11 marzo 2026
Terrorismo
El
Gobierno vasco reúne en secreto en un caserío a 17 presos con cinco víctimas de
ETA
La
Consejería socialista de Justicia organiza charlas entre víctimas y presos
fieles a Bildu como antesala de su semilibertad. La Fiscalía ha avalado la
salida de 'Txeroki' por su participación en este programa de "justicia
restaurativa"
El
Gobierno vasco reunió el pasado 3 de julio en secreto, en un apartado caserío
de Alzo (Guipúzcoa), a 17 presos de ETA con cinco víctimas de la extinta
organización terrorista para que pasaran el día juntos. Víctimas y etarras
compartieron charlas, paseos en grupos reducidos y mantel a lo largo de unas
nueve horas, en presencia de dos altos cargos del Departamento de Justicia que
dirige la socialista María Jesús San José. El encuentro forma parte del
programa de «justicia restaurativa» que el Gobierno vasco (PNV-PSE) despliega
desde finales de 2024 con absoluto sigilo, y que está sirviendo como estación
previa a la cascada de semilibertades concedidas a los condenados de ETA,
reivindicación central de Bildu al Gobierno de Pedro Sánchez.
Según
ha podido saber EL MUNDO de fuentes penitenciarias, la intención del Gobierno
vasco era que al menos en aquella primera salida de julio participaran 21
presos de la cárcel alavesa de Zaballa; entre ellos, nombres conocidos como
Juan Antonio Olarra Guridi o María Soledad Iparraguirre ('Anboto'). Sin
embargo, la iniciativa no fue acogida de forma pacífica en el centro
penitenciario.
El
equipo de psicólogos, jefes de servicio y trabajadores sociales de Zaballa
rechazó la participación de cuatro etarras debido a los muchos años que les
quedaban para cumplir sus condenas y porque no habían accedido antes a ninguna
salida programada. Fue el caso de Juan Luis Rubenach, Juan Carlos Besance,
Iratxe Sorzabal y la propia Anboto; cuatro vetos que el Gobierno vasco admitió.
En todo caso, los psicólogos de la cárcel no quisieron acudir a la jornada.
Aquel
día, las cinco víctimas -ninguna de ellas cabeza visible de las asociaciones de
víctimas del terrorismo- y los etarras pasearon por el pueblo, almorzaron en el
caserío Arretxe e intercambiaron reflexiones sobre sus experiencias, como las
razones para militar en ETA y el sufrimiento padecido por los atentados. Al
almuerzo conjunto asistieron José María Bastos, director de Justicia del
Gobierno vasco, y Pablo Martínez Larburu, director de Servicios Penitenciarios.
Se
da la circunstancia de que este caserío fue violentamente incendiado en 1999.
En él residía Pilar Zuriarrain, una ex edil del PNV y abogada que se encontraba
tramitando varias denuncias judiciales contra algunos ayuntamientos de Herri
Batasuna (HB). El PNV lo interpretó como una práctica «mafiosa» del brazo
político de ETA. El ataque se atribuyó a ese entorno y HB se negó a condenarlo.
Charlas
y talleres
El
Gobierno vasco anunció en 2022 su voluntad de impulsar este proyecto en el
marco de su Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa 2022-2025, y con el fin
de avanzar en la convivencia entre vascos tras el final de la banda, disuelta
en 2018. Sin embargo, los detalles del programa, su ejecución y sus resultados
no han trascendido hasta hoy. Tampoco las asociaciones de víctimas han sido
informadas.
Fuentes
oficiales del Departamento de Justicia consultadas ayer por EL MUNDO indicaron
que el Gobierno vasco nunca ha ocultado la existencia de este programa, pero
que lo trata con la «discreción» y «confidencialidad» debidas, especialmente
para proteger a las víctimas.
El
programa constó, en una primera fase, de talleres o charlas entre etarras y
mediadores dentro de prisión. Más tarde se organizaron «círculos restaurativos»
entre víctimas y victimarios. Cabe destacar que la ex jefa de ETA Iratxe
Sorzabal se resistió a verse con las víctimas alegando que fue torturada por la
Guardia Civil.
Sobre
el papel, el propósito es ayudar a la reinserción de los condenados. La idea es
que presos y víctimas se reconozcan mutuamente desde el punto de vista
«humano». La huella que ha dejado casi medio siglo de asesinatos, secuestros y
amenazas se aborda sin limitarse a la visión jurídica o a la moral, y
priorizando la mirada familiar, social y cultural.
El
caso de 'Txeroki'
En
teoría cualquier plan enmarcado en la llamada «justicia restaurativa» requiere
que los condenados accedan a él con voluntad sincera de reparación y no para
conseguir beneficios penitenciarios. No obstante, la participación en este
programa de talleres y encuentros ha servido al menos de argumento jurídico
para que la Fiscalía haya avalado la controvertida aplicación del artículo
100.2 del Reglamento Penitenciario -la llamada semilibertad- al ex dirigente de
ETA Mikel Garikoitz Aspiazu ('Txeroki').Condenado a casi mil años de prisión,
Txeroki está saliendo de la cárcel guipuzcoana de Martutene de lunes a viernes
desde enero, con la obligación de dormir en el centro.
Según
la Fiscalía, Txeroki cumple los requisitos para ver mejoradas sus condiciones
gracias al plan de «justicia restaurativa», puesto que con su participación en
él «ha certificado su compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las
víctimas de terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional
potenciando la explicación frente a la justificación».
«Aspiazu
Rubina viene participando en el programa de talleres de justicia restaurativa»,
esgrimió la Fiscalía el 2 de febrero en un insólito comunicado. «En estos
talleres que se han venido desarrollando desde el 15 de octubre de 2024 ha
participado en la totalidad de las sesiones de preparación y en todos los
círculos restaurativos que han incluido contacto directo con víctimas y
familiares de asesinados por la banda terrorista ETA».
Más
allá de Txeroki, al menos seis de los participantes en el programa de Zaballa
están saliendo de prisión: Olarra Guridi y Ainhoa Mujika (condenados a más de
mil años), Jon Bienzobas (sentenciado por el asesinato de Francisco Tomás y
Valiente), Gregorio Vicario (secuestror de Cosme Delclaux y José María Aldaya),
Idoia Mendizabal y Óscar Zelarain.
Vaciar
las cárceles
El
artículo 100.2 es una medida de carácter excepcional que permite al condenado
salir unas horas de prisión, aunque con los presos de ETA se ha convertido en
ordinaria. Las asociaciones de víctimas denuncian que a través de esta vía -una
suerte de atajo previo al tercer grado, que es mucho más exigente y revocable
por los tribunales-, los reclusos fieles a Bildu están saliendo de la cárcel
antes de tiempo sin haber colaborado con la Justicia ni haber deslegitimado el
terrorismo. El contexto político es la estable alianza forjada entre el PSOE y
Arnaldo Otegi, que en octubre de 2021 dijo: «Tenemos a 200 presos en la cárcel
y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los
votaremos».
Bildu
prohíbe el arrepentimiento a sus reclusos, que reciben el sello institucional
de la reinserción firmando cartas y otros escritos muy medidos, mientras el
partido aún los presenta como «presos políticos» que deben ser liberados. En
cambio, quienes rompieron con ETA y su mundo, como los de la llamada vía
Nanclares, son repudiados por Bildu y excluidos de su red de apoyo político y
económico.
Hoy
apenas medio centenar de etarras siguen en segundo grado. Desde que Sánchez
transfirió la competencia de las cárceles al País Vasco, en octubre de 2021,
cerca de cien han obtenido el tercer grado y unos 30, el 100.2, aunque la lista
de estos últimos no se hace pública. No consta que hayan ayudado a esclarecer
crímenes ni que hayan repudiado públicamente el terrorismo que practicaron.
Opinión:
Ya tardaban en aparecer los que están en contra de las
decisiones totalmente personales e individuales de víctimas del terrorismo que,
defendiendo su propio criterio y libertad personal, optan por tener esos
encuentros.
Y oh casualidad, son los mismos que callaron, no aparecieron,
que ni tan siquiera dieron nunca la cara cuando el entonces ministro de
Interior Mayor Oreja dijo que “estaría dispuesto a sentarse con ETRA”, justo diez
días después de que la banda terrorista asesinara en Madrid rompiendo así una nueva
“tregua”, tregua que el gobierno se tragó entera cuando accedió a plantear la
Ley de Solidaridad con Víctimas del Terrorismo de diciembre de 1999 aportando
un periodo temporal acotado a esa misma fecha. Es decir, entendiendo que la
banda terrorista ETA ya no atentaría nunca más… y hablamos del año 2000…
Pues por mi parte acepto cualquier iniciativa que lleve,
dentro de la legalidad, a conseguir un único objetivo: que nadie más sufra lo
que ya hemos sufrido otros… y si además eso conlleva que los asesinos (al menos
algunos) reconozcan el daño causado, mejor que mejor.
Por otro lado, dejar claras un par de cositas. La primera,
que no debe ser una reunión muy secreta cuando se conoce perfectamente. La
segunda, que es curioso que ahora se diga que de las cinco víctimas “ninguna de
ellas cabeza visible de las asociaciones de víctimas del terrorismo” mientras
que, en cambio, cuando alguna “cabeza visible” aporta su opinión se venda como
opinión de “LAS” víctimas del terrorismo.
Un poco raro todo ¿no? ¿O simplemente es posicionamiento
partidista ante la noticia que incumbe a miles de personas?
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