16 junio 2018
El Gobierno se muestra abierto a un cambio en la política
penitenciaria con los presos de ETA
La portavoz Celaá
habla de adaptarse al nuevo tiempo y socialistas como Jáuregui o Elorza
rechazan la dispersión.
El Ejecutivo del PSOE
contempla, en paralelo, acercar a los dirigentes catalanes encarcelados cuando
el juez Llarena acabe la instrucción
El nuevo Gobierno se mostró ayer por vez primera abierto a
un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA. Así lo dio a
entender la portavoz del Consejo de Ministros, la vasca Isabel Celaá, al ser
preguntada tanto por el acercamiento al País Vasco de los reclusos de la banda
como por la situación de los dirigentes independentistas catalanes
encarcelados. Tras asegurar que el Ejecutivo del PSOE no ha tomado una decisión
definitiva al respecto de ninguno de los dos escenarios, Celaá sí que admitió
que «obviamente, cuando las circunstancias cambian, se requieren otras
políticas y de eso -dijo- hablaremos en otro momento». Unas palabras
reforzadas, además, por relevantes voces del socialismo vasco como el diputado
por Gipuzkoa, Odón Elorza, que dijo que la flexibilización de la política
carcelaria a los presos de ETA está «sobre la mesa pendiente y hay que
abordarla a corto plazo» dando «los pasos ahora, con inteligencia y prudencia».
El veterano eurodiputado y exministro Ramón Jáuregui agregó que «la dispersión
ya no se sostiene como estrategia una vez que ya no hay organización
terrorista».
Sobre los
presos catalanes, la portavoz del gabinete de Pedro Sánchez sí que añadió que
están dispuestos a trasladar a cárceles catalanas a los políticos
independentistas en prisión acusados de «sedición y rebelión», una vez el juez
Pablo Llarena dé por concluida la instrucción, algo que podría producirse antes
de que acabe el mes.
Fue
precisamente la polémica sobre la situación de los dirigentes catalanes
encarcelados la que dio pie también a abordar la cuestión de los presos de ETA
en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Sánchez es sensible a las
posiciones del PSE, que lleva tiempo defendiendo que, desaparecida ETA,
mantener la dispersión sólo sirve para alimentar la «victimización» de la banda
y crear un caldo de cultivo que permite que su «relato» cale en ciertos
sectores de la sociedad vasca. Su portavoz no fue ayer tan explícita en su
escueta respuesta a la pregunta de una periodista, e incluso señaló que el tema
no se trató en la reunión ministerial de ayer. Pero con su frase llamando a
adaptarse al nuevo tiempo, Celaá dejó abierta la disposición del Gobierno del PSOE
a modular la estrategia penitenciaria, en línea con lo defendido cuando el PSOE
estaba en la oposición, y como recoge el acuerdo del Gobierno Vasco firmado por
PNV y PSE.
El Gobierno socialista es consciente de lo delicado del
asunto y por ello ha confeccionado en el área de Interior un equipo
equilibrado. Al frente, como ministro, está el juez Fernando Grande-Marlaska,
auténtica 'bestia negra' judicial de Batasuna y ETA en el pasado, y muy bien
considerado por las víctimas del terrorismo. Como complemento, al frente de
Instituciones Penitenciarias, el Ejecutivo ha colocado a un perfil progresista,
Ángel Luis Ortiz, mano derecha de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de
las plataformas de Podemos.
Patata caliente
Respecto a
Cataluña, la ubicación de los nueve presos preventivos del procés -el
exvicepresidente de la
Generalitat Oriol Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn,
Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa; la
expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de ANC y Ómnium
Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- se ha convertido en una patata
caliente para el Ejecutivo, que se mueve entre su deseo de crear un clima de
distensión con el Gobierno de Cataluña y la presión de PP y Ciudadanos para no
ceder un milímetro
Los ministros hasta ahora trataban de dar una patada al
balón con el argumento de que, aunque la política penitenciaria depende del
Gobierno, mientras se trate de presos preventivos es el juez el que decide su
situación. Incluso Margarita Robles y Grande-Marlaska, ambos magistrados, se
zafaron con esa respuesta, pero este jueves Llarena les dejó sin coartada al
replicar que él no tiene competencia para decidir en qué centro penitenciario
deben permanecer los reclusos mientras él continúe la instrucción del caso.
«Es una
cuestión de matices -precisó ayer Celaá-. El Gobierno, y supongo que también el
juez, son conscientes de que los presos en prisión provisional están a
disposición del juez instructor y deben estar cerca del juez instructor; una
vez concluidas las diligencias, ciertamente, la responsabilidad pasa a
Instituciones Penitenciarias». La ministra de Política Territorial, Meritxell
Batet, ya dejó claro que ella vería «con buenos ojos» un acercamiento.
En este
contexto, el president del Parlament, Roger Torrent, presentó ayer una querella
contra Llarena por «vulnerar los derechos» de estos dirigentes encarcelados.
Opinión:
Al contrario que otras víctimas o “personajes” (se crean o no
“representantes de “LAS” víctimas del terrorismo), no entraré a valorar las
cuestiones relacionadas con el acercamiento de los presos del llamado “problema
catalán”… y no lo haré porque quien me conoce ya sabe que conozco a algunos de
ellos…
Pero en relación al tema es el motivo de este blog, sí debo
decir que me encantará escuchar a algunos que hasta hace cuatro días decían
pestes de la postura de algún que otro partido qué dirán ahora que ese preciso
partido está en el Gobierno español. Aquellos que tenían las subvenciones
pactadas a cambio de apoyar o de dejarse utilizar ¿qué harán ahora?
Y todavía querrán ir por la
vida dando lecciones de dignidad y de memoria…
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