lunes, 26 de octubre de 2026

23 octubre 2026 (4) RTVE

 

23 octubre 2026



La Audiencia Nacional amnistía a los doce CDR procesados por terrorismo

El Tribunal de Justicia Europeo avaló en julio amnistiar los delitos que no vulneren los derechos humanos

Los doce investigados estaban procesados pero aún no habían sido juzgados

La Audiencia Nacional ha amnistiado a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo por supuestamente planear acciones violentas contra edificios en Cataluña en respuesta a la sentencia del 'procés' en 2019.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, el tribunal aplica la ley de amnistía a los doce investigados, que aún no habían sido juzgados, tres meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara el perdón de los delitos de terrorismo cuando no comporten vulneraciones graves de los derechos humanos.

Tras la pregunta lanzada por la la Audiencia Nacional, el TJUE aclaró que la normativa no colisiona con la legislación comunitaria, ni afecta a los intereses financieros de la Unión, ni tampoco es contraria a la directiva en materia de terrorismo.

El auto de la sección tercera de la Audiencia Nacional, relata que tras unir al procedimiento la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se dio traslado a las partes y se alzó la suspensión, dando plazo a las partes para que formularan sus alegaciones "sobre el alcance y los efectos de dicha sentencia".

Los hechos "no suponen graves violaciones de los derechos humanos"

En su texto, el TJUE confirmaba "la extinción de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido, en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia", actos que no hayan causado de forma intencionada "graves violaciones de derechos humanos".

A la vista de esa fundamentación jurídica, dicen los magistrados de la Audiencia Nacional, la ley de amnistía "no contradice las Directivas Europeas", y establece la extinción de la responsabilidad penal "para reducir tensiones institucionales y facilitar un escenario de reconciliación".

Los hechos que son objeto de este procedimiento, prosigue el auto firmado por Francisco Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y Fermín Echarri, "aunque calificados provisionalmente de un delito de terrorismo, no suponen graves violaciones intencionadas de los derechos humanos".

Por todo ello, declaran el sobreseimiento y libre archivo de las actuaciones seguidas en la sala contra los doce investigados "por la extinción de su responsabilidad penal", y se dejan sin efecto, si no se ha hecho ya, las medidas cautelares que se hubiesen adoptado.

Las partes tienen ahora un plazo de diez días para recurrir esta decisión.

Puigdemont celebra la decisión de la Audiencia

Tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional se ha pronunciado el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para asegurar que se trata de "una gran noticia", aunque advierte que "llega muy tarde y después de un sufrimiento injusto".

En un mensaje difundido a través de las redes sociales, Puigdemont ha asegurado que el caso ha supuesto un "linchamiento mediático obsceno" y "una vulneración flagrante de derechos fundamentales".

"Me alegro de que se haya cerrado finalmente un caso tan sensible y tan malintencionado, (empezando por el nombre de la operación)", ha dicho. Dicho dispositivo había sido denominado como Operación Judas.

23 octubre 2026 (3) elespañol.com

 

23 octubre 2026



La Audiencia Nacional aplica la amnistía a los 12 CDR procesados por delitos de terrorismo y archiva la causa

Antes de la entrada en vigor de la polémica ley, la Fiscalía solicitaba penas de hasta 27 años de prisión. Una vez se aprobó la norma, acabó pidiendo el archivo.

La Audiencia Nacional ha aplicado la Ley de Amnistía a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por graves delitos de terrorismo y ha archivado la causa para ellos.

El tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal concede, por tanto, el sobreseimiento libre a Eduardo Garzón Bravo, Esther García Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomás Aubeso, Alexis Codina Barberán, Jordi Ros Solá, Rafael Joaquín Delgado López, Ferran Jolis Guardiola, Xavier Buigas Llobet, David Budria Altadill y Clara Borrero Espejo.

Todos ellos estaban procesados por delitos de terrorismo y la Fiscalía llegó a solicitar en su contra penas de entre ocho y 27 años de cárcel.

Pero aquello sucedió antes de que el Parlamento español aprobase la polémica norma que amnistió los delitos cometidos en pos del proceso de independencia de Cataluña.

Y los CDR, a los que pertencían los procesados, eran unos grupos radicales y, en ocasiones, violentos que se gestaron en torno al procés y que pretendían la desconexión de este territorio del resto de España.

Ahora bien, una vez entró en vigor la Ley de Amnistía, la Fiscalía, de hecho, pidió el archivo de esta causa, como así ha acabado sucediendo.

El tribunal, en una resolución fechada este viernes, se alinea con el Ministerio Público y subraya que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya concluyó que la norma no era contraria al Derecho europeo.

Ni siquiera, a la directiva de la UE dedicada a la lucha contra el terrorismo.

Por ello, ahora, los magistrados Francisco Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y Fermín Echarri, por unanimidad, han decretado el sobreseimiento libre —es decir, con valor de cosa juzgada— de esta causa.

23 octubre 2026 (2) Onda Cero

 

23 octubre 2026 



Alerta de amenaza yihadista en España: Interior informa de posibles ataques a policías y manifestantes

Foros terroristas han compartido instrucciones sobre cómo ejecutar los ataques y las herramientas necesarias para infligir el máximo daño posible.

La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), órgano adscrito al Ministerio del Interior, ha enviado una alerta informativa a los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que se advierte de que se han detectado mensajes en foros terroristas pidiendo utilizar los disturbios callejeros para atentar contra "policías y manifestantes".

Según un documento interno, los expertos han localizado una web del entorno yihadista afín al Dáesh donde se produce este llamamiento para atentar durante las manifestaciones que se están produciendo en toda Europa.

La detección se produjo en el marco de las labores habituales de monitorización que la Oficina desarrolla de forma permanente sobre espacios digitales de propaganda extremista, y señala a agentes y manifestantes como los principales objetivos.

Las instrucciones para atacar

El llamamiento incluye manuales e instrucciones detalladas para ejecutar las acciones violentas, así como sugerencias para emplear armas blancas y explosivos contra los objetivos. El objetivo es maximizar el impacto y forzar la exposición de los agentes desplegados.

"En los ataques con explosivos se recomienda el martirio", señala Interior, haciendo referencia a la inmolación. Por otro lado, en los ataques con cuchillos, se explican las longitudes exactas que debe tener el arma para infligir el máximo daño posible, así como las zonas del cuerpo donde el ataque "garantiza el éxito".

Asimismo, la alerta apunta a las grandes manifestaciones europeas como una oportunidad para causar un elevado número de víctimas.

España mantiene el nivel cuatro de alerta

Ante la amenaza terrorista que sufre Europa desde hace varios años, España instaló el nivel 4 de alerta antiterrorista. Esta nueva advertencia sitúa el foco en la seguridad de las manifestaciones y en la necesidad de prevenir posibles ataques contra los participantes y los efectivos policiales desplegados para garantizar el orden público.

Por el momento, la alerta detectada está siendo analizada por las autoridades competentes para determinar su alcance y las medidas preventivas necesarias.

23 octubre 2026 eldiario.es

 

23 octubre 2026 



La Policía no encuentra “nada” en las coordenadas de Navarra que tenían los detenidos por terrorismo como posible ubicación de un zulo con armas

En colaboración con la Ertzaintza y bajo la tutela de la Audiencia Nacional, han revisado las coordenadas en Urbasa encontradas a los dos miembros de la organización Jarki acusados de terrorismo y encarcelados

Agentes de la Policía Foral de Navarra, en colaboración con la Ertzaintza y en el marco de una operación coordinada por la Audiencia Nacional, han acudido esta semana a una sima de la sierra de Urbasa, una zona montañosa próxima a Álava, para intentar localizar el antiguo zulo de ETA cuyas coordenadas fueron halladas en posesión de dos integrantes de la organización Jarki a finales de septiembre. “No había nada”, exponen a este periódico fuentes policiales conocedoras del operativo.

Estas dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, han sido acusados de delitos de terrorismo y están en prisión preventiva desde este martes por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Fueron localizados en septiembre en un control de carretera en compañía de una tercera persona de nacionalidad irlandesa y relacionado con la disidencia del IRA. Pero en ese momento no fueron arrestados. Ellos mismos acudieron la pasada semana a la comisaría de la Ertzaintza de Irún y, posteriormente, fueron trasladados a Madrid.

La Ertzaintza, en la primera información oficial sobre este caso, resaltó que los investigados tenían “antecedentes relevantes” y que poseían coordenadas de posibles depósitos de “armas y explosivos”. Ese supuesto zulo estaba en Urbasa, pero esta semana han acudido allí efectivos de la Policía Foral, han rastreado el lugar identificado en la documentación incautada y “no había nada”, exponen las fuentes consultadas.

jueves, 22 de octubre de 2026

22 octubre 2026 (21.10.26) (3) Diario de Navarra

 

22 octubre 2026 



Claves de la futura ley de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo

Solventará una deuda que se arrastra con víctimas anteriores a la ley vigente de 2010 que no solicitaron en plazo la ayuda complementaria que da Navarra y que es de un 30% de la del Estado

La nueva ley de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo que ahora debe aprobar el pleno del Parlamento fue propuesta por el Gobierno de Navarra para actualizar la norma de 2010.

El objetivo es ampliar los derechos de las víctimas del terrorismo y solventar una deuda que se arrastra con aquellas que no pudieron acceder a la ayuda complementaria que da Navarra desde 2010 y que supone en torno a un 30% de la que reciben del Estado. El motivo es que, en el caso de actos terroristas anteriores a la entrada en vigor de la norma que se va a sustituir, se fijó un plazo de solicitud de esa ayuda complementaria que finalizaba en diciembre de 2012. Muchas víctimas acreditadas como tales por el Estado no la pidieron y se quedaron sin ella.

El Gobierno estima que se quedaron sin ese complemento las familias de aproximadamente la mitad de las víctimas mortales que hubo antes de 2010.

La norma incluirá la apertura de un nuevo periodo de 4 años para solicitarla, una vez se apruebe y entre en vigor.

NDEMNIZACIONES COMPLEMENTARIAS

La futura ley regula indemnizaciones complementarias a las que da el Estado (que tiene la competencia para reconocer oficialmente a las víctimas del terrorismo) y subsidiarias a las que concedan otras administraciones y aseguradoras. En el caso de fallecimiento por un acto terrorista, daños físicos y/o psíquicos o secuestro la indemnización es un 30% de la que concede el Estado como hasta ahora. Incluye, como la norma actual, indemnizaciones por daños materiales, pero antes se tendrán que solicitar las que el Estado tenga previstas. Además, contempla indemnizaciones por situación de dependencia consecuencia de actos terroristas, aumentando las indemnizaciones del Estado. Podrán obtener ayuda para adaptar su vivienda.

OTRAS: IRPF, VIVIENDA Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Al igual que la ley actual, recoge asistencia sanitaria y psicológica para las víctimas, ayudas para vivienda, becas y ayudas al estudio. Las ayudas en el ámbito del empleo y la reinserción laboral especifican nuevos apoyos por ejemplo si la víctima es empleada pública a la hora de conceder permisos y licencias que puedan necesitar o la adaptación de su puesto. Incluye, como ahora, promover beneficios fiscales en favor de las víctimas. El Gobierno podrá conceder con carácter excepcional ayudas ante situaciones de necesidad.

ACCIÓN POPULAR: PODRÁ EJERCERLA EL GOBIERNO

Se adoptarán medidas para prevenir y evitar actos públicos que entrañen menosprecio o humillación a las víctimas, exaltación del terrorismo u homenaje a terroristas. Se actuará de manera especial contra las pintadas y carteles que vayan en este sentido y se investigará aquellos que puedan ser constitutivos de infracción penal, quedando abierta la posibilidad de que la Administración foral ejerza la acción popular.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

Además de programas para la sociedad en general y para los estudiantes que ya figuran en la ley actual, regula otros como programas pedagógicos de víctimas educadoras en las aulas.

PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN UN CONSEJO

Asesorará al Gobierno en la materia, propondrá medidas... Además de la Administración y los vocales que ésta nombre estarán 4 representantes de las asociaciones de víctimas, 2 propuestos por el Parlamento y 1 por la FNMC.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS EL 11 DE MARZO

Se conmemorará el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Además, se promoverán acciones públicas de recuerdo y reconocimiento de las víctimas y de aquellos que sufrieron amenazas, extorsión... Se protegerán los lugares señalizados con motivo de atentados.

22 octubre 2026 (2) ABC

 

22 octubre 2026 



La Ertzaintza dejó ir al «líder de Jardun», acusado de terrorismo, tras identificarle con datos de policías y un zulo de ETA

Aratz Bilbao, uno de los dos radicales enviados el martes a prisión, es considerado el «príncipe» de este grupo clandestino aberzale y recibía información de antiguos etarras

Aratz Bilbao Gómez (Barrica, 1992), a quien el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña envió el martes a prisión provisional acusado de presuntos delitos de terrorismo, era el «príncipe» de Jardun Koordinadora. Según desliza la investigación de la Ertzaintza y trasladan a ABC fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), el vizcaíno de 34 años era el «líder» de este grupo aberzale radical, que ha llegado a tener entre 200 y 300 miembros «nostálgicos de ETA», protagonista de distintos episodios de violencia política ocurridos el último lustro en el País Vasco y Navarra. El sábado Bilbao se entregó en Irún (Guipúzcoa). Veintiún días después de que la Ertzaintza le dejara ir tras identificarle en un control de tráfico junto a un nexo de la disidencia del IRA en España y en posesión de datos «sensibles» sobre miembros de las FCSE y la posible ubicación de un zulo de ETA.

Según la Ertzaintza, el pasado 26 de septiembre a las cuatro de la madrugada, mientras realizaban un control rutinario de drogas en Escoriaza (Guipúzcoa), agentes uniformados de la policía autonómica dieron el alto a un Toyota Yaris. Al identificar a la conductora, Malen Grunig Ibáñez (Barcelona, 2003), comprobaron que constaba sobre ella un señalamiento «discreto» en el Sistema de Información Schengen (SIS): la base de datos compartida entre las fuerzas de seguridad de los Estados de la Unión Europea para vigilar amenazas a la seguridad nacional. El aviso en el SIS indicó a los agentes que efectuaban el control que debían recopilar información sin levantar sospechas. Así, procedieron a identificar a los otros dos ocupantes del Yaris: Naoise O'Conarain y Aratz Bilbao.

O'Conarain, un irlandés miembro de Saoradh (grupo, considerado por las fuerzas de seguridad británicas como el brazo político del Nuevo IRA), viajaba en el asiento trasero y también tenía un señalamiento «discreto». Sin embargo, fue al identificar al copiloto cuando el SIS notificó uno «específico» sobre Bilbao que, de acuerdo con el Manual Sirene (regula el SIS), mandaba realizar un registro «minucioso e inmediato». El sospechoso llevaba a sus pies una mochila con «numerosos dispositivos encriptados». En ellos, según figura en el auto de entrada en prisión provisional dictado por Antonio Piña, titular del Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, guardaba documentación sobre Jardun, listados de Guardias Civiles, «fotografías de entrenamiento para la perpetración de actos violentos», «planos» sobre la posible localización de un zulo de ETA o el «contenido íntegro» del teléfono de un agente de la Policía Nacional.

Además, en el bolso de Malen Grunig, que dijo durante el registro que los tres venían de la sierra de Urbasa (Navarra), los agentes encontraron dos walkie-talkies. Ni ella ni O'Conarain llevaban teléfonos móviles. Medidas, según apunta la investigación dirigida por la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza (OCI), dirigidas a mantener la clandestinidad. En ese escenario, conociendo los señalamientos sobre los ocupantes del coche y teniendo el material requisado (su análisis se produjo después), los agentes a cargo del control les dejaron marchar. «En el momento en el que se produjo la identificación de estas personas no estaban cometiendo ningún delito, por lo tanto no podían ser detenidas 'in fraganti'», justificó ayer Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del Gobierno vasco.

Una decisión que sí cuestionan fuentes de las FCSE que monitorizan desde hace años a Jardun y a Aratz Bilbao como su líder (Malen Grunig es una de las portavoces de este grupúsculo proetarra, que cuenta con 25-30 miembros «activos»). Según ha dicho el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, la OCI abrió una investigación el mismo día (26 de septiembre) que identificó a Bilbao, Grunig y O'Conarain. Sin embargo, no ha sido hasta tres semanas después (17 de octubre) cuando se ha producido la detención de los dos primeros, acusándoles de presuntos delitos de terrorismo, gracias a que se entregaron de forma voluntaria en compañía de su abogado.

Zupiria no explicó ayer qué ocurrió con Bilbao y Grunig en el lapso de tiempo que quedaron en libertad (O'Conarain sigue desaparecido). A pesar de que el martes el juez Piña justificó su entrada en prisión provisional «para garantizar su presencia» en el proceso judicial, «asegurando con ello la reiteración delictiva que podría determinar la realización de actuaciones de mayor gravedad». También por la «fase inicial» en la que se encuentra el procedimiento «lo que determina la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba». Es decir, para evitar que pudieran fugarse, poner en marcha alguna acción de riesgo o deshacerse de información que les incrimine de los delitos de los que les acusa la propia Ertzaintza y también la Fiscalía.

Falta de capacidad operativa

Sobre la segunda cuestión, pese a la alarma que ha generado desde el sábado la detención de estos individuos, las fuentes de las FCSE consultadas por ABC descartan que pudieran llevar a cabo acciones terroristas por la propia falta de capacidad operativa de Jardun. En ese sentido, sin restar gravedad a los hechos, ponen en cuestión la utilidad de la información que tenía en su poder Aratz Bilbao por estar desactualizada. Una que le habrían facilitado antiguos miembros de ETA que hoy forman parte de la disidencia de la izquierda aberzale crítica con Arnaldo Otegi. «La vuelta hoy de formas de violencia armada en el país es una hipótesis que nosotros no contemplamos ni en el 0,1 % de posibilidades, pero vamos a ser prudentes», dijo el martes el líder de EH Bildu.

Responsables de la lucha antiterrorista ven una amenaza mayor para el sistema constitucional español en grupos como Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), el brazo juvenil del Movimiento Socialista (MS). A diferencia de Jardun —que se circunscribe al ámbito vasco y navarro—, MS sí está consiguiendo replicar una estructura organizativa similar a la que tuvo ETA. Además, tiene una capacidad de atracción entre los jóvenes considerable y su modelo (basado en el marxismo revolucionario) crece en otras partes de España como Madrid, Cataluña o Valencia. En cuanto a Aratz Bilbao, que hasta este verano combinaba la clandestinidad con un trabajo de profesor en un centro educativo, creen que su detención podría suponer la disgregación de Jardun. Algo que ya ha ocurrido con otros grupos disidentes de la izquierda aberzale como Amnistía Ta Askatasuna (ATA), que tras el fin de ETA tampoco renunció a la violencia y pedía la amnistía total para sus presos.

22 octubre 2026 Asociación 11-M Afectados por Terrorismo

 

22 octubre 2026 



Por razones obvias, especialmente por tener que atender las reuniones y consultas relacionadas con la nueva legislación, finalmente no podré estar presente en el acto que hoy se celebra en Madrid.

Pero sí quiero aportar la información pertinente con la invitación recibida.

Estimados amigos:

Nos complace invitarles al acto de entrega del X PREMIO POR LA MEMORIA Y LA PAZ, que este año hemos acordado conceder a la periodista y escritora Rosa María Artal Martínez.

Como ya saben, nuestro premio pretende ser un reconocimiento con el que distinguimos a personas e instituciones que han contribuido de manera relevante a la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo y de los valores democráticos.

En ese sentido, consideramos un honor y una obligación reconocer la trayectoria profesional de Rosa María. Y, especialmente, su compromiso con la verdad respecto a los atentados del 11 de marzo de 2004.

A lo largo de estos veintidós años, Rosa María Artal ha contribuido de forma rigurosa y constante a esclarecer los hechos, desmontando falsedades, bulos y las insidiosas teorías conspirativas que tanto daño nos han causado a víctimas y familiares. Su trabajo fue y sigue siendo una defensa ejemplar del periodismo basado en los hechos, las pruebas y el respeto a la verdad. Y esos son valores imprescindibles para la convivencia democrática y para la preservación de una memoria colectiva fiel y completa de lo sucedido.

El acto tendrá lugar el jueves 22 de octubre, a las 18:30 en el Salón de actos de Espacio Mujer Madrid, Fundación José María de Llanos, C/ Martos, 185. (28053 MADRID).

Adjuntamos comunicado de prensa e invitación.

Por favor, rogamos confirmación de asistencia

al 91 332 04 44 // buzon@asociacion11m.org

Un cordial saludo:

Junta Directiva de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo

Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

C/ Puentelarra, 7 - locales 3 y 4. 28031 Madrid

Tlf.: 91.332.04.44 · Fax: 91.331.93.82

Email: buzon@asociacion11m.org

http://wwww.asociacion11m.org