que los haya. «Obviamente, cuando las circunstancias cambian, se requieren de otras políticas», resumió el viernes la portavoz, Isabel Celaá. Y para abordar ese «nuevo tiempo», el Ejecutivo del PSOE ha apostado por colocar en puestos clave a cargos que a lo largo de su trayectoria han apostado por el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, por la excarcelación de los internos enfermos y, sobre todo, por recuperar la ‘vía Nanclares’.

Aquella fórmula se puso en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para intentar abrir una brecha en el colectivo oficial de presos de ETA. Básicamente, lo que pretendía era facilitar la reinserción de los reclusos. Pero no a cualquier precio ni a todos. Solo a los que rompiesen con la disciplina de la banda, asumiesen el daño causado y pidiesen perdón a las víctimas. El número de etarras que se sumó a esa iniciativa apenas rondó la treintena, pero tuvo un gran impacto simbólico porque entre ellos estaban históricos de la banda como Carmen Gisasola y Joseba Urrosolo Sistiaga. Con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, la ‘vía Nanclares’ entró en un punto muerto del que Sánchez la quiere ahora sacar.

Y para reactivar esa estrategia tres serán las figuras clave: Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior; Ángel Luis Ortiz en Instituciones Penitenciarias; y Jesús Loza como delegado del Gobierno en Euskadi. Durante su paso por la Audiencia Nacional, el exjuez se significó por respaldar la ‘vía Nanclares’ a través de varias sentencias. Ortiz, por su parte, es un veterano jurista defensor de la «justicia restaurativa», un modelo que busca que el preso no solo cumpla su condena, sino que también logre la reinserción y empatice con sus víctimas. Una derivada de ese sistema son los encuentros entre los reclusos y quienes sufrieron su violencia. Y en este campo, Loza llevó a cabo varias experiencias en el País Vasco durante su etapa como parlamentario vasco y comisionado para la convivencia con Patxi López.

El Gobierno central parece dispuesto a mover ficha a medio plazo. Y no solo porque lo insinuase Celaá el pasado viernes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El propio Sánchez ha dado pistas en ese sentido. No como presidente, pero sí hace apenas un mes, justo tras la disolución de ETA. El primero en reaccionar al anuncio de la banda fue Patxi López. Aseguró que «otra política penitenciaria es posible», y consideró razonable acabar con la dispersión de los reclusos. En realidad no dijo nada diferente a lo que ya defendía cuando estaba en Ajuria Enea.

Sus palabras no fueron cuestionadas por Pedro Sánchez. Todo lo contrario. «La posición de Patxi López es la del PSOE, la que siempre hemos defendido». El acercamiento de presos, aseguró el por aquel entonces todavía líder de la oposición, «no tiene ningún calendario, ni tiene nada que ver con la disolución de ETA, tiene que ver con un planteamiento que el Partido Socialista siempre ha defendido en Euskadi y en el conjunto del país».

«Es que es así, hace tiempo que creemos que se debe pasar a una política ordinaria. Cumplir la ley no es una rendición», afirma Rafaela Romero, parlamentaria del PSE, quien considera necesario que haya «avances», aunque también apela a la prudencia. «Habrá que darse un tiempo y ver lo que hay que hacer con tranquilidad», afirma la portavoz del PSE en temas de memoria y convivencia en el Parlamento vasco. Romero negoció esta misma semana una proposición con EH Bildu en la que, a cambio de que los socialistas vascos pidiesen de forma oficial al Gobierno central el acercamiento de los presos, la coalición soberanista instaba a los reclusos a asumir el «daño causado». Y ahí puede estar una de las claves. 

Aunque el colectivo de presos (EPPK) ya asumió en diciembre de 2013 ese «daño causado», los socialistas consideran que esa autocrítica no se puede quedar en una mera declaración efectuada hace cinco años. Que tienen que ser los reclusos los que, mediante peticiones individualizadas, muestren ese mayor arrepentimiento. El objetivo, evitar que aparezcan como héroes ante la sociedad vasca.

Solicitudes personales

A mediados del año pasado, el EPPK dio vía libre para que sus miembros presentasen esas solicitudes personales y asumiesen la legalidad para obtener beneficios penitenciarios, pero no ha tenido efectos prácticos. El Gobierno de Rajoy no realizó ningún movimiento, a pesar de que algunos pasos dados por Francia –con la que España mantiene una total sintonía en materia antiterrorista y que ha acercado a media docena de presos a las cárceles más próximas al País Vasco– apuntaban a un cambio en esa política de firmeza. Quien tendrá que valorar si los presos de ETA se están desmarcando de su pasado será Ortiz al frente de Instituciones Penitenciarias. Los informes que redacte serán fundamentales.

Aun así, en el horizonte hay dos incógnitas de calado. La primera, si el Gobierno de Sánchez, más allá de su voluntad, tiene margen para realizar gestos en una situación de extrema debilidad parlamentaria. «Debemos trabajar muchas complicidades, con el Gobierno vasco y también con el PP. Es un partido de Estado y uno de los que más sufrió el terrorismo. Ahora habla desde las tripas, pero habrá que ver», vaticina Romero, quien recalca que todos los pasos que se den tienen que tener en cuenta el papel de las víctimas. Y ahí entra en juego Loza. El nuevo delegado del Gobierno está bien considerado por los afectados del terrorismo. Su cercanía, su cordialidad y su conocimiento de la ‘vía Nanclares’ puede ser clave para evitar maltentendidos.

La segunda gran pregunta es si los presos estarán dispuestos a dar los pasos necesarios. Los socialistas no son especialmente optimistas.

Con Zapatero

La ‘vía Nanclares’ se puso en marcha para abrir una brecha en el colectivo de presos, pero el PP la cortó de raíz

Sobre el acercamiento

«Es un planteamiento que el Partido Socialista siempre ha defendido», dijo Pedro Sánchez tras el final de la banda

Cuestión sensible

Todos los pasos que se den tienen que tener en cuenta el papel de las víctimas

Opinión:

Solo me gustaría recordar que el pasado día 12 se cumplieron seis años de la visita que realicé a la prisión de Zaballa para el encuentro “reparador” solicitado por el miembro de la banda terrorista ETA Rafael Caride.

Y en esa época ya gobernaba Rajoy con Fernández Díaz como ministro de Interior. Así pues, la frase “con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, la ‘vía Nanclares’ entró en un punto muerto del que Sánchez la quiere ahora sacar” no es del todo correcta.