31 marzo 2017
Deroguemos las leyes
de excepción
El PP endureció la legislación antiterrorista para atornillar al
entorno de ETA. Extinta la banda, aplicársela a tuiteros y raperos carece de
todo sentido
La linde entre el humor negro y el mal gusto es tan tenue
que, las más de las veces, quienes practican el primero acaban incurriendo en
el segundo. Se viertan en Twitter, en los escenarios o en artículos de opinión, los
chistes macabros pueden herir sensibilidades individuales o colectivas, máxime
cuando ofenden a todo un pueblo, a una raza o a las personas de determinado
género o tendencia sexual.
Por eso las
democracias modernas se han dotado de instrumentos penales para perseguir la
incitación al odio, el racismo o la homofobia, pero procuran aplicarlos con
sumo tiento. El humorista francés Dieudonné fue repetidamente multado
por sus provocaciones antisemistas, pero solo fue condenado a prisión por
apología del terrorismo al solidarizarse con uno de los autores de la matanza
del 'Charlie Hebdo'. La pena, de dos meses, ni siquiera le llevó a pisar la
cárcel.
En España,
en cambio, el legislador ha ido mucho más allá. Los gobiernos del PP han
endurecido el tratamiento penal de algunos delitos de opinión, ahora tipificados
como «enaltecimiento del terrorismo» y «humillación a las víctimas». Reformas
que han permitido a la
Audiencia Nacional juzgar los tuits de Cassandra Vera y los
versos del rapero César Strawberry, sin duda zafios, e imponerles a ambos condenas de prisión.
Paradójicamente,
las gracietas de Cassandra sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco a manos de ETA ofendieron más al tribunal que a la
nieta del almirante franquista, quien pidió su absolución. Quizá porque los
chistes a cuenta de la voladura del coche de Carrero vienen de antaño: «De
todos mis ascensos, el último fue el más rápido», escribieron Tip y Coll...
en 1984. Hoy podrían estar sentados en el banquillo.
El Estado
blandió el Código Penal para atornillar al entorno de ETA, pero tras haberla
derrotado policialmente carece de sentido seguir aplicando 'urbi et orbe' unas
leyes de excepción que deberían ser derogadas o abandonadas en un cajón. Porque
el yihadismo no se combate con estas armas.
Opinión:
Que desde octubre de 2011 la banda terrorista ETA haya
cesado su actividad no debería ser la razón para derogar ninguna legislación.
Lo que debería hacerse de una vez por todas es tener absolutamente definido
cual es el concepto al que nos referimos cuando se habla de “terrorismo” y, por
extensión, de lo que sería humillación a “las” víctimas, porque lo que para una
víctima puede ser motivo de humillación para otra puede no serlo o a una
tercera no importarle lo más mínimo.
Por ello, lo más práctico sería conocer la opinión de la víctima
a la que se menciona en los tuits o en los comentarios que pueden suponerse
delictivos. Si la víctima directamente mencionada no se siente atacada ni
humillada ¿para qué tienen que entrar otros estamentos en el tema?
Evidentemente, para corregir estas cuestiones habrá que
revisar la legislación y por ello hay quien se olvida que la legislación
aplicable a estos temas la crearon y votaron los Diputados… por lo tanto, las
quejas deben dirigirse a ellos y no a los que solo aplican la ley, en este caso
los jueces.
Por cierto, lo del tuit de Alfonso Rojo ¿alguien lo va a
investigar?
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