29 mayo 2018
Sobre el fin
de ETA
En relación con las afirmaciones
que, en el marco de una entrevista a Rogelio Alonso, se publicaron el sábado en
EL MUNDO, y que se dirigen a poner en tela de juicio aspectos cruciales de la
política antiterrorista de este Gobierno, a continuación le apunto los
principales datos objetivos y argumentos de peso que, en mi opinión, alejan de
toda duda el compromiso gubernamental en la lucha contra el
terrorismo y en la defensa de las víctimas:
Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy
inició su andadura estableció una política antiterrorista propia e
independiente de compromisos anteriores. Una política antiterrorista que tuvo
un principio claro: aplicación estricta de la ley,
especialmente con aquellos que mayor dolor han producido a la democracia
española.
Este Gobierno se ha guiado en su
política antiterrorista por una actuación de firmeza, sin concesiones ni
transacciones. Si ha habido una crítica permanente y reiterada por parte
de los terroristas al Gobierno durante estas legislaturas ha sido la de firmeza
en sus posiciones. Y lo expresan con varias expresiones
recurrentes: inmovilismo, cerrazón, muro, bloqueo... Todas ellas son
expresiones de los terroristas en sus comunicados y documentos internos, que no
dejan lugar a dudas de la posición política del Gobierno. Uno de los dirigentes
más influyentes de ese mundo lo reconocía en un documento interno:
"tenemos enfrente un muro, un muro que no lo puedes derribar colocándote
enfrente a él y golpeándolo con todas tus reivindicaciones". Y la propia
ETA, antes de anunciar su fin, reconocía expresamente en una misiva que se hizo
pública en los medios de comunicación que el Gobierno español hizo imposibles
sus planes.
A este respecto, los datos
objetivos son claros y contundentes:
Con el actual Gobierno, en las
diferentes legislaturas, 180 personas han sido detenidas por su relación con
ETA. Ello supone un detenido cada 12 días durante este
periodo, una cifra especialmente relevante teniendo en cuenta que, tal y como
afirman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cada vez se hacía más difícil
realizar detenciones dada la decreciente existencia de peces en la pecera.
Han caído todos los líderes que mandaban en ETA cuando se
produjo el cese definitivo de las acciones terroristas, en octubre de 2011.
Líderes tan significativos como Izaskun Lesaka, David Pla e Iratxe Sorzabal.
Éstos dos últimos en la operación Pardines de la Guardia Civil, que
significó descabezar a ETA y dejarla sin referentes. Un golpe de gracia al
organigrama terrorista, que se convirtió en una estructura desecha y sin
cabeza. En definitiva, los terroristas que anunciaron que ETA dejaba de matar
no consiguieron nada por ello: fueron expulsados de la mesa en la que esperaban
sentarse a negociar y después fueron detenidos, y ahora se encuentran en
prisión.
Se han seguido realizando
detenciones de huidos de la justicia en Francia y otros países, tanto de Europa
como de Sudamérica; se incautaron diferentes arsenales de ETA en Francia; y se
realizaron cuatro operaciones consecutivas contra el frente de cárceles de ETA
en España (en septiembre de 2013, enero de 2014 y enero y marzo de 2015), con
un impacto importante en la única estructura que tenía ETA activa en España.
Se han llevado a cabo más de 900 iniciativas por las Delegaciones del Gobierno en
Euskadi y Navarra, y del propio Ministerio del Interior, sobre
acciones presuntamente ilegales de la izquierda abertzale. Además, se ha conseguido que Francia entregue
a España los documentos, armas y efectos incautados a ETA en los últimos 20
años. Una entrega histórica que servirá, sin duda, para avanzar en la
investigación de casos sin resolver y en la memoria de las víctimas del
terrorismo, a través del Centro Memorial.
Y, también en este campo, hay que
citar las más de 100 detenciones por enaltecimiento del terrorismo, muchas de
ellas por menospreciar a las víctimas del terrorismo.
También en política penitenciaria,
como parte ineludible de la política antiterrorista, el Gobierno del Partido Popular ha mantenido
una línea de firme aplicación de la ley. Hoy por hoy, son más
de 240 los presos relacionados con ETA, que van a seguir cumpliendo sus
condenas. En estas legislaturas han sido muchas las voces que, en público o en
privado, han tratado de presionar al Gobierno para un cambio en la política
penitenciaria con los presos de ETA. Sin embargo, el Gobierno se ha mantenido
firme en sus principios.
Los análisis de expertos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son claros y contundentes: ETA está
derrotada operativamente y el grueso de lo que queda de ETA está en prisión.
Esta situación, la derrota operativa y policial, es la causa principal de
que lo poco que quedaba de ETA anunciara su final. Esa es la realidad,
ni más ni menos. A nadie más que a los que aplaudieron los crímenes de ETA les
beneficia, les interesa y les complace proclamar que han ganado. Solo desde la ceguera intelectual o, lo que es peor, desde el más vil
retorcimiento de la realidad impulsado por un afán de vindicación
personal, puede entenderse afirmar la victoria de los terroristas sobre nuestra
democracia.
El terrorismo de ETA acaba sin
conseguir ninguno de sus objetivos estratégicos. Ni independencia ni socialismo.
Y en esto hay consenso entre los distintos expertos antiterroristas: el acta de
fin de las siglas no es sino la certificación de su derrota, la asunción formal
de su final forzado. En definitiva, el acta de su capitulación.
Por último, tal como afirmó el
presidente del Gobierno en su declaración del pasado 4 de mayo, los terroristas
no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de hacerlo hace ya
algunos años. Y no van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando; sus delitos se seguirán juzgando y, en
su caso, condenando; y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá
impunidad.
José Antonio Nieto es secretario de Estado de
Seguridad.
Opinión:
Pues nada… todo lo que son estadísticas
se transforman en números fríos… importantes pero fríos… muchas actividades y
mucho trabajo pero del tema de asistencia a víctimas, pocos datos o ninguno.
Por otro lado, para el próximo
lunes día 11 de junio se convoca por parte del Ministerio de Interior una reunión
en Barcelona con víctimas del terrorismo (digo “víctimas” porque hay quien no
ha recibido la circular con la convocatoria, por ejemplo un servidor). No
quiero pensar mal pero enviar cartas de ese tipo como correo ordinario tiene el
riesgo de que no lleguen ni a tiempo ni al destinatario. Una reunión en la que
se quiere explicar a víctimas la legislación de 2011…. ¿en 2018? Pues tiempo
han tenido para hacerlo ¿no?
Por mi parte, yo lo he hecho con
muchas víctimas que en estos siete años me han consultado al respecto.
Dicho lo cual ¿para qué AHORA? Es
mas, ¿en calidad de qué? ¿de representantes “en funciones” del ministerio? ¿hablarán
de una legislación aprobada siete años antes y que se desconoce si podrán
aplicar tras el cambio de gobierno? ¿no será que quien debía informar a “las” víctimas
desde 2011 no lo ha hecho?
Lo dicho, muchos datos, muchas
estadísticas pero lo que realmente debería ser importante para el colectivo de
víctimas, queda para una visita siete años después.
Aunque ya puestos, no se puede
esperar nada mejor de un ministerio que en treinta años JAMAS ha convocado a
víctimas a una sola reunión informativa.
