26 septiembre 2024
La
Fiscalía pide a la jueza que ignore la denuncia de los policías de Tsunami
Democràtic
El
ministerio público sostiene que son los mismos hechos que investigó García
Castellón hasta que archivó las actuaciones después de que la Sala de lo Penal
declarara que prorrogó un día tarde las actuaciones
La
Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la jueza María Tardón que
incorpore al caso Tsunami Democràtic la denuncia con la que dos policías que
resultaron heridos el 18 de octubre de 2019 en Barcelona, en las protestas por
la sentencia del 'procés', trataban de reabrir las actuaciones. Con ello el
ministerio público quiere que la iniciativa de los agentes corra la misma
suerte que la causa matriz, que fue archivada por el juez Manuel García
Castellón después de que la Sala de lo Penal declarará que se retrasó un día al
prorrogar la instrucción en julio de 2021.
En
su informe de apenas tres páginas el fiscal considera "llamativo" que
los agentes interpongan ahora una denuncia por hechos ocurridos hace casi cinco
años sin hacer constar que los atestados que dieron lugar las protestas que se
vivieron en la Via Laietana de Barcelona y durante el bloqueo del aeropuerto de
El Prat, en los que resultaron heridos, dieron lugar a los correspondientes
atestados policiales que en la Audiencia Nacional fueron investigados en la
causa abierta en relación con la financiación y coordinación de plataforma que
convocaba las movilizaciones.
La
causa se escindió en dos, al dirigirse la investigación también contra el
expresidente Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, ambos
aforados ante el Tribunal Supremo. No obstante, tanto las actuaciones que se
quedaron en la Audiencia Nacional, en las que estaba imputada la líder de ERC
Marta Rovira, como las remitidas al Supremo acabaron siendo archivadas después
de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociera el retraso que
se había producido en la prórroga de la instrucción en 2021.
Esa
resolución, que impedía utilizar nada de la investigado a partir de esa fecha,
llevó al juez Manuel García Castellón, recientemente jubilado, a archivar el
caso, lo que motivó que la magistrada Susana Polo, instructora de las
actuaciones respecto de los dos aforados, hiciera lo propio en el Tribunal
Supremo. Tras el archivo regresaron a España Rovira, Wagensberg y el resto de
personas que estaban imputadas.
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