24
agosto 2014
Terrorismo
Plan contra la
Radicalización
Interior pide ayuda a los imames frente al
yihadismo
Diseña un plan para prevenir el auge del terrorismo islámico y combatir
la radicalización de los jóvenes musulmanes españoles
El Gobierno pedirá a los más moderados que colaboren con las Fuerzas de
Seguridad
El Gobierno está dando los últimos toques a una estrategia
para luchar contra el islamismo radical en España en la que pretende contar con
la ayuda de los imanes moderados que dirigen el rezo de la comunidad musulmana
en nuestro país. No sólo de forma genérica, para abordar los aspectos
sociopolíticos del fenómeno, sino también de forma concreta, con su
colaboración estrecha con las fuerzas de Seguridad del Estado.
Esta pretensión viene contenida en el llamado Plan
Estratégico Nacional de la Lucha
contra la
Radicalización , que tiene como objetivo
combatir la violencia de forma genérica, pero que contiene medidas
específicamente destinadas para luchar contra el yihadismo.
El
plan tiene, según las fuentes consultadas, "tres ámbitos de actuación: el
interno, el externo y el ciberespacio". Y determina tres áreas
funcionales, la de "prevención (antes), vigilancia y actuación (después)
de todo proceso de radicalización", que serán coordinadas por la Secretaría
de Estado de Interior y
por el CNCA, el Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista.
La
preocupación por el incremento exponencial del radicalismo islámico en los
últimos años en Europa -de donde, según datos de la Secretaría de Estado de
Interior, han partido más de 3.000 de los activistas que primero combatieron en
Siria y se integraron en organizaciones en la órbita de Al
Qaeda y después
se han ido desviando hacia las filas del Estado Islámico (IS)-
hace muchos años que animó a algunos países a crear programas de prevención y
de desradicalización. Los expertos destacan a Gran Bretaña y
aHolanda como dos ejemplos prototípicos cuyos
gobiernos trasladaron o adaptaron a sus territorios los protocolos que
previamente aplicaron, con mayor o menor fortuna como es evidente, países como Arabia
Saudí, Indonesia, Egipto o Jordania.
En
España, el planteamiento integral del problema en esos términos, a diferencia
de las labores policiales o de inteligencia, no está desarrollado y el
Ejecutivo intentará paliar esta circunstancia con el plan cuyos borradores
están siendo acabados para ser presentado en breve. Y cuyo alcance se desconoce
todavía.
No
es la primera vez que se plantea la colaboración de los imames moderados para
hacer frente a un problema que lleva tiempo alertando a los expertos
policiales. Públicamente, algunos de ellos llegaron a sugerir medidas al
Ministerio del Interior para atajar el proselitismo de algunos de los predicadores
que habían sido expulsados de Arabia Saudí o
de Marruecos por
su radicalismo pero no encontraban obstáculo alguno para ejercer en España.
"Es
responsabilidad de Interior. Cualquier imán extremista que llene a sus
seguidores de odio contra un pueblo, contra la paz o la convivencia, hay que
echarlo fuera", aseguraba a este periódico hace cuatro añosMoneir el Messery, responsable de la mezquita de Leganés.
Sus propuestas pasaban, por supuesto, por enviar mensajes recordando la
naturaleza pacífica del islam, pero también estaba la de proporcionar al
Ministerio del Interior información para que éste, en colaboración con las
embajadas, impidiese la concesión de visados a los predicadores radicales.
Algunos de estos imames moderados -aunque no todos- tampoco descartaban el
cierre de aquellas mezquitas (o centros afines) que haciéndose pasar por
centros de culto hubieran degenerado hacía el proselitismo radical. Ahí quedó
la historia entonces y pronto se sabrá si el plan incluye, al margen de los
mensajes, alguna de estas ideas.
El
pasado viernes, tras la difusión del asesinato del peirodista James Foley, cuenta de lo delicado de todo este asunto cuando,
al ser preguntado por su predisposición a ayudar a las Fuerzas de Seguridad,
optó por la cautela, eludió ir más allá y aseguró que los fieles ya se encargan
de rechazar a los predicadores que difunden un mensaje de odio.
La
enorme dimensión del problema generado por el Estado Islámico (IS) sobrepasa la
capacidad de cualquier gobierno. Por el nivel de fanatismo, porque responde a
unos parámetros que escapan a la mentalidad occidental, porque ha planteado una
guerra abierta, porque está sobrada y secretamente armado y financiado y
porque, aunque sus ideas son medievales, su empleo de las nuevas tecnologías es
enormemente eficaz.
Pero
cualquier gobierno tiene la obligación de intentar impedir que sus nacionales o
residentes engrosen esa amenaza convirtiéndose en los llamados lobos
solitarios o en
terroristas de ida y vuelta.
Los
expertos policiales y los servicios de inteligencia llevan años reclamando,
entre otras cosas, modificaciones legales efectivas. Según fuentes de Interior,
para complementar el plan se están estudiando varias reformas legislativas,
algunas ya iniciadas: la modificación del Código Penal con
el fin de perseguir el llamado "adiestramiento pasivo", es decir, que
sea considerado delito el autoadiestramiento, la entrada reiterada en webs
desde las que se imparten doctrinas radicales; la introducción en la Ley de Seguridad Ciudadana de medidas que permitan el control de
locutorios para perseguir distintas redes criminales, y la reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para
facilitar la actuación de los investigadores en el ciberespacio -regulando la
figura de los agentes encubiertos en internet y garantizando la legalidad en la
obtención de los medios de prueba-. El reto es tan enorme que requerirá que el
plan sea efectivamente ambicioso e integral.
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