18 septiembre 2014
El Gobierno criminaliza a las víctimas del terrorismo de Estado
Interior se niega a indemnizar a 46
familiares de asesinados por grupos parapoliciales, acusándoles —a pesar de que
no existan condenas— de haber pertenecido a ETA. Los afectados tramitan
recursos ante la
Audiencia Nacional
Fue el peor despertar de su vida. Sobre las siete de
la mañana del 19 de abril de 1980, Marijo Sagarna se enteró que su tío Felipe,
un conocido zapatero de Hernani, había caído acribillado por las balas del
Batallón Vasco Español (BVE), un grupo parapolicial que precedió al GAL. 34
años después, el gobierno ha sentenciado que los familiares de Felipe no deben
tener los mismos derechos que las demás víctimas del terrorismo. Amparándose
exclusivamente en informes policiales que se contradicen entre sí, el
ministerio de Interior sostiene que Sagarna era miembro de ETA y que, por
tanto, sus seres queridos no merecen ser indemnizados. "Eso es absolutamente mentira.
Mi tío era simpatizante de unas ideas, pero nada más", afirma su
sobrina.
Su situación se repite en otras tantas casas del
País Vasco. En los últimos meses, 46 familias que se vieron golpeadas a finales
de los setenta e inicios de los 80 por comandos del BVE, GAL o Alianza Apostólica Anticomunista —más conocida como la Triple A— han recibido
unas amargas notificaciones del gobierno, todas ellas con un mismo tono e
idéntico objetivo: rechazar el pago de nuevas indemnizaciones, lo que les
hubiese permitido equipararse, al menos en materia de resarcimiento, a las
víctimas de ETA.
Para tomar esta polémica decisión, el Ejecutivo de
Rajoy ha recurrido a un convenio europeo que permite "reducir o suprimir la indemnización si la víctima o el
solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una
organización que se dedica a perpetrar delitos violentos".
Acogiéndose a esa normativa, la Subdirección General de Ayuda a las Víctimas del
Terrorismo —encargada de tramitar las respuestas— sostiene que los asesinados
por la guerra sucia formaban parte de ETA y que, por tanto, sus familiares ya
no pueden cobrar lo que les corresponde.
Las acusaciones, que en algunos casos también llegan
a familiares de las víctimas, se basan únicamente en los informes elaborados
por las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que ninguno de los fallecidos había
recibido una sentencia judicial antes de caer bajo las balas del terror de
estado. "Todo está basado
en meras conjeturas. No hay ninguna sentencia firme que acredite que estas
personas perteneciesen a una banda armada", coinciden en afirmar las
portavoces de la
Fundación Egiari Zor —dedicada a defender y preservar la
memoria de aquellas y aquellos vascos que fueron asesinados por el Estado o por
sus estructuras parapoliciales—, Ainara Esteran y Nagore Mujika.
"Entorno
abertzale"
En determinados expedientes, las acusaciones del
gobierno se centran en la ideología de las víctimas. Es el caso de Ángel
Etxaniz Olabarria, vecino de Ondarroa (Bizkaia) y propietario de una discoteca.
El 30 de agosto de 1980, un comando del BVE le ametralló mientras estaba detrás
de la barra. "Para justificar que sus familiares no sean indemnizados, el
gobierno dice que Ángel era cercano al entorno abertzale", afirman desde
Egiari Zor. "Estas alegaciones no sólo son vergonzosas -subrayan-, sino
que también atacan la dignidad de la persona asesinada y su familia".
Las denuncias de esta fundación son muy similares a
las planteadas por el Instituto Vasco de Criminología en un categórico
dictamen, realizado a petición del Gobierno Vasco. Este documento —elaborado
por el catedrático de Derecho Penal Ignacio Muñagorri y la profesora Ana Pérez
Machió, ambos de reputada trayectoria en el mundo académico—, advierte que la
decisión adoptada por el ministerio de Interior "violenta la tutela judicial
efectiva, la presunción de inocencia y la división de poderes". "Es tal la gravedad de las
violaciones de derecho que se han detectado y suficientemente demostrado, que podría ser de aplicación el delito
de prevaricación administrativa", señalan sus autores.
La cosa no termina ahí: según el Instituto Vasco de
Criminología, "podría atribuirse la comisión de este ilícito penal"
al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y a la subdirectora general de
Ayudas a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, Eva María Blanco
Benavente. Este periódico intentó obtener una respuesta de Interior, ante lo
cual sus responsables de Prensa se limitaron a señalar que Fernández Díaz
"ya respondió sobre este asunto en la contestación a una pregunta escrita
que le formuló el diputado de Amaiur Jon Iñarritu". En realidad, el
ministro se había remitido a una anterior intervención suya en el Congreso,
donde ya había defendido la validez de estas medidas.
Hasta
Estrasburgo
La negativa del gobierno a revisar su postura —tal
como ha quedado confirmado en las desestimaciones de todos y cada uno de los
recursos presentados por las víctimas— ha desencadenado una serie de demandas
ante la Audiencia
Nacional por parte de los afectados. "Vamos a llegar
hasta donde haga falta. Si hay que ir a Estrasburgo —sede del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos—, iremos", afirma a Público Elena Bartolomé. Su marido, el
diputado de HB Josu Muguruza, fue asesinado por dos pistoleros del GAL el 20 de
noviembre de 1989, coincidiendo con un nuevo aniversario de la muerte del
dictador Francisco Franco.
A la hora de negar la correspondiente indemnización,
el gobierno aseguró que Bartolomé había formado parte de ETA, algo que no
comparten los tribunales: esta mujer fue detenida y posteriormente absuelta por
la justicia en 1983. El recurso de Interior también señala a su hija Ane como
integrante de Kaskagorri, una comparsa que participa en las fiestas populares
de Bilbao. "Parece una tomadura de pelo",
comenta Bartolomé.
Indignadas por la respuesta recibida, madre e hija
presentaron una alegación contra estas acusaciones. Buscaban una corrección,
pero sólo encontraron una nueva imputación: en un nuevo documento, el gobierno
advirtió que el parlamentario asesinado también había tenido relaciones con
ETA. "Eso es mentira. Josu fue juzgado y absuelto", comenta su viuda,
que aún no sale de su asombro. "Todo esto implica una segunda victimización.
Por un lado, te matan a un familiar, pero por otro te dicen: ‘mire usted, igual
es que estaba bien muerto'. Eso es lo más doloroso", relata Bartolomé.
"Discriminación"
Mientras las distintas familias afectadas empiezan a
mirar a Estrasburgo, los partidos con representación en el Parlamento de
Gasteiz también dirimen sobre este asunto. Hace algunos días, todos los
partidos de la oposición presentaron sus respectivas enmiendas a una iniciativa
formulada por el PNV, que propuso rechazar "cualquier pretensión de discriminación
de unas víctimas sobre otras en función del signo de la violencia que hayan
padecido". "En el caso de las víctimas del GAL y del BVE, los
principios de legalidad y seguridad jurídica brillan por su ausencia. No hay
suficiente probatoria, porque ni siquiera se ha producido un juicio
legal", señala a Público la
parlamentaria del PNV y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Maribel
Vaquero.
Las enmiendas formuladas por los partidos permiten
entrever cuál será la posición de cada uno de ellos cuando este proyecto de
declaración sea analizado en el Parlamento, algo que podría ocurrir en los
próximos días. Por un lado, tanto el PP como UPyD evitaron pronunciarse sobre
los reclamos del PNV. Por su parte, el PSE está de acuerdo en que el gobierno
central debe"corregir la
denegación de indemnización a determinadas víctimas del terrorismo",
mientras que EH Bildu va un paso más allá e insta al gobierno vasco a
"denunciar ante las instancias internacionales y de derechos humanos esta
decisión arbitraria y excluyente que discrimina a las víctimas".
En ese contexto, la Fundación Egiari
Zor ya ha advertido a la
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento sobre la grave
situación que podría producirse entre quienes sufrieron el terror de los grupos
parapoliciales. "Aquí hay un riesgo: hoy les niegan acogerse al
reglamento sobre indemnizaciones, pero mañana, en base a los mismos argumentos,
podrían retirarles la condición de víctimas", explican sus
portavoces. Marijo Sagarna, la sobrina del zapatero de Hernani, comparte estos
temores, aunque no se da por vencida. Mientras pueda, intentará evitar que su
tío muera dos veces.
Opinión:
La polémica viene de lejos… si
alguien dice que el afectado colaboraba o simpatizaba con la banda terrorista
ETA ¿deben ser consideradas como víctimas del terrorismo esas personas por
haber sido afectadas por actividades de aquellos que decían luchar contra ETA?
Para empezar habría que ser más inteligente (y para no dar argumentos a los que
opinan en contra) debería acreditarse con pruebas que los afectados
pertenecieran a la banda terrorista ETA y, en la mayoría de los casos, esta
circunstancia no ocurre.
El hecho de haber compartido
cientos de horas de trabajo con abogados, más el estar trabajando en un
despacho y además estudiar Derecho otorga unas constantes que hacen que me
pregunte constantemente sobre este tipo de asuntos y mis conversaciones de tipo
profesional giren en torno a estas cuestiones. Seguramente habrán otras
víctimas o pseudovíctimas cuya única preocupación sea qué vestido o qué traje
ponerse para ir a dejarse ver en cualquier acto “pro” víctimas del terrorismo,
acudiendo a explicar unas secuelas y unas heridas que jamás han sufrido.
Mi objetivo siempre ha sido otro.
Por ello, revisando mis datos y
recordando conversaciones con los verdaderos especialistas en esta materia
legislativa (por cierto, ninguno de ellos víctima del terrorismo) me viene a la mente la siguiente reflexión (y quedo a
la espera de poder ser corregido si en algo me equivoco):
Las legislaciones de 1999 y 2011
aportaban de manera bastante clara quien debía ser considerado como “víctima
del terrorismo”. Ambas legislaciones fueron aprobadas con la práctica
unanimidad de los miembros del parlamento español, aunque me queda la duda de
si Rosa Díez votó a favor o se abstuvo en la de 2011 (ya como UPyD).
En aquellas fechas el Gobierno vasco
inició un procedimiento para reconocer a lo que se llegó a llamar
coloquialmente “víctimas de abusos policiales”. En el Decreto se reconocía como
víctimas (solo en el Pais Vasco) a ciertas personas que habían sufrido lo que
se conoció como “excesos en las actuaciones de miembros de las FCSE). Me
comentaban entonces que al presentar la información públicamente se percataron
de la posibilidad de que el Gobierno Central protestara por el hecho de que el
Gobierno Vasco indemnizara a familiares de miembros de ETA, pero al parecer
algunos olvidaron que fue el propio Gobierno Central el que en 1999 reconoció e
indemnizó a familiares de etarras que habían sido afectados por las actividades
del GAL y de grupúsculos de extrema derecha.
A algunos que todavía seguimos en
el tema y entendemos “un poquito” de esto se nos ocurre que en determinada
sigla política pudieron creer que se verían obligados a indemnizar también a
familiares de miembros de la banda terrorista ETA con las cantidades
complementarias (la diferencia) que se establecía en la Legislación de 2011. A causa de esa razón
que algunos vemos es por lo que intuimos que se modificó la Ley sin consensuar dicha
modificación con nadie e incorporaron una disposición en virtud de la cual
pueden denegar la indemnización (aunque no la condición de víctima del
terrorismo) a los familiares de aquellas personas que formaran parte de
organizaciones que tienen como finalidad ejercer la violencia. Aplicando esta
modificación han denegado por sistema esas indemnizaciones tanto a los que habían
sufrido esa violencia mientras pertenecían a la banda terrorista ETA sino también
a los que se conocen como “el entorno”.
De esa decisión tomada de modo
unilateral se desprende la problemática actual.
Este sería, más o menos y de modo
resumido, el estado de las cosas. No voy a opinar sobre lo adecuado (o no) de
aportar esas indenmizaciones porque para ello está la legislación… pero
realizar modificaciones sin antes atender al consenso im-pres-cin-di-ble que la
problemática terrorista requiere sería, cuanto menos, arriesgado y poco
elegante.
Y despierta ciertas dudas que
tenga que ser un gobierno autonómico el que se interese por esa circunstancia
en lugar de hacerlo el que tiene las máximas responsabilidades y competencias.
¿Quizás haya sido para contentar a ciertas siglas o sectores ideológicos? ¿O es
solamente una cuestión de desconocimiento de la labor a efectuar y por la que,
seguramente, algunos reciben cuantiosos sueldos?
