23
marzo 2024
Aena
complica al juez del Tsunami la utilización la muerte del Prat como terrorismo
Un informe del gobierno español en
el Congreso recuerda los protocolos y el número de muertes en los aeropuertos
en 9 años y se constata que el día de la protesta se aplicaron con normalidad
Se
han invertido muchos esfuerzos. Ni los atestados policiales largos y densos de
los efectivos de la poderosa Unidad Central Especial 3 del Servicio de
Información de la
Guardia Civil, ni las pruebas periciales, ni la revisión de
las actuaciones judiciales resueltas y cerradas hace cuatro años no han
permitido relacionar la muerte por un infarto de un ciudadano francés en el
aeropuerto de Barcelona, el 14 de octubre de 2019, con las protestas del Tsunami
Democrático. Ahora, Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos en el estado
español, tampoco lo pone fácil al juez del Tsunami, Manuel García Castellón. Al
contrario.
Así
se desprende de un informe presentado en el Congreso de Diputados, pedido por
el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, sobre los
servicios sanitarios obligados e instalados a los aeropuertos –en especial, el
del Prat– y sobre las defunciones registradas en los últimos nueve años. En el
informe, al cual ha tenido acceso El Món, Aena desglosa de pe a pa cuáles son
los recursos sanitarios previstos y, en detalle, el sistema previsto para las
muertes por infarto en las infraestructuras aeroportuarias.
En
este sentido, Aena y el gobierno español destacan que durante el periodo 2015-2024,
en el que por los aeropuertos de la red han transitado alrededor de 2.000
millones de pasajeros, la
cifra de muertes ha sido de 187 personas. Muertes de las cuales
la sociedad pública desconoce los motivos porque los servicios judiciales o
forenses no las reportan al aeropuerto correspondiente. Es decir, además de la
protección médica en las instalaciones o del aseguramiento del traslado
sanitario, Aena repasa los protocolos que se cumplieron y recuerda que es
posible la muerte de una
persona en un aeropuerto por un infarto sin que haya circunstancias especiales.
Una
defunción clave
La
defunción del ciudadano francés del 14 de octubre de 2019, durante la protesta
bautizada como Todo el mundo al aeropuerto,
es una de las piezas clave para el titular del juzgado central de instrucción
número 6 de la
Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en su pretensión
de acusar de terrorismo la decena de investigados en la causa contra la
plataforma que espoleaba las protestes postsentencia del Procés. Entre estos
acusados se cuentan el presidente en el exilio y candidato de Junts per
Catalunya a las elecciones del 12-M, Carles Puigdemont, la secretaria general
de ERC, Marta Rovira -también exiliada-, o el secretario de la Mesa del Parlamento Ruben
Wagensberg, así como miembros de la junta de Òmnium, empresarios o cargos del
equipo de Puigdemont.
La
tesis del juez y de los analistas de la Guardia Civil es que
supuestamente el ciudadano francés finado tardó en recibir la asistencia médica
por el tapón provocado en los accesos a las terminales aeroportuarias. Para
intentar demostrarla, los Guardias Civiles llegaron a hacer varios viajes en
diferentes horas del día entre el aeropuerto y el Hospital del Valle de Hebrón,
donde se trasladó a la víctima, para acreditar que se tardaba menos por
carretera que en helicóptero, medio elegido el día de las protestas por los
facultativos del SEM a causa de la manifestación. La causa de la muerte,
investigada en primera instancia por los Mossos d’Esquadra y por los juzgados
de instrucción del Prat y de Hospitalet del Llobregat, fue «natural».
El
informe de Aena, firmado por gobierno español
El
gobierno responde al diputado abertzale aportando la información que facilita
Aena como empresa gubernamental. El informe evidencia que el día 14 de octubre
se cumplieron todos los protocolos establecidos por la compañía, por la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI) y los acuerdos establecidos con el sistema sanitario
público sufragado por el Régimen General de la Seguridad Social.
«El compromiso de Aena con el pasajero y el ciudadano siempre es velar
por su seguridad e integridad, cumpliendo con la normativa aplicable tanto en
cuanto a los primeros auxilios como en los traslados de urgencia en los centros
médicos», insiste el texto. De hecho, la respuesta deja clara
la capacidad de respuesta que hay en las mismas instalaciones para urgencias
médicas y la colaboración con entidades especializadas.
«Para
facilitar la coordinación ante la necesidad de asistencia y/o evacuación»,
aduce el documento, «los aeropuertos comunican estas situaciones en el Centro
Coordinador de Emergencias Médicas (112 o 061, según el caso) de cada
provincia, a fin de que dispongan de toda la información necesaria para adecuar
los recursos disponibles y así garantizar la atención por parte de los
servicios de emergencias». Es decir, tal como funcionó aquel
día, según los atestados policiales y los informes médicos de asistencia tanto
por el Sistema de Emergencias Médicas como del Hospital del Valle de Hebrón o
los informes forenses.
Médicos
garantizados
«Igualmente,
hay que mencionar que los aeropuertos mantienen en todo momento una
comunicación fluida con las autoridades locales, a fin de garantizar la más
eficaz coordinación, así como un servicio de atención primaria de urgencia
adecuado y traslado sanitario de urgencia», contextualiza la respuesta. Ahora
bien, también añade que «Aena, en los aeropuertos donde está determinado por su
nivel de actividad, dispone de un servicio de asistencia sanitaria y de
ambulancia, en consonancia con la situación de la mayoría de los aeropuertos
europeos». En este contexto, añade que los aeropuertos, como el del Prat, «disponen de un servicio de
asistencia sanitaria -médico, diplomado universitario de enfermería (DUE) y
técnico de emergencias sanitarias (TIESO)- y ambulancia, durante todo el
horario operativo los 365 días del año».
Los
datos de empleados del servicio médico pertenecientes a la plantilla de AENA
S.M.E., S.A., a fecha 31 de enero del 2024, ascienden a 29 médicos y 45 DUEs,
ubicados en los aeropuertos AS Madrid-Barajas, Jerez, Málaga-Costa del Sol,
Palma, Sevilla, Tenerife Sur, València, Vitoria, FGL Granada-Jaén, JT Barcelona-El Prat,
Alicante-Elche Miguel Hernández y Santiago-Rosalía de Castro. «El procedimiento
para su actualización permite ofrecer una atención primaria de urgencia y
transporte sanitario de urgencia durante todo el horario operativo de los
aeropuertos», concluye. Además, el informe también menciona que «la asistencia
de primeros auxilios queda cubierta, además, mediante Columnas de Rescate Cardíaco
(desfibriladores semiautomáticos externos) y personal del
aeropuerto que ha recibido la formación adecuada para el uso de estos
desfibriladores, de acuerdo con la legislación vigente». «Los desfibriladores
son considerados como la mejor herramienta médica para actuar a tiempo ante una
parada cardiorespiratoria, mejorando así la supervivencia de los afectados por
un infarto de miocardio», resalta el informe.
Opinió:
Es
el momento de repetir algunos comentarios relacionados con la noticia que
publica Quico Sallés.
Cuando
apareció la noticia por primera vez me hice las mismas preguntas que ahora
vuelvo a presentar.
Si
alguien cree que se puede ser víctima de un atentado terrorista, la legislación
dice que para solicitar el reconocimiento hay un años desde el momento del atentado
o de la consolidación de las lesiones.
¿Se
entiende bien? Pues a ello hay que añadir que debe ser el interesado quien vaya
al Ministerio de Interior y la Dirección General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo y solicite el probable reconocimiento. Eso quiere decir que el Ministerio
de Interior no irá a hacer la labor preactiva sino que responderá reactivamente
a una posible solicitud que le pueda llegar.
¿Por
ello están tan molestos en el Ministerio de Interior cuando encontramos víctimas
y les informamos de sus derechos? Seguramente sí.
Su
frase preferida es “QUIEN QUIERA ALGO QUE VENGA A VERNOS”, tal y como me
dijeron en marzo de 2014 (sí, hace diez años) en una reunión presencial a la
que acudí a título individual. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de asociaciones
y grupos sucedáneos diversos no estaban preocupados por esta cuestión. Tal y
como explica algún presidente/a (que no tiene por qué ser también víctima del terrorismo):
“no somos una agencia de detectives para
tener que buscar a nadie”.
Pero
quiero ir un poco más allá porque es el momento de poner cosas sobre la mesa. Esta
labor de búsqueda de víctimas ¿La han hecho desde la propia administración
competente en la materia? En el caso de los atentados de agosto de 2017 en
Catalunya, un simple vistazo a la página de la sentencia donde aparece la
representación procesal de cada una aclararía fehacientemente esta pregunta.
Aunque
alguno haya cobrado hasta 30.000 euros a una víctima por hacerle una simple
gestión telemática…
Es
quizás por eso que no quieren que se presente un Centre de Memòria sobre
Terrorisme? Es para poder disimular o incluso esconder este abandono de sus
obligaciones hacia “LAS” víctimas?
Sinceramente,
creo que nos divertiremos mucho en un futuro… id comprando palomitas.
